viernes, 28 de septiembre de 2007

Chile y Uruguay son los países menos corruptos de la región

Jueves 27 de septiembre, 2007
Chile y Uruguay son los países menos corruptos de la región

(AméricaEconomía.com) Transparencia Internacional, la organización no gubernamental con sede en Londres, publicó el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) correspondiente a 2007, donde Chile y Uruguay aparecen como los países latinoamericanos mejor rankeados.

Chile se ubica en el lugar número 22 con 7.0 puntos seguido por Uruguay en el lugar 25, con 6.7 puntos. Bastante más abajo se encuentra Costa Rica, rankeado en la ubicación número 46 con 5 puntos; Cuba, en el casillero 61 con 4,2; y El Salvador, número 67 con 4 puntos.

Según el ranking publicado por el organismo ningún otro país de América Latina alcanza los 4 puntos. Brasil, México obtuvieron 3,5 puntos, calificado por Transparencia Internacional como corrupción "grave".

Argentina y Bolivia están en la ubicación 105, con 2,9 puntos; Guatemala, 111 con 2,8; Nicaragua, 123 con 2,6; Honduras, 131 con 2,5; Paraguay, 138 con 2,4; y Ecuador, en el lugar 150 con 2,1 puntos. Para Transparencia Internacional los países que están por debajo del nivel de 3 presentan indicios de una corrupción "desenfrenada".

Venezuela es el caso regional más grave, ya que figura en el lugar 162 con 2.0 puntos.

Según informó el organismo en un comunicado, se sigue manifestando una fuerte correlación entre corrupción y pobreza a nivel mundial, ya que el 40% de los países con puntaje inferior a 3 son clasificados por el Banco Mundial como países de bajos ingresos. Somalia y Myanmar comparten el puntaje más bajo: 1,4; mientras que Dinamarca logró ascender a la puntuación más alta de 9,4, que comparte con Finlandia y Nueva Zelanda, tradicionalmente entre los primeros de la lista.

El IPC se calcula con información recolectada en los últimos dos años (para el IPC 2007, se incluyen datos recolectados en 2007 y 2006) proveniente de 14 fuentes diferentes recolectada por 12 instituciones independientes. Todas las fuentes miden el alcance general de la corrupción en el sector público y político (frecuencia y/o tamaño de sobornos), y para ser incluidas deben proveer una clasificación de países, es decir, deben evaluar múltiples países en un mismo estudio, según agrega el comunicado de Transparencia Internacional.

Fuente:
http://www.americaeconomia.com/PLT_WRITE-PAGE~SessionId~~Language~0~Modality~0~Section~1~Content~31559~NamePage~NoticiasArti~DateView~~Style~15389.htm

lunes, 24 de septiembre de 2007

Reporte 6 Vigilancia de las Industrias Extractivas en Arequipa

NOTA DE PRENSA

VIGILANCIA DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
VIGILA PERÚ (CANON Y SOBRECANON)

Presentación pública: 27 de septiembre a las 10:00 a.m.
Conferencia de Prensa: 27 de septiembre a las 12:00 p.m.
Lugar: Colegio de Abogados

El Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (desco) y el Grupo Propuesta Ciudadana, darán a conocer los resultados del Reporte Regional Nro. 6 Vigilancia de las Industrias Extractivas (como parte del Proyecto VIGILA PERÚ), estudio que contiene información consolidada del primer semestre del año 2007 sobre la generación, distribución y uso de las rentas del canon y sobrecanon, así como la responsabilidad social de las industrias extractivas y resolución de conflictos.

La presentación pública tendrá lugar el día jueves 27 de septiembre a partir de las 10:00 a.m. en el Colegio de Abogados, sito en la calle Jerusalén 313, mientras que la conferencia de prensa se realizará a las 12:00 p.m.

El ingreso es libre y se entregará el Reporte Regional Nro. 6 Vigilancia de las Industrias Extractivas, también disponible en: http://www.descosur.org.pe/bajavminero.php?id=ReporteRegional6VIE.pdf

Arequipa, 24 de septiembre de 2007.
___________________________________________________________
desco: Málaga Grenet Nº 678, Umacollo / Telefax 270144 – 257043 / E-mail: arequipa@descosur.org.pe

viernes, 21 de septiembre de 2007

Suprema de Chile cursa extradición de Fujimori

Fuente: http://www.tercera.cl/medio/articulo/0,0,3255_5664_299221754,00.html

Suprema cursa extradición de Fujimori por dos delitos de violaciones a los DDHH y cinco de corrupción

Fecha edición: 21/09/2007 08:20

Tras 22 meses de permanencia en Chile, el ex Presidente Alberto Fujimori será extraditado a Perú luego que así lo resolviera la Segunda Sala de la Corte Suprema tras un proceso judicial que se inició en enero del 2006 con la designación del juez Orlando Alvarez a cargo del caso.

