Es importante destacar la nota del diario El Pueblo de hoy sábado 29 de mayo:
Particulares quieren imitar al Micaela Bastidas
... El colegio nacional Micaela Bastidas es considerado poseedor del mejor local de los planteles nacionales con sus laboratorios de física, biología, química, centro de cómputo, biblioteca virtual y sus talleres de costura y cosmetología, auditorio y servicios higiénicos. Han rehabilitado 8 ambientes de sillar y la inversión global se acercó a los 3 millones de soles, ahora hay colegios particulares interesados en aprovechar favorablemente la experiencia que ejecutó el Gobierno Regional.
Bien por la educación pública, bien por la Institución Educativa “Micaela Bastidas” y por el Gobierno Regional de Arequipa.
Décadas de operación en Moquegua y Tacna generan desconfianza
El plomizo legado de Southern
La empresa Southern tiene más de 50 años operando en nuestro país. Pero ha dejado una estela de daños ambientales que empiezan en las alturas de Tacna y Moquegua y terminan en sus costas, donde todavía se puede observar la continua muerte de especies marinas por la acción de relaves mineros. Además, las filtraciones de agua contaminada son usadas para el riego de cultivos por los pueblos que fueron desplazados por la minera.
En la bahía de Ite, media docena de cuerpos de lobos marinos en descomposición muestran los dientes como si desde el más allá, la muerte les contara una broma cruel. Pero lo que verdaderamente cuentan esos huesos blancos embarrados con relaves mineros no es una broma, sino la historia de una tragedia ambiental que empezó hace cincuenta años con la llegada de la minera Southern Perú.
Un drama que no sólo se limita a las costas de esta playa moqueguana sino que empieza a miles de metros sobre el nivel del mar, en los departamentos de Moquegua y Tacna, regiones que están recorridas por muestras de un impacto ambiental y social que la minera se empeña en ignorar.
Depredador de agua
En 1956, la empresa Southern se asentó en Tacna para producir concentrado de cobre. Usó un sistema que extrae el mineral por flotación, utilizando grandes cantidades de agua. Southern, en poco tiempo, recibió licencias para extraer el recurso hídrico de las cabeceras de cuencas de esa región, para su mina en Toquepala (Tacna) y luego en Cuajone (Moquegua). Sus licencias le permitían extraer, tanto aguas superficiales, como subterráneas.
Pero con el paso del tiempo, la utilización de agua de pozos impactó en las cuencas y en los bofedales. Un ejemplo de este efecto son los bofedales moqueguanos de Titijones, que prácticamente han desaparecido y ahora son extensas zonas resecas. Empezaron a desaparecer debido a la sobre explotación de la laguna de Suches, un espejo de agua limítrofe entre Moquegua y Tacna. Peor aún, esta laguna hace mucho tiempo que se habría secado sino fuera porque la minera excavó los pozos TP11, TP12 y TP15, con los que mantienen artificialmente el volumen de agua de esta laguna. Aún así, la merma en su nivel de agua es evidente, pero la minera sigue utilizando este recurso para los procesos en ambas minas de cobre. La minera necesita mil 700 litros por segundo de agua limpia para sus operaciones.
Un tajo social
La laguna de Suches, que la minera Southern sobre explota, es uno de los afluentes del río Huaytire, en cuyas riberas se asienta una población con el mismo nombre. Antes de la llegada de la transnacional, los pobladores de Huaytire, Gentilar y Vizcachas se dedicaban a la ganadería y alimentaban sus animales con los pastos naturales que crecían en esa zona.
Cuando empezaron a disminuir los bofedales y las nacientes de agua, sus pastos desaparecieron y empezó la migración a la ciudad. De la alto andina provincia de Candarave muchos se trasladaron a la zona costera de Jorge Basadre. Pero luego, en esa provincia, Southern ubicó su cancha de relaves, en un lugar denominado Quebrada Honda. Un espacio donde coloca los desechos que ya no le sirven en el proceso de flotación.
La materia que llega a la cancha de relaves es un barro plomo. La minera no ha canalizado la totalidad de los vertederos que llevan el material, por lo que los relaves llegan a la cancha en un riachuelo sobre la tierra desprotegida. Aunque se supone que no debería tener filtraciones, la cancha de relaves filtra grandes cantidades de agua contaminada de los relaves. Se estima que las filtraciones llegan a 800 litros por segundo.
