Contra la hipocresía y el autoritarismo gubernamental

Contra la hipocresía y el autoritarismo GUBERNAMENTAL

Porque toda vida nos importa

El Partido Político CONSTRUCTORES PERÚ, ante el violento desalojo de ciudadanos y ciudadanas peruanas que pacíficamente empezaban a expresar su rechazo a la pena de muerte frente a Palacio de Gobierno, el viernes 26 de enero del presente año:

EXPRESA su respaldo a dichos compatriotas, en cuanto exigían al gobierno que cumpla su deber de respeto a la vida, clave de toda sociedad civilizada, hecho deber constitucional conforme al artículo 1 de la Constitución peruana, norma suprema de nuestro sistema político y de nuestra vida ciudadana.

RECHAZA la hipócrita actitud del gobierno, en especial del presidente García, que por un lado proclama "el año del deber ciudadano" y por otro, se empeña en buscar incumplir su deber de respeto a la vida, sin importar de qué vida humana se trata.

Hipocresía que se refuerza cuando agentes gubernamentales señalan que buscarán la mejor forma de incumplir una sentencia judicial que les disgusta. ¿Se puede liderar una campaña de cumplimiento del deber ciudadano dando mensajes como ése, arguyendo que cuando una sentencia judicial no nos gusta debemos buscar "sacarle la vuelta"?

RECHAZA la grosera desigualdad en el trato entre quienes opinaban a favor y quienes opinaban en contra de la pena de muerte: El viernes 19 de enero cientos de manifestantes llevados en omnibuses, no sólo entraron a la plaza central de Lima Cercado, sino que incluso fueron recibidos en el patio de Palacio de Gobierno. Puede entenderse que hubo una coordinación con la municipalidad de Lima Metropolitana, correspondiendo un trato similar a quienes sostuvieron una opinión contrapuesta una semana después, pues la esencia de la democracia es el diálogo de todos. Con su actitud de represión a quienes opinan en contra, el gobierno muestra su necedad y vocación antidemocrática en el ejercicio del poder del Estado, incumpliendo el deber de respetar de igual manera las distintas posturas que los ciudadanos puedan tener sobre asuntos públicos.

RECUERDA que la pena de muerte no soluciona ningún problema de criminalidad, por lo que plantearla como respuesta a la violación de niños, niñas o adolescentes, o al rebrote terrorista, es jugar con los sentimientos de una población insegura y, lo que es peor, con los de las víctimas; pretendiendo inducirnos a la venganza como solución, lo cual no sólo envilece a la sociedad toda, sino que mantiene intactas las causas de los problemas.

DENUNCIA el ánimo totalitario del presidente García, expresado en su insistencia en ser "señor de la muerte" –si se aprobara, la decisión final recaería en él, vía la posibilidad de indulto–, junto con su actitud discriminataria y la violencia empleada contra quienes opinaban en contra. Ánimo que pretende imponerse distrayendo a la población con operaciones de pirotecnia verbal, hostilizando a las instancias públicas y privadas de control o buscando coparlas, y aprovechando la ausencia de una oposición política consistente.

ANUNCIA la presencia de una nueva alternativa política para el Perú, empeñada en construir una república de ciudadanos en la que toda vida importa, y para ello impulsa un proyecto nacional asumiendo que: (1) el poder es para el servicio y debe ejercerse con responsabilidad; (2) desarrollando una nueva peruanidad, a partir del mestizaje y los logros que a nivel local, regional, nacional e internacional, muchos compatriotas vienen consiguiendo en la economía y la cultura; (3) proponiendo la superación de la pobreza y exclusión, al cambiar aspectos de nuestras relaciones humanas, estructura social y modelo económico de desarrollo; (4) de manera que se genere riqueza para todos, (5) ambientalmente sostenible y (6) distribuida uniformemente en nuestro territorio; (7) siendo conscientes de que la educación, para afirmar la personalidad, la ciudadanía y la peruanidad, juega un papel fundamental en ese proyecto.

¡ FUERA LA MEDIOCRIDAD DE LA POLÍTICA PERUANA !
¡ NO HAY MUERTOS AJENOS !
¡ POR UNA REPÚBLICA DE CIUDADANOS !

