sábado, 20 de noviembre de 2010

Revolución Mexicana: retrocesos y vigencia

Revolución Mexicana: retrocesos y vigencia

Hoy se conmemora el centenario del inicio de la Revolución Mexicana, la gesta armada que llevó al derrocamiento del régimen porfirista (1876-1911) y que derivó, con el paso de los años y tras las tareas del Constituyente de Querétaro y de los gobiernos sucesivos, en el establecimiento de los principios, las instituciones y las políticas de Estado que articularon los grandes consensos nacionales durante buena parte del siglo XX: la consagración de los derechos sociales de obreros y campesinos; la reforma agraria, el régimen de economía mixta (con participación privada, estatal y social); el derecho a la educación pública laica y gratuita; la seguridad social y la visión del Estado como factor de la redistribución de la riqueza y el desarrollo económico, entre otros.

Es manifiesta y significativa la incomodidad que genera en el grupo en el poder la celebración de este episodio histórico y su legado. Así lo revelan, por ejemplo, el carácter tan insustancial como dispendioso de los festejos conmemorativos; el acento marcadamente menor en la conmemoración de esta efeméride republicana, sobre todo en comparación con el bicentenario de la Independencia; la proliferación de lugares comunes, de anacronismos y de inconsistencias en el discurso oficial; los homenajes sesgados e incompletos a los protagonistas del movimiento armado y la recuperación distorsionada de viejos rituales, como ocurre con la sustitución del desfile deportivo tradicional por una nueva exhibición del poder militar, en el primer cuadro de la capital. Tal incomodidad no sólo se explica por una afinidad ideológica –si bien no reconocida– del actual grupo gobernante con los sectores desalojados del poder a partir de 1910, sino también por la continuidad que el gobierno en turno ha dado al proyecto de desmantelamiento y aniquilamiento de los pilares sociales y económicos heredados por la Revolución, iniciado durante la presidencia de Miguel de la Madrid y profundizado por las siguientes, a pesar del cambio de siglas partidistas en la titularidad del Ejecutivo federal.

Si el maridaje ideológico entre el conservadurismo social y político y el neoliberalismo económico coloca al actual gobierno en la incapacidad de entender la importancia histórica de la Revolución Mexicana, y provoca que la celebración que organiza la administración calderonista resulte insustancial y fallida, la circunstancia nacional presente la hace, además, anticlimática. La realidad del país, después de 100 años de la primera revolución social del siglo XX, no sólo resulta parecida, o peor, a la de otras naciones de la región que no atravesaron por procesos similares, sino que también es análoga, en muchos aspectos, a la que prevalecía a finales de 1910: concentración de la riqueza a niveles insultantes y amplitud de los rezagos sociales –como acusó ayer el rector de la UNAM, José Narro–; distorsiones a la voluntad popular; vulneraciones a los derechos laborales y sindicales; negación de garantías básicas por la autoridad; claudicación de la soberanía ante los capitales internacionales y un ejercicio oligárquico, patrimonialista, tecnocrático e insensible del poder político.

Paradójicamente, las condiciones de incertidumbre, desesperanza, pobreza, desigualdad y desintegración del tejido social provocadas y acentuadas por los regímenes del último cuarto de siglo han provocado que la Revolución Mexicana se mantenga vigente en sus causas y reivindicaciones originarias, y que adquiera, después de 100 años de su inicio, la dimensión de referente ideológico imprescindible para el país. Si los ideales revolucionarios no tienen cabida en la visión estrecha y en el proyecto restaurador de la administración en turno, corresponde a la sociedad recuperarlos y encauzarlos a la superación de la desastrosa situación nacional presente.

