Licenciamiento Institucional de la SUNEDU a la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA)

SUNEDU OTORGA EL LICENCIAMIENTO NÚMERO 50 A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

-          La casa de estudios arequipeña recibe la autorización por 10 años tras haber demostrado reunir las Condiciones Básicas de Calidad establecidas en la Ley Universitaria

-          La UNSA reafirma su trayectoria educativa de 190 años con la culminación exitosa de su proceso de licenciamiento ante la SUNEDU

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) otorgó la licencia institucional la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) por un periodo de 10 años. Así, la casa de estudios arequipeña con 190 años de historia se convierte en la universidad número 50 en obtener la autorización, luego de haber demostrado el cumplimiento de las Condiciones Mínimas de Calidad (CBC) establecidas en la Ley Universitaria.

Para el superintendente de la SUNEDU, Martín Benavides, el licenciamiento número 50 es un gran hito para la reforma universitaria: “La educación superior es un derecho fundamental y el licenciamiento siempre ha procurado asegurar que lo que se ofrece a nuestros jóvenes reúna las condiciones básicas para una educación de calidad. El licenciamiento número 50 marca un gran avance en ese camino de garantizar un derecho tan trascendental, para nuestro futuro como país, como lo es la educación”, aseguró.

El titular de la SUNEDU destacó asimismo que “la UNSA es un ejemplo de que la educación universitaria debe aportar no solo a la formación profesional, sino a la difusión cultural, la creación intelectual, artística y principalmente a la investigación científica y tecnológica. Sin duda la licenciada número 50 es un gran referente para la educación superior en el sur del país y hoy debe ser motivo de orgullo para toda la comunidad académica”. 

La licenciada número 50 es arequipeña

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa nació hace 190 años gracias al impulso de los Padres Dominicos. Actualmente ofrece 245 programas académicos (59 programas de pregrado, 75 maestrías, 20 doctorados y 91 segundas especialidades).

Para obtener la Licencia Institucional, la UNSA presentó un Plan de Gestión de Calidad Institucional 2018-2020, que contiene la estrategia, objetivos y herramientas que aseguran la gestión de la calidad en coherencia con la normativa vigente, así como las actividades y el presupuesto necesario.

En relación a infraestructura, la UNSA presentó al procedimiento 34 locales (7 para formación académica y 27 destinados a actividades administrativas, extracurriculares, centros productivos o experimentales), 18 proyectos de inversión en infraestructura, 171 laboratorios y 84 talleres. Entre toda esta infraestructura que está a disposición de sus alumnos y comunidad académica, vale la pena destacar el Museo de la UNSA, el Centro Experimental de Sumbay Yanahuara, el Instituto de Investigación y Capacitación Tecnológica INICITE, los Laboratorios de Segregación Minerales y Fundición, el Centro de Transmisión TV UNSA, el Instituto Geofísico e Instituto Astronómico Aeroespacial Pedro Paulet, el Hospital Docente, una Planta Procesadora de Semillas, el Centro Experimental Majes, el Instituto de Investigación y Desarrollo Hidrobiológico, entre otros.

En cuanto a su plana docente, la universidad declaró ante la SUNEDU un cuerpo académico integrado por 1 425 docentes calificados, de los cuales 106 realizan investigación y se encuentran registrados en el Directorio de Recursos Humanos afines a la CTI (DINA), y 41 docentes inscritos en el Registro Nacional de Investigadores (Regina). Del total de docentes, el 56 % son a tiempo completo y dedicación exclusiva.

La UNSA cuenta con 31 líneas de investigación que se encuentran asociadas los Programas Nacionales Transversales de Ciencia, Tecnologías e Innovación (CTI) de Concytec, y 10 líneas del Área de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes.

Es importante resaltar que la universidad prioriza el uso de los fondos del Canon Minero en proyectos de investigación básica y aplicada; proyectos de investigación multidisciplinaria; financiamiento de investigaciones en tesis de pregrado y posgrado; incentivos a la publicación de artículos científicos; publicación de libros, textos y revistas indizadas; maestrías en investigación; becas y semibecas asociados a temas de investigación; pasantías a otras localidades del país y del exterior; eventos de ciencia, tecnología e innovación; así como equipamiento de laboratorios, institutos y centros de experimentación.