La resolución final fue adoptada por los magistrados Alberto Chaigneau, Jaime Rodríguez Espoz, Hugo Dolmestch, Rubén Ballesteros y Nibaldo Segura. El encargado de redactar y dar lectura al fallo fue el juez Chaigneau.

El ex Presidente fue extraditado por siete de los 13 casos por los que estaba acusado. Dos de ellos tienen relación con la violación a los derechos humanos, en donde los magistrados de la Suprema votaron por unanimidad para extraditarlo por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y el caso de Sótanos SIE.

En el primero el ex Mandatario, de 69 años, está acusado como coautor del asesinato de 15 personas, entre ellas un niño de ocho años, y del delito de lesiones graves en agravio de otras cuatro personas. En el caso de La Cantuta, Fujimori está acusado del asesinato y desaparición forzada de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle "La Cantuta", cuyos cuerpos fueron calcinados y enterrados en dos fosas clandestinas. En el caso de los sótanos del SIE, el ex Mandatario está acusado de homicidio calificado y desaparición forzada perpetrados en las instalaciones del recinto militar donde habrían sido brutalmente torturadas, asesinadas y posteriormente incineradas personas involucradas en delitos de terrorismo.

En tanto, los cinco casos de corrupción fueron los de Congresistas tránsfugas (por los delitos de asociación ilícita para delinquir, y corrupción activa de funcionarios), Allanamiento (por los delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad), el caso 15 Millones (por los delitos de asociación ilícita para delinquir peculado, y falsedad ideológica), Intercepción telefónica (por los delitos de interferencia o escucha telefónica, asociación ilícita para delinquir, y peculado) y caso Tractores chinos - Medios de Comunicación (por los delitos de asociación ilícita para delinquir, peculado, y usurpación de funciones).

De esta forma una vez que llegue a Perú, Fujimori sólo podrá ser juzgado por los casos mencionados quedando libre de un proceso por los casos de Desviación de fondos y Decretos de Urgencia, entre otros.

JUEZ CHAIGNEAU DESCARTA PRESIONES

El ministro Chaigneau fue el encargado en dar a conocer el fallo en medio de gran expectación periodística en tribunales. El juez aseguró que no fue complicado llegar a un acuerdo entre los magistrados. "Fue muy largo no más", afirmó. Al ser consultado si recibieron presiones, añadió: "¡qué presiones, hombre por Dios!. Eso es no conocer el Poder Judicial". "Es cuestión de conocernos a nosotros para darse cuenta de que no nos van a presionar", resaltó.

El procedimiento siguiente es que el ministro Alvarez dicte el cúmplase de la sentencia, hecho que puede ocurrir hoy mismo o en días posteriores.

Además, se notificará la decisión al Ejecutivo y éste, a través de la Cancillería, informará del fallo al embajador de Perú, Hugo Otero.

En paralelo el secretario del máximo tribunal, Carlos Meneses, deberá trasladarse hasta Chicureo -donde permanece el ex Mandatario peruano- para notificarlo en persona de la decisión judicial.

Desde ese momento el ex Presidente queda en calidad de detenido por la justicia chilena y será escoltado hasta la Escuela de Gendarmería, en Santiago, donde permanecerá hasta su traslado a Lima.

Fuentes de gobierno afirmaron que el dispositivo para sacar a Fujimori de Chile no durará más de 24 horas ya que se dispondrá su envío a Perú. Dos son las alternativas de transporte para el ex Mandatario peruano: un avión de la Fach o una nave enviada especialmente desde Lima para disponer su arribo a ese país.

PERÚ PREPARADO PARA JUICIO

La decisión de la Segunda Sala confirma la línea de la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, quien el 7 de junio recomendó extraditar al ex gobernante peruano.

El fallo de los magistrados difiere, en cambio, de la opinión expresada el pasado 11 de julio por el juez Alvarez, quien desechó dar curso a la extradición.

El ex Presidente peruano permance bajo arresto domiciliario en Chicureo, donde está acompañado sólo por su hija Sachi y por el jefe del equipo de abogados peruanos César Nagasaki, quien llegó el martes pasado en la noche desde Lima.

En la casa también hay gran expectación y se han apostado periodistas chilenos, peruanos y japoneses a la espera de los próximos pasos tras el trascendental fallo.

En Perú esperan al ex gobernante con todo listo para juzgarlo. La Corte Suprema de ese país ya delegó en tres de sus miembros la tarea. Se trata de los integrantes de la Sala Penal Especial César San Martín Castro, quien oficia de presidente, y los magistrados Víctor Prado Sal-darriaga y Hugo Príncipe Trujillo.

El juicio público en contra del ex Presidente comenzaría apenas llegue a suelo peruano, pues la fiscalía ya presentó una acusación formal en su contra por los casos que se le imputan en los cuadernillos de extradición. A cargo de presentar los argumentos y pruebas estaría el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde.

