sábado, 26 de febrero de 2011

Mujeres: poder y violencia

Notable en poder, cero en maltrato

Latinoamérica ha alcanzado grandes cotas en formación y representación de las mujeres. Pero las agresiones machistas y la impunidad lastran los avances

Escribe: SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ - Buenos Aires - 19/02/2011

"Del dicho al hecho". El lema del informe elaborado en 2009 por la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina (Cepal) sigue resumiendo muy bien el principal problema con el que se enfrentan, ya bien entrado el siglo XXI, las mujeres de ese continente: en los últimos 10 años se han experimentado avances muy importantes en las legislaciones que reconocen sus derechos y condenan la violencia machista, pero, en la práctica, las autoridades, jueces incluidos, no aplican esas normas con suficiente rigor ni persistencia como para que las cifras explosivas de maltrato, abuso y discriminación hayan experimentado un retroceso aceptable. La impunidad de sus agresores sigue siendo en la mayoría de los países de América del Sur, Centroamérica y Caribe la peor pesadilla de las mujeres.

Esa realidad convive con otra: en América Latina ha habido hasta el momento nueve mujeres que alcanzaron la presidencia de su país, tres de ellas, en Argentina, Brasil y Costa Rica, en ejercicio; la directora de Naciones Unidas para la Igualdad de Género es la expresidenta chilena Michelle Bachelet, y se ha producido un aumento espectacular en el número de parlamentarias. Mejor aún, un 55% de las latinoamericanas de 20 a 24 años ha completado la educación secundaria (mientras que solo lo ha conseguido el 49% de los hombres). Incluso en las zonas rurales, en las que la extensión de la secundaria es mucho menor, el promedio de mujeres de esa edad que ha alcanzado ese grado supera notablemente al de los hombres (31% frente al 26%).

El menor porcentaje de paro y, sobre todo, las transferencias de recursos puestas en marcha por los Gobiernos de varios países, como Venezuela, Brasil, Argentina, Ecuador o Bolivia, que tienen sistemas de ayudas a la familia, han disminuido los índices de pobreza extrema y mejorado las condiciones de salud y educación de la infancia, niñas incluidas.

Sin embargo, esas mejoras no impiden que América Latina siga siendo la región con mayores desigualdades ni que sea una de las zonas más peligrosas del mundo para las mujeres, tanto por el feminicidio y casos graves de maltrato, como por el alto porcentaje de abusos sexuales en el entorno familiar, la mortandad maternal y el gran número de abortos clandestinos a los que obligan las omnipresentes legislaciones contrarias a la interrupción legal del embarazo. Cuatro millones de abortos ilegales y 4.000 muertas al año no consiguen torcer el brazo a las poderosas iglesias católica y evangélica.

Entre el 39% y el 42% de las mujeres peruanas confiesa, por ejemplo, haber sido víctima de violencia física por parte de su pareja o marido, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática. "Las agresiones recibidas por las víctimas fueron empujones, golpes, patadas, ataques o amenaza con cuchillo u otra arma, además de ser forzadas a tener relaciones sexuales sin su consentimiento, entre otras formas de violencia física y psicológica", asegura el documento, que analizó una encuesta realizada entre 24.000 mujeres.

"La última vez que Keiko Tamaca, de 14 años, vio a su enamorado, William Chiroque, de 18, fue cuando le apuntaba con una pistola de 9 milímetros, ebrio de celos por haberla visto conversando con otro muchacho", relata un diario local. La adolescente fue una de las dos o tres menores de 18 años que mueren asesinadas cada mes en Perú. "Reproducen patrones de conducta que ven en casa", explicaba en el periódico la psicóloga Tesania Velázquez.

Aunque no hay estadísticas fiables para el conjunto de la región, los datos parciales que van facilitando organismos especializados de los distintos países son escandalosos. El 35% de las mujeres mexicanas sufre violencia física; 39% en Colombia; 31% en Ecuador y hasta un 52% en Bolivia. En Chile, en 2002, se calculaba que solo el 3,8% de los casos denunciados terminaba en condena. En Brasil, señalan algunos estudios, el 10% de las mujeres del área urbana y el 14% de las mujeres del área rural han sufrido violencia sexual. En Centroamérica, dos de cada tres asesinadas son víctimas de un crimen machista, es decir, mueren por ser mujeres.

En el mejor de los casos, asegura la Cepal, en la hipótesis más leve, una de cada diez mujeres de Latinoamérica sufre violencia física, "que se manifiesta desde golpes hasta violencia severa con amenaza de muerte junto con una fuerte violencia psicológica y, muchas veces, con violencia sexual". En solo siete países se han aprobado leyes específicas sobre la violencia contra las mujeres (la Venezuela de Hugo Chávez, entre ellos), siguiendo la estela de la ley llamada María Pehna, aprobada en Brasil en 2006. (María da Pehna es una farmacéutica brasileña cuyo marido intentó asesinarla en dos ocasiones y terminó dejándola parapléjica. 15 años después de aquellos hechos, el agresor seguía en libertad, amparado por jueces que dilataban el proceso. La nueva ley consiguió al fin llevarle a prisión.

Nadie puede negar que en América Latina el acceso de las mujeres a los puestos de toma de decisiones políticas ha crecido de manera muy notable en la última década. Nueve países (entre ellos Bolivia, con el Gobierno de Evo Morales) han aprobado leyes a favor de la igualdad. El promedio regional de mujeres diputadas es del 20,7% (lo que supone oscilar entre el 40% de presencia femenina en el Parlamento argentino, al 9% que existe en Colombia).

El aumento del promedio se debe a que 11 países has aprobado leyes que establecen cuotas en las listas electorales, aunque en solo cuatro casos existe el llamado "sistema cremallera" que impide que las mujeres sean ubicadas al final de la lista. En los casos en los que no existen cuotas, como en las alcaldías, por ejemplo, el desfase sigue siendo muy importante: la presencia femenina no llega al 6,8%, según la Cepal. En el sistema judicial, el avance es desesperantemente lento: solo el 19% de los jueces de los tribunales superiores y cortes supremas son mujeres.

Muchas de las cifras que reflejan la evolución positiva de los derechos de la mujer van acompañadas por otros datos alarmantes. La tasa global de fecundidad bajó de 5,9 hijos en los años cincuenta a 2,4 en el primer lustro del nuevo siglo, pero el embarazo de las adolescentes prácticamente ha duplicado su aporte a la fecundidad total, pasando de un 8,5% en 1950 a un 14,3% en 2005. La mortalidad materna se redujo en un 28% desde 1990, pero aun así demasiadas mujeres siguen muriendo de parto en América Latina: 130 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos es una cifra que está muy por encima del quinto objetivo del Milenio, pero que no resulta extraña si se constata que el 80% de las mujeres pobres de Bolivia, o de Haití, dan a luz fuera del sistema hospitalario.

El difícil cambio cultural en todo lo relacionado con la situación y los derechos de la mujer en América Latina brilla con todas sus contradicciones en países como Chile, que lleva años en una sólida progresión económica pero que ha sido el último del mundo, en noviembre del 2004, en aprobar una ley que regulara el divorcio. O en Argentina, con la tradición educativa e igualitaria más fuerte de toda la región, presidido en la actualidad por una mujer, pero que no ha logrado despenalizar el aborto voluntario, algo que tampoco pudo hacerse en Uruguay, pese a que desde 2005 gobierna un amplio frente de izquierdas. Ni tan siquiera Dilma Rousseff, heredera de Lula, ha dado señales de ir a presentar una ley en ese sentido, pese a que algunas de las clínicas brasileñas especializadas en abusos sexuales estén denunciando, desde hace años, que casi la mitad de los casos que tratan involucra a niñas menores de 12 años.

Fuente: El País

viernes, 25 de febrero de 2011

Aspiraciones y sueños de habitantes en México

Trogloditas

Escribe: Marta Lamas

MÉXICO, D.F., 23 de febrero.- “Antes que el país está mi familia” (81%). “En México cada quien jala por su cuenta” (63%). “Hago lo que me beneficie aunque no se beneficie el país” (61%). Estas frases y porcentajes corresponden a los ciudadanos que respondieron así sobre las aspiraciones y los sueños de los habitantes de nuestro país en una encuesta aplicada en mil 793 hogares para la revista Nexos (febrero de 2011).

