Dudosa elección del Consejo de Coordinación Regional de Arequipa

Dudosa elección del Consejo de Coordinación Regional

La farsa de la participación ciudadana

El Consejo de Coordinación Regional (CCR) es uno de los mecanismos creados para que los ciudadanos participen del gobierno de sus localidades. Allí se eligen a 5 representantes de la sociedad civil, cada dos años. Este año esta elección ha sido cuestionada, sobre todo por el modo cómo fue elegido uno de los consejeros: el conocido dirigente del Cono Norte, Felipe Domínguez Chávez.

Las elecciones se realizaron el 15 de febrero. Domínguez Chávez integraba la lista Nº2. Esta lista ganó por 38 votos, contra los 16 votos de la lista 1. El número de votos que eligieron a la lista de Domínguez es casi el mismo número de asociaciones del Cono Norte que se inscribieron para participar en el proceso de elección del CCR, a última hora. Domínguez Chávez es el consejero que representa al sector productivo de la región, cuando no es precisamente conocido por sus actividades productivas. "Yo represento a las Mypes. En el cono norte, tengo un restaurant, además de mi oficina de asesoría contable y una imprenta", indica.

El CCR es un órgano consultivo y de coordinación. Su principal actividad es la concertación del Plan de Desarrollo Concertado Regional, como del Presupuesto Participativo Regional.

INSCRIPCIÓN MASIVA

Del 16 al 30 de diciembre era el plazo de inscripción de las organizaciones para la elección del CCR. Un día antes de cumplirse el plazo, los formularios de las agrupaciones que integran la Asociación de Talleres y Microrempresas "Parque Industrial Señor del Gran Poder" del Cono Norte, cayeron como lluvia en el gobierno regional. El presidente de esta asociación no es otro que Felipe Domínguez Chávez a quien el gobierno regional ha denunciado por invasión en los terrenos que ocupa, precisamente, esta asociación.

En total, 27 asociaciones de pequeños industriales y asociaciones de vivienda del "Señor del Gran Poder", se inscribieron una por una, en lugar de hacerlo a través del gremio que las integra a todas. No es todo, ya que incluso la propia asociación "Señor del Gran Poder" también se inscribió. Además de presentarse el mismo día, todas presentaron el mismo modelo de solicitud de inscripción y curiosamente, todas llevaron a cabo, el 17 de enero, la asamblea para elegir a sus delegados para la elección de los representantes ante el CCR.

No son las únicas. Asociaciones que conforman el Fredicon también se disgregaron para inscribirse una por una. En total, nueve asociaciones de viviendas-taller, incluido el Fredicon (Frente de Defensa e Integración del Cono Norte). Algunas se inscribieron posteriormente, aprovechando la ampliación al cronograma de inscripción que hizo el gobierno regional. En total 37 asociaciones, ligadas a Domínguez, llegaron a inscribirse, lo que evidentemente facilitó su elección ante el CCR.

SIN REPRESENTACIÓN REGIONAL

La mayor crítica a este proceso electoral es haber permitido la masiva inscripción de asociaciones cuyo ámbito de acción es sólo el distrito de Cerro Colorado y no tiene influencia regional. Es la primera vez que se da una inscripción de este modo, indica José Callo Choquevilca, jefe de la oficina regional de Planeamiento y Desarrollo Institucional y coordinador de este proceso. "Pero no podíamos impedírselo", señala.
Callo explica que las asociaciones cumplían con los requisitos establecidos en el reglamento de elección de los miembros del CCR. Es decir, tener 3 años de actividad institucional comprobada y personería jurídica inscrita en Registros Públicos. "Me enjuician si no los inscribo", comenta.

Eso es todo, porque el reglamento aprobado el año 2009 se ha flexibilizado para lograr mayor participación ciudadana. Sin embargo, el mismo reglamento establece en uno de sus principios, la representatividad regional, lo que el gobierno regional debe garantizar.

Cabe mencionar que en el año 2007, se negó la participación del Comité Ampliado de Defensa (CAD) argumentando que no tenían representatividad regional. Tuvieron que pedir una reconsideración. El reglamento de ese año también establecía representación de nivel regional y hasta provincial.

DOBLEMENTE CONSEJERO

Pero hay una irregularidad más. La norma establece que los representantes de la sociedad civil que ya participan en un Consejo de Coordinación Local (municipal), ya no pueden hacerlo en el CCR. Pero en el caso Domínguez, tanto él como el gobierno regional, obviaron este detalle.

Felipe Domínguez Chávez es miembro del Consejo de Coordinación Local de Cerro Colorado, desde el año 2008. Su representatividad recién termina en junio, cuando se convocará a nuevas elecciones, según afirma Giovanna Monje Coha, gerenta de Planificación y Presupuesto de Cerro Colorado. Sin embargo, en febrero fue electo miembro del Consejo de Coordinación Regional.