Fuente: La Jornada

lunes, 15 de noviembre de 2010

Desigualdad en América Latina y en el Perú

Desigualad en retroceso

Aunque nuestra percepción cotidiana nos diga que todavía hay una enorme brecha económica entre ricos y pobres, un estudio sobre la desigualdad del centro de investigación Grade revela que esta ha retrocedido en el país en la última década. Uno de los expertos que participó de la investigación explica aquí los hallazgos. El fenómeno se repite en una docena de países de América Latina, que sigue siendo la región más desigual del mundo.

Por: Raúl Mendoza

Una tendencia positiva y sostenible

¿La brecha entre ricos y pobres se cierra un poco, un poquito, en el Perú? Sí. La desigualdad en nuestro país ha disminuido de 0.52 a 0.47 puntos, según el índice Gini, usado globalmente para estas mediciones. “Considerando que los países desarrollados tienen índices de 0.30 puntos, es una disminución nada desdeñable”, dice Miguel Jaramillo, investigador del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade). Aterrizando las cifras: ¿en qué se nota hoy esa reducción? “Los pobres están invirtiendo más en educación, es mayor la cantidad de gente de estratos medios bajos que acceden a educación superior, los niveles de consumo de los sectores populares han aumentado, la gente exitosa y emprendedora de los conos se muda a vecindarios de más estatus. Hay distintas manifestaciones que los sociólogos están empezando a recoger”, dice Jaramillo. También señala algunos indicadores comparativos: Por ejemplo, en 1940 apenas el 43% había ido a la escuela y solo el 5% había llegado a la secundaria. Hoy eso ha cambiado: ahora la educación primaria es casi universal y la cobertura de secundaria supera el 70%. ¿Y cómo estamos en el ranking respecto a los vecinos? En América Latina y en esta década solo Brasil, Paraguay y Ecuador han reducido su desigualdad por encima del Perú.

Considerando que nuestro país ha basado mucho de su crecimiento económico en la exportación de minerales y otras materias primas, la pregunta elemental es si esta tendencia se mantendrá cuando el ‘boom’ pase. Para Jaramillo, la reducción de la desigualdad es una tendencia ‘altamente sostenible en el tiempo’ porque los compromisos de inversión en el país son numerosos y no se prevé una caída en la demanda de materias primas en el mediano y largo plazo mientras Brasil, China y la India sigan creciendo. “En este momento la pauta económica la marca el crecimiento de muchos países emergentes. Es obvio que el crecimiento del país no debe enfocarse solo en las actividades extractivas. Es importante invertir en educación y desarrollar una base productiva más amplia”, explica.

Estos son los factores antidesigualdad

Los factores que explican la reducción de la desigualdad son similares en el Perú y otros países de América Latina: 1) Hay más recursos y capacidades para focalizar el gasto en los más pobres, y han aumentado las transferencias hacia estos sectores. 2) Ha habido un aumento de la cobertura educativa y ese solo hecho es un índice igualador. 3) La brecha salarial entre los que más ganan y los que menos ganan se ha acortado. “El tema educativo ha sido clave en este aspecto. La educación permite que haya mano de obra calificada y ello ha frenado la diferencia entre el salario de los más educados con los menos educados”, plantea Jaramillo. ¿En qué momento el Perú empezó a ser un país menos desigual? Si bien hay consenso en que la década del 80 fue una suerte de ‘década perdida’ en el Perú por fenómenos como el terrorismo y la hiperinflación, el estudio encuentra que esto empezó a revertirse en los 90 con las reformas macroeconómicas que se plantearon entonces. “Las reformas ocasionaron baja inflación y promoción de la inversión, lo que llevó a las tasas de crecimiento sostenido que hoy vemos. El año 90, el Estado recaudaba 5% del PBI y eso hoy no se puede creer. Ahora estamos cerca del 20%, lo que le permite al Estado hacer el gasto social que hace y que ha tenido una incidencia concreta en la reducción de la desigualdad”, dice Jaramillo. También señala que la apertura comercial que se dio en esos años llevó a que grupos monopólicos reduzcan su poder y se favoreciera al consumidor con acceso a mejores precios, lo que provocó una mejor distribución de sus ingresos.

