SERVICIO CIVIL DE CARRERA PARA EL PERÚ
Escribe: Jaime Paredes Calla
“El Estado peruano debería tener una Escuela de Gobierno”, ha dicho el Dr. Efraín Gonzáles de Olarte, Vicerrector Académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú, al inaugurar esta semana el VI Seminario de Reforma del Estado sobre el tema "Gestión Pública para el buen gobierno: balance y perspectivas" que, acertada y oportunamente, organiza la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de dicha casa superior de estudios.
Es evidente la debilidad del Estado peruano para garantizar un cuerpo profesional de funcionarios que siga reglas y procedimientos uniformes e impersonales; las características más claras de una típica burocracia que tiene actualmente nuestro Estado es su organización jerárquica y piramidal, así como la especialización traducida en la división del trabajo y el control ejercido por las autoridades, aunque también podríamos cuestionar el grado de especialización en un contexto en el que los padrinazgos y recomendaciones suelen ser la regla general, por encima y en desmedro de los méritos profesionales.
¿Cuánto hemos avanzado en la profesionalización de nuestra burocracia? En junio de 2008, mediante Decreto Legislativo N° 1023, se crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), como entidad rectora del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, orientada a la consecución de los “objetivos de la administración pública y los intereses de la sociedad”. Dicha norma legal establece que el servicio civil es el conjunto de medidas institucionales por las cuales se articula y gestiona el personal al servicio del Estado, rigiéndose por principios de mérito, cuya evaluación incluye los criterios de rendimiento y compromiso con el servicio a la ciudadanía.
La creación de SERVIR así como del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos que se propone establecer, desarrollar y ejecutar la política de Estado respecto del servicio civil, constituye un avance significativo, sin embargo dichos esfuerzos resultan aún insuficientes si consideramos la gran demanda de fortalecimiento de capacidades en materia de gestión pública por parte de funcionarios y empleados de la administración pública.
Existen variados referentes internacionales, como en México, que desde el año 2003 funciona el Servicio Profesional de Carrera, asumida como política pública clave para la profesionalización de los servidores públicos, procurando fomentar la eficiencia y eficacia de la gestión pública, con el objetivo de mejorar los servicios que se ofrecen a la ciudadanía; este sistema permite administrar los recursos humanos de las instituciones sujetas a la Ley del Servicio Profesional de Carrera garantizando su ingreso, desarrollo y permanencia en la Administración Pública Federal a través del mérito y la igualdad de oportunidades, en un marco de transparencia y legalidad.
En el país azteca además, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tiene el Sistema del Servicio Profesional de Carrera con el objetivo de contar con un servicio profesional de carrera ágil, eficiente y transparente, que motive y fomente el desarrollo del personal e incorpore a los mejores candidatos a ocupar los puestos que integran el Sistema. Así también el Instituto Federal Electoral (IFE) cuenta con el Servicio Profesional Electoral, como sistema de carrera compuesto por el ingreso, la formación y desarrollo profesional, la evaluación, la promoción, los incentivos y el procedimiento disciplinario.
Con una inflación de 2% y en un contexto donde diversas entidades financieras nacionales e internacionales proyectan que la economía del Perú seguirá creciendo a un ritmo de 7% aproximadamente y que en el 2015 nuestro país lideraría el crecimiento económico en Latinoamérica, es impostergable desarrollar un sistema de servicio civil de calidad que, como lo establece también la Carta Iberoamericana de la Función Pública aprobada por el Perú, garantice la profesionalización de las personas al servicio del Estado, el mérito, la capacidad, la vocación de servicio, la honestidad, la adhesión a los principios y valores de la democracia, entre otros.
Con un gobierno “en disputa” como el que estamos apreciando en esta primera etapa del quinquenio del Presidente Ollanta Humala, las cuatro vertientes que conforman la alianza Gana Perú (el Partido Nacionalista Peruano, los intelectuales agrupados en el colectivo Ciudadanos por el Cambio, los movimientos regionales y las organizaciones de izquierda) y sin perder de vista las cuotas de poder que dentro del gobierno nacional está logrando cierta derecha política, podrían protagonizar las transformaciones sociales históricamente esperadas por gran parte de la población, para esto se requiere aprovechar las condiciones para institucionalizar un efectivo servicio profesional de carrera para la administración pública, con especial énfasis en la ética pública, entendida como el desempeño de los funcionarios públicos orientado a la búsqueda del bien común.
Así como construir capacidades estatales toma mucho tiempo, y destruirlas toma muy poco tiempo, del mismo modo, la construcción de respaldo y confianza ciudadana es una tarea que debemos plantearnos de manera sostenida, y aun cuando el Poder Legislativo está atravesando por serios cuestionamientos por las acciones y antecedentes de algunos parlamentarios, y el segundo Vicepresidente de la República está siendo objeto de investigación, consideramos que existen condiciones para repuntar en la credibilidad y confianza hacia nuestras autoridades y funcionarios públicos, algunos ejemplos que podemos destacar los encontramos en el Ministerio de Educación (Ministra, Viceministros y una gran cantidad de funcionarios capacitados, con alto sentido de ética pública y vocación de servicio), en el Viceministerio de Interculturalidad, cuyo flamante Viceministro es un profesional con gran compromiso ciudadano, sobre todo de los sectores más excluidos de nuestro país, por citar únicamente algunos casos que bien merecen explicitarlos.