Esta agua contaminada ha dado lugar a una irrigación llamada Pampa Sitana creada por los migrantes de los poblados de Candarave y otras zonas alto andinas, donde la minera sobreexplotó el agua. Sacando cuentas, los pobladores de pampa Sitana riegan con la que alguna vez fue su agua, pero ahora llena de minerales pesados. Lo peligroso es que muchos cultivan orégano y otras hortalizas de tallo corto, aunque también han empezado a sembrar tara. La minera se ha limitado a tratar de desalojarlos, sin resarcir los daños que originó al obligarlos a salir de su lugar de origen.
Pampa Sitana ya tiene 8 años de existencia informal, incluso cuenta con un colegio primario. Canalizaron las filtraciones y los niños juegan desnudos en el agua contaminada mientras sus madres lavan la ropa con el agua de relave.
Pero su situación podría ser peor. Sus habitantes ahora se enfrentan a la posibilidad que su irrigación desaparezca si la minera amplía sus operaciones y recupera las filtraciones que dejó discurrir irresponsablemente. En Pampa Sitana son conscientes que no pueden seguir regando con agua contaminada, pero ya no tienen a donde ir. La minera no dialoga ni les da posibilidad que se trate las filtraciones, o que les provean de otra fuente de agua.
Cementerio de cobre
Casi dos década atrás, antes que la minera hiciera su cancha de relaves, sus desechos eran arrojados directamente al mar, en la bahía de Ite utilizando 21 kilómetros del cause del río Locumba. Este daño ecológico se perpetró durante 38 años, hasta principios de la década del 90. Aproximadamente, se depositaron 119 mil toneladas por día contaminando 300 kilómetros del litoral con restos de cobre, arsénico, plomo, mercurio y otros metales que le dan una tonalidad verdosa y amarillenta a la arena de ese lugar.
El pasado miércoles, este semanario recorrió la zona infestada de cadáveres de aves y lobos marinos. Algunos parecen tener muchos años allí; y otros, llevan apenas algunos días. Pero algo igual de grave es que la minera, en un intento por ocultar este desastre ecológico, colocó una capa de tierra en varias hectáreas y en donde luego hizo crecer pasto. No obstante, en la zona existe una enorme población de ganado caprino y ovino. Estos comen los pastos contaminados y transitan por las lagunas sulfurosas llenas de restos de mineral. Lo peor es que su carne es comercializada.
Mina del hortelano
En el Puerto de Ilo se encuentra la refinería de Southern, apostada a unos metros del mar. Durante cuarenta años, las escorias que quedan de la fundición también fueron arrojadas al mar. Hasta hoy, las costas cercanas están llenas de estos desechos. La minera asegura que son inocuos, sin embargo, los pescadores de la zona aseguran que murieron las algas.
Dentro de la población ileña, muchas personas buscan cobre en la basura de la minera arrojada en la playa, para venderla. Southern coloca vigilantes para evitar que hurguen en su escoria. Por otro lado, aunque la mina ha modernizado su sistema de emisión de gases con una chimenea que, aseguran, retiene el 95 por ciento de los gases, los agricultores de Ilo, donde se siembra principalmente olivo, sostienen que por las noches la fundidora arroja humos en grandes cantidades.
Hasta hace un par de años, estos agricultores recibieron una indemnización por los humos que mataban sus plantas. Luego de la modernización de la chimenea, la minera dejó de pagar. Pero los agricultores sostienen que sus árboles quedaron gravemente afectados y piden una compensación con el financiamiento integral de un proyecto de desarrollo agrícola para la zona.
Los pasivos ambientales son una realidad aún visible y un tema que Southern debería sanear completamente antes de empezar nuevos proyectos como Tía María, en el valle del Tambo, pues la desconfianza de los habitantes de Cocachacra es comprensible. (José Luis Márquez)
Nota del editor: La información se apoya en informes ambientales realizados por el Programa de Vigilancia Social de las Empresas Transnacionales y en los estudios de la ONG Labor "Contaminación por metales pesados Tóxicos producidos por las operaciones Minero - Metalúrgicas de la SPCC". Además del recorrido del redactor y los testimonios recogidos en la zona los días martes 4 al jueves 6 de mayo.