El experto señala que el Estado tiene ahora un reto para los próximos años: aumentar la cobertura en educación superior para los más pobres, sin descuidar la educación básica. “Hoy existe una carrera entre la innovación tecnológica y la educación. En la medida que el Estado, el sector privado y la propia población invierta en educación, se puede ganar la batalla al cambio tecnológico y tener población mejor remunerada. La investigación económica más reciente sugiere que la formación de capital humano es clave para el desarrollo”.

Los avances son todavía incipientes

A pesar de lo anterior, para los estándares internacionales –y para los nuestros también– la desigualdad sigue siendo alta en el Perú. Uno de los factores que explica las diferencias entre los que tienen más y los que tienen menos es la llamada ‘desigualdad espacial’, que se da entre zonas urbanas y rurales. La mitad de la desigualdad en el Perú se explica por este fenómeno. “La falta de infraestructura y servicios en zonas rurales genera condiciones de vida inferiores y capacidad de producción más limitada, lo que a su vez se traduce en diferencias de ingreso”, explica Miguel Jaramillo. Las cifras dan cuenta de las diferencias entre la población urbana y la rural: el 2008 solo el 23.5% de la población urbana era pobre, mientras en la zona rural esta cifra se elevaba a 59%.

Asimismo, el 70% de la extrema pobreza se ubica en el ámbito rural. (Ojo que esta situación está en la base de muchos de los conflictos que hoy se dan en el territorio nacional). ¿Qué hacer para superar esta situación? El experto Máximo Torero, investigador del Instituto Internacional de Investigación de Políticas Alimentarias (IFPRI) precisa que el acceso a infraestructura es un componente importante en la reducción de la desigualdad, pero que eso se debe complementar con programas sociales que transfieran recursos y una buena coordinación entre sectores. “Lo que menos se encuentra en el Perú es la coordinación en la construcción de infraestructura. Los caminos deben planearse junto con el tendido eléctrico, con el acceso a postas médicas y colegios. Creo que en los últimos años se hubiera podido gastar más eficazmente”, ha señalado.

Lo interesante de esta disminución en el Perú y una docena de países de Latinoamérica es que se da en un contexto de crisis y aumento de la desigualdad en el mundo. La sufren los países desarrollados, lo mismo que China, India, Rusia o Sudáfrica. Los expertos precisan que esta ola de crecimiento económico debe servir para profundizar la tendencia. “Además de ampliar la cobertura educativa hay que mejorar los contenidos, porque muchos egresados de secundaria no están preparados para la educación superior. Y continuar la inversión en infraestructura y servicios básicos”, agrega el experto. No hay que perder de vista que este avance todavía es mínimo. La brecha no se acorta rápidamente, como dejó entrever el presidente Alan García hace unos días. Nada de triunfalismos apresurados.

Fuente: Revista Domingo

jueves, 11 de noviembre de 2010

Riesgo de jóvenes mexicanos de servir al crimen organizado

Alarmante: un millón de jóvenes mexicanos corren el riesgo de caer en las garras del crimen organizado

En este año han muerto más de 10 mil personas en ese país, de las cuáles 196 tenían entre 17 y 15 años y 30 edades inferiores

México (EFE). En México se ha formado el peor de los mundos para cerca de un millón de jóvenes pobres que, atrapados en una telaraña de falta de trabajo y de educación y ante la indiferencia de la clase política, son vulnerables al asedio del poderoso crimen organizado.

Es un número elevado, pero por fortuna se trata solo de entre el 3 y el 5 por ciento de los 27 millones de mexicanos que tienen entre 15 y 29 años, afirmó hoy a Efe Héctor Castillo Berthier, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El sociólogo llama la atención para que no se estigmatice a la juventud, puesto que es un pequeño sector el que está en situación vulnerable ante las tentaciones de un crimen organizado con poder económico para satisfacer necesidades que el Estado no le brinda y, lo que es peor, ni siquiera tiene en mente hacerlo.