La lectura de Nexos me recordó la historia de los trogloditas que relata Montesquieu en sus Cartas persas. En esa obra, publicada en 1721, Montesquieu se preocupa por el sustento del orden social y la libertad, y argumenta que éstos no dependen de las leyes ni de las instituciones políticas, sino de las costumbres y de la virtud del pueblo. Cuenta que los habitantes de un pueblo pequeño llamado Troglodita eran tan “fieros y perversos” que no conocían “principio ninguno de equidad y justicia”. Los gobernaba con severidad un rey extranjero, que trataba de “enmendar su mala índole”. Un día los trogloditas matan al rey y a toda su estirpe, se juntan para formar un nuevo gobierno, nombran magistrados, pero “no pudiéndolos aguantar” acaban degollándolos a todos. Sin gobierno, deciden de manera concertada no obedecer a nadie y “no cuidar cada uno más que de sus propios intereses”, sin preocuparse de los ajenos. “Decía cada uno: ¿por qué me he de afanar yo en atarearme por gentes que no me importan? Pensaré sólo en mí y viviré feliz”. Así, sin importarles la situación de los demás, cada quien se ocupó sólo de lo suyo.

Entre los ejemplos que Montesquieu pone está el de que, durante la siembra, sólo labraron la tierra que les daría para su propia manutención. Pero las tierras no eran parejas, unas estaban en laderas y montañas y otras en valles y parajes bajos, circundados de ríos; cuando hubo una gran sequía, las tierras altas no dieron cosecha mientras que las bajas sí. Y la gente de las montañas se murieron de hambre ya que los otros no quisieron compartir. Al año siguiente ocurrió lo contrario. La temporada fue muy lluviosa y las tierras bajas se anegaron mientras que a las altas les fue muy bien. La mitad de los trogloditas se morían de hambre y la otra mitad les recordaba lo ocurrido el año anterior.

Montesquieu habla del egoísmo brutal de los trogloditas, no sólo de su incapacidad para pensar en los demás, sino también de la forma brutal en que ponían sus deseos e intereses por delante de cualquier otra cosa: se robaban unos a los otros, se mataban entre sí. Todos vivían en zozobra y a la defensiva. Una epidemia asoló esa región, llegó un médico de otra provincia y los curó. Cuando cesó la epidemia y fue a pedir una retribución por el trabajo realizado, los trogloditas lo repudiaron y regresó pobre y agobiado a su país. Poco después cundió otra enfermedad, y cuando lo fueron a buscar, el médico les dijo: “Hombres injustos, en vuestra alma tenéis un veneno más activo que el de la enfermedad de que deseáis sanar: no merecéis ocupar un lugar sobre la faz de la tierra porque ni sois humanos ni conocéis las reglas de la equidad”.

Montesquieu señala que los trogloditas fueron víctimas de su propia injusticia y perversidad. Luego de que se destruyeron a sí mismos, sólo quedaron dos familias que evitaron las desgracias. Éstas provenían de dos hombres justos, con humanidad, que vivían alejados de los demás trogloditas. Ellos se “afanaban por el interés uno de otro”, vivían aislados y ponían siempre el interés del otro por delante del suyo. Montesquieu desarrolla una historia sobre cómo esas familias prosperan, pues “el interés de los particulares es el interés común”, y relata la increíble virtud de estos personajes, en quienes la generosidad ocupaba un lugar central: “era ignorada en este afortunado país la codicia; hacíanse mutuos regalos, y quien más daba se creía el más bien librado”. Los hechos bondadosos generaban eso que hoy se denomina un “círculo virtuoso”.

Pero esa prosperidad venturosa produjo envidias de pueblos circundantes, que se organizaron para robarles sus ganados. Los buenos trogloditas mandaron embajadores para convencer a los malos de que no debían aprovecharse de ellos, pues nunca los habían robado ni molestado. Sin embargo, los pueblos “silvestres” decidieron atacar… pero, happy ending, perdieron la guerra con los buenos trogloditas.

Aunque desde Herodoto se describe al troglodita como un ser prehistórico, que habitaba en cavernas, tenía una conducta brutal y, muy metafóricamente, era incapaz de hablar, hoy el término troglodita tiene el sentido de ser voraz y con pocas luces.

Montesquieu concluye con una moraleja: la justicia con los otros es caridad con uno mismo. Desde la perspectiva de que la civilidad solidaria produce relaciones equitativas, la encuesta de Nexos exhibe la fragilidad del lazo social en México. El pavoroso panorama de desigualdad y violencia que vivimos se nutre del egoísmo y la falta de consideración por los demás. Y no nada más los narcos, los criminales y los secuestradores tienen “aspiraciones sólo individuales y no colectivas”, sino lamentablemente el 86% de la población encuestada, lo cual corresponde a un porcentaje similar de la población total. Y todos somos vulnerables ante la generalizada ausencia de civilidad.

Fuente: Revista Proceso

jueves, 24 de febrero de 2011

Gadafi implementa estrategia de la tierra quemada

Sobre crisis en Libia

La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH,) como liga afiliada a la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y hermana de la Liga Libia por los Derechos Humanos, se suma a los planteamientos de nuestra federación, exigiendo que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remita el caso de Libia a la Corte Penal Internacional para garantizar una investigación independiente y sanción a los responsables de las masacres, los arrasamientos y crímenes de lesa humanidad y de derechos humanos que hoy día se vienen cometiendo en dicho país.

Las magnitudes de las muertes y victimas todavía son imprecisas pero deben sumar ya más de mil ciudadanos. También debemos exigir que la representación de Libia en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ente al que nunca debió pertenecer, sea retirada. El tema de Libia no sólo compete a la Liga Árabe, a la Unión Europea o a los Estados Unidos sino a la Comunidad Internacional; y los movimientos de Derechos Humanos estamos comprometidos con ello.

Fuente: Asociación Pro derechos Humanos (APRODEH)

COMUNICADO FIDH

Estrategia de la tierra quemada, voluntad de eliminación generalizada y sistemática

El Consejo de Seguridad debe remitir la situación de Libia a la Corte Penal Internacional, la panoplia de sanciones individuales debe ser desplegada

Se confirman los temores expresados por la FIDH en los últimos días: Gadafi está implementando la estrategia de la tierra quemada. Se puede temer que haya efectivamente decidido eliminar masivamente, en donde aún puede, a los ciudadanos libios que se alzaron contra su régimen y, más allá, de reprimir sistemática e indistintamente a los civiles. Estos actos pueden ser calificados de crímenes de lesa humanidad, en virtud del artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

La FIDH llama al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a que remita inmediatamente la situación de Libia a la Corte Penal Internacional así como a todos los Estados e instancias intergubernamentales competentes a adoptar de urgencia las sanciones personales contra Gadafi y los miembros de su guardia personal. Asimismo, todos los medios susceptibles para cortar su abastecimiento en hombres y armas y para reducir su capacidad de bombardear las ciudades liberadas deben ser implementados por el Consejo de Seguridad. Es imperativo que se activen sin demora todos los medios legales para disuadirlos de su conducta criminal masiva y para impedir su realización.

El balance de 640 muertos publicado por la FIDH en la noche del 23 de febrero se encuentra de toda evidencia por debajo de una realidad que se puede agravar muy rápidamente.

Nuevas informaciones creíbles y a veces aún difíciles de verificar se refieren a los asesinatos de soldados que rechazaron cumplir las órdenes, de terminar con los heridos en los hospitales (al menos 163 en el Hospital Central y en el Hospital Sbiaa de Tripoli), por la naturaleza de las armas usadas con respecto al estado crítico de los heridos llegando a los hospitales, por las órdenes dadas a los pilotos de caza de bombardear, parecen indicar que Gadafi efectivamente ha decidido la eliminación masiva de los participantes a los movimientos de protesta y, más allá, la represión sistemática contra los civiles. La intención proclamada por Gadafi en su discurso del 22 de febrero de erradicar a las «ratas» debía tomarse en serio.

La FIDH teme particularmente la capacidad asesina de los mercenarios contratados por Gadafi, cuyo número se estima a 6000, entre los cuales 3000 se encuentran en Trípoli según la Liga Libia de Derechos Humanos, integrante de la FIDH. Parece que se les dio carta blanca para saquear y matar, indistintamente, a los civiles. La FIDH acaba de llamar a los presidentes de los Estados cuyos nacionales figurarían entre estos mercenarios a que tomaran todas las medidas necesarias para intentar neutralizarlos, de conformidad con sus obligaciones internacionales.

La FIDH está particularmente preocupada por la suerte de los migrantes, que representan alrededor del 20% de la población (1,3 millones de personas) y se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema. Además de cientos de miles de nacionales de países de África subsahariana, se trata también de cerca de 30000 Tunecinos, 50000 Egipcios, 30000 Chinos, 50000 Bangladeshis, es decir numerosas comunidades. Algunos no pueden contar con el apoyo adecuado de su Estado de origen para ser evacuados o respaldados, por la falta de medios o de capacidad de proceder en semejante situación.

