El pleno del Congreso de la República aprobó el 23 de junio de 2023 una ley que permite el nombramiento automático de docentes contratados por más de tres años sin concurso público. Esta medida ha generado el rechazo de diversos sectores educativos, que la consideran contraria al principio de meritocracia y a la calidad educativa.
La ley, aprobada por el Congreso, modifica la Ley de Reforma Magisterial, y establece que los docentes contratados por más de tres años consecutivos o cuatro años con interrupción en instituciones educativas públicas, serán nombrados automáticamente en la primera vacante disponible en su plaza.
Según los promotores de la ley, esta medida busca dar estabilidad laboral a los docentes contratados, que representan aproximadamente el 40% del magisterio nacional. Sin embargo, esta medida vulnera el derecho a la igualdad de oportunidades de miles de postulantes que participan en los concursos públicos de ingreso a la Carrera Pública Magisterial, así como de los maestros que han obtenido su nombramiento basándose en sus méritos y desempeño.
La ley ya ha sido rechazada por el mismo Ministerio de Educación (Minedu), el Consejo Nacional de Educación (CNE), la asociación IPAE, así como por varios exministros y congresistas, que han manifestado su preocupación por el impacto negativo que tendrá esta norma en la calidad educativa del país.
Entre los argumentos en contra de la ley se encuentran los siguientes:
- La ley va en contra del principio de meritocracia, que implica que los docentes sean seleccionados por sus conocimientos, habilidades pedagógicas, formación, méritos y experiencia, y no por el tiempo que llevan contratados.
- La ley desincentiva la profesionalización y actualización de los docentes, ya que no tendrán que rendir evaluaciones periódicas para ascender o nombrarse, lo que afectará su desempeño y el aprendizaje de los estudiantes.
- La ley genera una brecha entre los docentes nombrados y los contratados, ya que estos últimos tendrán una ventaja sobre los primeros para acceder a las vacantes disponibles, sin importar su nivel de competencia o especialidad.
- La ley afecta la autonomía y gestión de las instituciones educativas públicas, ya que no podrán escoger a los docentes más idóneos para sus necesidades pedagógicas y contextuales.
- La ley impacta negativamente en el presupuesto público destinado a la educación, ya que implica un incremento del gasto en remuneraciones y beneficios sociales para los docentes nombrados automáticamente.
Ante dicha situación, la ministra de Educación, Magnet Márquez, anunció que el Ejecutivo observará la ley aprobada por el Congreso, ya que considera que es inviable y perjudicial para el sector educativo. Asimismo, exhortó a los parlamentarios a reconsiderar la iniciativa y a dialogar con los actores involucrados para buscar una solución consensuada.
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