Estudios de contaminación
En 1992 la Organización LABOR, asesorada por el Internacional Centre of Water Studies (ICWS) de Holanda realizó el estudio "CONTAMINACION POR METALES PESADOS TÓXICOS PRODUCIDOS POR LAS OPERACIONES MINERO-METALURGICAS DE LA SPCC".
Hasta entonces los relaves depositados (1,7 m3/seg) poseían una dispersión radial de aproximadamente 15 km hacia el Sur hasta el poblado de Vila-Vila y al Norte hasta Punta Picata, y la playa tuvo un ritmo de crecimiento de 40 a 60 m. por año debido a que las olas esparcen los relaves en el mar formando los mencionados depósitos en la orilla y el fondo marino.
El 55 % de estos relaves tenían contenido sólido. Los principales elementos y sustancias contenidos en los relaves eran Cobre, Plomo, Mercurio, Zinc, Fierro, Sílice, Cianuro, grasas, etc. Aproximadamente unos 300 km2 de la Bahía de Ite quedaron contaminados.
Malestar. Alcaldes y empresarios exigen Gasoducto Sur, Majes II e Interoceánica. Y el 25 de mayo se reunirán en Ilo todos los alcaldes del sur para abordar el tema vital para su desarrollo: la construcción del Gasoducto Sur Andino.
María Eugenia Salas. Arequipa.
Arequipa se cansó de las constantes postergaciones que recibe del gobierno, ahora exigirá explicaciones sobre los principales proyectos de desarrollo de la región.
Las autoridades buscan una reunión con el presidente Alan García Pérez para pedirle explicaciones sobre la ejecución de obras como el Gasoducto Sur Andino, Majes Siguas II, Interoceánica, Sistema Integral de Transportes (SIT) y la planta de tratamiento de aguas servidas.
A pisar el acelerador
Ayer un conjunto de autoridades, empresarios y representantes de la sociedad civil respondieron al llamado del alcalde provincial de Arequipa, Simón Balbuena Marroquín, quien preocupado por la lentitud con la que avanzan las obras los convocó en el Salón Consistorial con la finalidad de tomar decisiones de cómo pisar el acelerador para sacar adelante los megaproyectos.
En la primera cita participaron 62 personas de 12 instituciones, cuatro alcaldes distritales, el representante de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, entre otros dirigentes. La próxima reunión será la siguiente semana y allí contarán con la presencia del presidente regional Juan Manuel Guillén Benavides.
Para entonces, el burgomaestre arequipeño confía en tener la fecha de la cita con el jefe del Estado. Aseguró que la conversación la gestionan al más alto nivel a través de dos interlocutores que tienen cercanía al mandatario.
“Queremos explicaciones”
Balbuena destacó que agotarán el diálogo. “Nada de paros”, remarcó. “Queremos explicaciones de las gestiones concretas que realiza el gobierno central a fin de respaldar los megaproyectos. Pedimos que nos hablen claro”, señaló.
Uno de los puntos principales de la agenda es el Gasoducto Sur Andino. En este sentido, le pedirán a García que publique los contratos suscritos sobre la exportación del gas, registrados desde el gobierno de Alberto Fujimori.
“Queremos saber por qué se modificaron los contratos y las razones por las que pretenden postergar la demanda interna”, dijo.
Sin Proinversión
El burgomaestre adelantó que en la reunión con García le informarán que quieren fuera a Proinversión del proyecto Majes Siguas II, argumentando que esta entidad demostró que no pudo llevar adelante la licitación internacional.
Destacó que otra de sus preocupaciones, y quizá la principal, dentro de su gestión como alcalde, es la viabilidad al Sistema Integrado de Transportes (SIT) que es la modernización del servicio de transporte público.
Durante la reunión dicen que al margen de los sucesos de Chala, donde murieron seis personas, y el paro de Islay, Arequipa, fue una de las regiones que reportó menos conflictos sociales y, en ese sentido, no entendían por qué no recibían la atención del gobierno.
Antonio Gamero, secretario del Apra en Arequipa, sacó cara por su partido. Aseguró que al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) le faltó capacidad de gestión para conseguir que Matarani sea zona geográfica para la construcción de un complejo petroquímico. Ello hubiera facilitado de llegada del gas al sur.
Considera que el GRA tiene responsabilidad sobre las dudas sobre la construcción del Gasoducto Sur Andino. También reconoció que el MEM hace mal en priorizar la exportación del carburante a México.
