El anuncio reciente de la Municipalidad Distrital de Miraflores (en la ciudad de Lima), sobre la implementación de una nueva medida para regular el uso de los espacios públicos del distrito, específicamente los parques, malecones y plazas, por parte de las personas que realizan picnics, ha generado una ola de críticas y controversias. Esta medida, que exige a los ciudadanos presentar una solicitud previa ante la comuna para llevar a cabo un picnic, es claramente excesiva y limitante, lo cual constituye una vulneración de los derechos de los ciudadanos a disfrutar de los espacios públicos.
Según la municipalidad, las personas que deseen realizar un picnic en estos lugares deben someterse a un innecesario proceso burocrático en el que deben indicar el día, el lugar, el número de asistentes y el compromiso de no generar ruido ni dejar basura. Esta medida solo se aplica a los picnics con más de 15 personas.
Esta regulación excesiva y desproporcionada impone una carga innecesaria sobre los ciudadanos que desean disfrutar de los espacios públicos. La necesidad de presentar una solicitud previa introduce un elemento de control excesivo por parte de la municipalidad, generando obstáculos innecesarios y limitando la libertad de los ciudadanos para hacer uso de estos espacios. Además, el hecho de que las personas deban comprometerse a no generar ruido ni dejar basura, algo que debería ser una responsabilidad ciudadana básica, deja en evidencia una falta de confianza hacia los ciudadanos, como si todos fueran irresponsables y necesitaran una regulación estricta.
Los espacios públicos son precisamente eso, públicos, y deben estar disponibles para el disfrute de todos los ciudadanos sin restricciones innecesarias. Estas áreas son lugares de encuentro, recreación y esparcimiento, que permiten a las personas conectarse con la naturaleza y socializar en un entorno abierto. Limitar el acceso a estos espacios solo fomenta la exclusión y va en contra del espíritu de la vida comunitaria y el bienestar de los ciudadanos.
Esta medida, del alcalde Carlos Canales Anchorena, es absurda, además limita y vulnera los derechos de los ciudadanos, quienes deberían tener acceso libre y sin trabas a los espacios públicos. Es necesario repensar esta regulación excesiva y buscar alternativas más inclusivas y respetuosas, como la promoción de la educación ciudadana y el fortalecimiento de la responsabilidad individual y colectiva. Los espacios públicos son patrimonio de todos y deben ser preservados como lugares de encuentro, recreación y disfrute para el beneficio de toda la comunidad.
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