En el gobierno regional no cotejaron la información. José Callo se justifica diciendo que se debe a que los municipios no cumplen con remitirle las listas de los miembros de sus Consejos de Coordinación Local. De este modo se manejan los mecanismos de participación ciudadana, los que al parecer sólo funcionan en el papel, pues tampoco hay mucho interés por parte de la sociedad y las autoridades por hacerlos realmente efectivos. (Milagros Tairó)

Respuesta y vivezas

Para Felipe Domínguez, la inscripción masiva de sus gremios es un símbolo de la organización que ellos tienen. "Así como yo, otras organizaciones se han podido inscribir uno por uno", dice. Argumenta que sus gremios siempre están detrás de los procesos que permiten la participación ciudadana, para aprovecharlos al máximo y conseguir obras para sus sectores.

Lo que sí admite es que es la primera vez que les admiten la inscripción de este modo. "No sé por qué hacen tanto problema, si sólo somos un órgano consultivo y no nos pagan nada", afirma.

Sobre los problemas que tiene su asociación "Señor del Gran Poder", acusada de invadir terrenos del Parque Industrial de Río Seco, niega este delito, aunque existe un proceso judicial en su contra seguido por el propio gobierno regional. "Yo tenía una resolución, pero por ser fujimorista me la anularon", dice.

Datos

• Los otros integrantes del CCR son: Martín Sanca, representante del sector educativo; Alberta Chávez Velázquez, del sector ocupacional y social; Melva Silva, del sector servicios; y Oscar Laura, del sector empresarial y industrial.

• Sus otros miembros según ley son los alcaldes de las 8 provincias de la región y lo preside, Juan Manuel Guillén, por ser presidente regional.

Fuente: El Búho

Tía María SÍ, pero en condiciones técnicas que respeten el Medio Ambiente

Hemos recibido el correo electrónico del Ing. Elmer Pinto que a continuación presentamos, desde este espacio nos sumamos a su pedido: “Minería SI, Proyecto Tía María SI, pero en condiciones técnicas que respeten el Medio Ambiente, socialmente responsable y beneficio compartido-equitativo”:

Estimados Amigos,

Gracias por sus comentarios y aportes respecto a nuestra Propuesta: "Proyecto Tía María una posibilidad de Inversión con Desarrollo Compartido". Seguiremos recibiendo sus aportes para generar una Propuesta de consenso, por este motivo les envío un resumen de los aportes y comentarios recibidos últimamente.

Creo que es una obligación moral de los Tambeños, de los ciudadanos de la provincia de Islay, de la región Arequipa y de todo peruano, opinar y manifestar sus aportes ahora, pues el Valle de Tambo, con el desarrollo del Proyecto Tía María, va a cambiar en todos los sentidos, pero como lo esta planteando la Empresa Southern Perú Cooper Corporation (SPCC), la situación va para mal.

Pregunta: Si no opinamos los dueños de casa, que somos los directamente afectados, entonces debemos aceptar la opinión y decisiones de los foráneos y/o de los técnicos de SPCC?.

SITUACIÓN ACTUAL DEL DESARROLLO DEL PROYECTO TÍA MARÍA:

Hace un par de días tuvimos una reunión técnica en la Sede del CIP CDA entre los integrantes de la Comisión Especial del Proyecto Tía María del CIP CDA, la Autoridad Local del Agua y Representantes de la Empresa SPCC. En esta reunión se escucho la exposición de los representantes de SPCC, los cuales insisten en su posición de tomar agua del subsuelo y anunciaron como novedad: que participarían del financiamiento de la construcción de la Represa de Paltiture con una capacidad de 40 MM3 (ya no de 30MM3). Los técnicos de SPCC así como sus directivos, están cerrados en que la mejor alternativa es tomar agua subterránea, con ubicación de pozos aguas arriba de Cocachacra, cabecera del Valle, situación que afectaría las filtraciones de agua que aparecen en el mismo cauce del Rio y que son captadas aguas abajo en la Tomas Santa Ana de Quitiri y San Juan de Catas, para regar los terrenos de cultivo en Punta de Bombón y sus anexos, entre los meses de Agosto a Diciembre. Esto, mientras se construye la Represa Paltiture, para la cual la Empresa SPCC financiará su costo, pero como ellos mismos lo dijeron la ejecución estará a cargo del Gobierno Central y como ellos mismos lo dejaron entrever esto va a tomar su tiempo, pues la parte de cuenca del Rio Tambo a ser represada en parte se encuentra en Moquegua, para lo cual de acuerdo a las leyes se tiene que coordinar con la Región Moquegua la construcción de la Represa, situación de acuerdo social que no tiene fecha, como esta sucediendo con el Proyecto de Represa Angostura, entre Arequipa y Cuzco. Por lo que las posibilidades de que se construya la Represa por parte del Gobierno Central son casi nulas.

