El pasado 17 de mayo se emitió en la televisión española un documental titulado “Amazonas: Territorio amenazado”, que denuncia que la Policía Nacional del Perú (PNP) alquila sus armas a narcotraficantes y taladores ilegales en la Amazonía peruana. El documental, realizado por la periodista Almudena Ariza, presenta la verdadera situación de la Amazonía peruana, una región extremadamente diversa y llena de valiosos recursos naturales, pero también una de las más expuestas a peligros como la deforestación, la minería ilegal, el narcotráfico y la violación de los derechos de los pueblos indígenas. Mediante los relatos de individuos españoles que residen y laboran en esa área, el documental revela los desafíos ambientales y sociales que afectan a este territorio y a su población.
El documental es un golpe duro a la imagen de la PNP, una institución que ya arrastra una larga historia de escándalos y cuestionamientos por su actuación frente a la delincuencia, el terrorismo, las protestas sociales y la corrupción. El reportaje evidencia la falta de control, supervisión y sanción a los malos elementos que manchan el uniforme policial y traicionan su juramento de servir y proteger a la ciudadanía.
La reacción de las autoridades frente a esta grave denuncia ha sido absolutamente insuficiente y decepcionante. El general PNP Jorge Angulo Tejada, quien fue designado como nuevo comandante general de la PNP tras el cese de Raúl Alfaro por su presunta vinculación con un narcotraficante apodado “El Español”, admitió ante la prensa que algunos agentes policiales alquilaron sus armas a narcotraficantes, pero minimizó el problema al señalar que se trataría de “cinco o seis” efectivos.
Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, aseguró que la presidenta Boluarte ha solicitado que se investigue el caso hasta dar con los involucrados y que no habrá “ninguna contemplación” para sancionar a los responsables. Sin embargo, estas declaraciones suenan a retórica vacía cuando se contrastan con los hechos. Hasta el momento, no se ha informado sobre ninguna medida concreta para esclarecer los hechos denunciados, identificar a los culpables y aplicarles las sanciones administrativas y penales correspondientes. Tampoco se ha anunciado ninguna acción para fortalecer los mecanismos de control interno y externo de la PNP, ni para impulsar una reforma integral de la institución policial que permita recuperar su credibilidad y legitimidad ante la sociedad.
El documental “Amazonas: Territorio amenazado”, es un llamado de atención urgente sobre la situación crítica que vive la PNP y sobre la necesidad de una respuesta firme y decidida del Estado para combatir la corrupción policial. No se trata solo de un problema ético o moral, sino también de un problema de seguridad nacional. Si la policía no cumple con su función de garantizar el orden público y el respeto a la ley, sino que se convierte en cómplice o protagonista de actividades ilícitas, se pone en peligro la estabilidad democrática y el desarrollo del país. El gobierno tiene la obligación de asumir su responsabilidad política y tomar las medidas necesarias para depurar y modernizar la PNP, así como para reconocer y respaldar a los policías honestos y comprometidos que arriesgan su vida por el bien común.
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