El Perú atraviesa una grave crisis de institucionalidad democrática y social, que se ha agudizado tras el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo y la represión de las protestas sociales que exigían elecciones anticipadas. Estos hechos han dejado un saldo de al menos 48 personas fallecidas y cientos de heridas, así como graves violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.
El 7 de diciembre de 2022, Castillo anunció la disolución temporal del Congreso y la “reorganización” del poder judicial, lo que en la práctica constituyó un intento de golpe de Estado. En respuesta, el Congreso destituyó a Castillo y la vicepresidenta Dina Boluarte asumió la presidencia. Desde entonces, miles de personas salieron a las calles para pedir elecciones anticipadas.
La respuesta del Estado a las protestas estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que realizó una visita al país entre el 11 y el 13 de enero de 2023, se registraron graves episodios de violencia no protegidos por el derecho a la protesta, pero también graves violaciones de derechos humanos contra manifestantes pacíficos e incluso personas que no participaban en las movilizaciones. La CIDH documentó casos de ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, violencia sexual y ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos.
La CIDH también observó que las protestas tienen demandas políticas explícitas y coyunturales, pero también exigencias históricas de comunidades campesinas y pueblos indígenas que deben ser atendidas por el Estado. Entre ellas se encuentran el acceso a derechos en condiciones de igualdad y sin discriminación, mayor representación política, consulta previa sobre proyectos extractivos y la distribución equitativa de la riqueza que éstos generen. La CIDH señaló que existe un deterioro generalizado del debate público con una fuerte estigmatización por factores étnicos-raciales y regionales, al igual que una fuerte tensión entre Lima y otras regiones donde predomina la población indígena y campesina.
Es fundamental para nuestro país recobrar la confianza en sus instituciones democráticas, fortalecer el Estado de derecho y garantizar la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos, especialmente aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y marginación. Sin embargo, estas metas serán inalcanzables si continuamos experimentando la desmedida codicia de poder que prevalece en la alianza "fujicerronista" en el Congreso de la República. Esto deja en evidencia que estamos bajo una dictadura parlamentaria que amenaza y debilita nuestra estructura democrática.
Es responsabilidad de los ciudadanos manifestar de manera activa su ciudadanía, así como también corresponde a la academia, en disciplinas como la ciencia política, las ciencias sociales, el derecho, entre otras, y a instituciones como universidades y colegios profesionales, pronunciarse sobre el evidente saqueo institucional impuesto por la actual élite política dominante en el Perú.
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