Pregunta: Que Tambeño cree que el Gobierno Central o SPCC construirá la Represa una vez que tenga operando los pozos de agua subterránea? La promesa de los candidatos-Presidentes de construir una Represa para Tambo data de hace 50 años. Y SPCC aceleró su PAMA cuando se dio cuenta de la importancia del proyecto Tía María, de lo contrario seguiría contaminando la fundición de Ilo. Por lo que la Empresa SPCC no solo tiene una trayectoria de ser una Empresa que ha contaminado el Medio Ambiente sino que ha hecho uso y abuso de los recursos naturales de nuestro País, por lo que no tenemos confianza en lo que promete.

En la exposición del ing. José Paredes, representante de la Autoridad Local del Agua (ALA) Tambo, lo mas impactante fue su anuncio: "que la Empresa SPCC habiendo presentado su Estudio Hidrogeológico en su despacho, había sido remitido a la Sede Central del ANA (Autoridad Nacional del Agua) para su revisión pues en su despacho no contaba con los técnicos especialistas en Hidrogeología para hacer la revisión y calificación respectiva, es en ese sentido, que habiendo transcurrido el tiempo establecido por Ley, la Sede Central del ANA en Lima, había aprobado hace unos días, el Estudio Hidrogeológico, estando listo para que en coordinación con el MEM se otorgue la Licencia de uso de Aguas Subterráneas, hasta por 225 l/seg. Con ubicación de pozos, en las cabeceras del Rio Tambo.

Pregunta: Quienes y que nivel tienen los técnicos del ANA que sin conocer y hacer las comprobaciones de campo dan una aprobación de un Estudio Hidrogeológico?

El Estudio Hidrogeológico presentado por SPCC, tiene como columna vertebral un Estudio Geofísico con cuyos resultados de resistividad han sido relacionados con la “Ley de Darcy” de donde concluyen, los técnicos de SPCC, un volumen del acuífero, debajo del cauce del Rio Tambo, de 160 Millones de m3.

Los Ingenieros geofísicos sabemos que los estudios geofísicos mediante Sondajes Eléctricos Verticales (SEVs) son métodos indirectos de medición por lo que sus resultados constituyen aproximaciones y de ninguna manera sus resultados son cuantitativos por lo que no se puede usar los resultados de un Estudio de Geofísica para determinar el volumen de un Acuífero.

Por otro lado, la forma de actuar (actuación a nivel de Lima: congresistas, Ministros, Viceministros, Directores y Lobbies en diferentes instancias y medios de comunicación), y los planteamientos técnicos de los representantes de la Empresa SPCC, son por demás indignantes respecto al trato a la Sociedad del Valle de Tambo, técnicamente incompatibles respecto al Medio Ambiente y Mezquinos socialmente. En lo personal pienso que el desarrollo del Proyecto Tía María esta en un alto riesgo de no desarrollarse, por la polarización extrema de las partes, generada por los encargados del Proyecto Tía María, situación que perjudica a todos. Actualmente, todo el Valle de Tambo paralizado, con pérdidas directas para los agricultores y los habitantes de la Provincia, situación en la que nunca debió estar nuestra provincia, si es que se hubiera hecho una buena “Linea Base” y se hubiera actuado con sinceridad, transparencia y honestidad.

Pregunta: quien es responsable de las pérdidas de los agricultores y de los ciudadanos de la provincia de Islay en acciones necesarias para defender sus recursos?

Los funcionarios de SPCC dicen que la Empresa invertirá $950 millones de dólares:

1) En maquinaria pesada Caterpillar y Equipos: $550 millones de dólares.

2) En construcción de Infraestructura: $350 millones de dólares.

3) En materiales como Cemento y fierro $49.9 millones de dólares.

Pregunta: Cuanto se invertirá directamente en la Provincia de Islay y como?

Los funcionarios de SPCC dicen que la Empresa generará 2000 puestos de trabajo:

1) Las compañías encargadas de hacer el montaje de Plantas traen su personal técnico calificado y de confianza.

2) Las compañías constructoras de infraestructura, carreteras, PADs, Lineas de alta Tensión, etc. Traen su personal técnico calificado y de confianza.

Pregunta: Cuanto de mano de obra local, de Cocachacra y de la Provincia de Islay, va a demandar la construcción y operación de la Mina Tía María.

Después de haberse beneficiado con la toma arbitraria de posesión de grandes extensiones de terrenos de la provincia de Islay, que por posición y tradición pertenecen a los Tambeños, sin el mínimo respeto a sus pobladores y autoridades, toma de posesión abusiva y arbitraria, ahora pretenden tomar el agua de la población, sustracción ó toma “legal” de un bien que le pertenece a la población de la provincia de Islay. En un gran sector del Valle y en gran parte del año falta agua para regar los terrenos de cultivo, en especial en Punta de Bombón y que en la actualidad constituye un recurso estratégico y vital para la humanidad en cualquier parte del Planeta, pero más aún en una zona desértica como es el sur del Perú.