Escribe: Jaime Paredes Calla
“El Estado peruano debería tener una Escuela de Gobierno”, ha dicho el Dr. Efraín Gonzáles de Olarte, Vicerrector Académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú, al inaugurar esta semana el VI Seminario de Reforma del Estado sobre el tema "Gestión Pública para el buen gobierno: balance y perspectivas" que, acertada y oportunamente, organiza la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de dicha casa superior de estudios.
Es evidente la debilidad del Estado peruano para garantizar un cuerpo profesional de funcionarios que siga reglas y procedimientos uniformes e impersonales; las características más claras de una típica burocracia que tiene actualmente nuestro Estado es su organización jerárquica y piramidal, así como la especialización traducida en la división del trabajo y el control ejercido por las autoridades, aunque también podríamos cuestionar el grado de especialización en un contexto en el que los padrinazgos y recomendaciones suelen ser la regla general, por encima y en desmedro de los méritos profesionales.
¿Cuánto hemos avanzado en la profesionalización de nuestra burocracia? En junio de 2008, mediante Decreto Legislativo N° 1023, se crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), como entidad rectora del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, orientada a la consecución de los “objetivos de la administración pública y los intereses de la sociedad”. Dicha norma legal establece que el servicio civil es el conjunto de medidas institucionales por las cuales se articula y gestiona el personal al servicio del Estado, rigiéndose por principios de mérito, cuya evaluación incluye los criterios de rendimiento y compromiso con el servicio a la ciudadanía.
La creación de SERVIR así como del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos que se propone establecer, desarrollar y ejecutar la política de Estado respecto del servicio civil, constituye un avance significativo, sin embargo dichos esfuerzos resultan aún insuficientes si consideramos la gran demanda de fortalecimiento de capacidades en materia de gestión pública por parte de funcionarios y empleados de la administración pública.
Existen variados referentes internacionales, como en México, que desde el año 2003 funciona el Servicio Profesional de Carrera, asumida como política pública clave para la profesionalización de los servidores públicos, procurando fomentar la eficiencia y eficacia de la gestión pública, con el objetivo de mejorar los servicios que se ofrecen a la ciudadanía; este sistema permite administrar los recursos humanos de las instituciones sujetas a la Ley del Servicio Profesional de Carrera garantizando su ingreso, desarrollo y permanencia en la Administración Pública Federal a través del mérito y la igualdad de oportunidades, en un marco de transparencia y legalidad.
En el país azteca además, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tiene el Sistema del Servicio Profesional de Carrera con el objetivo de contar con un servicio profesional de carrera ágil, eficiente y transparente, que motive y fomente el desarrollo del personal e incorpore a los mejores candidatos a ocupar los puestos que integran el Sistema. Así también el Instituto Federal Electoral (IFE) cuenta con el Servicio Profesional Electoral, como sistema de carrera compuesto por el ingreso, la formación y desarrollo profesional, la evaluación, la promoción, los incentivos y el procedimiento disciplinario.
Con una inflación de 2% y en un contexto donde diversas entidades financieras nacionales e internacionales proyectan que la economía del Perú seguirá creciendo a un ritmo de 7% aproximadamente y que en el 2015 nuestro país lideraría el crecimiento económico en Latinoamérica, es impostergable desarrollar un sistema de servicio civil de calidad que, como lo establece también la Carta Iberoamericana de la Función Pública aprobada por el Perú, garantice la profesionalización de las personas al servicio del Estado, el mérito, la capacidad, la vocación de servicio, la honestidad, la adhesión a los principios y valores de la democracia, entre otros.
Con un gobierno “en disputa” como el que estamos apreciando en esta primera etapa del quinquenio del Presidente Ollanta Humala, las cuatro vertientes que conforman la alianza Gana Perú (el Partido Nacionalista Peruano, los intelectuales agrupados en el colectivo Ciudadanos por el Cambio, los movimientos regionales y las organizaciones de izquierda) y sin perder de vista las cuotas de poder que dentro del gobierno nacional está logrando cierta derecha política, podrían protagonizar las transformaciones sociales históricamente esperadas por gran parte de la población, para esto se requiere aprovechar las condiciones para institucionalizar un efectivo servicio profesional de carrera para la administración pública, con especial énfasis en la ética pública, entendida como el desempeño de los funcionarios públicos orientado a la búsqueda del bien común.
Así como construir capacidades estatales toma mucho tiempo, y destruirlas toma muy poco tiempo, del mismo modo, la construcción de respaldo y confianza ciudadana es una tarea que debemos plantearnos de manera sostenida, y aun cuando el Poder Legislativo está atravesando por serios cuestionamientos por las acciones y antecedentes de algunos parlamentarios, y el segundo Vicepresidente de la República está siendo objeto de investigación, consideramos que existen condiciones para repuntar en la credibilidad y confianza hacia nuestras autoridades y funcionarios públicos, algunos ejemplos que podemos destacar los encontramos en el Ministerio de Educación (Ministra, Viceministros y una gran cantidad de funcionarios capacitados, con alto sentido de ética pública y vocación de servicio), en el Viceministerio de Interculturalidad, cuyo flamante Viceministro es un profesional con gran compromiso ciudadano, sobre todo de los sectores más excluidos de nuestro país, por citar únicamente algunos casos que bien merecen explicitarlos.
Me parece de suma importancia la creacion de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, que habiendo hecho un diagnostico sobre el empleo publico es catastrofico, por lo mismo que nunca se tuvo en cuenta la meritocracia, sino el acomodo politico y padrinazgo. sera un poco dificil de poner orden pero no imposible, aunque leemo y escuchamos a los dirigentes de los años 70 no estar de acuerdo con lo que el sistema exige.
ResponderBorrarCesar Meza