La FIDH toma nota de las condenas, por fin expresadas, por un número importante de Estados, y por las organizaciones internacionales, incluso la Liga Árabe, la Unión Africana y la Organización de la Conferencia Islámica. Pero ya no se trata solamente de condenar a un régimen y a su principal dirigente que decidió masacrar a su pueblo.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene la responsabilidad principal de proteger a una población civil víctima de crímenes internacionales, y de garantizar la paz y la seguridad internacional. Con la misma unanimidad que condenó la política asesina de Gadafi el 22 de febrero, debe remitir de urgencia la situación de Libia a la Corte Penal Internacional y desplegar la panoplia de sanciones individuales selectivas a su disposición, reducir la capacidad material de las fuerzas armadas de Gadafi, y favorecer la evacuación de los civiles, incluso de los migrantes, mediante la apertura de corredores humanitarios y cualquier otra medida apropiada.

Adicionalmente, la FIDH reitera su llamado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que cree una comisión de investigación internacional y suspenda la membresía de Libia. El Consejo de Derechos Humanos realizará una sesión de emergencia sobre la situación en Libia el 25 de febrero.

Fuente: Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

viernes, 18 de febrero de 2011

Pandemia de violencia machista desgarra América Latina

Una pandemia de violencia machista desgarra Latinoamérica

Las cifras de agresiones a mujeres se disparan en la región.- Los expertos reclaman que se cumplan las condenas judiciales ejemplarizantes

ANA LORITE - Madrid - 18/02/2011

América Latina muestra un cuadro grave de violencia contra las mujeres. La amplitud del fenómeno ha convertido este tipo de criminalidad en una auténtica pandemia, como señaló Amparo Alcoceba, profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad Carlos III (Madrid), durante las jornadas Iberoamérica frente al feminicidio: El fin de la impunidad, organizadas por este centro y Casamérica, que, durante el martes y el miércoles reunieron en Madrid a un amplísimo grupo de expertos en esta lacra social.

El aumento alarmante de asesinatos de mujeres y niñas en el triángulo negro (El Salvador, Guatemala y Honduras) se asienta en una cultura del odio contra las mujeres y en el fracaso de los sistemas judiciales, afirmó la relatora de la ONU sobre la Violencia contra la Mujer, Rashida Manjoo.

"¿Por qué los hombres emplean la violencia contra las mujeres? Porque pueden". Así de taxativa se mostró Rashida Manjoo. El feminicidio o femicidio (según los países), palabra que aún no recogen los diccionarios, como señaló Miguel Llorente, delegado del Gobierno español para la violencia de género, se considera una de las formas más violentas de criminalidad, un crimen extremo, porque atenta contra la mujer por el simple hecho de ser mujer. "Y sorprende que la respuesta no sea igual de importante que en otros casos de violencia, como por ejemplo el terrorismo", afirmó Llorente. "Todo se reduce a un problema de visibilidad."

En El Salvador, la violencia contra las mujeres ha aumentado un 197% en la última década, macabro porcentaje que convierte al país centroamericano en la nación con la tasa de feminicidios más alta del mundo. Según datos de la policía salvadoreña, de enero a octubre de 2010 se registraron 477 asesinatos de mujeres. Guatemala ocupa el tercer lugar a nivel latinoamericano en muerte de mujeres. Entre 2001 y 2010 fallecieron por causas violentas unas 5.300. A pesar de que el país guatemalteco es pionero en la legislación contra este tipo de crímenes, con la aprobación en 2008 de la Ley contra el Femicidio, la cifra ha aumentado un 400% en los últimos años. El caso de Honduras no es diferente: entre 2003 y 2010 murieron 1.464 mujeres, de las cuales, el 44% eran mujeres jóvenes, entre 15 y 29 años.

Según Rocío Villanueva, profesora principal de Filosofía del Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, feminicidio significa cosas diferentes, dependiendo de los códigos nacionales. "Guatemala es, a pesar de las cifras, el país con una legislación más amplia de América Latina, mientras que Costa Rica tiene una regulación muy restrictiva", constató la profesora peruana. "El gran tema pendiente es que el sistema judicial de cada país funcione".

La situación se complica aún más con las mujeres indígenas. Los expertos reunidos en Madrid hicieron hincapié en la "revictimización" de estas mujeres, que, además de sufrir agresiones y violaciones, se convierten de nuevo en víctimas cuando tienen que enfrentarse a sistemas judiciales que ignoran su lengua y sus costumbres.

Desigualdad y discriminación

Según los expertos reunidos en Madrid, el carácter universal de los derechos humanos pierde el calificativo cuando una parte importante de la sociedad, las mujeres, los vive desde la desigualdad y la discriminación. Problemas culturales, como el machismo asentado en muchas culturas; la religión, que, pese a ser un asunto de conciencia y pertenecer al ámbito privado, marca el comportamiento de muchas sociedades y profundiza en la desigualdad; las guerras, que a menudo convierten el cuerpo de la mujer en botín de guerra, y se emplean las violaciones y otras formas de violencia sexual como medios deliberados de limpieza étnica (casos recientes de las guerras de la ex Yugoslavia y de Ruanda); la aceptación de la violencia doméstica y las desigualdades extremas: pobreza, género y acceso a la justicia.

"El feminicidio nunca va a ser homogéneo. La clave está en darlo a conocer", declaró Rashida Manjoo. La palabra más repetida durante las jornadas fue impunidad, a pesar de que existe una amplia legislación y jurisprudencia internacional sobre la materia, como la Convención sobre Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), o la Convención Belem do Pará para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, o las sentencias de la Corte Penal Internacional que incluyen la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada y el embarazo forzado en la definición de crímenes de guerra y de lesa humanidad. La impunidad que hace invisibles a las víctimas.

Una sentencia pionera

El tema central de las jornadas fue la sentencia de Campo Algodonero, que marca un antes y un después en América Latina. El 10 de diciembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo órgano de justicia en América Latina y cuyos fallos son inapelables, declaró al Estado mexicano culpable de violentar el derecho a la vida, la integridad y la libertad personal, entre otros delitos, por el caso de tres jóvenes asesinadas en Ciudad Juárez en 2001. Los cuerpos de Claudia González, de 20 años; Esmeralda Herrera, de 15, y Laura Berenice Ramos, de 17, fueron hallados junto a los de otras cinco mujeres sin identificar, el 5 de noviembre de 2001, en un terreno baldío conocido como "campo algodonero". Sus restos indicaban que las mujeres habían sido violadas con extrema crueldad. Condenó también al Estado por no investigar adecuadamente. México fue sentenciado a investigar con perspectiva de género a los culpables, y a las autoridades que permitieron la impunidad se les exigió una disculpa pública ante las familias de las víctimas y la ciudadanía, la construcción de un memorial, la reparación económica a las víctimas, modificaciones legales y la creación de una base de datos de desaparecidas.

La sentencia se consideró histórica porque era la primera vez que se condenaba a un Estado como responsable de feminicidio. Sin embargo, el Gobierno mexicano ha cumplido solo con sus obligaciones a corto plazo, aunque se ha comprometido a cumplirlos completamente. Lo fundamental de la sentencia de Campo Algodonero es que pretende que las reparaciones sirvan como elemento de transformación, resaltó el mexicano Sergio García Ramínez, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El chileno Felipe González, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, admitió que la asunción de la violencia contra la mujer como tema de trabajo e investigación por parte de este organismo tuvo una evolución lenta, llevó varias décadas que la comisión encarara de manera decidida la cuestión. "En la década de los noventa empezó a aceptarse algo que hasta ese momento se había visto como una cuestión privada". González afirma que el trabajo de la comisión ha servido para crear conciencia: "Hasta hace 15 años no era obvio que la cuestión de la violencia contra la mujer pertenecía al ámbito de los derechos humanos".

309 nuevos casos en Ciudad Juárez

Emilio Ginés, abogado español, miembro del Subcomité de Prevención contra la Tortura de Naciones Unidas, se lamentó de que a pesar de la sentencia condenatoria de la corte, desde 2010, ha habido 309 nuevos casos de desapariciones y muertes de mujeres en Ciudad Juárez. La periodista mexicana Rosa Isela Pérez también insistió en estas cifras: "A pesar de la sentencia la violencia se ha recrudecido".

En lo que se refiere a los problemas de ejecución de la sentencia de Campo Algodonero, José Guevara, exdirector de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación de México, aportó datos importantes para intentar comprender la respuesta mexicana ante esta sentencia. Presentó unas "cifras negras" de la Universidad Autonóma de México (UAM) que demuestran que el 75% de los delitos cometidos en ese país no se denuncian y que sólo 1,6 de cada 100 delitos llega a conocimiento de un juez.