Como comentario personal, quiero manifestar mi indignación por el accionar de los representantes de la Empresa SPCC, en especial de los Ings. Huallqui, Oscar Chacón, José de Pierola y del Sr. Rolando Visseti, quienes han demostrado una pérdida de la razón, un estrecho sentido común, y un reducido margen de sensibilidad social. No han considerado el daño causado durante 30 años a los agricultores por los humos de la Fundición de Ilo y no consideran en su EIA, la real dimensión del impacto al medio ambiente en los siguientes campos:

1) Uso de agua subterránea con perjuicio directo a agricultores de Tambo.

2) Emisión de material particulado PM 10 a PM 2.5 en los cultivos del Valle.

3) Emisión de gases de efecto invernadero por el uso masivo de grandes volúmenes de material explosivo y del parque automotor de la maquinaria pesada de la Mina.

4) Expropiación de grandes extensiones de terreno de la Provincia limitando el desarrollo geográfico de la Provincia de Islay.

5) Rotura del equilibrio social actual de la Provincia.

6) Incremento de tránsito de vehículos en las vías del Valle con el perjuicio de las costumbres y actividades de los agricultores y ganaderos. Se elevará el indicé de Strest, contaminación y de accidentes en la Provincia.

7) Perdida de la tranquilidad y paz propia de la sociedad del Valle y la Provincia, con el consecuente incremento de Strest y violencia.

8) Aumento sin control ni planificación de la población que vendrá atraída por la actividad minera. Ellos generan el problema y nosotros tenemos que solucionarlo.

Pregunta para estos señores profesionales: Hay alguna posibilidad de desarrollo social en estas condiciones para las futuras generaciones? Que posibilidades les dejamos a las futuras generaciones? Acaso la pugna indigna de ser uno de los 300 trabajadores a nivel regional, ó uno de los 600 a nivel nacional que se disputaran un cargo para lo cual tiene que sacrificar sus principios y valores de personas?

Los técnicos de la empresa SPCC, valiéndose de su capacidad y experiencia técnica en sus respectivas especialiades, quieren demostrar cientificamente a los agricultores del Valle de Tambo, que el agua sobra y que la usan mal y que ellos tienen derecho a tomarla. Los técnicos antes referidos intentan justificar la aprobación viciada y apropiación arbitraria y abusiva del agua del Rio Tambo por parte de la Empresa SPCC.

Pregunta: Bajo ese concepto, podríamos muchas personas y empresas, con mucho más derecho los Tambeños, solicitar 225 l/seg. de agua subterránea cada uno? Los pobladores de la Provincia deben permanecer impasibles ante esta situación?

Pensamos que debe de existir un Tribunal Nacional Técnico de Etica, que regule, hasta donde un técnico se desprende de sus principios en la ejecución de sus actividades técnicas, hasta donde las decisiones técnicas comprometen el futuro de personas y poblaciones íntegras, que no entienden mas allá de las actividades de su oficio y son víctimas del “conocimiento, capacidad y experiencia de un técnico o grupo de técnicos, con ambiciones personales” influenciados y empujados bajo el norte de una suma de dinero. Los profesionales en ingeniería estamos llegando a los niveles en que han llegado los profesionales de Derecho, me refiero a algunos abogados que con su trabajo profesional liberan a delincuentes, criminales, traficantes y corruptos, todos los días, aun sabiendo y siendo concientes del daño a la sociedad, a sus propios hijos, pues es su trabajo y primero es el dinero.

NECESIDAD DE CAMBIAR LAS CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL PERÚ:

Las condiciones de exploración y explotación de los recursos naturales en el Perú deben cambiar, pues muchas de las condiciones - Leyes de exploración explotación fueron dadas en los inicios de Gobierno del Ing. Alberto Fujimori, en calidad de promoción e incentivo a la inversión en Perú, cuando las condiciones de inseguridad por el terrorismo, inestabilidad económica, infraestructura de transporte, energía y comunicación estaba destruida al finalizar el primer gobierno del Dr. Alan García al año 1989. Ahora la realidad es otra y las condiciones deben cambiar, pues en ninguna parte del mundo los pobladores de la zona ven como se llevan sus recursos, contaminan su medio ambiente y encima su población nace, crece y muere endeudada. Esto solo se ve en algunos países de Sudamérica, pero en especial en Perú.

Adjunto al presente les hago llegar un archivo en Excel “DIEZ DECADAS DE PRODUCCIÓN”. Fuente Ministerio de Energía Minas, que contiene las estadísticas de Producción de Minerales de nuestro País, el Perú. Entre otras observaciones verificar como el Perú ocupa los primeros puestos a nivel mundial en producción de metales como Oro, Plata, Cobre, Zinc, Estaño, Bismuto, Hierro, Cadmio, Etc. En 1990 la producción de Oro era de 20 Toneladas pero el año 2005 hemos producido mas de 208 toneladas de ORO y mas de 202 toneladas de ORO el año 2006 (Diez veces más). Observar como la producción de Cobre en el año 1990 era de 323, 412 Toneladas métricas y como en los últimos años están por encima de 1´267,866.5 Toneladas métricas (4 veces más). Por favor analicen, como ha crecido la producción de los metales en los últimos 20 años. Hasta hace unos 10 años la mayor parte de producción de cobre procedentes de las minas de SPCC, Tintaya, Cerro Verde y la Oroya principalmente, era cátodos de Cobre al 99.99%. En los últimos años, Cerro Verde, Tintaya, Antamina, entre otras están llevándose el mineral en concentrados.