En ese sentido, la universidad gestiona la investigación a través de esquemas concursables denominados “UNSA Investiga”, financiados con recursos provenientes del canon minero. En el 2016 se convocó a 14 concursos y en el 2018 a 20 concursos. Las convocatorias son principalmente para financiar: Equipamiento científico, incentivos por publicaciones con filiación, pasantías, ponencias en eventos y participación en cursos, organización de eventos, publicación de libros y textos académicos, entre otros fines relacionados con la investigación.

En relación de los recursos financieros, la UNSA declaró un presupuesto para el desarrollo de la investigación para el año 2017, ascendente 9 millones y medio de soles y para el 2018, un presupuesto institucional de apertura de más de 18 millones y medio de soles, que a la fecha ha ejecutado al 77%.

La Superintendencia, además de extender el licenciamiento, ha requerido a la universidad presentar los avances de la implementación del sistema de información que brinde soporte a la gestión de biblioteca que se realiza en las filiales, así como la implementación de un plan de fortalecimiento de los servicios deportivos, sociales, culturales y psicopedagógicos en todas sus filiales.

Fuente: SUNEDU

Cultura de justicia, a propósito de los "CNM audios"

CULTURA DE JUSTICIA

Los audios propalados por “IDL-Reporteros” y “Panorama” están desnudando el sistema de justicia al más alto nivel y confirmando lo que durante mucho tiempo se sospechaba: por un lado, que las decisiones en la administración de justicia no pasan necesariamente por el matiz de la “justicia” y la “legalidad”, y por otro, las redes de influencia como factor preponderante.

Lo deseable para el sistema democrático es la primacía del Estado de Derecho, asumiendo a ésta como la forma de organización política que rige la vida social de un país, aplicando un marco jurídico que garantice la legalidad y los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Grosso modo, la legalidad se entiende como aquello que está regulado por las normas jurídicas de manera que, ante una ocurrencia, se tendría cierta certeza para determinar una consecuencia legal. La justicia es “lo que debe ser”, un ideal a alcanzar cuya definición puede ser tan variada como posturas, corrientes, doctrinas y contextos existan, sin embargo se entendería que ese ideal debería velar por los intereses de todas las personas definiendo el marco de derecho en que se debe mover la legalidad.

Lo deplorable en la administración de justicia es cuando ambos elementos (justicia y legalidad) se ausentan en las decisiones jurisdiccionales, dando cabida a la corrupción y tráfico de influencias, evidenciados recientemente por los medios periodísticos.

Y aunque ciertamente toda generalización es falsa, como lo sería afirmar que todas las decisiones jurisdiccionales de todas las instancias judiciales no consideran criterios de legalidad, justicia y que se basan en amiguismos para favorecer a determinadas partes, sin embargo los hechos que están develando los “CNM audios” contribuye muy significativamente en reafirmar de manera extendida la desconfianza en la ciudadanía.

Pero no solo la impartición de justicia es la que está puesta en tela de juicio, sino la composición de las instituciones como consecuencia de una red de influencia que no tiene en cuenta precisamente aspectos relacionados con la meritocracia, sino una ramplona cercanía y favorecimiento de amigos que dinamita la esencia de la institucionalidad, como el Consejo Nacional de la Magistratura, organismo constitucional autónomo, cuya misión es “nombrar y ratificar a jueces, fiscales, Jefes de ONPE y RENIEC probos y competentes, así como destituir a los que transgredan sus responsabilidades, a través de procesos justos y transparentes, para contribuir con el fortalecimiento de la administración de justicia y la institucionalidad de la democracia”.

No es suficiente la creación de la Comisión Consultiva denominada “Comisión de Reforma del Sistema de Justicia”, dependiente de la Presidencia de la República, cuyo objeto es proponer medidas urgentes y concretas para reformar el Sistema de Justicia, a fin de aportar a la construcción de una justicia eficaz, oportuna, transparente, eficiente e incorruptible. Si bien el informe que será presentado por la Comisión al Presidente de la República, contendrá recomendaciones de medidas urgentes y concretas, el reto será su efectiva implementación y para su logro se requiere mantener una ciudadanía no sólo expectante sino comprometida en su ejecución.