Guevara señaló que, a pesar de la repercusión mediática que tiene la criminalidad en México, sin embargo este país ocupa el puesto decimosexto de delitos violentos frente a El Salvador, que ocupa el primero; Venezuela el tercero, y Colombia el cuarto. Sin embargo, el Estado mexicano de Chihuaua, donde se encuentra Ciudad Juárez y donde nueve de cada 10 casos quedan impunes, está al mismo nivel de Colombia. "Creímos que la sentencia de Campo Algodonero iba a servir para frenar la violencia contra nuestras mujeres, pero lamentablemente no ha sido así", afirmó Guevara. Entre las causas que aportó para que el Estado mexicano no hubiera ejecutado aún la sentencia señaló el federalismo mexicano. "La sentencia de Campo Algodonero solo habla del Estado de Chihuaua y es su Gobierno el que tiene que encontrar a los responsables de los crímenes e irregularidades".

Los expertos concluyeron que la celebración de actos como el de Madrid ayuda a dar visibilidad a estos atentados contra los derechos humanos y que el respeto a sentencias como estas son un paso fundamental para fin de la impunidad.

Fuente: El País

jueves, 17 de febrero de 2011

Colegiaturas deducibles es pésima política pública

Colegiaturas deducibles: Pésima política pública

Escribe: Gerardo Esquivel.
Economista. Profesor-Investigador de El Colegio de México.

El Presidente Felipe Calderón firmó el lunes pasado un decreto mediante el cual los pagos de colegiaturas en escuelas privadas, desde preescolar hasta preparatoria, serán deducibles para propósitos del pago del impuesto sobre la renta. Esta decisión, que en los hechos representa un subsidio a la educación privada, es una pésima medida de política pública que, no sorprendentemente, ha sido ampliamente aplaudida por los sectores más pudientes y vocales de la sociedad mexicana.

La deducibilidad de las colegiaturas es una mala política, para empezar, por razones de equidad. Como ya se ha dicho en otro lugar (aquí y acá), los principales beneficiarios de esta medida son las personas de mayores ingresos. De hecho, el grueso de los beneficios se va a concentrar en el 10% de la población con mayores ingresos, los cuales recibirán alrededor del 60% del subsidio total. En un país como el nuestro, con una gran desigualdad de ingresos y oportunidades y con una política fiscal completamente ineficiente para reducir la brecha entre ricos y pobres, una medida como ésta no hará sino profundizar aun más la enorme brecha existente entre aquellos con suficientes ingresos para pagar educación privada y aquellos que no lo pueden hacer.

Sin embargo, la equidad no es la única razón para pensar que una medida como ésta es equivocada. También lo es porque con ella se fomenta, así sea en el margen, el abandono de la escuela pública por la privada, la cual, contrario a lo que algunos creen, no es de mejor calidad que la pública. Para ver ello, baste citar lo que dijo la OCDE en relación a los resultados de la prueba PISA de 2006: “En México, hay grandes diferencias en el desempeño entre escuelas públicas y privadas, con los estudiantes de escuelas privadas obteniendo 53 puntos más [que los de escuelas públicas]. Esta diferencia en desempeño está por encima del promedio de la OCDE que es de 25 puntos. Sin embargo, una vez que se toman en cuenta los antecedentes socioeconómicos de los estudiantes y las escuelas, los estudiantes de escuelas públicas tienen una ventaja de 21 puntos.”

Es decir, si bien es cierto que las calificaciones de los estudiantes de escuelas privadas es mayor que las de los estudiantes de escuelas públicas en un examen estandarizado como el de PISA, esto se debe fundamentalmente a factores estrictamente socioeconómicos y no debido a la existencia de diferencias fundamentales en la calidad de la enseñanza de un sistema y otro. Esto último sin duda tiene que ver con la enorme heterogeneidad en la calidad de las escuelas privadas, en donde coexisten algunas de excelente calidad con otras que quizá sólo explotan la creencia infundada de que la educación privada es superior y el anhelo de los padres de familia, no necesariamente satisfecho, de proporcionarles a sus hijos una mejor educación que la que proporciona la educación pública.

Por otro lado, incentivar mediante un subsidio el acceso a la educación privada equivale a fomentar el abandono de la educación pública. Esto último, como magistralmente lo discutió Albert O. Hirschman en el capítulo V de su libro “Salida, Voz y Lealtad“, en lugar de mejorar la educación pública por la vía de la competencia (como aseguran que ocurrirá todos los que favorecen este tipo de medidas), puede en realidad terminar deteriorando la calidad de la educación pública, ya que los ciudadanos más interesados en obtener una mejor educación podrán optar por salir del sistema público en lugar de permanecer en él y tratar de hacer escuchar su voz y con ello mantener o mejorar la calidad de la educación pública.

Finalmente, más allá del tema de la equidad y de su impacto en la calidad educativa, uno podría cuestionar una medida como ésta desde el punto de vista de las alternativas de política pública que pudieron haberse seguido. De acuerdo a la Secretaría de Hacienda, la deducibilidad de las colegiaturas tendrá un impacto de entre 11 y 13 mil millones de pesos, que es lo que se estima que se les regresará o bonificará a los padres de familia a la hora de que estos realicen su declaración fiscal correspondiente. Este monto no es trivial. Para tener una idea de las alternativas, considere que este monto es igual o superior hasta en 20% a todo el presupuesto que recibe el Instituto Politécnico Nacional en un año. Otra alternativa habría sido becar a jóvenes de escasos recursos en el momento más crítico de sus estudios, es decir, cuando transitan de la secundaria a la preparatoria y que es cuando un mayor número de ellos abandona sus estudios para dedicarse a trabajar. Así, por ejemplo, si a estos jóvenes se les hubiera otorgado una beca de un salario mínimo mensual, el monto del subsidio que se otorgará a las colegiaturas privadas habría alcanzado para beneficiar a entre 500 mil y 600 mil jóvenes por año. Nada mal.

Se dice, por último, que esta medida está dirigida a ayudar a una frágil y vapuleada clase media. Es posible que así sea. Sin embargo, el problema con este enfoque es que, en primer lugar, no son los únicos que se han visto afectados por la situación económica reciente y, segundo, una medida como ésta no sólo los beneficia a ellos sino también a todos aquellos que se ubican en la parte superior del ingreso y que suelen enviar a sus hijos a escuelas de paga. Si lo que se deseaba era realmente ayudar a la población de clase media sin que ello necesariamente se tradujera en una mayor carga fiscal para el Estado, una opción habría sido una modificación en las tasas del impuesto sobre la renta que se tradujeran en una menor carga para la población de ingresos medios y una mayor carga equivalente para la población de mayores ingresos (quizá mediante la introducción de un nuevo escalón en la estructura de tasas impositivas). En última instancia, para regresarle los 4 mil pesos anuales que se le van a regresar a un padre de familia que gana $20 mil pesos mensuales y que tiene un hijo en una escuela primaria privada, habría sido más que suficiente con disminuir en 2 puntos porcentuales la tasa de ISR (de 30 a 28%) a las personas dentro de este rango de ingresos, lo cual pudo haber sido compensado con una mayor tasa impositiva para aquellos que ganan, digamos, más de 100 mil pesos al mes y que difícilmente podrían ser considerados como de clase media.

En fin, por donde se le vea, el decretazo del Presidente que permitirá la deducibilidad de las colegiaturas es una pésima medida de política pública en donde los únicos beneficiarios directos serán los grupos menos necesitados de la población y que solo tendrá como resultado una mayor desigualdad en el país y, presumiblemente, una menor calidad de la educación pública. Lo más triste de todo, sin embargo, es saber que nuestros políticos se están peleando por la paternidad de tan mala propuesta de política pública. Como dice un amigo: “pocas ideas, pero bien confusas”.

Fuente: Animal Político

martes, 15 de febrero de 2011

Transversalización de Género en América Latina y el Caribe

ONU RECONOCE PROGRAMA DE CULTURA INSTITUCIONAL COMO UNO DE LOS MEJORES DE AL

Comunicado de Prensa 7 - 10 de febrero de 2011

El Programa de Cultura Institucional impulsado por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) recibió el reconocimiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como una de las mejores cinco prácticas de género en América Latina.

En octubre de 2010, el área de práctica de género del Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe lanzó una amplia convocatoria para seleccionar experiencias exitosas de transversalidad de género en la región.

INMUJERES participó con el Programa de Transversalidad, el Programa de Certificación de Capacidades y el Programa de Cultura Institucional. Este último fue elegido como uno de los mejores y los otros dos recibieron la calificación de experiencias destacadas.