Pregunta: quien verifica que volúmenes de mineral se exporta? Quien verifica que ley de mineral se exporta? Quien verifica que minerales se encuentran en los concentrados?

Asimismo, les hago llegar el Archivo “EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS PRECIOS DE PRINCIPALES MINERALES_10 años”. En este cuadro pueden verificar como el Cobre con precios de 70.74 centavos de dólar USA la libra (año 2002) era rentable, pues los costos de producción promedio en Perú son de 50 centavos de dólar USA la libra y es mucho más rentable en los últimos cinco años con promedios de 350 centavos de dólar (Siete veces su costo). En el caso del Oro, en 1990 el precio era $271 dólares USA la onza, y era rentable, pues su costo de producción en promedio en Perú es de $100 dólares USA la onza, en los últimos años la onza de Oro esta por encima de los $1100.00 la Onza, es decir 11 veces su costo de producción.

Pregunta: cuanto tributan las compañías mineras y que porcentaje llega a la población de la zona de producción? Que Proyectos productivos se han implementado en las zonas de Producción? Donde esta el dinero y que están haciendo con las grandes sumas de dinero que se están recibiendo de las aportaciones mineras?

ANALICEMOS NUESTRA REALIDAD DE FORMA SIMPLE:

SPCC en Tacna, después de 50 años de producción de la mina Toquepala, cual es el desarrollo y aporte de SPCC a la región Tacna?

SPCC en Moquegua, después de 35 años de producción de la mina Cuajone cual es el aporte de SPCC y/o del gobierno al desarrollo de Moquegua?

SPCC en Ilo, la segunda ciudad más contaminada del Perú y una de las más contaminadas del mundo, con niñez con altos índices de asma y enfermedades respiratorias y altos contenidos de plomo en la sangre.

Que avance o desarrollo ha generado la Empresa SPCC y/o el Gobierno Central en estas dos regiones?.

Como dato les comento que ninguna de las dos ciudades tiene un Relleno Sanitario para clasificar y almacenar la basura, tampoco tienen un Sistema de colección integral y tratamiento de Aguas Servidas. Dos requerimientos elementales para el desarrollo de una Sociedad en condiciones mínimas de higiene.

Como tampoco lo tiene la ciudad de Arequipa a pesar de la presencia de Sociedad Minera Cerro Verde (SMCV), que con sus dos tajos, Santa Rosa y Cerro Verde tienen una producción similar, y cuyas ganancias en los últimos 10 años, tanto para SPCC como SMCV pasan los 10,000 millones de dólares para cada una. Por el contrario SMCV, en la ampliación de sus operaciones se acogió a una Ley de exoneración de Impuestos por inversión dejando de aportar al Fisco 240 millones de dólares. Cosa que no sucede con el trato a los ciudadanos peruanos en donde la SUNAT confisca nuestras cuentas al menor retraso de nuestras contribuciones.

Perdemos el tiempo si seguimos comentando al respecto de la misma y peor situación que se tiene en la mina polimetálica de Cerro de Pasco con más de 200 años de explotación, la mina de Plata de Quiruvilca, explotada desde la época de los españoles, La Oroya, Colquijirca,..ETC. en cuyos lugares la contaminación y la pobreza es el común denominador.

Pregunta: de que desarrollo estamos hablando?

QUE ESTA PASANDO?

Acaso somos parte de una cultura de indiferencia?, estamos de acuerdo con esta situación?, Que plantea Usted estimado amigo?.

QUE POSIBILIDAD TENEMOS?

Es posible desarrollar una Minería Responsable, ambientalmente respetable y socialmente humana, que por sus méritos se gane la confianza y credibilidad de la población y consecuentemente se haga fuerte, trabajando en armonía y paz con desarrollo y beneficio compartido.

Estoy convencido de la posibilidad de hacer Minería en armonía con la Agricultura, con respeto al Medio Ambiente y beneficio mutuo a través de la implementación de un Programa de desarrollo de la zona de donde se extrae los recursos naturales, en este caso la Provincia de Islay.

Minería SI, Proyecto Tía María SI, pero en condiciones técnicas que respeten el Medio Ambiente, socialmente responsable y beneficio compartido-equitativo.

Esperamos sus comentarios al respecto

Cordialmente,

Ing. Elmer Pinto.

