En primer lugar, cabe señalar que las protestas contra Dina Boluarte se iniciaron en diciembre de 2022, luego de que el Congreso destituyera al presidente Pedro Castillo por incapacidad moral permanente y asumiera el poder la vicepresidenta. Los manifestantes exigían la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones generales a 2023 y la convocatoria a una asamblea constituyente. Las movilizaciones se extendieron hasta marzo de 2023 y fueron reprimidas con extrema y manifiesta violencia por la policía y las fuerzas armadas, que utilizaron armas letales, gases lacrimógenos y vehículos blindados. Según la Defensoría del Pueblo, 49 personas murieron en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden, además de otras 21 que fallecieron por accidentes o hechos vinculados al bloqueo.
Por su parte, la muerte del joven Nahel en Nanterre ocurrió el 27 de junio de 2023, cuando intentó escapar de un control policial y fue perseguido y abatido por un agente que le disparó. El hecho fue grabado en video y difundido en las redes sociales, lo que provocó la indignación de la población y el estallido de disturbios en los suburbios de París y otras ciudades francesas. Los manifestantes prendieron fuego a autos y edificios públicos, arrojaron piedras y fuegos artificiales a la policía y exigieron justicia por Nahel y por otras víctimas de la violencia policial.
En cuanto a las respuestas de las autoridades, se puede apreciar que el gobierno peruano ha adoptado una actitud defensiva y represiva ante las protestas, negando su responsabilidad en las muertes y acusando a los manifestantes de ser violentos, antidemocráticos y golpistas. La presidenta Boluarte ha declarado que no renunciará ni adelantará las elecciones, que cuenta con el respaldo del Congreso y que defenderá el orden constitucional con firmeza. Asimismo, ha respaldado el accionar de la policía y las fuerzas armadas, sin reconocer los excesos ni sancionar a los responsables. Hasta el momento, no se ha abierto ninguna investigación administrativa ni penal por las muertes ocurridas en las protestas.
En cambio, el gobierno francés ha mostrado una actitud más abierta al diálogo y a la rendición de cuentas ante la muerte del joven Nahel. El presidente Emmanuel Macron convocó una reunión urgente de seguridad para abordar la violencia y llamó a la calma y al respeto. La fiscalía anunció que investigará al policía que disparó al adolescente por "homicidio voluntario" y que nombrará a dos magistrados instructores para que dirijan la pesquisa. El ministro del Interior, Gérald Darmanin, expresó su solidaridad con la familia de Nahel y dijo que se hará justicia. Además, reconoció que existe un problema de confianza entre la policía y la población, especialmente en los barrios populares, y anunció medidas para mejorar la formación, el equipamiento y el control de los agentes.
Así las cosas, se observa que las autoridades peruanas y francesas han tenido respuestas absolutamente distintas ante la muerte de civiles a manos de la policía. Mientras que el gobierno peruano ha optado por la negación, la represión y la impunidad, el gobierno francés ha optado por el reconocimiento, la investigación y la justicia. Estas diferencias reflejan también las distintas realidades políticas y sociales de ambos países, así como los distintos niveles de respeto a los derechos humanos y al estado de derecho.
Por su parte, la muerte del joven Nahel en Nanterre ocurrió el 27 de junio de 2023, cuando intentó escapar de un control policial y fue perseguido y abatido por un agente que le disparó. El hecho fue grabado en video y difundido en las redes sociales, lo que provocó la indignación de la población y el estallido de disturbios en los suburbios de París y otras ciudades francesas. Los manifestantes prendieron fuego a autos y edificios públicos, arrojaron piedras y fuegos artificiales a la policía y exigieron justicia por Nahel y por otras víctimas de la violencia policial.
En cuanto a las respuestas de las autoridades, se puede apreciar que el gobierno peruano ha adoptado una actitud defensiva y represiva ante las protestas, negando su responsabilidad en las muertes y acusando a los manifestantes de ser violentos, antidemocráticos y golpistas. La presidenta Boluarte ha declarado que no renunciará ni adelantará las elecciones, que cuenta con el respaldo del Congreso y que defenderá el orden constitucional con firmeza. Asimismo, ha respaldado el accionar de la policía y las fuerzas armadas, sin reconocer los excesos ni sancionar a los responsables. Hasta el momento, no se ha abierto ninguna investigación administrativa ni penal por las muertes ocurridas en las protestas.
En cambio, el gobierno francés ha mostrado una actitud más abierta al diálogo y a la rendición de cuentas ante la muerte del joven Nahel. El presidente Emmanuel Macron convocó una reunión urgente de seguridad para abordar la violencia y llamó a la calma y al respeto. La fiscalía anunció que investigará al policía que disparó al adolescente por "homicidio voluntario" y que nombrará a dos magistrados instructores para que dirijan la pesquisa. El ministro del Interior, Gérald Darmanin, expresó su solidaridad con la familia de Nahel y dijo que se hará justicia. Además, reconoció que existe un problema de confianza entre la policía y la población, especialmente en los barrios populares, y anunció medidas para mejorar la formación, el equipamiento y el control de los agentes.
Así las cosas, se observa que las autoridades peruanas y francesas han tenido respuestas absolutamente distintas ante la muerte de civiles a manos de la policía. Mientras que el gobierno peruano ha optado por la negación, la represión y la impunidad, el gobierno francés ha optado por el reconocimiento, la investigación y la justicia. Estas diferencias reflejan también las distintas realidades políticas y sociales de ambos países, así como los distintos niveles de respeto a los derechos humanos y al estado de derecho.
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