La presidenta peruana Dina Boluarte se ha pronunciado ayer miércoles 14 de junio, sobre la convocatoria a una nueva movilización nacional denominada “Tercera Toma de Lima”, que busca expresar el rechazo a su gobierno por parte de diversos sectores sociales y políticos.
Desde Piura, donde participó en un encuentro bilateral con el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, la mandataria cuestionó la intención de los organizadores de la marcha y preguntó: “¿Cuántas muertes más quieren?”, lo que parece ser más una amenaza directa disfrazada de pregunta innecesaria, como también lo ha referido el periodista Renato Cisneros.
Boluarte recordó que desde que asumió el poder, en diciembre del 2022, ha tenido que enfrentar casi 500 protestas violentas, que han dejado más de 60 fallecidos. La presidenta aseguró que ninguna de esas muertes fue provocada o buscada por el Estado, sino que beneficiaban a aquellos que pedían su renuncia y que ahora quieren utilizar a la población para generar “zozobra, violencia, caos y crisis”.
La jefa de Estado también criticó a sus adversarios políticos, a quienes acusó de traicionar a la patria por difundir una “narrativa falsa” en el extranjero sobre lo que sucede en el Perú. Se refirió en particular a la lideresa izquierdista Verónika Mendoza, quien participó en un foro internacional en Bélgica donde dijo que Boluarte es “la careta de una coalición autoritaria, conservadora y mafiosa”.
¿Qué dice la Constitución sobre el derecho a la protesta?
El derecho a la protesta está reconocido en la Constitución Política del Perú, que en su artículo 2 establece que toda persona tiene derecho “a la libertad de reunión pacífica sin armas” y “a asociarse y constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley”.
Asimismo, el artículo 31 señala que “los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica”.
Sin embargo, el ejercicio del derecho a la protesta no es absoluto ni ilimitado, sino que debe respetar el orden público, los derechos fundamentales de terceros y las normas legales vigentes. Así lo ha establecido el Tribunal Constitucional (TC) en diversas sentencias, donde ha precisado los criterios para garantizar una protesta pacífica, democrática y legítima.
Entre estos criterios se encuentran: la comunicación previa a las autoridades competentes sobre la realización de la protesta; la no afectación al normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales; la no utilización de armas u objetos contundentes; el respeto a los bienes públicos y privados; y la no alteración del orden público ni afectación a la seguridad ciudadana.
¿Qué consecuencias puede tener una nueva “Toma de Lima”?
La convocatoria a una nueva –mal llamada- “Toma de Lima” genera preocupación en diversos sectores políticos y sociales, que temen que se repitan los hechos de violencia ocurridos en las anteriores movilizaciones contra el gobierno de Boluarte.
La primera Toma de Lima se realizó el 18 de diciembre del 2022, cuando miles de personas marcharon desde diferentes puntos de la capital hacia el Congreso para exigir la renuncia o vacancia de Boluarte. La protesta terminó con enfrentamientos entre manifestantes y policías, que dejaron un saldo de dos muertos y decenas de heridos.
La segunda Toma de Lima se llevó a cabo el 11 de febrero del 2023, cuando diversos gremios sindicales, organizaciones sociales y partidos políticos se movilizaron para rechazar las medidas económicas y sociales del gobierno, así como para denunciar la injerencia de las Fuerzas Armadas en el ámbito político. La marcha también culminó con actos de violencia, que provocaron la muerte de tres personas y más de un centenar de lesionados.
La tercera Toma de Lima, que se realizará hacia el 19 de julio, es convocada por diversos colectivos ciudadanos, organizaciones regionales y partidos de oposición, que han anunciado que llegarán a Lima desde diferentes puntos del país para expresar su generalizado descontento con el gobierno.
La protesta es una expresión legítima y válida de la ciudadanía, que refleja el descontento y la frustración de amplios sectores sociales que no se sienten representados ni atendidos por el gobierno.
Como también refiere la periodista Rosa María Palacios: cuando la primera mandataria del país, la Presidenta de la República Dina Boluarte pregunta “¿Cuántas muertes más quieren?”, ¿no se está dando cuenta que en realidad está diciendo “si protestas te mato”? pésimo mensaje de quien afronta cuestionamientos de sistemática violación de derechos humanos (y posible masacre), que serán determinados y deberán ser sancionados de manera efectiva por los tribunales nacionales e internacionales, pues la protesta es un derecho fundamental que debe ser salvaguardado por el Estado, si la protesta deviene en violencia, lo que corresponde a al Estado es detener, procesar, condenar, pero no matar.
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