Enero 2007

http://www.constructoresperu.org/
E-mail: cen@constructoresperu.org

Presentación del libro "Perú en Drogas"

Modificación Ley Orgánica de Gobiernos Regionales

AHORA SUSPENSIONES PODRÁN DURAR DOS DÍAS

ALCALDES Y PRESIDENTES REGIONALES CONDENADOS
CONTINUARÁN EJERCIENDO SU CARGO

Hoy aparece publicada en El Peruano la Ley Nº 28961 que introduce modificaciones a las leyes orgánicas de Municipalidades y de Gobiernos Regionales respecto a las causales de vacancia y suspensión de sus autoridades.

A partir de ahora los condenados por delitos dolosos no podrán ser vacados de sus cargos, aun cuando la sentencia hubiera sido emitida en segunda instancia por una de las Cortes Superiores de Justicia del país, pues la posibilidad de declarar la vacancia solamente podrá ser ejercida por el Concejo Municipal o el Consejo Regional luego de que la Corte Suprema emita su fallo, en los casos en que se hubiera presentado un recurso de nulidad contra la condena.

La nueva Ley introduce la figura de la suspensión del ejercicio del cargo para el condenado hasta que la Corte Suprema resuelva el caso, y señala que el plazo en que la autoridad permanecerá apartada del cargo "no podrá exceder el plazo de la pena mínima prevista para el delito materia de sentencia".

COMENTARIO
"Los delitos que usualmente son cometidos por los presidentes regionales y alcaldes no tienen en el Código Penal una pena privativa de libertad mínima, pues el legislador se ha limitado a fijar solamente los plazos máximos de sanción carcelaria. En tales casos, es de aplicación una norma penal general que dice que el mínimo de una pena debe ser de dos días.
Con la aplicación de esta nueva norma, un presidente regional o un alcalde que sea condenado por abuso de autoridad o por haber omitido, rehusado o demorado el el cumplimiento de un acto inherente a su cargo, que haya hecho requerimiento indebido de la fuerza pública, abandonado el cargo en perjuicio de los servicios públicos, comete tráfico de influencias, usa para su beneficio los bienes municipales, retarda injustificadamente el pago de las obligaciones municipales o rehusa devolver bienes depositados o puestos en custodia, en la práctica solamente podrá ser suspendido por dos días y regresará de inmediato a su cargo mientras espera un año que la Corte Suprema le resuelva su recurso de nulidad.
Ni siquiera habrá suspensión por dos días en el caso de que el presidente regional o el alcalde sean condenados por haber efectuado nombramientos para cargo público a personas en quien no concurren los requisitos legales, pues de acuerdo con el Código Penal ni siquiera existe pena privativa de libertad, sino simplemente una condena de pago de sesenta a ciento veinte días-multa.
Al aprobar esta Ley, en el caso de los gobiernos locales, el Congreso no ha tomado en cuenta lo ocurrido en los últimos cuatro años, en que de los 29 alcaldes que fueron condenados judicialmente, solamente uno se apartó del cargo inmediatamente que fue condenado por la Corte Superior de Arequipa. Los 28 restantes se aferraron al cargo, con la ilegal complicidad de los regidores de sus concejos que no cumplieron con declarar la vacancia, argumentando que habían presentado el recurso de nulidad ante la Corte Suprema. Ellos tuvieron que ser vacados por el Jurado Nacional de Elecciones, ante la ilegal renuencia de los concejos en hacerlo.
Esta ley debe ser derogada de inmediato, pues lo único que logrará su vigencia será alentar la impunidad y el aferramiento al cargo de autoridades condenadas por hechos ilícitos. En su reemplazo debe restablecerse la ley que estuvo vigente durante casi dos décadas que atinadamente señaló que la autoridad local quedaba suspendida en el ejercicio del cargo por tener "proceso penal abierto con mandato de detención que ha quedado firme en primera o segunda instancia". Es decir que tenía que apartarse del cargo hasta que concluyera el juicio, al que solamente podía volver si es que se acreditaba su inocencia. El cambio de legislación en el 2003 trajo situaciones de violencia en los distritos en donde los alcaldes condenados se aferraron a los cargos. Hoy con esta ley, la situación indudablemente será peor".

Dr. Marco Tulio Gutiérrez
Especialista en Derecho Municipal

Las cortinas de humo de Palacio

Diario El Pueblo 22/01/07

LAS CORTINAS DE HUMO DE PALACIO

Por: JAIME PAREDES CALLA

Primero las declaraciones del Procurador Anticorrupción Gino Ríos, quien mencionaba que el gobierno de Alejandro Toledo había sido más corrupto que el de Alberto Fujimori, posteriormente la “campaña” mediática en la que desde Palacio de Gobierno se mostraban facturas de gastos triviales efectuados por la pareja presidencial que antecede a los nuevos inquilinos García – Nores, y recientemente la interesada polémica sobre la pena de muerte.