Rechaza el término “juvenicidio” o afirmaciones que sitúan a los grupos juveniles como los actores centrales del fenómeno del narcotráfico.

JÓVENES SON VÍCTIMAS Y VICTIMARIOS

Lo que es un hecho es el aumento de jóvenes víctimas y victimarios en la llamada “guerra” del narcotráfico, que en cuatro años se ha cobrado en México unas 30.000 vidas de las que, según grupos civiles, 1.200 eran de menores de edad.

De las más de 10.000 muertes atribuidas este año a los cárteles mexicanos, 196 tenían entre 17 y 15 años y 80 tenían edades inferiores, según una investigación del diario Reforma.

Del otro lado, los informes policiales muestran cada vez a más jóvenes detenidos por su participación en el crimen organizado, como el reciente caso de una banda de seis muchachos, dirigidos por uno de 21 años, a quienes se les decomisó un arsenal de armas.

“El trasfondo de estos crímenes es la enorme desigualdad social que existe, la que orilla a muchos jóvenes a incorporarse a actividades delictivas”, dice Castillo Berthier, quien lleva dos décadas investigando el tema de la juventud.
Pero advierte de que la gran mayoría de los adolescentes mexicanos no está “ni cercano a las redes de la delincuencia”.

JÓVENES DESEMPLEADOS SON MÁS VULNERABLES

“No estamos hablando de un fenómeno masivo de jóvenes incorporándose a las redes de la delincuencia”, asevera, aunque reconoce que los menores que han caído en manos del crimen organizado son “carne de cañón”, fáciles de convencer porque están dispuestos a jugarse la vida.

Se ha formado un cóctel perverso en el que encajan estos jóvenes: pobres, sin opciones de trabajo o educativas, ni perspectivas de un futuro mejor, armas a bajo precio, drogas, mujeres, dinero fácil y rápido.

Castillo mencionó que en el norte de México, azotado por la violencia desde hace años, vio una pintada que resumía la puerta de salida que se le está dejando a estos jóvenes y que decía: “Prefiero morir joven y rico que viejo y pobre”.

Desde hace un par de años ha habido serios llamamientos sobre la situación de vulnerabilidad de los jóvenes y uno de los primeros en hacerlo fue el rector de la UNAM, José Narro, quien alertó sobre los llamados ‘ninis’, unos 7,5 millones de jóvenes mexicanos que ni estudian ni trabajan.

PLAN PARA ‘RESCATAR A JÓVENES’

Pidió a políticos y empresarios que se aproveche el “bono demográfico” que tiene el país con 35,5 millones de jóvenes para que se les den oportunidades de desarrollo, porque en 15 años esta situación comenzará a cambiar.

En días pasados, tras una serie de matanzas de menores de 25 años en varios puntos del país, el escritor Carlos Fuentes alertó de la fuga de jóvenes a las filas del crimen organizado y demandó “un proyecto nacional visible” para contrarrestar esta situación y dotarlos de oportunidades laborales.

“El gran peligro que veo en México es que los jóvenes mexicanos de menos de 30 años, que son casi la mitad de la población, desvíen su destino y se vayan al crimen”, dijo el autor de “La frontera de cristal”.

Por su parte, el presidente de México, Felipe Calderón, ha reconocido que “los criminales están reclutando cada vez más a jóvenes” y citó el caso de la matanza de 72 inmigrantes en el estado de Tamaulipas, en agosto pasado, donde entre los involucrados hay dos muchachos, uno de 17 años y otro de 14 años.

Por lo que dijo, es necesario “ampliar los espacios de oportunidades recreativa, culturales, educativas y de trabajo para los jóvenes”.