Reacciones
"Esta es una gran oportunidad para demostrar que la ejecución de los proyectos está por encima de las diferencias ideológicas”.
Wuilber Mendoza Alcalde de Socabaya
"Los últimos gobiernos siempre han tenido postergada a Arequipa y en general a todo el sur. Ya es momento de hacernos escuchar para acelerar los proyectos”.
Justiniano Apaza Ordóñez Dirig. Nacional de camioneros
En Ilo definirán defensa del gas
Este 25 de mayo todos los alcaldes del sur del Perú sostendrán una reunión para analizar la construcción del Gasoducto Sur Andino y la posibilidad de que el gas de Camisea sea exportado a México. La reunión se realizará en la ciudad de Ilo.
El alcalde de Arequipa, Simón Balbuena Marroquín, informó que ya tuvo una comunicación previa con su homólogo de Ilo, Jorge Mendoza Pérez.
También dialogó con los alcaldes de Puno, Tacna y Moquegua. Luis Butrón, Luis Torres, Julio Díaz Palacios, respectivamente.
”Se convocará a todos los alcaldes para analizar la marginación del sur del Perú”, indicó Balbuena.
El sur se levanta. Autoridades y gremios de la Convención (Cusco) anuncian un paro de tres días. Crece el rechazo a la exportación debido a la paradoja de que el gas de Camisea llegará primero a México que a la región productora de este valioso recurso.
La República. Corresponsales.
El sur se calienta. Ante la inminencia de ver escapar el gas natural de sus propias tierras –pues el proyecto exportador empezará en junio próximo– las autoridades y representantes gremiales y de la sociedad civil de la provincia cusqueña de La Convención, donde se encuentra el yacimiento del gas de Camisea, aprobó acatar un paro preventivo de 72 horas los días 18, 19 y 20 de mayo.
Si las cosas siguen como están, y el gobierno no hace nada, el gas llegará primero a México que a las poblaciones de donde se extrae este valioso recurso.
La intención de exportar el gas y con ello truncar la construcción del Gasoducto Andino del Sur exigida por las regiones Cusco, Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna, motivó la reacción de los convencianos.
Marco Chalco de la Cuba, alcalde de La Convención, rechazó la postura del ministro Pedro Sánchez, por mostrarse a favor y blindar la exportación del gas antes de satisfacer la demanda interna.
Dijo que en lugar de promover el desarrollo de los pueblos del interior del país, pretende arrebatarles la principal fuente de desarrollo que existe en la macrorregión sur.
Proyecto podría retrasarse
Explicó que hay suficientes argumentos para la jornada de lucha. “Todos ciframos nuestras esperanzas en el ducto para el sur, pero ahora está en peligro”, subrayó.
La autoridad edil pidió a la empresa Kuntur ejecutar la obra, y al presidente Alan García Pérez, cumplir con su compromiso del 28 de julio del 2009, cuando prometió priorizar la demanda de gas en el país.
Al igual que el presidente regional, Hugo Gonzales, Chalco de la Cuba consideró que es responsabilidad del Congreso trabajar una norma para “impedir la exportación del gas de los peruanos”.
La Federación de Campesinos de Lares y Yanatile, (Fepcacyl) emitió un pronunciamiento condenando al ministro Sánchez (también cusqueño) por empeñarse en la búsqueda de argumentos legales para justificar la exportación del gas.
Evalúan demanda legal
Los presidentes del sur evalúan formular una demanda legal que iría acompañada de una medida cautelar para evitar que el combustible sea llevado al mercado externo.
Juan Manuel Guillén, presidente regional de Arequipa, adelantó que hoy los similares de Puno y Tacna, Hernán Fuentes y Hugo Ordóñez, respectivamente, coincidirán en Lima y allí ya estarían avanzando en tomar esta decisión.
El argumento legal al que recurrirían sería el informe del estudio de abogados Payet, Rey y Cauvi donde destacan que Transportadora de Gas del Perú (TGP) tiene exclusividad para trasladar el recurso del Lote 88 por 10 años desde el inicio de la operación comercial (2004).
Por lo tanto, no se podría movilizar por este ducto el gas del Lote 56 hasta el 2014.
Interpelarían al ministro
En lo que parece el inicio de una nueva lucha por el gas, Guillén adelantó que coordinarán con los congresistas del sur con la finalidad de solicitar la interpelación del ministro Pedro Sánchez, pues lejos de defender los intereses nacionales, prefiere priorizar la demanda externa antes que la interna.
