RECHAZAMOS LA RESOLUCIÓN
DE LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA
QUE REDUCE LA CONDENA DEL GRUPO COLINA
¡¡NO A LA IMPUNIDAD!!
Las organizaciones firmantes rechazamos el fallo de los magistrados de
la Sala Suprema del Poder Judicial y su intención subalterna de reducir el
justo y legal castigo impuesto a los sentenciados del Grupo Colina por crímenes
de lesa humanidad.
Condenamos que se usen indebidamente los mecanismos procesales de la
justicia para, a través de una burda maniobra basada en formalidades procesales
inexistentes, pretender quitar el carácter de lesa humanidad a los delitos
perpetrados por el Grupo Colina, considerando como delitos comunes una serie de
crímenes atroces que respondían a una política del gobierno de turno. De esta
manera los crímenes de Barrios Altos y Pedro Yauri podrían prescribir.
Exigimos que el asesinato sistemático de ciudadanas y ciudadanos no
quede impune. No puede, de ninguna forma, justificarse ni atenuarse
comportamientos delictivos desde el Estado; como tampoco el asesinato de
personas bajo la única sospecha de que son terroristas. El Estado tiene el
deber de usar toda su fuerza para investigar, perseguir, juzgar y sancionar la
barbarie terrorista, pero no puede usar métodos criminales para ello, como
ocurrió en el gobierno de Fujimori y Montesinos en el que se organizó esta
política de muerte, al estilo de las peores dictaduras latinoamericanas que
tanto daño y dolor dejaron a nuestro continente.
Este fallo, en sentido contrario a la consolidada jurisprudencia
nacional e internacional que sanciona severamente crímenes de lesa humanidad
como los del Grupo Colina, crea un peligroso precedente que abre paso a la
impunidad a través de posibles prescripciones y permite pensar en una posible
liberación del condenado Alberto Fujimori a través del indulto.
Consideramos que la labor de un juez es impartir justicia y hacer
pedagogía sobre los valores que deben regir en una sociedad, y en este caso,
lamentablemente, la decisión significa un retroceso en los avances logrados en
materia de Derechos Humanos.
Finalmente, reafirmamos que el Estado, jueces y fiscales de la
República tienen como principal deber defender la vida de cada ciudadano y
ciudadana. Darle paso a la impunidad vulnera toda posibilidad de una
reconciliación nacional, por tanto debemos procurar la búsqueda de la justicia
y la verdad.
Lima, 25 de julio de 2012
COLECTIVO CONFIANZA
COLECTIVO CIUDADANOS 2021
CONSTRUCTORES PERÚ
COHERENCIA