SU INESPERADA LLEGADA

Fujimori arribó de manera sorpresiva a Chile el 6 de noviembre de 2005, tras permanecer desde 2000 en Japón, lugar hacia donde emigró luego de abandonar la presidencia de su país envuelto en una serie de acusaciones de casos de corrupción encabezados por el principal asesor de inteligencia de su gobierno, Vladimiro Montesinos.

El caso inevitablemente ha cruzado la relación bilateral entre Chile y Perú, cuyos mandatarios se vieron por última vez las caras en una cita concretada en Sidney el sábado 8 de septiembre.

Aunque tras la cita la Mandataria declinó referirse al tema, sí lo hizo el gobernante peruano. Si bien indicó que respeta "lo que digan los jueces", afirmó estar "convencido de que en orden a la legalidad, a la verdad y a la democracia, habrá un resultado satisfactorio para el pedido del Perú, y que además va a acercar mucho la democracia chilena con la del Perú".

No obstante, el martes pasado criticó la tardanza en la revelación del fallo. "Ya la están haciendo larga, es lo primero que uno piensa sobre el procedimiento", dijo el Mandatario.

lunes, 17 de septiembre de 2007

Se pronunció la población sobre Minera Majaz

Abrumador ‘NO' a la minería

• Más del 90 por ciento de la población se manifestó en contra de la presencia de la empresa minera Majaz en sus tierras.

Milagros Salazar, Javier Cobeñas.
Enviados especiales.

Las denuncias del premier Jorge del Castillo se estrellaron contra la pared. La consulta vecinal convocada por tres distritos de las alturas de Piura para que la población se pronuncie sobre la actividad minera se desarrolló sin hechos de violencia ni amenazas. En medio de un escenario de tranquilidad, se impuso el "No" a la actividad minera en rechazo al proyecto Río Blanco de Majaz.

Según los resultados oficiales, en el distrito de El Carmen de la Frontera el 93 por ciento de los 3, 053 electores que acudieron a las urnas votó por el "No" (2, 825 votantes) mientras que 73 ciudadanos marcaron la opción del "Sí". Apenas se registraron 48 votos en blanco y 107 nulos.

En Ayabaca el "No" venció por un abrumador 93.4% mientras que en Pacaipampa el porcentaje del "No" ascendió a 97 por ciento.

Masiva concurrencia

De los más de 31 mil votantes que existen en los distritos de Ayabaca, Pacaipampa y El Carmen de la Frontera, aproximadamente el 60 por ciento acudió a los centros de votación a pesar de que la consulta no tiene efecto vinculante ni tampoco estuvo a cargo de los organismos electorales. El carácter de ilegalidad con el que el gobierno central intentó desacreditar este mecanismo de participación ciudadana importó poco a los pobladores de esta parte del país: la concurrencia fue masiva.

De esta manera las comunidades del Alto Piura les siguieron los pasos a los agricultores de Tambogrande, que en junio de 2002 rechazaron las operaciones de la minera canadiense Manhattan. En esa oportunidad, el 98 por ciento eligió el "No". "Los resultados demuestran la conciencia cívica de los pobladores. Para ellos este sufragio no era obligatorio y vinieron desde muy lejos para expresar su voto", dijo Edith Pacheco, la coordinadora zonal del comité técnico de El Carmen de la Frontera.

Desde la víspera de la consulta miles de comuneros llegaron desde las alturas de Piura para contestar a la pregunta: "¿Esta usted de acuerdo con la actividad minera en su distrito?". Muchos de ellos realizaron caminatas de más de seis horas y durmieron en las plazas de los pueblos a la espera de que se abrieran los centros de votación.

Antonio Reyes Laván, un rondero del caserío Río Blanco contiguo al proyecto minero de Majaz, caminó cerca de doce horas para marcar su voto. "He venido por mi voluntad. No puede ser que una empresa nos invada sin respetar las reglas de la comunidad", dijo. Su pueblo forma parte de los 44 caseríos de este distrito que cuenta con una población electoral de 5 mil 152 votantes, de los cuales ayer acudió a las urnas cerca del 60%.

Bajo la custodia de los ronderos, desde las 6 de la mañana los comuneros formaron filas en el centro de votación. A pesar de que el ingreso de los electores estaba programado para las 8 de la mañana en El Carmen de la Frontera se registró un retraso de una hora y veinte minutos debido a la ausencia del 55% de los miembros titulares de las 25 mesas de votación que debían instalarse en este distrito, informó Victoria Juárez, representante de Transparencia. Los ausentes fueron reemplazados por voluntarios.

Volantes provocadores

En Ayabaca el escenario fue similar. En este distrito, que cuenta con más de 17 mil electores, cientos de votantes de 21 comunidades campesinas acudieron a sufragar al estadio "Pampa de Lobos", donde se empezó a atender desde las 8 y 26 de la mañana en 89 mesas.