E-mail: elmer.pintoc@hotmail.com

Es necesario reprogramar el proyecto minero Tía María

“Es necesario reprogramar el proyecto minero Tía María”

Entrevista. Beatriz Merino Lucero. Defensora del Pueblo saluda desbloqueo de Panamericana Sur en Islay. Dice que hay voluntad de diálogo en la población y les invoca escuchar e informarse.

Por: Flor Huilca.

Anoche se produjo el desbloqueo total de la Panamericana Sur en Islay. ¿Cuál es su reacción?

Me parece una excelente noticia, pues así se abre un espacio importante ahora con la instalación de una mesa de diálogo que podrá demostrar que es un canal adecuado cuando está de por medio la situación de miles de personas frágiles.

Ud. que habló con el premier luego de volver de Arequipa, ¿puede decir si él tiene voluntad para instalar la mesa de diálogo?

Sí la tiene. Hemos conversado incluso sobre qué temas, qué personas podrían integrar la mesa de diálogo, y lo ha declarado también al salir de la Defensoría del Pueblo esta mañana (ayer).

Aparentemente solo hay un desbloqueo de vías, ¿cree que esa medida debe ir acompañada de una suspensión del paro?

Es indispensable, y sobre todo que evitemos en el futuro, en esta y en otras circunstancias, llegar a esta situación. (Los pobladores)

Se están poniendo fuera de la ley, están afectando el derecho de las personas más vulnerables.

¿Qué invocación haría a los pobladores para que esta voluntad de diálogo sea permanente?

La frase que más se repetía cuando estuve en Cocachacra es que el Estado no los escucha. Eso es algo que he manifestado al Premier, y estamos poniendo como ejemplo diferentes cartas no respondidas. Acá la única invocación que se debe hacer a la población es que tengan la voluntad de informarse para tomar sus decisiones, la comunicación es de ida y vuelta. He visto que los pobladores tienen disposición, pero eso no debe quedar allí, sino que se abra la posibilidad de intercambiar información.

Los conflictos sociales por minería han sido recurrentes en los últimos años. ¿Qué falla en el Poder Ejecutivo? ¿Por qué se espera la confrontación para iniciar el diálogo?

Lo que está fallando es más capacidad en el nivel local y regional, y en segundo lugar se ve una débil comunicación en una relación asimétrica entre enormes empresas de minería y energía y comunidades que pertenecen al sector más pobre del país. Esta asimetría que se da en medio del crecimiento de la economía ocasiona que haya desencuentros, pero no en todos los casos. La violencia es la excepción. Hay otros proyectos que se desarrollan con armonía.

¿Es posible atender los reclamos que se plantean en Islay?

Ya que se ha cancelado la audiencia pública, se debe proceder a un reordenamiento territorial para ver qué es concesionable a la minería y qué es estrictamente agricultura en ese valle próspero para la agricultura. En un proyecto que va a demorar 20 años alguien debe tomarse el tiempo para explicar y garantizar los mecanismos de participación de la población y que se realice en armonía.

¿No cree que hay intransigencia en los dirigentes al pedir que se vaya la minería de Islay?

No voy a usar palabras que hagan más difícil el diálogo, lo que está claro es que hay información que no tienen y que ha dado la Autoridad Nacional del Agua, institución que debe tener un rol de liderazgo. Hay desconocimiento de algunos asuntos técnicos, y por otro un convencimiento absoluto de que el proyecto daña tierras agrícolas. Hay espacio enorme por donde deben avanzar la empresa y los ministerios de Energía y Minas, Agricultura y Ambiente.

¿Debe haber una reprogramación del proyecto Tía María?

Necesariamente. Una vez cancelada la audiencia se puede implementar otros tiempos, pero en medio de este conflicto digamos no es lo más adecuado.

“He transmitido el pedido de la población”

La posición de la Defensoría ha recibido cuestionamientos del premier. Él ha dicho que hay una visión unidimensional...

Habló de funcionarios del Estado y tengo que pensar que no se ha referido a la Defensoría. Si hay algo que nos ha caracterizado es que somos una institución que conoce y observa todos los proyectos de desarrollo social e inclusión social. El premier ha venido a agradecerme por el diálogo en Cocachacra. He cumplido en transmitir los pedidos que me han formulado los alcaldes y pobladores.

El Premier insiste en que se prioriza los derechos humanos de unos y no de la Policía...

No sé a quién se refiere... a la Defensoría, no. En Moquegua ha protegido la vida de 60 policías tomados en rehenes. En Chala, la Defensoría tomó un rol enérgico al señalar que el bloqueo es delito, es ilegal; y ha salido en defensa de los derechos humanos de madres, mujeres, ancianos y niños que estaban en buses en pésimas condiciones de salubridad y que tenían impedido el derecho de libre tránsito.

El ministro de Energía y Minas dice que si no hay audiencia, hay otros mecanismos. ¿En ellos debe participar la población?

En todo los casos debe haber un mecanismo de participación. Lo que no hay es un derecho a veto, como la consulta que hubo hace tiempo. Eso ya se ha conversado.

