FUJIMORISMO: LA EDUCACIÓN COMO MERCANCÍA
Con la Constitución Política de 1993 nacida en la dictadura de
Fujimori, se liberalizó la educación, es decir, se avaló la iniciativa privada
indiscriminada para la creación de oferta educativa a nivel básico y superior.
Con ello se dio carta libre para hacer de la educación una mercancía, un gran
negocio, al estar exonerada de todo impuesto. Pero además, con una pobre
regulación se generaron escuelas, colegios, institutos y universidades por todo
el país, ofreciendo servicios de muy mala calidad a nuestros niños y jóvenes. Y
luego nos preguntamos ¿Por qué los niveles educativos en el Perú son tan bajos?
Sin duda, esta es una de las razones.
UNIVERSIDADES POR DOQUIER
Hasta 1990 el Perú contaba con 51 universidades en todo el territorio.
Con la Constitución de 1993 fue posible la creación de decenas de
universidades. El artículo 17 señala entre otros: “…Con el fin de garantizar la
mayor pluralidad de la oferta educativa, y en favor de quienes no pueden
sufragar su educación, la ley fija el modo de subvencionar la educación privada
en cualquiera de sus modalidades, incluyendo la comunal y la cooperativa…”. La
suerte estaba echada, las universidades ya no se crearían por ley como
establecía la constitución anterior, sino que un organismo, en aquel entonces
la CONAFU, autorizaba las licencias de funcionamiento.
Cabe mencionar que durante el periodo fujimorista no se creó ninguna
universidad pública, por el contrario, estuvieron intervenidas militarmente
hasta 1998 por ser consideradas “focos terroristas”. Muy conveniente por
cierto.
CON LICENCIA PARA EDUCAR CON CALIDAD
Actualmente, según la página web de SUNEDU tenemos 143 universidades en
el Perú, 51 públicas y 92 privadas. De todas ellas solo 14 han alcanzado el
ansiado licenciamiento.
Con la última Ley Universitaria Nº 30220 y contra todo pronóstico, se
está poniendo orden para garantizar que la Educación Superior se brinde con
responsabilidad y calidad. Si bien se tejieron argucias y mañas para impedirlo,
la SUNEDU no ha cesado en la labor de pasar por evaluación a todas las
universidades a través del proceso de licenciamiento, que no es otra cosa más
que la verificación del cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad
(CBC), que implica que las universidades aseguren que sus docentes alcancen los
grados académicos que corresponden para llevar adelante la educación
universitaria, que los centros cuenten con todos los servicios para impartir la
oferta educativa, que los recursos se destinen a los fines educativos y al
mejoramiento de la calidad, entre otras medidas. Solo cumpliendo con estas
condiciones, una universidad está en capacidad de brindar los grados y títulos
que correspondan.
Los que pensamos que la educación no es una mercancía sino un derecho
de todos y todas, esperamos que los procesos de licenciamiento no bajen la
valla, no cedan ante las presiones. Las 92 universidades que aún no cuentan con
el licenciamiento tienen la oportunidad hasta julio del 2018 de mejorar sus
servicios educativos, revisar las contrataciones de sus docentes e invertir
todo lo necesario para alcanzar los estándares.
Aquellas que no lo logren quedarán prohibidas de convocar a procesos de
admisión, brindar servicios o extender títulos universitarios. ¿Y qué pasará
con aquellas que no están dispuestas porque solo pensaron en enriquecerse a
costa de las expectativas de los jóvenes y sus familias que soñaron con un
título universitario? Tendrá que haber alguna alternativa.
Por lo pronto se ha anunciado que hay 50,000 estudiantes que estudian
en 79 establecimientos informales de 14 universidades que no tienen licencia
para funcionar. En estos casos se les permitirá continuar el presente semestre
porque en el 2018 ya deben ser reubicados. ¿Qué pasará con los estudiantes de
provincia que no pueden trasladarse a sedes autorizadas? ¿Habrá alternativa
para ellos y ellas sin que eso signifique flexibilizar las condiciones de
calidad exigidas por la ley?
FUJINEGOCIOS
Sin duda hay grandes inversiones detrás de las universidades
improvisadas, no para formar a los mejores profesionales del país sino para
financiar negocios y campañas políticas.
Hace algunos meses un diario nacional saco a la luz la lista de 16
congresistas fujimoristas vinculados a universidades, entre ellos: Lucio Ávila,
Osías Ramírez y Alberto Oliva. No es casualidad que se hayan opuesto a la ley
universitaria, como tampoco es casualidad que sean de la bancada fujimorista
aquellos congresistas ávidos porque acabe la moratoria en diciembre que impide
la creación de nuevas universidades.
¿Sería justa y necesaria la creación de más universidades considerando
que las existentes no cumplen con los estándares de calidad? Al respecto, el
SUNEDU ha sido claro que el nacimiento de una nueva universidad tendrá que ser
bajo las condiciones básicas de calidad que establece la ley. Aun así, habría
que preguntarle al MINEDU si existen estudios de demanda de nuevas
universidades que justifiquen su creación.
LLAMADO CIUDADANO
Desde esta tribuna me atrevo a hacer un llamado ciudadano a defender la
educación superior como un derecho, a exigir la calidad que nuestros jóvenes y
profesionales se merecen, a no transar con aquellas ofertas que venden un sueño
a cambio de unos pocos soles. Desconfiemos de aquellas universidades que
ofrecen ingresos gratuitos, créditos y mil facilidades para los estudios de sus
hijos.
Un segundo llamado es a exigir el fortalecimiento de la universidad
pública, si bien son las menos que han alcanzado el licenciamiento, es
necesario apostar por ellas y, como en muchos lugares del mundo, debieran ser
las mejores del país.
Estemos alerta en relación a las 79 sedes informales de universidades
cuya lista podrán encontrar en www.sunedu.gob.pe, y recuerde que sus
estudiantes solo podrán hacerlo este semestre, luego serán reubicados.
Finalmente, estemos alerta porque los viejos y nuevos negociantes de la
educación, ya tienen listos e ingresados 14 proyectos de creación de nuevas
universidades, según ha circulado en los medios. Estemos vigilantes.
Fuente: Diario Uno