Debido a que es el distrito con mayor población electoral y que se contaba con apenas seis técnicos, los organizadores demoraron en informar los resultados.

Pese a que no se registraron hechos de violencia, el presidente de la Federación Provincial de Rondas Campesinas de Ayabaca, Magdiel Carrión Pintado, denunció que en la carretera camino al distrito de Ayabaca (entre los sectores de Chanurá y Pingola) los comuneros encontraron volantes en los que se incentivaba a no asistir a la consulta con los siguientes argumentos: "Piura quiere inversión, no a la intervención comunista en Majaz, el comunismo que causó terror impide que la inversión privada llegue a nuestra región".

El volante aparece sin firma y en la misma línea que el presidente Alan García señala que las ONG que promueven la consulta "reciben a manos llenas dólares del extranjero lucrando con la pobreza de nuestro pueblo".

En respuesta, Magdiel Carrión expresó que los resultados demuestran que los pobladores no quieren la explotación minera por considerarla peligrosa para las nacientes de los ríos. Negó cualquier tipo de manipulación.

Observadores

Más de 22 observadores internacionales de Ecuador, Bolivia, España, Alemania, Inglaterra, Canadá y Suiza participaron en la consulta así como 20 miembros de Transparencia.

Ralph Hoelmer, del Networld Institute for Global Democratization, expresó en Ayabaca que este proceso es legítimo porque lo convocó la municipalidad, que es parte del Estado. "Esto es bueno porque le permite a la gente opinar sobre su destino. Estos casos democratizadores son pocos en el mundo", manifestó.

Tres representantes de la Defensoría del Pueblo también se desplazaron a las zonas para registrar desde las afueras de los centros de votación las quejas de los electores como posibles amenazas contra pobladores para que acudan a sufragar. Sin embargo, hasta el momento esta organización del Estado no ha reportado este tipo de denuncias que fueron advertidas el lunes 10 por el premier Jorge del Castillo.

Cinco congresistas del Partido Nacionalista del Perú (PNP) se sumaron a la caravana de visitantes. La parlamentaria piurana Marisol Espinoza destacó desde El Carmen de la Frontera "la vocación pacífica de las comunidades para expresarse y exigir que se respeten sus derechos como el de la propiedad. Los que aquí han venido es porque están en contra de la injusticia", apuntó luego de asegurar que su bancada elaborará un informe sobre el desempeño del proceso.

Mientras que 200 efectivos policiales recorrían las calles de El Carmen de la Frontera y Ayabaca, más de 700 ronderos custodiaron los centros de votación. Los hombres resguardaron el orden y las mujeres ronderas se encargaban de vigilar que no se consumiera alcohol antes del sufragio. "No deben ingresar a votar alcoholizados. Tiene que ser un voto consciente", manifestó una de ellas.

Después el diálogo

El economista José de Echave, miembro de la Mesa Técnica del caso Majaz, aseguró que la gran tarea después de la consulta es analizar qué está fallando en las concesiones mineras. "Este conflicto nos demuestra que hay errores en los mecanismos de participación ciudadana alrededor de las concesiones y la ausencia de una autoridad ambiental independiente", agregó.

La oportunidad de diálogo entre los actores del conflicto está abierta. El dirigente de Ayabaca Magdiel Carrión dijo que las comunidades campesinas están dispuestas a conversar con el premier Jorge del Castillo con los resultados de la consulta en la mano.

"El diálogo lo seguiremos buscando, pero se deben respetar los derechos y las normas que rigen el país. No se deben atropellar los derechos de propiedad de los comuneros, ya que nosotros también tenemos el derecho de vivir y de decidir libremente nuestro modelo de desarrollo", expresó Carrión.

El dirigente está convencido de que Ayabaca no solo tiene que ofrecer minerales, sino también que puede convertirse en un pueblo pionero de la agricultura y la ganadería, y que por el momento se está exportando la panela granulada y café orgánico.

El vicepresidente de la comunidad campesina de Segunda y Cajas de Huancabamba, Eusebio Guerrero, consideró que si se concreta el diálogo con el gobierno se exigirá que se respeten los resultados de la consulta.

Tanto el alcalde de la Municipalidad Provincial de Ayabaca, Humberto Marchena Villegas, como el del municipio de El Carmen de la Frontera, Ismael Huayama, manifestaron su interés en conversar con el Premier pero con presencia de los dirigentes campesinos.

"En la mesa de diálogo se debe convocar no solo a los alcaldes, sino a las partes representativas de las organizaciones de la sociedad civil para juntos plantear alternativas de solución al problema que enfrentan", aseguró Marchena. La consulta abre un nuevo capítulo de este conflicto latente.

Minera Majaz realizó actividad paralela

En la zona Tres Acequias, a media hora de El Carmen de la Frontera, la minera Majaz financió una actividad deportiva con los pobladores de algunos caseríos que debían participar en la consulta vecinal. "La mina hace esos campeonatos para boicotearnos", aseguró el vicepresidente de la comunidad, Eusebio Guerrero.