Claves
Presión. En el 2009 los mandatarios regionales lograron arrancarle al gobierno el compromiso de garantizar 1 trillón de pies cúbicos de gas (TCF) para el Gasoducto Andino del Sur.
No alcanza. Sin embargo Kuntur Transportadora de Gas considera que la garantía de 1 TCF para el ducto sureño es insuficiente, pues el proyecto requiere de 5 TCF para un abastecimiento por 25 años. La mitad de las reservas de Camisea serán exportadas a México.
Cruce de fechas en el propio gobierno
Aún se mantiene la incertidumbre sobre el proyecto del Gasoducto Andino del Sur. Pese a que inicialmente se tiene previsto que la construcción del ducto se inicie el primer trimestre del 2011, los ejecutivos de Kuntur -la empresa a cargo de la concesión- señalaron que “la construcción no se iniciará mientras no se garantice el suministro (de gas natural) para el proyecto”.
Asimismo, la falta de precisión en los anuncios gubernamentales elevan el malestar entre la población y el sector empresarial. Ayer el presidente Alan García señaló que en junio se anunciaría la fecha para la construcción del gasoducto.
Sin embargo, en la víspera el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, en entrevista con La República señaló que la fecha recién se conocerá en julio, cuando Kuntur presente el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto.
La pretensión del arzobispo Cipriani de intervenir y controlar la Universidad Católica quedó fortalecida con la decisión del Tribunal Constitucional que declaró infundado el recurso de amparo presentado por la PUCP. De llegarse a consumar este propósito, la enseñanza en esta universidad, signada por su espíritu librepensante, por el desarrollo del pensamiento crítico y por una formación inclusiva, humanista, liberada de dogmas y prejuicios, corre serio peligro. Aquí algunos docentes y estudiantes expresan sus justificados temores sobre lo que se perdería con la intromisión cardenalicia.
Por Ghiovani Hinojosa
Una amenaza fundada se cierne sobre las aulas de la Universidad Católica. El arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, pretende administrar no solo el patrimonio de esta casa de estudios, sino también la enseñanza académica. Y es que si Walter Muñoz Cho, el abogado designado por él en la Junta Administradora de bienes dejados por José de la Riva Agüero, gana el juicio que se ventila actualmente en la vía civil, el arzobispo tendría capacidad dirimente en cualquier tipo de controversia al interior de la institución. Así, Cipriani estaría habilitado, por ejemplo, para exigir reformas de los planes de estudios, reorientar el estilo de las cátedras y prescindir de muchos docentes. El pensamiento crítico y la tolerancia a la diferencia, valores democráticos que han caracterizado por décadas la formación en esta universidad, podrían verse acorralados por la visión conservadora y e intolerante del cardenal Cipriani.
¿Chau estudios de género?
Tanto profesores como alumnos de la PUCP piensan que una de las primeras áreas académicas que serían cuestionadas y eliminadas si Cipriani gana el juicio que, a través de Muñoz Cho, se ventila en el 16 juzgado civil de Lima, son los estudios de género, vinculados a la autonomía de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos y la reivindicación del placer. En la Católica se puede llevar un diplomado o maestría en género, y hay varios cursos de la misma temática en las facultades de Letras y Ciencias Humanas. La escritora e historiadora María Emma Mannarelli, coordinadora del Programa de Estudios de Género de la Universidad San Marcos, explica por qué un veto eclesial en este caso es más que probable. “Para el ala conservadora de la Iglesia Católica el sexo es abominable, de allí su ataque a todo tipo de métodos anticonceptivos. Los estudios de género, que critican la subordinación femenina y cuestionan la jerarquía en las relaciones sociales, son para ellos la encarnación del mal; lo han dicho muchas veces. El Vaticano sataniza a las mujeres que reclaman autonomía y reivindican sus derechos”, sostiene.
