“¿CÓMO CONTRIBUYE CON LA CIUDAD LA MINERA?, ¿CON LA CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL?”, SE PREGUNTÓ EL ALCALDE
El espectacular crecimiento de Cerro Verde y la escasa contribución a
la ciudad de Arequipa
Se trata ahora de la mayor minera de cobre del Perú y una de las más
grandes en el mundo. Como lo han repetido varias veces sus voceros, es la única
mina en el mundo ubicada tan cerca de una ciudad del tamaño de Arequipa. Con la
ampliación de su capacidad de operación, se esperaba mayores ingresos para la
ciudad, pero ha ocurrido todo lo contrario. ¿Por qué?
El canon minero se ha reducido dramáticamente debido a la exoneración
del pago de impuesto a la renta por reinversión de utilidades que SMCV aplicó
gracias a un convenio con el estado que proviene de 1998. De otro lado, la
empresa se niega a pagar, incluso, las sumas reclamadas por SUNAT por regalías
y otros, recurriendo a acciones de amparo y otros procesos judiciales. Según
cálculos, la minera le debería a la ciudad hasta 3 mil millones de dólares.
Aunque en reacción tardía, esta situación ha llevado al alcalde
provincial a protestar, junto a otros alcaldes y al recibir una descomedida
respuesta del vocero de SMCV, Pablo
Alcazar, se preguntó, ¿en qué contribuye Cerro Verde a la ciudad?, ¿en
contaminación ambiental?
A inicios de mayo, la minera Cerro Verde inauguró la ampliación de sus
operaciones, en la que afirma haber invertido 5,300 millones de dólares. En
representación del presidente Ollanta Humala, llegó a Arequipa el presidente
del Consejo de Ministros, y varios alcaldes del “arbolito” comenzando por el
burgomaestre provincial, Alfredo Zegarra, celebraron el acontecimiento.
Con esta operación, la minera amplió la capacidad de operación, de 120,000
toneladas métricas de mineral por día, a 360,000 toneladas métricas por día, lo
que implica un incremento en su producción anual de 600 millones de libras de
cobre y 15 millones de libras de molibdeno a partir del 2016.
Con esto, la transnacional Freeport que posee el 53.56% del total de
acciones, se convierte en el mayor productor privado del mundo con operaciones
en Perú y Chile.
No obstante, tras escuchar los pedidos del Gobierno Regional y el
Municipio Provincial que gestionaron sendas solicitudes por 400 y 500 millones
para obras de desarrollo en beneficio de la región y la ciudad, sus voceros han
negado esa posibilidad argumentando problemas financieros.
Las autoridades locales hicieron esta solicitud, en vista que la minera
no paga impuestos directos a la ciudad y utiliza toda su infraestructura,
además de servicios en condiciones muy ventajosas (agua, electricidad,
infraestructura vial y terrenos). Pero, principalmente, porque las
transferencias por concepto de canon minero han ido disminuyendo sostenidamente
a lo largo de los años y no han mejorado sustancialmente este año, aun cuando
la ampliación de operaciones se inició en setiembre de 2015.
La explicación a esta disminución, no solo es la baja en el precio
internacional de los metales, como se ha explicado reiteradamente, sino la
vigencia de un convenio de estabilidad tributaria que anularía la posibilidad
de compartir los beneficios de esta intensa actividad minera, con la región
arequipeña.
Así, a fin de 2015, Cerro Verde declaró utilidad cero, por tanto, no
aportó nada al canon, pero ello se debió a que no distribuyó utilidades, sino
que las reinvirtió en la ampliación de sus operaciones, facilidad de la que
gozan sólo ésta y algunas pocas empresas que gozan de contratos de estabilidad
tributaria e incentivos como éste, suscritos en la década del 90. En el caso
concreto de Cerro Verde, su contrato venció en 2013, pero se acogió al
beneficio señalando que la ampliación comenzó este año, precisamente.
La interrogante ahora es si esta gigantesca ampliación justifica la
vigencia de estos privilegios y, peor aún, la escasa vigilancia ambiental que
hay sobre el proyecto, sobre todo ahora que se movilizan cientos de miles de
toneladas diarias de tierra, en operaciones a tajo abierto, con la extrema
cercanía a la ciudad, cuya infraestructura vial y de servicios está por
colapsar ante una demanda tan descomunal.
EL BENEFICIO DE LA ENLOZADA
Desde noviembre de 2015, la empresa minera hace uso de un metro cúbico
de agua servida que extrae de la planta de tratamiento La Enlozada, ubicada en
terrenos de su propiedad y operada por ellos mismos, para afrontar esta
ampliación de operaciones. Además, tiene una licencia de uso de agua limpia que
llega a 1,160 metros cúbicos los cuales extrae directamente del Río Chili.
Esto en virtud a un convenio suscrito por minera Cerro Verde con la
empresa de saneamiento SEDAPAR, a través del cual se cede esta cantidad de agua
servida a cambio de que la inversión realizada por la empresa para la
construcción de la planta que descontaminaría el río Chili, así como su
operación sean asumidas por ella durante toda su vida útil (29 años), plazo que
coincide con la vida útil de la mina.
Aunque el convenio contemplaba la obligación de Cerro Verde de pagar
por el agua a utilizar en sus operaciones, eso fue modificado en un convenio
específico firmado en 2013 por el ex gerente de SEDAPAR, Xavier Zagaceta, lo
que generó un escándalo momentáneo que no fue investigado ni aclarado. Desde
entonces, los alcaldes accionistas de Sedapar han ensayado periódicos conatos
de rebeldía para exigir que la minera pague por ese recurso, sin concretar
ninguna acción al respecto, sometiéndose a la política de los hechos
consumados.