El trasfondo de los graves problemas en la administración de justicia que se están confirmando es nuestra cultura, pues somos todos y cada uno de nosotros, quienes alguna vez hemos sido permisivos ante algún hecho ilegal o injusto, desde la cotidianeidad, desde las diversas facetas y representaciones que ejercemos día a día. Cuando dejemos de solamente indignarnos y pasemos a la acción para la transformación, y cuando estemos francamente abocados a realizar un profundo cambio de actitud nosotros mismos, ese día seremos un país encaminado hacia el desarrollo y bienestar social.

Ante esta trascendental oportunidad de mejora para nuestro país, no la desaprovechemos.

Sunedu y el proceso de licenciamiento

“En mayo del 2019 concluiría el proceso de licenciamiento”

El nuevo titular de la Sunedu estima que la evaluación de las universidades que aún no cuentan con licencia terminará hacia el próximo año.

El martes, el Ministerio de Educación (Minedu) oficializó la designación de Martín Benavides como jefe de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). El funcionario, quien en marzo asumió el cargo de forma interina tras la destitución de Flor Luna Victoria, conversó con El Comercio sobre sus metas para la reforma universitaria.

— En una entrevista previa, usted dijo que no pensaba quedarse como jefe de la Sunedu. ¿Qué cambió?

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Ratifico lo dicho entonces: no estaba en mis planes asumir una función pública. Ser designado superintendente interino me tomó por sorpresa. Durante estos dos meses, me convencí más de que podía invertir parte de mi vida académica y profesional en el cargo. Por ello, cuando finalmente me lo pidieron, acepté.

— ¿El ministro de Educación, Daniel Alfaro, le pidió priorizar algún aspecto?

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Más que un direccionamiento, me preguntó mi visión para la Sunedu. Se la dije, y respetando la autonomía de la entidad me respondió que estaba de acuerdo. Coincidimos en que se requiere una mejor articulación entre nosotros y el Minedu.

— ¿Qué buscan articular?

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Por ejemplo, debemos trabajar juntos en un sistema único de información universitaria. Asimismo, tenemos que elaborar el eventual plan de cierre de algunas universidades [que no obtengan el licenciamiento].

— ¿Cuál es su visión sobre el licenciamiento?

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Queremos dar el mensaje de que el licenciamiento es un proceso de transformación de la calidad. No estamos de acuerdo con lo que se dice a veces: que esta es una reforma burocrática. Una universidad licenciada antes no tenía un plan de estudios adecuado a la Ley Universitaria, ya lo tiene; tampoco contaba con un vicerrectorado de investigación, ya lo tiene. Es un proceso de mejora continua.

—¿Y las universidades que no se adecúen a la reforma?

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Van a tener que cerrarse. Eso no ha cambiado. Ahora, tenemos que hacer una mejor lectura de las fechas que se han dado en relación con el proceso de licenciamiento. Estamos evaluando eso para asegurarnos de que aquellas universidades en plena transformación y con voluntad de cambio no se vean sacrificadas por una fecha. Dicho eso, creo que en mayo del 2019 concluiría el proceso de licenciamiento. Esa es la fecha relevante para mí.

— Concluir el proceso de licenciamiento no implica que todas las universidades sean licenciadas, ¿o sí?

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No. Es culminar toda la evaluación, todo el proceso [que incluye la revisión documentaria hasta la verificación presencial]. ¿Cuántas universidades serán licenciadas al 2019? No lo sabemos aún.

— A la fecha, solo 36 universidades se han licenciado en tres años de reforma [25% de 145 que solicitaron la licencia]. ¿No es muy ambicioso proyectar el fin de todo el proceso a un año?

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Debemos tener cierto nivel de ambición. Este es el año del licenciamiento; la visión es priorizarlo porque hay la necesidad de dar calma a la comunidad universitaria, y concluir este ordenamiento iniciado en el 2015.