Como referencia internacional, INMUJERES dará asistencia técnica a países como Chile, Costa Rica, Perú, El Salvador, Honduras, Guatemala y Ecuador, para que implementen el Programa de Cultura Institucional este año.

El Programa de Cultura Institucional está basado en nueve aspectos fundamentales de cambio que marcan el quehacer de las personas que están en el gobierno: la planeación y presupuestación con perspectiva de género; el trato con equidad y no discriminación; lograr una comunicación incluyente que promueva la igualdad de género; lograr una selección de personal basada en habilidades y aptitudes, sin discriminación; contar con una administración pública federal donde los salarios y prestaciones se otorguen de manera transparente; asegurar la creación de mecanismos de promoción vertical y horizontal que propicien la creación y el desarrollo de capacidades; lograr que la capacitación y profesionalización estén al alcance de todas y todos; garantizar la corresponsabilidad del estado en la conciliación de la vida familiar y laboral del personal; y establecer mecanismos de denuncia para eliminar las prácticas de hostigamiento y acoso laboral.

El Programa de Cultura Institucional representa una de las estrategias más importantes del gobierno federal para transformar las instituciones públicas mexicanas en espacios laborales con rostro humano, más justos e igualitarios, que redunden en una mayor productividad, eficacia y eficiencia entre las y los servidores públicos, coadyuvando a disminuir la desigualdad aún persistente entre mujeres y hombres.

A la convocatoria del PNUD respondieron 12 países que han abordado la transversalidad de género en el ámbito nacional, estatal, provincial, regional y local con 33 propuestas, las cuales se evaluaron en función de los criterios de valoración que determinan una experiencia destacada para la promoción de la igualdad de género según las consideraciones del PNUD.

De las experiencias presentadas, cinco (México, Chile, Brasil, Perú y Argentina) recibieron la valoración de buenas prácticas en transversalidad de género y doce propuestas se calificaron como experiencias destacadas en la materia.

La convocatoria de buenas prácticas de transversalidad de género en América Latina y el Caribe es un primer paso en la construcción de espacios de reflexión y análisis sobre los obstáculos y estrategias para avanzar en la aplicación de la transversalidad.

Este proceso de intercambio se inició en noviembre de 2010 con un taller de transversalidad de género en políticas públicas donde dialogaron responsables políticas y técnicas de los mecanismos de la mujer de nueve países de la región, donde definieron algunas acciones clave para lograr avances en la materia.

El próximo paso es la conformación de una red amplia de especialistas, académicas y de personas con experiencia en la aplicación de la transversalidad de género.

Fuente: INMUJERES

lunes, 14 de febrero de 2011

Open Government: Un nuevo modelo de gestión pública

Un nuevo modelo de gestión pública

Una de las primeras definiciones de Open Government que se han formulado corresponde a Javier Llinares, que la define así en su blog:

Open Government (oGov) es la forma de relacionarse entre la Administración Pública y los ciudadanos, que se caracteriza por el establecimiento de canales de comunicación y contacto directo entre ellos.

Una oGov es aquella que entabla una constante conversación con los ciudadanos con el fin de oír lo que ellos dicen y solicitan, que toma decisiones basadas en sus necesidades y preferencias, que facilita la colaboración de los ciudadanos y funcionarios en el desarrollo de los servicios que presta y que comunica todo lo que decide y hace de forma abierta y transparente.

¿Cómo conseguir que una Administración Pública pase a ser una oGov? Para conseguirlo son necesarios una serie de cambios en diversos ámbitos:

■Cultural: Es imprescindible entender cual es el objetivo de la Administración y de todos los que trabajan en ella. El verdadero objetivo de la Administración es servir a los ciudadanos y el ciudadano debe estar en el centro de la gestión. Conseguir esto en la Administración Pública significa una revolución cultural en la forma de hacer las cosas y en las actitudes de los trabajadores de lo público.

■Procesos: Los procesos en la Administración Pública no han sido diseñados para servir a los ciudadanos y por lo tanto deben reingeniarse todos los procesos para conseguir que así sea. Si los procedimientos no son cómodos para el ciudadano o no le ayudan en nada, hay que eliminarlos o cambiarlos.

■Organización: Las organizaciones públicas están diseñadas bajo modelos jerárquicos que nada tienen que ver con la eficiencia. Es imprescindible reorganizar las administraciones, las plantillas y la definición de los puestos de trabajo para poder actuar bajo un modelo en red, orientado a proyectos y a la consecución de resultados.

■Formas de relación: Del mostrador a la mesa redonda, del correo certificado a la comunicación on-line, de la obligación a la presencia física a las facilidades de relación, etc.

Iñaki Ortiz amplía el análisis sobre el Open Government en el blog Administraciones en red:

El concepto de oGov apela a un modelo de administración en la que lo relacional cobra principal protagonismo. Una administración “open” se abre a la ciudadanía, pero también a las demás administraciones, y a otras organizaciones colaboradoras. Lo “open” tiene mucho que ver con la red. Una administración “open” es una administración en red.

¿Cuáles son los rasgos definitorios del oGov?

■Las administraciones “open” escuchan las conversaciones que ya se están produciendo en la red sobre lo público, contribuyendo en ellas cuando su aportación pueda enriquecer la iniciativa surgida desde la ciudadanía.

■Las administraciones “open” conversan con la ciudadanía, promoviendo su participación activa y teniendo en cuenta su opinión en la toma de decisiones.

■Las administraciones “open” conversan entre sí, colaborando en el diseño y en la ejecución de las políticas públicas, en el diseño y en la prestación de los servicios públicos, y compartiendo recursos y servicios comunes.

■Las administraciones “open” conversan con las organizaciones colaboradoras, con y sin fines de lucro, estableciendo alianzas de colaboración público-privada generadoras de valor social.

■Las administraciones “open” comparten la información y el conocimiento, con el único límite de la protección y privacidad de los datos, y promueven la cultura colaborativa de la ciudadanía y de las empresas.

■Las administraciones “open” utilizan y promueven la utilización de las herramientas de la web 2.0 y del software libre, favoreciendo un rol activo de la ciudadanía en la generación de contenidos y contribuyendo al desarrollo de programas de uso gratuito para la comunidad.

■Las administraciones “open” promueven la generación del contexto adecuado en el que aflore la iniciativa social y se produzcan conversaciones entre la ciudadanía, las empresas, las organizaciones sin fines de lucro y los agentes sociales en general, para obtener respuestas satisfactorias a las necesidades y demandas de la sociedad.

■Las administraciones “open” anteponen el interés general de la ciudadanía a los particulares de los partidos políticos, los cuerpos funcionariales, los sindicatos, los lobbies empresariales y demás grupos de presión.

■Las administraciones “open” facilitan el crecimiento personal y profesional de todas las personas involucradas en su funcionamiento, entendiendo que la administración son “personas al servicio de las personas” y que la satisfacción individual contribuye a la de la comunidad.

■Las administraciones “open” experimentan, asumen riesgos e innovan, en un camino sin fin (beta permanente) hacia una sociedad mejor.

■Las administraciones “open” actúan con humildad dejando al margen las viejas actitudes administrativas impreganadas por una cierta prepotencia.

■Las administraciones “open” apuestan por fórmulas “win-win” frente a la clásica pauta del “yo produzco-tú soportas”.

¿En qué se diferencia el oGov de otros paradigmas o modelos?

Analizar lo que no es el oGov ayudará también a centrar el concepto. Para ello, lo compararemos con los paradigmas anteriores tratando de identificar las principales diferencias del oGov con esos paradigmas. Si el oGov no aportara ninguna novedad con respecto a ellos no merecería la pena darle más vueltas al nuevo concepto.

El oGov frente a la modernización administrativa

El concepto de modernización administrativa se acuñó durante las décadas de los 80 y los 90, al calor de las ideas de la nueva gestión pública (NGP). Allí estaban en 1994 David Osborne y Ted Gaebler intentando “reinventar el gobierno”, aprovechando la influencia del espíritu empresarial. Y en el mismo año Al Gore, el presidenciable norteamericano, publicó su famoso informe con el propósito de “Crear una Administración Pública que funcione mejor y que cueste menos”.

Los objetivos de la época eran ambiciosos, sin duda. Las recetas: privatizar (o, bajo denominación más digerible, externalizar servicios), introducir mecanismos de mercado en la gestión de los servicios públicos, reforzar los instrumentos de control del gasto, además de la perenne simplificación administrativa, entre otras medidas. Los resultados: después de un par de décadas, seguimos hablando de lo mismo o de cosas similares. El enfermo mejora poco (mejor diríamos la enferma, en este caso). Seguramente no se puso la venda donde estaba la herida.