No cabe duda que Alan García Pérez, astuto y trajinado político, ha desencadenado sus psicosociales por los que apuesta para que los temas centrales y lo que hay detrás de sus nada santos actos y propuestas pasen desapercibidos, se tratan de “cortinas de humo”. Nos concentraremos en la pena de muerte, la cual es permitida por la Constitución Política vigente de 1993 sólo para el delito de traición a la patria en caso de guerra y el de terrorismo, conforme a las leyes y los tratados de los que el Perú es parte obligada.

Decían (y lo volverán a hacer) los defensores de la ampliación de la pena de muerte que ésta puede ser disuasiva e intimidante, sin embargo, habría que tener en cuenta algunos hechos sobre los que da cuenta Elías Neuman (citado por el constitucionalista Raúl Ferrero Costa, en la revista Quehacer N° 162) cuando indica que “en Canadá, el índice de homicidios por cada 100 mil personas hasta un año antes que se aboliera la pena en 1975 era de 3,09. Con varios años de abolición, en 1983, disminuyó a 2,74 y en 1986 logró un nivel más bajo aún”.

Asimismo, en La Florida (Estados Unidos) “se restituyó la pena mortal en 1979, y en los años subsiguientes (1980 a 1982) el índice de homicidios ¡fue el más alto que se recuerda!”, casos que demostrarían que la pena capital no es disuasoria ni intimidante, y es que como Norberto Bobbio nos dice (citado por el constitucionalista peruano) no es necesario que las penas sean crueles para ser disuasivas, “es suficiente con que sean seguras”. La principal razón para no cometer el delito “no es tanto la severidad de la pena como la certeza de ser castigada de alguna manera”.

Antes que quitar la vida, que únicamente le pertenece a cada persona, nadie (ni siquiera el Estado) puede disponer de ella, la sociedad política y jurídicamente organizada debe mejorar indefectiblemente el sistema de justicia de manera integral (incluyendo el sistema penitenciario y la correcta administración de justicia).

En buena hora el Congreso de la República ha rechazado el proyecto del Ejecutivo, en adelante no debemos permitir que las cortinas de humo de Palacio de Gobierno distraigan a la opinión pública del objetivo medular que aquellas pretenden: en este caso concreto la denuncia de tratados internacionales de los que nuestro país es parte firmante (Convención Americana de Derechos Humanos) retirándose de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo que el dictador Alberto Fujimori (que tiene cuentas pendientes con la justicia en materia de corrupción, violación de Derechos Humanos y otros cargos) sería el principal beneficiado. La alianza “aprofujimorista” es evidente en impunidad y corrupción, por higiene democrática los ciudadanos y ciudadanas debemos rechazarla.

Nuevos compromisos con Arequipa

Diario El Pueblo 06/01/07

NUEVOS COMPROMISOS CON AREQUIPA

Por: JAIME PAREDES CALLA (*)

Nuestras nuevas autoridades electas han juramentado en sus cargos regionales y municipales, sus discursos iniciales difícilmente pueden no concitar el respaldo mayoritario de la opinión pública y población en general, así suele suceder en todo comienzo.

Los flamantes Presidentes Regionales de Arequipa y Cusco, Juan Manuel Guillén y Hugo Gonzáles, respectivamente, han sido enfáticos en sentar su posición sobre la necesidad de implementar un impuesto a las sobre ganancias de las empresas mineras (en reemplazo del denigrante aporte voluntario promovido por el Ejecutivo), la presión de un bloque de gobiernos regionales del sur del país para lograr que el gobierno de Alan García de marcha atrás sería una medida acertada, se siente venir.

Por su parte, el electo Alcalde de Arequipa, Simón Balbuena, ha reconocido actos de corrupción de la administración saliente, ha dicho que combatirá todo acto de inmoralidad, que revisará el Corredor Vitrina, el Plan PADECO y otros, aspecto que nos parece importante, siempre y cuando dicha revisión no se extienda mucho en el tiempo para recién a la mitad de su gestión (suele pasar) comprender la necesidad de contar con un transporte eficiente para el usuario, rentable para el operador y saludable para la ciudad, seguimos pensando que el proyecto del Sistema del Transporte Urbano Masivo Eficiente (TUME) es de mucha importancia para nuestra ciudad.