Pero Mannarelli también ensaya la hipótesis de que debajo de las pretensiones cardenalicias subyace una simple sed de poder. “El control de la sexualidad de las mujeres por parte del catolicismo le permite a sus autoridades tender una alianza con los pequeños y grandes patriarcas del país. Tal vez Cipriani no esté buscando un gran púlpito desde el que pueda dirigirse a la sociedad, sino sencillamente fortalecer una alianza con ciertos sectores conservadores”, opina. De cualquier forma, lo que está en juego es la suerte de uno de los escasos focos de pensamiento crítico del Perú, ese que en los noventa, mientras San Marcos y otras universidades mostraban fuertes sesgos ideológicos, mantuvo su neutralidad académica y se opuso democráticamente a los gestos autoritarios del gobierno de Alberto Fujimori.
Derechos humanos, esa cojudez
“¿Alguien puede sostener en el país que no hay que proponer estrategias para reducir la discriminación étnica, social y económica? ¿alguien está en contra de concientizar a la sociedad para que no deteriore el planeta? ¿quién está a favor de la violación de los derechos humanos?”. Las preguntas del filósofo Augustro Castro, director del Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas de la PUCP, son intencionalmente ingenuas. Castro pretende demostrar con razonamientos básicos que las líneas de trabajo de la Universidad Católica sintonizan con el sentido común de los peruanos. El Centro de Análisis y Resolución de Conflictos, la campaña publicitaria “Clima de Cambios” y el Instituto de Democracia y Derechos Humanos (IDEHPUCP) son esfuerzos concretos de esta institución por comprometerse con la vida nacional.
No hay que olvidar que varios de sus profesores, entre ellos el ex rector Salomón Lerner Febres, el jurista Enrique Bernales y el sociólogo Rolando Ames, integraron la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) que el 2003 entregó al país un Informe Final que ahonda en las causas y consecuencias de la violencia política. Tampoco podemos olvidar que este documento, en su capítulo referido al rol que jugaron las organizaciones sociales, describe al entonces obispo de Ayacucho Juan Luis Cipriani como un descreído de los derechos humanos. Así, el informe cuenta, por ejemplo, que Cipriani se expresó a favor de la pena de muerte a Abimael Guzmán y respaldó la amnistía a los miembros del Grupo Colina durante el fujimorismo; además de registrar la desafortunada frase que soltó en una entrevista en 1994: “…la Coordinadora de Derechos Humanos, esa cojudez”. “A sabiendas de que no era políticamente correcto, la Católica asumió el riesgo de decir muchas verdades que estaban tapadas. Porque la tarea de un académico es decir la verdad aunque se caiga el mundo. Eso es pensamiento libre”, recalca Augusto Castro.
Justamente, por el desinterés que el arzobispo de Lima muestra frente a los derechos humanos es que las autoridades del IDEHPUCP se consideran un blanco inmediato de ataques en una eventual administración conjunta entre él y las autoridades universitarias. La abogada Rocío Villanueva, su nueva directora, precisa que la contribución que hace este órgano con la sociedad peruana se mide no sólo en términos de investigación académica, docencia y capacitación de funcionarios públicos, sino también a través de la promoción de reformas legislativas. Así, lograron la aprobación de las leyes 29248 y 29312, que cubren vacíos jurídicos del ejercicio del derecho a la identidad, y aguardan por estos meses que el Congreso debata su proyecto de ley sobre una nueva política nacional de salud mental. Un trabajo que corre el riesgo de interrumpirse por la intolerancia del pretendido nuevo administrador.
No me gustas, pero te respeto
Cuando el joven Walter Albán ingresó a la Facultad de Derecho a inicios de los setenta, se vivía allí una fuerte ebullición intelectual. Los “Wisconsin boys”, un grupo de noveles abogados que se habían formado en nuevas metodologías de enseñanza de las leyes en los Estados Unidos, protagonizaban larguísimos debates teóricos con los guardianes del conservadurismo profesal, docentes de antaño que defendían la ‘charla magistral’ y evitaban la participación de los alumnos en clase. “La controversia se ventiló públicamente, pero con mucha altura y respeto por la idea diferente e, incluso, contraria”, recuerda Albán, ya ahora convertido en el decano de la facultad.