De la modernización al oGov, realmente hay una gran distancia. Es cierto que la modernización pretendía situar el centro de la atención en lo que entonces se comenzó a llamar el “cliente”. El ciudadano pasaba a ser considerado un cliente y se podía dar por satisfecho si como tal era tratado. El oGov se plantea metas más ambiciosas. El rol de la ciudadanía va más allá del consumo de servicios. En la sociedad en red la ciudadanía pasa de ser una consumidora pasiva a tomar las riendas de su destino como protagonista activa del proceso de cambio. La participación ciudadana, tanto en las políticas como en los servicios públicos, se convierte en un requisito imprescindible en cualquier proceso de transformación administrativa de calado.

También la conversación en red entre las administraciones, y entra éstas y los colaboradores externos, pasa a ser un ingrediente básico del oGov. La transformación real y efectiva de las administraciones públicas implica colaboración y funcionamiento en red de todos los agentes involucrados en el proceso.

El oGov frente a la administración electrónica

Al paso alegre de las fases de Gartner (presencia, interacción, transacción y transformación), la administración electrónica estaba llamada a ser el revulsivo de la nueva modernización (si el concepto es admisible). Los esfuerzos realizados no han sido pequeños, ni el coste (en pesetas y en euros) despreciable. Lo cierto es que se ha constatado que la tecnología tiene potencia transformadora, pero ésta queda muy limitada si no va acompañada de otras medidas de índole político, normativo y organizativo. Y en ello estamos.

Es verdad que se está acercando la administración a la ciudadanía. Los portales de las administraciones suministran una cantidad ingente de información, son numerosos los formularios que pueden descargarse de Internet e, incluso, cada vez hay más procedimientos que pueden tramitarse telemáticamente. Aunque sigamos haciendo básicamente lo mismo que antes, no hay que minusvalorar el hecho de poder hacerlo desde casa. Es un primer paso muy importante. Pero que reclama, a renglón seguido, ir más allá aprovechando las oportunidades que nos brinda la tecnología para transformar realmente la administración. Y esto va a ser más difícil.

En definitiva, la administración electrónica aumenta la transparencia de la administración, facilita las gestiones administrativas de la ciudadanía y le otorga un mayor control sobre sus expedientes, pero no resuelve la asignatura pendiente de la participación, ni garantiza el funcionamiento en red de todos los agentes involucrados en “lo público”, aunque comienza a utilizar herramientas y tecnologías que pueden facilitar la transición hacia modelos más avanzados.

La administración electrónica, en la práctica, limita su alcance a la introducción de tecnología para hacer lo mismo que veníamos haciendo (como Los Supersónicos de la teleserie), pero de una forma más cómoda, evitando desplazamientos y, eso sí, facilita información que puede aumentar la transparencia y el control de los asuntos públicos por parte de la ciudadanía. Pero no aborda de una manera decidida la transformación real de las relaciones entre las administraciones, la ciudadanía, las empresas, las organizaciones sin fines de lucro y los agentes sociales en general.

La administración electrónica tampoco ha modificado sustancialmente la cultura de la propiedad privada del conocimiento y del software, aunque aporta los medios que pueden facilitar el cambio cultural. Pero éste difícilmente se producirá por el solo determinismo tecnológico, sino que necesitará de una estrategia que lo promueva conscientemente. La cultura de compartir y de colaborar es un rasgo básico del oGov.

El oGov frente a la gobernanza

En paralelo con el desarrollo de la administración electrónica ha surgido el potente paradigma de la gobernanza, que introduce buena parte de las bases teóricas del oGov. Pero, ¿Qué es la gobernanza? Dejemos que sea la voz autorizada de Joan Prats la que responda a esta pregunta:

“Desde mediados de los 90, especialmente en Europa, ha ido emergiendo un consenso creciente en torno a que la eficacia y la legitimidad del actuar público se fundamenta en la calidad de la interacción entre los distintos niveles de gobierno y entre éstos y las organizaciones empresariales y de la sociedad civil. Los nuevos modos de gobernar en que esto se plasma tienden a ser reconocidos como gobernanza, gobierno relacional o en redes de interacción público-privado-civil a lo largo del eje local/global. La reforma de las estructuras y procedimientos de las Administraciones Públicas pasan a ser consideradas desde la lógica de su contribución a las redes de interacción o estructuras y procesos de gobernanza”.

Ya veis que la gobernanza apunta buenas maneras. Focaliza su atención en las interacciones entre los distintos agentes que intervienen en la gestión de lo público. También el oGov va por ahí. Pero, ¿qué aporta el oGov con respecto a la gobernanza? Desde mi punto de vista, el oGov tiene mucho que ver con el dospuntocerismo, con lo que emerge desde la base, con el aprovechamiento del efecto red que consigue generar, por interacción entre las partes, un resultado mayor que la suma de las partes. El oGov tiene que ver con la confianza en las personas, con tratarles como adultos y con que se comporten como tales, asumiendo un rol activo y participativo. El oGov tiene que ver con colaborar y con compartir, con la revisión del modelo de propiedad del conocimeinto. El oGov tiene que ver con el cambio de la cultura del trabajo, pasando de la ética protestante del sacrificio en el trabajo, a la ética hacker fundada en la cretividad, la libertad y la pasión en el trabajo. Y el oGov tiene que ver también con el cambio de rol de la ciudadanía, pasando del voto esporádico a la implicación activa en los asuntos de la comunidad.

Fuente: Open Government

jueves, 10 de febrero de 2011

El Congreso como negocio

EL CONGRESO COMO NEGOCIO

Escribe: Jaime Paredes Calla

La campaña electoral rumbo a la Presidencia de la República, el Congreso de la República y el Parlamento Andino, nos presenta nuevamente una versión donde la improvisación y “subasta” de ubicaciones en las listas parlamentarias no han estado al margen.

La refundación de la política –como secuencia de actos y conductas (individuales o colectivas) encadenadas, formas de organización y proceso de negociaciones- pasa por un proceso de construcción tanto de sólidas organizaciones políticas como de liderazgos individuales y colectivos portadores de un discurso pero también de un curso de acción previo que garanticen el sostén de las acciones de carácter público que emprendan las instituciones cuando ejerzan las funciones que les corresponden.

Uno de los principios de las democracias modernas es la representatividad, según el cual los diversos sectores de la población deben verse reflejados en la composición del parlamento en tanto expresión de la voluntad popular. Es en base a este principio que el Congreso de la República ha tenido entre sus integrantes a variopintos “padres –y madres- de la patria”, desde notables personalidades como Henry Pease y Javier Diez Canseco, hasta inefables personajes como Luis Cáceres Velásquez, Alfredo González –y un largo etcétera-, sin mencionar a quienes se prestaron a los designios del gobierno cleptocrático de Alberto Fujimori durante la década de los noventa.

El problema no es que muchos de los candidatos que ahora tientan por una curul para representarnos sean desconocidos, sino que no acrediten antecedentes en favor de una democracia más inclusiva o que no expongan trayectorias donde se hayan involucrado social o políticamente en proyectos que procuren mejorar el descrédito que existe hacia la política.

Existen candidaturas congresales que se han impuesto sobre otras por la única razón de contar con ingentes recursos económicos, muy apetecibles a los candidatos presidenciables para garantizarles el sostenimiento de una campaña electoral, aunque el desenlace ya es conocido: una vez que el candidato es electo congresista, se desentiende del programa y compromiso no solo con la organización política que lo eligió, sino también con su electorado (léase Álvaro Gutiérrez Cueva, Carlos Torres Caro, entre otros). Esta concepción de la política como negocio, liquida la posibilidad de contar con una buena representación congresal.

Sin embargo existen esperanzas, también hay candidatos y candidatas al Congreso de la República con un gran esfuerzo por asumir una labor de representación seria, con una trayectoria y antecedentes que, aunque no siempre de amplia difusión y conocimiento, sin duda avalan un futuro trabajo profesional y ético, tanto en la labor de legislar como en la de fiscalizar.

miércoles, 9 de febrero de 2011

Inaceptable prórroga del óbolo minero

Inaceptable prórroga del óbolo minero

Escribe: Humberto Campodónico

Ayer la Sociedad de Minería planteó que se prolongue cinco años más (hasta el 2016) el “Programa de Solidaridad con el Pueblo”, popularmente conocido como óbolo minero. Consiste en que las empresas aporten el 3.75% de sus ingresos para que sean invertidos en las Regiones donde están situadas las minas. El óbolo no es un impuesto y su administración está a cargo de un comité en el cual la empresa es mayoritaria.