La República llegó a la zona y pudo comprobar, según testimonios de los pobladores, que Majaz regaló un toro, carneros y costales de arroz y azúcar para los equipos ganadores.

En Ayabaca, el ex titular de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi señaló que cuando el Estado no pone freno a una empresa que contamina, como sucede en La Oroya, se convierte en un error que se paga caro, porque la población pierde la confianza y se opone a la inversión minera. Asimismo, dijo que el Ministerio de Energía y Minas se olvida de su rol fiscalizador y que ya es hora de crear un Ministerio del Medio Ambiente y del Desarrollo Sostenible.

Fuente: http://www.larepublica.com.pe/content/view/178429/483/

domingo, 16 de septiembre de 2007

Defensoría del Pueblo presentó informe sobre decretos legislativos para luchar contra el crimen organizado

DEFENSORÍA DEL PUEBLO PRESENTÓ INFORME SOBRE DECRETOS LEGISLATIVOS PARA LUCHAR CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

Nota de Prensa Nº 161

· Defensora del Pueblo remitió informe al Presidente de la Comisión de Constitución del Congreso.

· Considera inconstitucional algunos artículos de dichas normas como el que sanciona a las autoridades que participen en protestas.

Tal como lo anunció en julio, la Defensoría del Pueblo remitió a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República un informe en el que se concluye que los decretos legislativos promulgados por el Poder Ejecutivo con la finalidad de luchar contra el crimen organizado mejoran, en general, las capacidades de la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público y el Poder Judicial para combatir la criminalidad organizada, pero también se señala que contienen normas que resultan contrarias a la Constitución.

Al identificar estas normas –la sanción a autoridades que participen en marchas de protesta y la exención de responsabilidad penal a los miembros de las Fuerzas Armadas y la PNP, por ejemplo–, argumenta que su inconstitucionalidad radica, principalmente, en que regulan materias que el Poder Ejecutivo no estaba autorizado a incluir en su propuesta legislativa.

Asimismo, da cuenta de que un 37% de las reformas contenidas en los decretos legislativos no se relaciona con la lucha contra el crimen organizado ni alguno de los delitos mencionados de forma expresa en la ley mediante la cual se autorizó la expedición de estos decretos. Por lo tanto, estas normas también devienen inconstitucionales por exceder el marco de la delegación de facultades otorgada por el Congreso.

En consecuencia, la Defensorìa del Pueblo recomienda derogar aquellas normas que son manifiestamente inconstitucionales, sin perjuicio de que en el caso de las normas que excedieron la autorización del Congreso su contenido sea recogido en una ley formal. Esto último procedería, por ejemplo, en el caso del proceso de pérdida de dominio, que permite revertir en favor del Estado los bienes cuyo origen sea ilícito.

Además, La Defensoría formula recomendaciones específicas al Ministerio Público, el Poder Judicial, la Academia de la Magistratura, la PNP y los Ministerios de Justicia, Interior y Economía y Finanzas, a fin de fortalecer la lucha contra la delincuencia organizada.

Lima, 14 de septiembre del 2007.

El Informe en su integridad puede encontrarse en:

http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/varios/2007/Decretos_Legislativos.pdf

martes, 11 de septiembre de 2007

En el cuarto aniversario del Informe Final de la CVR

Palabras de Salomón Lerner Febres, ex Presidente de la CVR, en el cuarto aniversario del Informe Final de la CVR

Queridos amigos:

Este encuentro nuestro, al igual que los que hemos sostenido en los tres años anteriores, se halla motivado por sensaciones e intenciones diversas aunque convergentes. Por un lado, nos reunimos para conmemorar la vida y la muerte de los millares de víctimas que la violencia dejó en nuestro país, nombres y existencias que no pueden perderse en el simple olvido. El pesar con que los recordamos se redobla ahora, además, porque tenemos presente también en nuestro afecto a los peruanos y peruanas que han perdido la vida en el terremoto que hace apenas unos días ha golpeado nuestro país. Desde el inicio de esta palabras, y con la seguridad de que interpreto adecuadamente el sentimiento de todos nosotros, quiero enviar nuestro mensaje de solidaridad a todos quienes han perdido seres queridos y a quienes han sufrido pérdidas materiales y hago votos por que sus necesidades sean atendidas cabalmente y con presteza con la diligencia del Estado y el apoyo de todos nosotros.

Por otro lado, si este es un encuentro de conmemoración, también es una ocasión de reafirmación ciudadana. Hoy reiteramos nuestra demanda de justicia a favor de las víctimas así como nuestra exigencia de grandes cambios en las instituciones del país para que el «nunca más» a la violencia y las violaciones masivas de derechos humanos sea una realidad cierta.