Para el investigador Castillo Berthier a esta situación contribuyen cuatro hechos: que la escuela dejó de ser un mecanismo de ascenso social, el desempleo, los cambios en la estructura de la familia y la ausencia de políticas públicas para recomponer las oportunidades de desarrollo para este sector.

Fuente: El Comercio

domingo, 7 de noviembre de 2010

Índice de transparencia minera y petrolera

Un nuevo índice para la transparencia minera y petrolera

Escribe: Humberto Campodónico

A menudo nos enteramos de que existen índices que miden la competitividad de los países, la mayor parte de las veces a partir de “la rapidez” con que se pueden hacer los negocios, lo que indicaría menos burocracia y, por tanto, “mayor eficiencia”.

También existen índices que miden el grado de transparencia, tomando como punto de partida las percepciones de los empresarios y de los estudios de abogados ligados a ellos. El verdadero objetivo es tratar de “medir” la corrupción gubernamental existente, la que se considera es –en gran medida– inversamente proporcional a la transparencia.

Pero hasta ahora no existía un Índice que permitiera medir la transparencia en las actividades extractivas (hidrocarburos y minería), de vital importancia para la economía mundial. Pues bien, ese vacío ha sido llenado por el Instituto de Monitoreo de la Renta Extractiva (en inglés, Revenue Watch Institute) y Transparencia Internacional a través del así llamado Indice Revenue Watch, lanzado la semana pasada, que analizó el comportamiento de los 41 países más importantes.

Dicen los autores que el comercio de petróleo y derivados representa el 15% del comercio mundial y que los “fondos soberanos” ligados a las industrias extractivas tienen US$ 2 billones (trillones, en inglés), convirtiéndoles en importantes actores de los mercados financieros globales. Se afirma, también, que el 90% de la producción de hidrocarburos en los próximos 20 años provendrá de los países en desarrollo, donde las petroleras estatales son mayoritarias.

El Informe clasifica a los países en tres pelotones. En el Pelotón 1 (el más transparente, de 67 a 100%) en los primeros lugares están Brasil y Noruega, con 97 y 96.4% (ver gráfico) seguidos de Rusia, México, Chile y Colombia. Perú está en el puesto 8. En el Pelotón 2 (de 34 a 66%), con 21 países, están Venezuela y Bolivia, en los puestos 14 y 19, con 61 y 53%. En el Pelotón 3 (de 0 a 33%), con 8 países, el de menor puntaje, no hay ningún país de la Región.

A destacar: el puesto Nº 1 de Brasil (con la estatal Petrobrás) y el Nº 3 de Rusia (hay graves acusaciones de corrupción). Que México, Chile, Colombia, Perú y Ecuador estén entre los diez primeros, así como Kazakistán y Azerbaiján. EEUU llega undécimo.

Dice el informe que el Indice Revenue Watch evalúa 7 aspectos centrales: acceso a la información, estadísticas sobre generación de ingresos, marco institucional, empresas estatales, fondos soberanos con dinero de los recursos naturales, transparencia en las transferencias a los gobiernos subnacionales y la pertenencia a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés). Cada uno de estos rubros está detallado ampliamente en los anexos del Informe.

Los autores resaltan dos hechos clave: a) que si bien una mayor transparencia ayuda a la lucha contra la corrupción, este Índice no constituye una medición de corrupción, cuestión a la que se dedican otros informes; b) que este Índice tampoco mide si la industria extractiva está contribuyendo efectivamente (o no) al crecimiento y desarrollo del país.

Para terminar, es muy importante que se publique periódicamente el Indice Revenue Watch. Segundo, que si bien Perú está entre los 10 primeros en cuanto a la transparencia de las cuentas, eso no quiere decir que estemos obteniendo los ingresos adecuados, en momentos de ganancias extraordinarias de las empresas. Para hacerlo, es necesario un impuesto a esas sobreganancias, lo que hay que poner en marcha ahora que ya termina el miserable “óbolo minero”.

Fuente: La República