— La Asociación de Universidades del Perú (ASUP) congrega a 71 universidades en proceso de licenciamiento o ya licenciadas. Aun así, esta entidad es bastante crítica con la reforma. ¿Qué le dice esto?

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No sé cuáles son los intereses de ese grupo. Creo que están faltando a la verdad, en el sentido de que tenemos evidencias de que el proceso de licenciamiento no ha debilitado a las universidades, sino que las ha acercado a un estándar de calidad superior al que tenían.

— Hace unas semanas, la ASUP propuso que se modifique la Ley Universitaria para que los rectores elijan al consejo directivo de la Sunedu, y ellos designen al superintendente. Para algunos, esto sería regresar al modelo de la extinta Asamblea Nacional de Rectores (ANR). ¿Qué opina?

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Estoy en desacuerdo cuando dicen que el consejo directivo no tiene representantes de la comunidad universitaria. Sí los tiene, y elegidos por concurso público. Hoy hay dos representantes de la universidad pública, y tendremos un tercero.

— El congresista Javier Velásquez Quesquén (Apra) también retomó su proyecto de ley que tiene una propuesta muy similar a la de la ASUP sobre la elección del consejo directivo y del superintendente. La iniciativa está en la Comisión de Educación. ¿Amenazaría a la reforma?

Desde que se creó la Sunedu siempre hubo una amenaza de personas que, creo, todavía no han entendido el sentido de la reforma.

— ¿Congresistas también?

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Seguramente. Quiero convencerlos de que esta reforma es positiva para la universidad peruana. Y si tienen una orientación en esa dirección, no deberían preocuparse de la existencia de la Sunedu ni de su autonomía, porque no tengo ninguna relación política con ningún partido. Sobre el proyecto de Velásquez Quesquén, prefiero no pronunciarme.

— El primer ministro César Villanueva anunció que el Ejecutivo “está revisando las exoneraciones tributarias a las universidades privadas en el país”, que en algunos casos generan excedentes y utilidades. ¿Esta “revisión” ha sido coordinada con la Sunedu?

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No hemos tenido ninguna conversación [al respecto].

— Pero si se anulan estas exoneraciones, ¿eso no afectaría a la reforma?

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Veamos. La Sunedu tiene como función supervisar que la reinversión de excedentes o utilidades se oriente a mejorar la calidad universitaria. Cuando hicimos un análisis, me preocupó que menos del 5% de estas utilidades haya sido dirigida por las universidades a fortalecer la investigación. La mayor parte se invertía en activos fijos. Ahora bien, no estamos en condiciones de saber si esos activos están vinculados a la mejora requerida. Todavía tenemos que investigar este tema.

— Precisamente, ¿Sunedu no debería ser parte del proceso de “revisión” propuesto por Villanueva?

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Estoy seguro de que nos van a invitar.

Fuente: El Comercio

¿Por qué regular los mercados de servicios educativos?

¿Por qué regular los mercados de servicios educativos? 11 razones

Escribe: Hugo Ñopo

La temporada escolar no llega sola. Viene con preocupaciones por los precios de las matrículas y las pensiones de los colegios. Entre las voces alarmadas no faltan quienes piden regular los precios en los mercados educativos. No obstante, lo que esas voces ignoran es que muchas veces ello puede hacer más daño que bien. La regulación de precios no tiene por qué ser el único camino para mejorar el funcionamiento de un mercado.

Como bien dijo Jean Tirole, un estudioso de los mercados imperfectos, en una entrevista brindada apenas supo que recibiría el premio Nobel: “…(la regulación) es específica para cada industria. La manera en que se regula tarjetas de crédito no tiene nada que hacer con la manera en que se regula la propiedad intelectual o los ferrocarriles. Hay muchos factores idiosincráticos. Esto es lo que hace todo tan interesante.”

Entonces, ¿cómo regular el mercado de servicios educativos? Una buena respuesta a esta pregunta requiere primero entender cómo funciona este mercado específico. ¿En qué medida difiere del modelo de competencia perfecta? ¿Qué fallas tiene?

