El deceso del congresista Hernando Guerra García en un distrito alejado de Arequipa ha puesto en evidencia, una vez más, las graves deficiencias del sistema de salud pública en el Perú. Según fuentes policiales, el parlamentario sufrió una descompensación y no pudo recibir atención oportuna ni ser trasladado a un centro de salud cercano por falta de ambulancias y personal médico. Este hecho lamentable no es aislado, sino que refleja la realidad de millones de peruanos que viven en zonas rurales y urbanas marginales, donde el acceso a servicios de salud de calidad es limitado o nulo.
El sistema de salud en el Perú está fragmentado, desarticulado y desigual. La oferta pública de salud es insuficiente e ineficiente para satisfacer la demanda de la población, especialmente la más pobre y vulnerable, que no tiene recursos para pagar servicios privados o que se automedica por lejanía, desconfianza o mala calidad de atención.
Ante esta situación, algunos sectores proponen la privatización de la salud como una solución mágica para mejorar el sistema. Sin embargo, esta propuesta es errada y peligrosa, pues desconoce el derecho a la salud como un bien público y social, que debe ser garantizado por el Estado a todos los ciudadanos sin discriminación ni exclusión. La privatización de la salud implica la mercantilización y la segmentación del sistema, donde solo los que pueden pagar tendrán acceso a servicios de calidad y los que no quedarán relegados a una atención precaria o nula. Además, la privatización no asegura la eficiencia ni la calidad del sistema, pues el sector privado también tiene problemas de regulación, transparencia y corrupción.
Lo que se necesita es una reforma integral del sistema de salud pública, que fortalezca su capacidad resolutiva, su articulación con otros niveles y sectores, su financiamiento sostenible y su participación social. Se requiere también una mayor inversión pública en infraestructura, equipamiento, personal y medicamentos, así como una mejor gestión y supervisión de los servicios. Se debe promover también la coordinación y complementariedad entre el sector público y el privado, mediante convenios que permitan ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la atención, pero sin perder de vista el rol rector y regulador del Estado.
La salud es un derecho humano fundamental y un factor clave para el desarrollo del país. No se puede permitir que se convierta en un negocio lucrativo para unos pocos ni en una causa de muerte para muchos. Es hora de cambiar el modelo de salud que tenemos por uno más justo, solidario e inclusivo, que garantice el acceso universal a servicios de calidad para todos los peruanos.
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