El reconocido pluralismo de la Universidad Católica sigue vigente. Lo demuestra la sana convivencia en sus claustros de dos posturas divergentes sobre las ciencias sociales y el rol del académico. Por un lado, los sociólogos Sinesio López y Nelson Manrique, de formación marxista, reivindican su compromiso político, y, por el otro, un grupo de jóvenes sociólogos encabezado por Martín Tanaka y entre los que figuran Alberto Vergara, Carlos Meléndez y Eduardo Dargent, privilegian el dato estadístico en las indagaciones y optan por ubicar al investigador como un analista de la realidad. Bienvenidos todos, es la premisa básica. De allí el temor de que el cardenal Cipriani no sea un buen anfitrión: “Su posición entraña el fin de la universidad como un espacio de argumentación libre. Se trata de una visión autoritaria que incita a la sumisión miedosa en vez del diálogo razonado. La historia nos enseña que hay una afinidad profunda entre la pretensión de tener el monopolio de la verdad, el desprecio por el otro y la violación de las leyes”, analiza Gonzalo Portocarrero, profesor de la Maestría en Estudios Culturales, también candidata a la censura en un eventual cogobierno eclesial.
Aclaración final
No se trata de idealizar a la Universidad Católica ni de cerrar los ojos frente a sus aspectos cuestionables. En octubre pasado, por ejemplo, un sector de los trabajadores administrativos protestó porque aducía que no se les había aumentado los salarios en la misma proporción que a los directivos. “Con sus fallas, con sus defectos, con sus argollas, la PUCP encarna una vocación de hacer universidad que va más allá de la ‘producción de profesionales’. Tratamos, con honestidad y dedicación, de ser una buena universidad en el gran sentido de la palabra; lo intentamos todos”, dice Eduardo Villanueva, profesor de Comunicaciones. Ojalá también que Cipriani comprenda que la idea diferente, las novelas sin Dios y los polos con tiritas no perjudican el desarrollo de una clase, sino más bien reflejan la maravillosa libertad que tiene el ser humano.
Batalla judicial pendiente
“¿El padre Dintilhac (antiguo rector de la PUCP) estaría satisfecho de ver hoy cómo se está manejando el criterio de igualdad en relación a los sueldos y pensiones, a la diferencia entre los directivos y los demás?”, preguntó el cardenal Juan Luis Cipriani recientemente en su programa radial “Diálogo de Fe”. Si bien ha ganado la batalla en el Tribunal Constitucional, todavía le falta triunfar en el frente principal: el 16 juzgado civil de Lima. Allí se han fusionado dos procesos judiciales –uno promovido por el rector de la Católica, Marcial Rubio, y otro por Walter Muñoz Cho– en el que se interpretará los testamentos que legó José de la Riva Agüero y se decidirá si se revisa el acuerdo de la junta de 1994 de eliminar toda capacidad del Arzobispado para decidir sobre los rumbos de la universidad. Como la sentencia del TC, en una grave violación de sus propias facultades, analiza estos últimos puntos, se espera que la Católica haga lo posible por evitar que el juzgado civil oriente su sentencia en base al fallo del Tribunal Constitucional. Se calcula que el proceso en la vía ordinaria duraría entre dos y tres años.
El profesor Cipriani
Una clase con el cardenal Juan Luis Cipriani como profesor podría estar signada por el silencio sepulcral. Los brazos cruzados y la mirada en el vacío, sus discípulos sometidos a una seguidilla de sermones político-religiosos sobre el desenfreno del mundo contemporáneo y las fuerzas del mal que empujan a todo convicto defensor de los derechos humanos. “Lo primero que haríamos al entrar al aula sería una ‘reflexión matutina’, un espacio para comentar las razones para oponerse a los matrimonios homosexuales, los medios de comunicación azuzadores y las píldoras del día siguiente”, imagina Renato Constantino, estudiante de Derecho y presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica.
Si alguien alzara la mano para mostrarse disconforme con alguno de los dogmas ventilados, su pretensión rebotaría en las cuatro paredes del salón. Así lo sospecha Renato: “Cipriani evitaría discutir con frases como ‘Es una revelación divina’, ‘El Señor lo ha querido así’ o ‘Esto excede tu entendimiento’”. La bibliografía escrita por el cardenal docente en la pizarra tendría una serie de omisiones. Tratados socialistas de Karl Marx, perturbadoras novelas existencialistas de Jean Paul Sartre y manifiestos católicos alternativos de Gustavo Gutiérrez, formarían parte de una lista negra de obras cuya lectura se buscaría desincentivar. Esto no se buscaría ejecutar a través de prohibiciones expresas, algo escandaloso en tiempos liberales, sino a partir de sutiles hostigamientos en clase dirigidos a aquellos que pecan de excesiva curiosidad intelectual, como ocurre en los centros educativos conservadores.