El óbolo nació en el 2006 como respuesta de las empresas mineras a las propuestas electorales de García y Humala de aplicar un impuesto a las sobreganancias. Se dijo que el óbolo recaudaría S/. 2,500 millones en los 5 años de vigencia, pero cálculos actuales dicen que el total será S/. 2,300 millones. Debe tenerse en cuenta que, debido a su carácter “voluntario”, algunas empresas no han adherido al óbolo.

La prolongación es inaceptable, por dos razones fundamentales. Una, porque el Estado no puede abdicar de su responsabilidad soberana de recaudar los impuestos. Dos, porque las cantidades recaudadas son una proporción muy pequeña de las utilidades de la gran minería, lo cual no permite una adecuada distribución de la renta de los recursos naturales entre las empresas y el Estado. Veamos.

Del 2005 al 2010 las utilidades netas de la gran minería suman US$ 24,057 millones (ver cuadro). Puede verse también que en el 2005 las utilidades fueron US$ 2,731 millones, aumentando 60% en el 2006 debido a los precios extraordinarios, llegando a US$ 4,335 millones. Esta cifra se mantuvo constante en el periodo, salvo en el 2009 debido a la gran recesión internacional de ese año (aun así fueron superiores a las del 2005).

Así, las sobreganancias han estado en el rango de US$ 1,500 millones/año en promedio del 2007 al 2010, con respecto al 2005. O, lo que es lo mismo, del 2007 al 2010 (período del óbolo) las sobreganancias han sido de US$ 6,000 millones, aproximadamente. Si esta sobreganancia se hubiera repartido en la proporción 30% para el Estado y 70% para la minera (lo que es conservador) los ingresos tributarios adicionales habrían sido de US$ 1,800 millones (S/. 5,200 millones), cifra que más que duplica al magro óbolo minero.

Pero hay una tercera razón de la más alta importancia. Las empresas en general, y las mineras en particular, calculan su rentabilidad a partir de una proyección de los precios futuros de los minerales y, también, de la evolución de sus costos. En el año 2000, Antamina planteó que, con precios promedio del cobre de US$ 0.95 / libra durante los 24 años de vida útil de la mina, la tasa interna de retorno de su inversión sería de 15%, cifra considerada “muy buena” por sus accionistas.

Pues bien, debido a los altos precios, en solo 7 años de producción, su TIR ya está en 22% (Antamina y el impuesto a las sobreganancias, www.cristaldemira.com 27/11/10). Retornos similares están obteniendo el resto de las empresas mineras del país, los que superan en 5 a 6 veces las tasas de interés internacionales y del mercado de bonos.

Lo que quiere decir que nuestra legislación debe modernizarse, como la de Israel y Chile (Cristal de Mira, 12/11/10 y 07/02/11) para que se tome en cuenta el retorno de la inversión de la empresa. Lo mismo ha hecho Azerbaijan con el petróleo –en acuerdo con British Petroleum– y Barrick con la mina Pueblo Viejo en la República Dominicana (Cristal de Mira, 02/11/09).

Resumiendo, hay que decirle no a la prolongación del paupérrimo óbolo minero y, más bien, modernizar nuestra legislación. De esa manera, los mejores ingresos por recursos naturales del Siglo XIX nos ayudarán a financiar el Siglo XXI. ¿No es cierto?

Fuente: La República

domingo, 6 de febrero de 2011

Recepción de artículos para Revista I VARDANDE

I VARDANDE Revista Electrónica de Semiótica y Fenomenología Jurídicas, hace de conocimiento que hasta el 31 de marzo de 2011 fue ampliado el plazo de recepción de artículos, ensayos y reseñas para su primer número.

Los trabajos propuestos habrán de ser originales e inéditos, por lo que no se aceptarán trabajos publicados anteriormente o en curso de publicación ni presentados para su publicación en cualquier medio de comunicación científica.

Se consideran inéditos los trabajos de traducción de artículos publicados anteriormente en otros idiomas pero que aparezcan traducidos por primera vez en el idioma español. Para su aprobación, tanto los trabajos de traducción como los artículos traducidos deberán poseer características de originalidad. Se entenderá que el trabajo de traducción es original cuando combine adecuadamente los tipos de traducción idiomática y parafraseada. Las traducciones deben cumplir todo el proceso de selección.

Cada número podrá incluir traducciones y reseñas bibliográficas que no superen la quinta parte de los artículos y ensayos.

Los textos serán enviados en dos archivos, tamaño A4, tipo Microsoft Word 2003: un archivo anónimo con el texto sin mención o referencias del autor y un archivo con el texto que será publicado en la Revista señalando el nombre completo del autor y correo electrónico. El Comité Editorial asignará un número correlativo al archivo anónimo, colocando el número asignado al archivo que contiene los datos del autor. El archivo anónimo será enviado al evaluador externo, cuya opinión será comunicada al autor por el Comité Editorial.

Los textos deben estar escritos con un estilo claro. Si bien la revista es de carácter científico, el Comité Editorial aconseja evitar el uso de un lenguaje muy especializado.

Los textos deben ser enviados después de una rigurosa revisión ortográfica.

Los textos aprobados y que no sean incluidos en el número objeto de convocatoria se reservarán para su publicación en los siguientes números. La no inclusión en el próximo número faculta al autor a retirar su colaboración y publicarla en otro medio impreso o electrónico. El autor comunicará su decisión dentro del mes siguiente de publicado este número.

En relación con los derechos de autor, los autores que colaboran con I VARDANDE no reciben retribución económica y mantienen sus derechos morales, concediendo a los editores los derechos para publicar sus textos.

El Departamento de Traducciones de I VARDANDE está facultado para efectuar traducciones de los títulos, resúmenes y palabras clave en español de los textos publicados.

Los autores pueden disponer de sus textos para su publicación en otros idiomas. Esta facultad se extiende a la publicación de los títulos, resúmenes y palabras clave que hubieran sido traducidos por el Departamento de Traducciones e incluso a la utilización de las traducciones realizadas por los traductores de este Departamento si lo estiman conveniente. Asimismo, los autores pueden utilizar sus derechos patrimoniales para republicar sus trabajos en cualquier otro medio impreso o electrónico no dedicados a los estudios semióticos o fenomenológicos con el único requisito de reconocer la previa aparición del texto en la revista científica I VARDANDE Revista Electrónica de Semiótica y Fenomenología Jurídicas, incluyendo el dominio en la red de la Revista y el nombre de la Entidad Editora y únicamente cuando hayan transcurrido seis meses de publicado el texto.

Más información sobre las normas de publicación, sistema de arbitraje y proceso de selección en: http://revistas.pucp.edu.pe/ivardande/guia-para-autores-de-la-revista

sábado, 5 de febrero de 2011

Ombudsman contra la flexibilización ambiental

Pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo con relación a los Decretos de Urgencia N° 001–2011 y N° 002–2011

1. El Poder Ejecutivo, en ejercicio de la facultad otorgada por el artículo 118º, numeral 19 de la Constitución Política del Perú, ha dictado el pasado mes de enero los Decretos de Urgencia Nº 001–2011 y Nº 002–2011, mediante los cuales se dictan disposiciones para facilitar el desarrollo de 33 proyectos de inversión.

2. Si bien los Decretos de Urgencia establecen que los referidos 33 proyectos deben contar con un estudio de impacto ambiental aprobado antes del inicio de la ejecución de los proyectos o de las actividades de servicios y comercio correspondientes, esta certificación ambiental ya no será un requisito previo para la obtención de las autorizaciones administrativas de carácter sectorial, necesarias para el ejercicio de las actividades económicas que son materia de dichos proyectos.

3. En consecuencia, las autoridades decidirán sobre el otorgamiento de dichas autorizaciones administrativas sin poder tomar en cuenta las consideraciones ambientales y sociales que se desprenden del estudio de impacto ambiental.

En razón de ello, no podrán adoptar medidas que prevengan posibles afectaciones a los derechos de las personas y las comunidades.

Por consiguiente, el estudio de impacto ambiental puede convertirse en una mera formalidad administrativa, lo cual es inaceptable para la Defensoría del Pueblo.

4. Así, por ejemplo, la certificación ambiental ya no será un requisito previo para obtener una licencia de uso de agua –vinculada con alguno de los 33 proyectos–, conforme lo establece la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, art. 54º, inc. 5.

5. Tampoco será necesario contar antes con la certificación ambiental para otorgar una concesión definitiva para la generación de energía hidroeléctrica, tal como lo señala el Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, 2 art. 25º. Debemos recordar que en nuestro último Reporte de Conflictos Sociales, correspondiente a diciembre del 2010, de los 246 conflictos reportados, aproximadamente el 30% de ellos está vinculado al manejo del agua y los recursos hídricos.