A continuación, un listado de 11 razones por las que los mercados de servicios educativos difieren del mercado ideal con competencia perfecta. Un punto de partida de estos argumentos fue publicado primero en este artículo y ahora es parte de un estudio que actualmente llevo a cabo con mi colega María Balarin, de GRADE. Aunque algunas de estas fallas no son exclusivas de los mercados de servicios educativos, en conjunto hacen que el mercado de la educación sea tan particular

1.La entrada y salida de los agentes no es libre, tiene fricciones.

Los colegios y los padres de familia enfrentan barreras, tanto a la entrada como a la salida. Varios hemos pasado por la experiencia de buscar colegios y sabemos cuan difícil es encontrar vacantes. Los promotores de colegios saben muy bien que entre la decisión de abrir un colegio y el momento de efectivamente comenzar a operar transcurre mucho tiempo. Algunas de estas barreras limitan la competencia, con la consecuente implicancia de pérdidas sociales. Pero algunas otras, aunque parezca irónico, resultan ser positivas para la sociedad. En el modelo de competencia perfecta sobreviven solo las empresas competitivas, las que no lo son desaparecen del mercado. Sin embargo, en un mercado educativo, el costo social de la desaparición de un colegio es grande. La desaparición de un colegio no siempre es un evento deseable.

2. Hay problemas de información asimétrica.

La información sobre la calidad que maneja un colegio es diferente a la que maneja un consumidor potencial (padre de familia o estudiante) y es distinta a la que maneja un consumidor actual. Un director de colegio, o sus profesores, son conscientes de las limitaciones que pueda tener su propuesta educativa. Sin embargo, no están dentro de sus propios intereses que estas posibles deficiencias se transparenten frente a todos. Para los padres de familia que están buscando colegio para sus hijos por primera vez, no existe una fuente de información accesible, amigable y confiable que les pueda ayudar en la toma de decisiones.

3. La calidad del servicio es difícil de observar o medir.

Las dimensiones relevantes de la calidad son muchas, pero no todas son fácilmente observables. Si bien es posible medir con cierta confiabilidad los logros de aprendizaje de los estudiantes en matemáticas, lectura, historia, ciencias y otras materias, es más difícil medir los resultados de los estudiantes en pensamiento crítico, innovación, capacidad de trabajar en equipo, perseverancia y en un conjunto amplio de habilidades socioemocionales relevantes para el éxito futuro de sus estudiantes. Mencionar la palabra “futuro” me lleva a la cuarta particularidad de los mercados de servicios educativos.

4. La calidad se revela después de la provisión del servicio, mucho después de haber terminado la transacción.

El éxito de un proyecto educativo se revela algunas décadas después de que los estudiantes abandonaron las aulas. La respuesta a la pregunta “¿qué tan bueno es tal o cual colegio?” finalmente se responde mirando la trayectoria de vida de sus egresados. ¿A qué universidades fueron? ¿Qué tan buenos profesionales son? ¿Qué tan buenos ciudadanos son? Sin embargo, para ese entonces, la transacción económica por el servicio educativo ya terminó y queda poco lugar para el reclamo por parte de los padres de familia.

5. Aún con información completa y simétrica para todos los agentes, los seres humanos cometemos errores sistemáticamente.

No siempre actuamos como el agente racional que se asume en los modelos de competencia. Los padres prestan atención a factores que no necesariamente están directamente vinculados con una mejor calidad educativa. Un ejemplo: el número de materias. Esta “racionalidad acotada” viene siendo advertida por la literatura de economía del comportamiento, con resultados muy interesantes (Kahneman 2002 y varios seguidores). La buena noticia que traen estos avances es que es posible mejorar las decisiones de las personas con ciertos estímulos (“nudges”) que los llevarían a elegir mejores resultados.

6. Hay un agente particularmente grande que puede mover el equilibrio del mercado con su accionar: el Estado.

Uno de los supuestos centrales de la competencia perfecta es que ningún agente tiene el poder suficiente para determinar que el mercado se mueva según sus decisiones. En educación esto es distinto. El Estado, dado su tamaño, determina ciertos estándares y precios. Una de las decisiones que resulta fundamental es la de los salarios de los docentes. Si el Estado decide subir los salarios de sus docentes, al colegio privado no le queda mucha opción al respecto. Necesitará subir los salarios de los docentes que desea mantener.