Por último, así como mantenemos vivo el pasado mediante la memoria y afirmamos las obligaciones del presente, también nos reunimos para decir, con nuestro compromiso humano, que es posible imaginar un país distinto, y que ese país será construido con los medios de la economía y de la política, desde luego, pero también con el compromiso libre y cotidiano, y con los valores humanitarios, de cada uno de nosotros. Como siempre hemos dicho, y como queremos que el resto del país lo comprenda, nuestro rescate del pasado es, tiene que ser y será siempre un camino para construir un mejor futuro para todos.

En los cuatro años ya transcurridos desde que la Comisión de la Verdad y Reconciliación entregara al país su Informe Final, se han dado algunos cuantos pasos para cumplir el amplio repertorio de obligaciones estatales y sociales que nos impone la verdad histórica sobre la violencia. Sería, pues, inexacto y quizá también injusto afirmar que no se ha hecho nada al respecto; sin embargo, tampoco sería acertado ceder a la complacencia o al conformismo frente a lo poco que se ha avanzado. Un movimiento a favor de la justicia como el que nos congrega tiene el deber de mantenerse crítico y vigilante frente a los deberes del Estado, y al mismo tiempo está obligado a constituirse en un foco de propuestas, sugerencias, recomendaciones para que aquello que reclamamos tenga mejores oportunidades de ser realizado.

Hay que señalar, pues, en primer lugar, que de una manera lenta ha ido cobrando forma en los últimos meses un mecanismo para otorgar las debidas reparaciones a las víctimas. Estamos ahora algo lejos de ese primer momento, al día siguiente de presentado el Informe Final, en el que los partidarios del egoísmo y de la exclusión salieron a decir, desde sus posiciones de privilegio, un rotundo «no» a las reparaciones. Ahora bien, sin que esto signifique desconocer la importancia de los pasos dados y la voluntad estatal que se ha manifestado a este respecto, creemos indispensable, sin embargo, insistir en que esos mecanismos, instituciones y procedimientos deben ser coherentes, ordenados y aptos para llegar a todas las víctimas con criterios de equidad, justicia y eficiencia. Es muy grande lo que está en juego en el programa de reparaciones: está en juego, nada menos, la posibilidad de que millares de personas reconstruyan sus vidas, así como la futura confianza de esas personas y sus allegados en las promesas de nuestra democracia.

El país no puede permitirse un fracaso en el cumplimiento de esta tarea. Tampoco puede permitirse negligencias o frivolidades. No le es posible, por ejemplo, celebrar por un lado los excelentes rendimientos económicos que tienen ya una duración de cinco años seguidos —logros que todos reconocemos como positivos y necesarios— y al mismo tiempo arrastrar los pies cuando se trata de atender a las víctimas de la violencia o a los damnificados de la tragedia reciente o a los millones de personas que sobreviven en situación de pobreza y miseria. El Estado peruano aprendió en los últimos quince años cuál es el valor de la disciplina económica; por el bien de nuestra democracia, necesita ahora volver a aprender el valor de la solidaridad y del respeto humanos.

De otro lado, atender a las víctimas, hacerles justicia, significa también, como lo sabemos todos, hacer que la ley penal sea aplicada a quienes cometieron graves violaciones de derechos humanos e incluso crímenes contra la humanidad. Esto es ineludible, ya sea que los criminales hayan sido miembros de las organizaciones subversivas o agentes de las fuerzas del Estado. No hay crímenes malos y crímenes buenos en una democracia; ni siquiera es admisible la distinción entre crímenes sin excusa y crímenes tolerables por el contexto o por los fines que se perseguían. Lo que hay, lo que debe haber, es una experiencia universal de que las vidas y la integridad de los peruanos son protegidas por la ley sin importar la condición social, étnica, regional, religiosa, de género, funcional o de ningún otro tipo de las víctimas y de los victimarios.

Lamentablemente, el procesamiento judicial de los crímenes, y como parte de ello, la investigación de los miles de sitios de entierro clandestino desperdigados por el país, constituyen todavía un eslabón muy débil en la cadena de la construcción de la paz. Aunque en el juzgamiento de los crímenes pasados contamos con un grupo de jueces y juezas valientes y honestos, algunos de ellos verdaderos ejemplos de lo que debería ser un magistrado peruano, no se ha llegado a constituir ese subsistema judicial que hubiera sido necesario para atender la gran tarea dejada por la violencia. Al cumplimiento de esa tarea se oponen, de manera manifiesta o de forma tácita, pero igualmente eficaz, ciertas resistencias institucionales y personales, cierto espíritu de cuerpo, cierta concepción rudimentaria de las relaciones entre el poder civil y el servicio de las fuerzas armadas.