6. Lo expuesto anteriormente es particularmente relevante en proyectos que se desarrollarían en el ámbito de la Amazonía (carreteras, proyectos energéticos y la navegabilidad fluvial de la ruta Yurimaguas–Iquitos–Brasil). Asimismo es preocupante respecto del proyecto que ha sido denominado, simplemente, “Energía de Nuevas Centrales Hidroeléctricas”, lo cual no permite establecer con precisión a qué proyectos específicos se alude.

7. Por otro lado, el análisis formal de los decretos de urgencia permite advertir que éstos no justifican su excepcionalidad y necesidad, tal como lo exige la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En otras palabras, en los referidos decretos no se señala con precisión cuáles son las consideraciones de extraordinaria y urgente necesidad que justifican su expedición. Tampoco se señala qué daños irreparables se ocasionarían de no emitirse estas normas.

Por consiguiente, al no haber justificado su excepcionalidad y necesidad, los referidos decretos de urgencia serían inconstitucionales por la forma.

8. En la Defensoría del Pueblo se cree firmemente que la inversión económica en nuestro país, además de estar sustentada en la Constitución Política, contribuye a generar empleo e impulsar el desarrollo. Del mismo modo se sostiene que toda inversión debe ser respetuosa de los derechos fundamentales y del interés público.

9. En consecuencia, la Defensoría del Pueblo exhorta al Congreso de la República a ejercer las facultades de control de la constitucionalidad de los Decretos de Urgencia Nº 001–2011 y Nº 002–2011, conforme lo establecido en el numeral 19 del artículo 118º de la Constitución Política. En el caso de que el

Congreso de la República solicite la opinión de la Defensoría del Pueblo, ésta se le remitirá de inmediato.

Lima, 2 de febrero del 2011.

Fuente: Defensoría del Pueblo

jueves, 3 de febrero de 2011

UNAM es la segunda mejor casa de estudios superiores de Iberoamérica

Subió cuatro puestos respecto del anterior sondeo; ocupa el lugar 66 de la lista mundial

La UNAM, la segunda mejor casa de estudios superiores de Iberoamérica
Según la evaluación del CSIC, la universidad mexicana es la mejor de habla hispana del mundo

La UdeG, en el sitio 550, y el Tec 593; la Autónoma del Estado de México, en 765, y el IPN 956

Periódico La Jornada
Jueves 3 de febrero de 2011, p. 39
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se colocó como la segunda mejor institución de educación superior de Iberoamérica y la mejor de habla hispana evaluada en el listado semestral de mejores universidades en la web realizado por el Consejo Superior de Investigación Científica de España (CSIC).

La máxima casa de estudios del país fue ubicada en el sitio 66 de la clasificación, cuatro puestos arriba del que obtuvo en la pasada medición, en julio de 2010. La universidad iberoamericana mejor colocada fue la de Sao Paulo, Brasil, que este año apareció en el lugar 51, con lo que se recuperó del puesto 151 en el que fue colocada en el anterior listado.

La UNAM es la única institución mexicana que aparece entre las 500 primeras evaluadas en este listado elaborado por el Laboratorio de Cibermetría del CSIC.

La segunda casa de estudios de nuestro país que aparece en el listado es la Universidad de Guadalajara, que ocupó el lugar 550, seguida del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en el escaño 593. La Universidad Autónoma del Estado de México y el Instituto Politécnico Nacional obtuvieron los puestos 765 y 956, respectivamente.

En esta ocasión se evaluó el trabajo en Internet de más 12 mil instituciones de educación superior en el mundo. En la medición de enero de 2011 se calificó la producción universitaria en Internet: publicaciones, difusión, páginas electrónicas, archivos, motores especiales de búsqueda en la web, entre otros.

El Webometrics del CSIC es la única clasificación internacional que se basa en la producción universitaria en Internet y no en publicaciones en revistas mundiales.

Los primeros sitios de este listado fueron para el Instituto Tecnológico de Massachusetts y las universidades de Harvard, de Stanford, California en Berkeley y Cornell. La Universidad Nacional de Taiwán apareció en el lugar 12 y la de Tokio en el 16, en tanto Cambridge fue la institución inglesa mejor colocada con la posición 19.

En años recientes la UNAM ha destacado en este tipo de listados, al ser una de las pocas instituciones de América Latina e Iberoamérica que aparece en los primeros puestos.

En años recientes la UNAM se ha colocado entre los 100 primeros lugares de la medición de Webometrics. En el análisis de enero de 2009 ocupó el sitio 44; en enero de 2010 apareció en el 58, seis meses más tarde se le concedió el escaño 70 y en la primera evaluación de este año subió al 66.

Información del CSIC destaca que la clasificación se publica desde 2004, con periodicidad semestral (enero y julio). “Queremos motivar tanto a instituciones como a docentes e investigadores a tener una presencia en la red que refleje de forma precisa sus actividades. Si el rendimiento web de una institución se encuentra por debajo de lo esperado de acuerdo con su excelencia académica, los dirigentes universitarios deberían reconsiderar su política de Internet, promoviendo el incremento sustancial del volumen y la calidad de sus publicaciones electrónicas”.

La UNAM es la mayor institución de Iberoamérica, con más de 314 mil alumnos, 35 mil 679 académicos y una planta de 35 mil trabajadores administrativos. Produce más de la mitad de la investigación que se realiza en México. Ofrece 85 carreras, 40 programas de posgrado, 34 de especialización y dos sistemas de bachillerato.

En 2009 fue condecorada con el Premio Príncipe de Asturias en Comunicación y Humanidades. Su campus central de Ciudad Universitaria fue declarado patrimonio cultural de la humanidad en 2007 por la Unesco.

Los resultados de Webometrics ubican a 12 instituciones de estudios superiores de Brasil entre las 500 mejores del mundo. Entre éstas están la Estatal do Campinas, en el sitio 161; la Federal do Rio Grande do Sul, en el 166, y la Federal do Río de Janeiro, en el 209.

Las universidades de Chile, Buenos Aires, Nacional de Colombia y de Costa Rica obtuvieron los lugares 296, 389, 426 y 492, respectivamente.

Por las españolas aparecen la Complutense de Madrid en el lugar 110, la Politécnica de Madrid en el 175, la de Sevilla en el 190 y la de Granada en el 213. Las casas de estudio de Portugal mejor ubicadas en esta medición fueron las universidades Du Minho, en el 151, y Du Porto, en el 178.

Fuente: La Jornada

miércoles, 2 de febrero de 2011

Apuesta por la investigación, ciencia y tecnología

CIENCIA Y TECONOLOGÍA
Plataforma para el desarrollo

Escribe: Dante Fernández Gallegos
Empresario

El avance científico y tecnológico es el principal motor de la producción, en consecuencia, se encuentra ligado al grado de desarrollo y crecimiento económico de los países.La Revolución Industrial transformó la economía de países como Singapur, Israel, China y Corea del Sur.

Allí existen fábricas de talentos, que producen miles de investigaciones al año para el uso de bienes y servicios que exportan a todo el mundo, logrando el círculo de la acumulación de capital.

En el Perú, nuestra ingeniería civil tuvo un gran avance técnico-científico para el desarrollo de las sociedades.

El científico inventor Pedro Paulet, padre de la astronáutica, contribuyó con sus inventos con la NASA. Lamentablemente, no se siguió promoviendo y desarrollando el camino señalado por él.

Hoy más que nunca debemos seguir con una política cultural científica para vencer el subdesarrollo.

El país solo invierte el 0.15% del PBI en investigaciones, mientras que otras naciones nos superan: Estados Unidos (2.61%), Canadá (1.61%), Costa Rica (1.13%), España (0.89%), Cuba (0.86%), Brasil (0.76%), Portugal (0.68%) y Chile (0.62%) .

Por eso, es necesario crear un ministerio de Ciencia y Tecnología, para fomentar y fortalecer políticas de ciencia y tecnología.

El incremento de la productividad está correlacionado al desarrollo científico, es necesario tomar medidas simples, concretas y aplicables para iniciar el camino. Con un aumento del 50% del presupuesto destinado a las investigaciones, en un período de tres años se duplicaría la productividad de las empresas y con ello se podría generar un incremento del 4% al 5% en nuestro Producto Bruto Interno.

Nuestra economía se sostiene en un 75% exportando materia prima, con lo que perdemos oportunidades y subvencionamos la economía de otras naciones. La verdadera competitividad es la diversificación de nuestra economía con innovación tecnológica, para crear una plataforma con el objetivo de industrializar el país, crucial para el desarrollo.

Apostemos por la investigación, la innovación y una tecnología ecológica, con el fin de integrarnos a la comunidad científica internacional.

Fuente: El Peruano