Si como dice el nuevo alcalde de las filas del Partido Nacionalista Peruano, que va a gobernar con una política de puertas abiertas a la participación ciudadana, implementando mesas de diálogo sobre diversas temáticas como la del medio ambiente, transporte público, mercados, etc., nos corresponde a los ciudadanos organizados o no participar y contribuir en su correcto funcionamiento.

Ojalá, Presidente Regional y Alcalde Provincial de Arequipa (además de los 7 alcaldes provinciales) logren articular esfuerzos, comprendiendo el ámbito de su accionar así como su impacto, y que el pésimo ejemplo de 2 autoridades salientes del mismo partido que antepusieron sus intereses personales no se vuelva a repetir. Arequipa, Tradición y Futuro y el Partido Nacionalista Peruano, como organizaciones políticas, tienen la oportunidad de demostrar que no se resumen en la figura de Juan Manuel Guillén ni en la de Simón Balbuena, respectivamente.

Por ahora nos basamos en los primeros anuncios formales, si la expresión “periodo de tregua” cabe, corresponde al igual que con el Ejecutivo, esperar prudentemente un periodo de tiempo para pronunciarnos sobre la gestión que nuestras nuevas autoridades empiezan a desarrollar; mientras tanto les deseamos éxitos.

(*) E-mail: ciudadanojaimeparedes@gmail.com

Lo bueno, lo malo y lo feo del 2006

Diario El Pueblo 01/01/07

LO BUENO LO MALO Y LO FEO DEL 2006

Por: JAIME PAREDES CALLA (*)

Un año que se va, otro que se viene, con ellos nuevas proyecciones personales, colectivas, sociales, políticas, un país (nuestro Perú) del que podemos extraer lecciones, de las buenas y de las malas experiencias, simplemente lecciones a emular, perfeccionar o enmendar.

Independientemente de nuestras preferencias político partidarias, lo bueno del 2006 es que se llevaron a cabo democráticamente las elecciones generales en abril, y regionales y municipales en noviembre, corresponde al gobierno central (sobre el que estamos esperando el término del “periodo de tregua” de seis meses de iniciada su gestión para pronunciarnos más in extenso) y a las nuevas autoridades regionales y municipales asumir su responsabilidad política en la gestión pública que están desempeñando o van a desempeñar, ya no basta con realizar obras y proyectos de inversión, necesitamos construir confianza de nuestras autoridades con arraigo en la población.

Muchas situaciones y hechos podremos considerarlos como malos (la lista se alarga si discriminamos su alcance a nivel mundial, nacional o local), a nosotros nos parece que los psico sociales de Alan García, su capacidad de crear “cortinas de humo”, aprovechando que existe una opinión pública que hace eco de sus nada santas propuestas, es uno de los malos rasgos del año que se esfuma (léase propuesta del Ejecutivo para aplicar la pena de muerte a los violadores de menores de 6 años y recientemente a los terroristas, a propósito del horrendo y condenable atentado acontecido en Ayacucho).

Lo malo que también nos deja este 2006 es que no se ha concretado (tampoco se concretaría por carecer el Ejecutivo de voluntad política) el impuesto a las sobre ganancias mineras cuando existe un boom del precio internacional de los metales con récords históricos que tienden a incrementarse; el Partido Aprista Peruano ha preferido “pasar el sombrero” a lo que le ha llamado -risiblemente por su insignificancia- el “óbolo minero”, como si las empresas mineras nos hicieran un favor al explotar los recursos naturales de los que el Estado peruano es “soberano en su aprovechamiento” (artículo 66 de nuestra Constitución Política), contaminando nuestro entorno ambiental y generando innumerables conflictos sociales por el pésimo o nulo ejercicio de la responsabilidad social (salvo raras excepciones).

Lo feo del 2006, consideramos ha sido que el SUTEP haya mostrado reticencias al proceso de evaluación propuesto por el Ministerio de Educación al punto de postergarse hasta los primeros días de enero del nuevo año su concreción, pero (por nuestra óptica ciudadana) lo más lamentable es que no haya un proyecto político integrador para nuestro país, quizá esté construyéndose, lo cual a su vez supone consolidar indispensablemente nuestra apuesta para su consecución.

Procurémonos un próspero año 2007, no con suerte sino con muchas felicidades y éxitos.

E-mail: ciudadanojaimeparedes@gmail.com