En cuanto al juzgamiento de los crímenes atroces cometidos por la organización Sendero Luminoso, hemos visto con aprobación en el último año la aplicación del rigor de la ley a quien lideró esa entidad criminal; sin embargo, hemos echado de menos una reflexión pública más amplia y profunda, más difundida y dialogada, que desautorice de una vez y para siempre el recurso a la violencia como medio para la lucha social. Esa reflexión debe ser hecha. Se la debemos a las víctimas. Nos la debemos todos los peruanos.

Hoy, como en los años pasados, hay que reconocer que el elemento más débilmente considerado, más descuidado entre las grandes tareas que nos dejó la memoria de la violencia es el de las necesarias reformas del Estado. No es aventurado afirmar que no se ha hecho casi nada a ese respecto, y esta inacción constituye uno de los motivos de alarma más fuertes para aquellos que entendemos la construcción de la paz como una regeneración ética e institucional de nuestra sociedad. La negativa del Estado y de una considerable porción de la sociedad a examinarse y a reformarse, a cambiar sus hábitos y su visión del mundo, resulta perturbadora y preocupante. No hay que decir esto con ánimo pesimista o con intención de vaticinar desgracias; hay que decirlo como un aviso en cumplimiento de un deber ciudadano: estamos a tiempo de cambiar; nuestro Estado está a tiempo de aprender; nuestros conciudadanos están a tiempo de reflexionar y de comenzar a ver el país de una manera diferente. Muchos síntomas nos indican que esa reflexión y esa autorreforma están siendo descuidadas; ello se expresa, por ejemplo, en la manera como se viene afrontando la absurda muerte diaria de peruanos de toda condición, aunque principalmente humildes, en las carreteras del país. La conformidad del Estado con la muerte evitable de sus ciudadanos se evidencia en la pereza burocrática con la cual se afronta eso que debería ser tratado como un escándalo inaceptable. De otro lado, presenciamos en estos tiempos un resurgimiento del racismo como ideología manifiesta de ciertos sectores minoritarios; ese racismo y esa presunción de valer más que los demás, una tara social que parecía haber retrocedido en las últimas décadas, regresa de una manera inadvertida al compás del crecimiento económico del país y del enriquecimiento de ciertos sectores de la población. Es este, así, un enriquecimiento que, por paradoja, nos está haciendo más pobres.

Y sin embargo, y a pesar de todo, es perfectamente posible y necesario cultivar el optimismo. Cabe cultivarlo y cabe hacerlo crecer porque contamos, para hacerlo, con el mejor terreno que se podría necesitar. Ese terreno es nuestra memoria, una memoria en la cual podemos congregarnos y seguir trabajando unidos todos quienes estamos convencidos de que el respeto de la vida humana y de la dignidad que le es consustancial debe constituir el cimiento de nuestra futura democracia. Esa memoria no es, obviamente, solamente una fuerza que nos ancla en el pasado; ella es también el punto de partida para la imaginación que concibe proyectos y que inventa los medios para hacerlos realidad. Necesitamos seguir recordando, porque ello es una forma de hacer justicia y porque ello nos permite saber siempre de dónde venimos; pero necesitamos, también, echar a andar nuestra inventiva, nuestra imaginación, para impulsar a un Estado algo indiferente en la dirección que juzgamos deseable, correcta, buena, que es la de la paz con justicia. Nuestro papel, como ciudadanos, es vigilar, es reclamar, es exigir; al mismo tiempo es cumplir con la responsabilidad de proponer, de inventar, de mostrar a quienes todavía no lo saben que el Perú puede ser distinto. Este cuarto aniversario de ese esfuerzo de memoria que fue el trabajo de la CVR nos encuentra, creo yo, tan intensamente comprometidos con la paz y la justicia como lo estuvimos tiempo atrás, y ahí reside la principal razón para tener esperanzas. Una sociedad despierta como la que ustedes expresan es garantía de que tarde o temprano la democracia será una realidad en el Perú.

Salomón Lerner Febres
Ex Presidente de la CVR

domingo, 9 de septiembre de 2007

Transparencia minera

TRANSPARENCIA MINERA

Por: JAIME PAREDES CALLA

La Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) es una iniciativa apoyada por una coalición de gobiernos, organismos internacionales, compañías, organizaciones de la sociedad civil, inversionistas y asociaciones de industriales. Según Eleodoro Mayorga, economista del Banco Mundial, aquella busca “asegurar que los ingresos de las industrias extractivas sean contabilizados adecuadamente y contribuyan al desarrollo sostenible y a la reducción de la pobreza”.

Esta iniciativa, tiene criterios tales como la publicación periódica de los pagos hechos por las empresas y de los ingresos recibidos por los gobiernos, que los pagos e ingresos deben estar sujetos a una auditoría creíble e independiente, los pagos e ingresos deben ser cotejados por un administrador independiente y confiable, extender todos estos conceptos a todas las empresas (incluidas las estatales), comprometer activamente a las sociedad civil y finalmente, la existencia de un plan de trabajo público, financieramente sustentable.

