CULTURA
DE JUSTICIA
Los audios propalados por “IDL-Reporteros” y “Panorama”
están desnudando el sistema de justicia al más alto nivel y confirmando lo que
durante mucho tiempo se sospechaba: por un lado, que las decisiones en la
administración de justicia no pasan necesariamente por el matiz de la “justicia”
y la “legalidad”, y por otro, las redes de influencia como factor
preponderante.
Lo deseable para el sistema democrático es la
primacía del Estado de Derecho, asumiendo a ésta como la forma de organización
política que rige la vida social de un país, aplicando un marco jurídico que
garantice la legalidad y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Grosso modo, la legalidad se entiende como aquello
que está regulado por las normas jurídicas de manera que, ante una ocurrencia,
se tendría cierta certeza para determinar una consecuencia legal. La justicia es
“lo que debe ser”, un ideal a alcanzar cuya definición puede ser tan variada
como posturas, corrientes, doctrinas y contextos existan, sin embargo se
entendería que ese ideal debería velar por los intereses de todas las personas definiendo
el marco de derecho en que se debe mover la legalidad.
Lo deplorable en la administración de justicia es
cuando ambos elementos (justicia y legalidad) se ausentan en las decisiones
jurisdiccionales, dando cabida a la corrupción y tráfico de influencias,
evidenciados recientemente por los medios periodísticos.
Y aunque ciertamente toda generalización es falsa,
como lo sería afirmar que todas las decisiones jurisdiccionales de todas las
instancias judiciales no consideran criterios de legalidad, justicia y que se
basan en amiguismos para favorecer a determinadas partes, sin embargo los
hechos que están develando los “CNM audios” contribuye muy significativamente
en reafirmar de manera extendida la desconfianza en la ciudadanía.
Pero no solo la impartición de justicia es la que
está puesta en tela de juicio, sino la composición de las instituciones como
consecuencia de una red de influencia que no tiene en cuenta precisamente
aspectos relacionados con la meritocracia, sino una ramplona cercanía y favorecimiento
de amigos que dinamita la esencia de la institucionalidad, como el Consejo
Nacional de la Magistratura, organismo constitucional autónomo, cuya misión es
“nombrar y ratificar a jueces, fiscales, Jefes de ONPE y RENIEC probos y competentes,
así como destituir a los que transgredan sus responsabilidades, a través de
procesos justos y transparentes, para contribuir con el fortalecimiento de la
administración de justicia y la institucionalidad de la democracia”.
No es suficiente la creación de la Comisión
Consultiva denominada “Comisión de Reforma del Sistema de Justicia”,
dependiente de la Presidencia de la República, cuyo objeto es proponer medidas
urgentes y concretas para reformar el Sistema de Justicia, a fin de aportar a
la construcción de una justicia eficaz, oportuna, transparente, eficiente e
incorruptible. Si bien el informe que será presentado por la Comisión al
Presidente de la República, contendrá recomendaciones de medidas urgentes y
concretas, el reto será su efectiva implementación y para su logro se requiere
mantener una ciudadanía no sólo expectante sino comprometida en su ejecución.
El trasfondo de los graves problemas en la
administración de justicia que se están confirmando es nuestra cultura, pues
somos todos y cada uno de nosotros, quienes alguna vez hemos sido permisivos
ante algún hecho ilegal o injusto, desde la cotidianeidad, desde las diversas
facetas y representaciones que ejercemos día a día. Cuando dejemos de solamente
indignarnos y pasemos a la acción para la transformación, y cuando estemos
francamente abocados a realizar un profundo cambio de actitud nosotros mismos,
ese día seremos un país encaminado hacia el desarrollo y bienestar social.
Ante esta trascendental oportunidad de mejora para
nuestro país, no la desaprovechemos.
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