Fuente: La República

Tía María: la plata es lo de menos

Tía María: la plata es lo de menos

Escribe: Humberto Campodónico

Hasta hace un mes, la Southern creía que el proyecto Tía María podía vencer las resistencias de la población si “se explicaban bien sus beneficios económicos”, en particular los S/. 376 millones de canon para Arequipa y S/. 40 millones para Cocachacra (en lugar de los S/. 4 millones de hoy). Quién no va a querer más dinero, pensaban. Y lo mismo decía el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Pero la oposición de la población siguió creciendo, porque su preocupación no es el dinero, sino los problemas ambientales y sus condiciones de vida, que depende del agua para los cultivos agrícolas.

Esto es un cambio fundamental con respecto a lo que sucedía hace 40 o 50 años. Recordemos que la nacionalización del petróleo en México fue un acto de soberanía. Lo mismo sucedió en el Medio Oriente en la década del 60 donde, además se reivindicó una mayor participación en la renta petrolera. En el Perú, en 1968, la expropiación de la IPC bebió de esas dos fuentes: soberanía y renta petrolera.

Eso cambió con el neoliberalismo, pues ya no interesan la soberanía y la renta (ahora se favorece ampliamente a las mineras y petroleras). Tampoco interesa el medio ambiente, como se vio en los decretos legislativos del TLC, que beben de la “filosofía” del perro del hortelano, y motivaron el Baguazo.

La Southern planteó 4 soluciones para el problema del agua: a) tomar los 7 millones de metros cúbicos que necesita sin hacer nada alternativo (arguyendo que anualmente se van al mar 43, con lo que 7 es una bicoca): b) tomarla del subsuelo al final de cauce del río; c) construir la represa de Paititure, que daría agua a la zona y, d) una planta desalinizadora de agua de mar.

Pero sucede que las propuestas c y d eran solo eso. Recién el 16 de abril, Southern formaliza su propuesta de la represa. Un poco tarde, ¿no les parece? Quizá por eso el ministro Sánchez ha dicho: “este es un tema donde la empresa podría haber actuado mejor, como otras empresas que lo han hecho bien y avanzaron sus proyectos exitosamente” (Reuters, 15/04/2010).

Pero sucede que el MEM es también juez y parte, porque le corresponde alentar las inversiones y, a la vez, aprobar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), lo que debería estar en manos de una parte neutra, como el Ministerio del Ambiente, para que no haya conflicto de intereses. Pero nada. Mientras, el MEM sigue repitiendo que no hay problema alguno con el agua y que todo está solucionado. Aquí se inserta otro tema clave: la falta de credibilidad de la población en el gobierno y las empresas.

No hay, entonces, licencia social ni ambiental. ¿Y “licencia económica”, es decir, una adecuada participación del Estado en la renta petrolera, el “viejo problema”? Pues que es muy mala. Los contratos siguen siendo los mismos de 1992, que fueron previstos para condiciones distintas (guerra interna, alta inflación, competencia por capitales con los países de Europa Oriental). No se han modernizado un ápice y seguimos sin participar de las ganancias extraordinarias que dan los altísimos precios de los minerales, incluido el cobre.

Con la toma de carreteras, asistimos al fracaso del diálogo. Justo en ese momento el Presidente García declara contra la población, diciendo que son “ínfimas minorías” y que es un “conflicto politiquero”, con lo cual echa más leña al fuego. No todo está perdido, sin embargo, pues se ha suspendido la audiencia del EIA prevista para hoy lunes, con lo cual podrían abrirse nuevos espacios, en los cuales los representantes de la población también deben plantear alternativas.

Si esto sucede, el gobierno y la empresa tienen que entender que el problema no es “la plata” pues poco a poco se viene imponiendo la lógica de no depender del “extractivismo” de los recursos naturales. Así, lo primero es la licencia ambiental y la licencia social (junto con la licencia económica). Pero dada su orientación neoliberal y sus intereses económicos, es difícil que se den cuenta de ello. A menos que se vean obligados a hacerlo.

Fuente: La República

La oposición al proyecto Minero Tía María en Cocachacra, Islay, Arequipa

Poderoso Grupo México acostumbrado a ganar

¿Contra quién se enfrenta Cocachacra ?

Acostumbrada a ganar en medio de protestas, el Grupo México es el polémico dueño de la empresa Southern que pretende instalar el proyecto cuprífero Tía María. Este grupo de poder económico no solo es el tercer productor de cobre más grande del mundo, también es uno de los más quejados por atropellos laborales.

La población del distrito de Cocachacra, en la provincia de Islay, ha decidido decirle no a la minería. Tras varios días de paro en rechazo al proyecto minero Tía María de la minera Southern Copper Corporation los protestantes lograron que se suspendiera la audiencia pública del Estudio de Impacto Ambiental. Sin embargo, su pedido va más allá. Pretenden que el gobierno se comprometa a revertir las concesiones mineras en la provincia de Islay, que llega casi a la mitad de su territorio. Pero antes de cantar victoria, hay que analizar a qué intereses se enfrenta este pueblo.