Los orígenes de la EITI se remontan hacia el año 2002, fecha en la que el Primer Ministro Británico Tony Blair la propone en la Cumbre para el Desarrollo Sostenible llevado a cabo en Johannesburgo, siendo la implementación de esta Iniciativa específica por país y por sector, es decir, cada país decide sobre las medidas legales e institucionales que considere más apropiadas para aplicar los criterios y principios de la EITI.

Formalmente la participación de nuestro país comenzó con la comunicación cursada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) al Banco Mundial en septiembre del 2004, solicitando la asistencia para iniciar el proceso de implementación de la EITI en el Perú. La delegación que visitó nuestro país, integrada por el Ministerio de Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID) y el Banco Mundial, hizo presentaciones a un grupo de representantes de organizaciones de la sociedad civil, empresas petroleras y mineras, así como a la Presidencia del Consejo de Ministros. El Gobierno del Perú, a través del Ministerio de Energía y Minas, se comprometió a implementar la EITI mediante un comunicado publicado en el diario El Comercio el 15 de mayo del 2005.

Aunque el 23 de marzo de 2007 en Lima, en el Ministerio de Energía y Minas, se realizó la Reunión Especial de la Comisión de Trabajo creada por Decreto Supremo N° 027-2006-EM, para recibir la visita del Dr. Peter Eigen, Presidente del Comité Directivo de la EITI, a dos años de haber decido los términos de la participación en la EITI en nuestro país, los resultados y avances concretos de esta iniciativa son desconocidos en la opinión pública, por ello es que con ocasión de la XXVIII Convención Minera, sería importante que los empresarios mineros reunidos en nuestra ciudad de Arequipa expresen la disposición individual de cada empresa minera en torno a la EITI y es que debemos tener en cuenta que la transparencia contribuye a prevenir la corrupción así como consolidar la democracia.

jueves, 6 de septiembre de 2007

CIDH pide cautelar salud de pobladores de La Oroya

CIDH pide cautelar salud de pobladores de La Oroya

Lima, 06/09/2007 (CNR) - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado Peruano la implementación de medidas cautelares urgentes para proteger la salud e integridad de los pobladores de La Oroya (Junín) ante la grave contaminación ambiental generada por el complejo metalúrgico de la minera Doe Run Peru (DRP).

La decisión se produjo a partir de una solicitud presentada en noviembre del 2005 por Carlos Chirinos, miembro de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA); la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA); Earthjustice y el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA).

Tal solicitud denuncia la ausencia regulatoria del Estado Peruano, frente a las graves violaciones a los derechos humanos que los pobladores de La Oroya sufren por la contaminación producida por Doe Run.

"Las medidas son fundamentales pues reiteran lo dicho por el Tribunal Constitucional (TC) de Perú, quienes consideraron insuficientes las acciones de prevención y atención de la salud promovidas hasta ahora. Es esencial continuar insistiendo en las demás acciones para controlar la contaminación ", señaló Astrid Puentes, directora del Área Legal de AIDA.

En cuanto al contenido de las medidas, la CIDH ordena al Estado Peruano brindar diagnóstico médico especializado para las personas afectadas por la contaminación de Doe Run. Al mismo tiempo, se solicita al Gobierno, a proveer de tratamientos médicos especializados para cualquier individuo en situación de peligro de muerte o daño irreparable.

Al respecto, Carlos Chirinos, de la SPDA aseguró “Esperamos tener una coordinación fluida con las autoridades del Estado para garantizar la aplicación transparente y eficaz de estas medidas. El soporte de instituciones como la Defensoría del Pueblo y otras entidades es crucial", aseguró.

Presidente regional saluda resolución de la CIDH

Por su parte, el presidente del Gobierno Regional de Junín, Vladimiro Huaroc Portocarrero, saludó la decisión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este caso.

“Aunque la decisión beneficiará en un primer momento a sesenta y cinco personas, incluyendo más de treinta niños en particular estado de vulnerabilidad y personas mayores que sufren de graves problemas respiratorios, constituye un nuevo paso en el proceso por lograr solucionar la situación de contaminación ambiental en la zona”, afirmó.

Del mismo modo, el también coordinador de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) consideró que este hecho obliga a la modificación urgente del convenio que en materia de salud se tiene con la empresa Doe Run Peru.

A su vez, el gerente regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Iván Lanegra, anunció adicionalmente que -en el marco del Convenio firmado por el Gobierno Regional de Junín con la SPDA- se está trabajando en la aplicación tanto de esta decisión como de la sentencia del TC del 12 de mayo de 2006, y que lamentablemente a la fecha no ha sido objeto de seguimiento efectivo.

“El Gobierno Regional está tomando un papel activo en el impulso y seguimiento de estas acciones, las cuales consideramos de vital importancia para el futuro de la Ciudad de la Oroya”, acotó Lanegra Quispe.

Fuente: http://noticias.cnr.org.pe/noticia.php?id=19403