7. La educación adquirida se convierte en un bien posicional.

En los mercados de trabajo, no basta con que un individuo esté capacitado para una posición. Es importante que el individuo esté mejor capacitado que el resto de sus competidores. Así, no solamente importa el consumo de un servicio educativo en términos absolutos (en términos de qué calificaciones adquiere el individuo), sino también en términos relativos (en relación a qué calificaciones, por encima de sus potenciales competidores, adquiere el individuo). Esto impone serios retos para la determinación natural de precios competitivos en los mercados.

8. El servicio educativo genera un bien público.

Esto es algo que el propio Adam Smith tenía claro al decir que el ser parte de una sociedad “letrada y numerada” era un bien público. El que se formen más ingenieros, médicos o docentes genera bienestar para toda la sociedad. Por esto, el costo de la formación de un individuo no debería ser solo responsabilidad del individuo o su familia. La sociedad, al ser beneficiaria última de esta formación, debería asumir también parte del costo.

9. La calidad del servicio educativo no depende solo del proveedor.

Esto marca una diferencia muy importante entre el mercado de servicios educativos y la mayoría de mercados de servicios. La calidad el servicio de la cafetería en la que estoy mientras escribo estas líneas depende fundamentalmente de la cafetería misma: sabor y temperatura del café, calidad de los muebles, iluminación, ventilación, atención del personal, etcétera. En el servicio educativo, no obstante, el esfuerzo del estudiante y su familia, importan. Más importante, las condiciones socioeconómicas de las familias de los estudiantes importan. Esto genera una inequidad importante en las oportunidades; la cual, si no es tomada en cuenta a tiempo, perpetúa la inequidad de los resultados económicos.

10. La frecuencia de las transacciones importa

En gran medida, nuestra experiencia como consumidores se construye sobre la base de hacer transacciones. En alguna de ellas acertamos, en otras erramos. La contratación del servicio educativo es mucho más esporádica que la de otros servicios. En algunos casos, la decisión sobre a qué colegio enviar a los hijos sucede una vez en la vida. Los consumidores del servicio educativo difícilmente pueden adquirir gran experiencia acerca de las mejores maneras de buscar y contratar el servicio. Y el eventual error de contratar un mal servicio educativo puede ser muy caro, con impactos en la vida de las personas.

11. Hay externalidades.

Un estudiante aprende no solamente de los profesores y tutores que provee un colegio. Aprende también, y en una gran medida, de sus compañeros de clases. Aquí radica gran parte de la riqueza del proceso educativo, en esto que la literatura llama los efectos de pares. Estos dan cuenta de una de las sinergias más importantes que se genera en el proceso pedagógico. Potencialmente, además, se trata de una de las más peligrosas, pues eventualmente perpetuaría inequidades.

Para el final, el elefante en el salón. Oliver Hart, un estudioso de la teoría de los contratos, en esta entrevista, también ofrecida a pocas horas de enterarse que recibiría el Nobel, dijo algo apunta a un problema que probablemente esté en el corazón de los mercados de servicios educativos: “Creo que puede haber problemas si las escuelas buscan ganancias y una solución es que no tengan fines de lucro”. Así pues, es difícil pensar que una empresa con fines de lucro sea capaz de ofrecer la mejor educación posible. Cualquier centavo que vaya a engrosar las utilidades del negocio es un centavo que pudo haber ido a la mejora de la calidad educativa ofrecida a nuestros estudiantes. Aquí vale la pena recordar que precisamente esto último es el objetivo central de la política pública en esta materia: proveer educación de la mejor calidad para todos.

El lector se preguntará si este listado ya es suficiente para comenzar a diseñar el conjunto de intervenciones/regulaciones óptimas para los mercados de servicios educativos. Lamentablemente la respuesta es aún no. Es necesario añadir a estas consideraciones conceptuales una buena dosis de contexto. ¿Qué especificidades tiene la realidad local? ¿Qué buenas prácticas internacionales son adaptables a esta realidad? Son algunas de las preguntas que guiarían los próximos pasos.

Fuente: Foco Económico