No obstante, el mayor beneficio que se esgrimió para esta cesión, la
descontaminación del Río Chili, no se ha logrado. Según el personal de la
Autoridad Nacional del Agua (ANA) encargados de monitorear la calidad de las
aguas, el proceso de descontaminación demorará unos 5 años en los que se
“autodepurará”, pero lo real es que, de los 1850 litros por segundo que la
planta debía procesar, solo viene tratando 1,500 litros, esto es menos del 75%
de los 2,050 litros por segundo de agua servida que se vierten por segundo al
cauce del río.
Otra consecuencia desfavorable de este trato es la valorización de la
planta que -al inaugurarse en diciembre del año pasado- se informó que se hizo
bajo un costo total de 1,300 millones de soles lo cuales, al tratarse de un
obra de interés público, como ha sido calificada, puede ser deducida del
impuesto a la renta, lo que incide en el bajón de la tributación y la
disminución del canon minero.
La planta había sido valorizada inicialmente en 950 millones, lo que
generó diversos reclamos al compararla con el costo de otras plantas de
tratamiento, por ejemplo, la de Taboada, en Lima, con una capacidad mayor de
tratamiento la cual tuvo un costo total de 450 millones de soles. Ni el
presupuesto inicial, ni el costo final, han sido explicados o supervisados, por
las autoridades locales, lo que ha despertado mayores suspicacias. Con todo, no
hay autoridad que le haga frente.
REGALÍAS Y CONTRATO DE ESTABILIDAD
Como otras grandes empresas, Cerro Verde gozaba de un contrato de
estabilidad tributaria suscrito con el gobierno peruano, durante el régimen de
Alberto Fujimori, en el objetivo de alentar la inversión y cuando no había el
ciclo favorable que se presentó a partir de la primera década del 2000.
Amparada en ese contrato que venció en el año 2013, la empresa se benefició de
la exoneración del Impuesto a la Renta por reinversión de utilidades al
desarrollar su proyecto de sulfuros primarios y evitó pagar regalías mineras
(que no es un impuesto) hasta 2014.
A pesar de la severidad de SUNAT, con otros contribuyentes, en el caso
de Cerro Verde, el ente recaudador le había venido reclamando el pago de
regalías desde el año 2006, por no ser objeto del contrato de estabilidad, a lo
que la empresa se negó a pagar. Apeló al Tribunal Fiscal y, ante su resolución
desfavorable, recurrió al Poder Judicial, primero con dos acciones de amparo,
una en Arequipa y otra en Lima; y finalmente, mediante un proceso contencioso
administrativo.
En enero de este año, la Sexta Sala Especializada en lo contencioso
administrativo en temas tributarios de Lima, ordenó el pago de 286 millones de
soles correspondientes a regalías mineras desde 2004 a 2007, estando pendiente
de resolución otra acotación de SUNAT por otros 200 millones de soles, por
regalías hasta 2008.
Ante el conocimiento de esta sentencia, la gobernadora regional, Yamila
Osorio, promovió un pronunciamiento que fue suscrito, además, por la mayoría de
alcaldes de Arequipa, mediante el cual exigían a la minera el pago inmediato de
este dinero, en beneficio de la región y evitar mayores dilaciones con
apelaciones injustificadas.
En inédito gesto de firmeza, el texto señalaba: “las autoridades de
Arequipa y la sociedad civil realizan un enfático llamado a la reflexión a
Sociedad Minera Cerro Verde SAA para que cumpla con el pago de sus obligaciones
legales, se desista de acciones legales nacionales e internacionales que buscan
dilatar el pago y retrasar el desarrollo de Arequipa”.
“No entendemos por qué, si la minera ha ampliado sus operaciones, el
cobre se mantiene; no quiere pagar la deuda con el Estado. Además, perjudica a
los gobiernos locales y regionales con una reducción del canon”, declaró el
alcalde de Cayma, entre otras enfáticas declaraciones.
No obstante, la minera Cerro Verde presentó un recurso de casación ante
la Corte Suprema y tampoco ha atendido los pedidos de parte que le hicieron,
tanto el GRA como el municipio provincial. Y todos, guardaron silencio.
Más allá de la decisión que tomen los magistrados de la Corte Suprema,
Dante Martínez, presidente de ADUSELA (Asociación de usuarios de servicios de
Arequipa) y permanente vocero de demandas de este tipo contra la minera,
explica que -incluso si la Corte confirma la orden de pago- esto será
desfavorable para Arequipa. Pues al hacerlo, convalidaría la posición de SUNAT
que cobra las regalías, pero admite como válidas las exoneraciones del Impuesto
a la Renta por reinversión de utilidades amparadas en el Contrato.
Martínez sostiene que el contrato ha quedado nulo desde que, en 1999,
la firmante original del contrato, la empresa Cyprus, fue absorbida por Phelp
Dodge y ésta, a su vez, por Freeport, pues estaba expresamente contemplado que
no podía ceder ese privilegio.
“Tan es así que actualmente esa razón social (Cyprus) no existe en el
país, pero Cerro Verde usa el término para confundir” señala.
En sus cálculos, las exoneraciones basadas en la errónea aplicación del
contrato suman más de 3 mil millones de soles que hubieran podido transformar
Arequipa; y en esa cuenta no considera los 1,300 millones de soles de
exoneración que presuntamente le generará la construcción de La Enlozada que,
en realidad, es una obra para su beneficio.
Entre tanto, nadie está hablando de la contaminación que
-presumiblemente- también se ha triplicado por sus monumentales operaciones de
hoy en día.