Un monstruo financiero

Southern Copper Corporation es una de muchas empresas que maneja el Grupo México. Su presidente ejecutivo, Germán Larrea, es el tercer multimillonario más rico de ese país y el número 72 a nivel mundial. Grupo México (GMéxico), tiene dos divisiones: la minera y la de ferrocarriles. En este último rubro opera el ferrocarril más grande y más rentable de México con 6,000 millas de vías y 15,000 carros, transportando por encima del 40% de toda la carga que va por vía férrea en el país.

Germán Larrea fue uno de los mayores beneficiarios de la privatización de empresas paraestatales en México. En 1988 le compró al gobierno federal el 95% de Mexicana de Cobre. Dos años después, en 1990, ya controlaba el 100% de la Mina de Cananea; en 1997 se hizo del 74% de las líneas de ferrocarril del Pacífico Norte, de Chihuahua Pacífico y de la línea corta Nogales-Cananea.

Según la información de su página web, GMéxico, a través de American Mining Corporation, se ha posicionado como el tercer productor de cobre más grande del mundo, segundo en el molibdeno, cuarto productor más grande de plata y octavo productor de zinc. También se coloca como la segunda compañía mundial y primera en estar listada públicamente en los mercados de valores en términos de reservas de mineral de cobre.

El cobre es 78% de su producción mineral. También produce el molibdeno (8%), plata (6%) y zinc (6%). Otros derivados son oro, carbón y ácido sulfúrico. Durante el 2009 las ventas de la compañía llegaron a 20 mil 319 millones de pesoso (mil 657 millones de dólares).

Pero además de estar relacionado a boyantes cifras, el nombre de GMéxico y Germán Larrea está ligado a varios escándalos. En 2006, Pasta de Conchos, una mina medio olvidada que Larrea puso a producir con métodos arcaicos, protagonizó un accidente donde 65 mineros murieron enterrados. Los cuerpos nunca se recuperaron y los deudos exigen hasta hoy una reparación.

Magnate en protestas

El grupo México que posee Southern, está acostumbrado a las huelgas y protestas de sus trabajadores. Un ejemplo es la mina Cananea, ubicada en Sonora, la cual era considerada una de las minas más grandes del mundo. En el año 2007 más de mil trabajadores iniciaron una huelga exigiendo mejores condiciones laborales y salariales. La medida de fuerza se mantuvo durante tres años. Sin embargo, el Poder Judicial de ese país, en febrero de este año, determinó que la huelga del sindicato de Cananea era ilegal y dio por concluida la relación entre trabajadores y empleadores.

Cocachacra contra GMéxico

La huelga indefinida que iniciaron los pobladores de Cocachacra el pasado miércoles, tras cuatro días de bloqueos, ha sumado dos heridos de bala y varios detenidos. A pesar del numeroso contingente policial que se desplazó hasta la zona, los manifestantes han conseguido mantener obstruida la carretera Panamericana en un tramo de cuatro kilómetros, desde el sector denominado el Fiscal hasta el ingreso a Cocachacra. Los camiones varados se cuentan ya por centenas y los viajeros interprovinciales deben caminar hasta 10 kilómetros para hacer trasbordos.

Finalmente, el viernes, Southern Perú decidió la cancelación de la audiencia pública programada para el 19 en la que se presentaría el estudio de impacto ambiental del proyecto cuprífero de Tía María. Pero no sólo la tensión propia de la medida de protesta determinó la decisión. Otra razón fue que a pocos días de realizarse se quedó sin local. La municipalidad provincial de Islay anuló el permiso para realizar la actividad en el Club de Tiro de Mollendo, por no contar con las medidas de seguridad. El local sólo tenía capacidad para un aforo de 200 personas, pero en la audiencia se calculaba que entrarían 800. Además, había una serie de normas que la empresa Southern y el propio ministerio de Energía y Minas, habían dejado de lado al cambiar el lugar de la audiencia recién el 11 de abril. Lo principal fue que las audiencias se deben realizar en las zonas de influencia directa, en este caso Cocachacra, pero se había decidido llevar la actividad hasta Mollendo.

Pese a la cancelación de la audiencia, y a las invocaciones de la Defensora del Pueblo Beatriz Merino, los dirigentes de Islay decidieron continuar con el paro. Su pedido es que la minera Southern Perú, se vaya definitivamente de Islay. En la mañana del sábado, las principales cabezas de la paralización se reunieron para evaluar la medida de lucha, entre ellos Pepe Julio Gutiérrez del Frente del Medio Ambiente de Cocachacra, Ricardo Quispe de la CGTP y los alcaldes de Deán Valdivia y Cocachacra, Richard Ale y Juan Guillén López, respectivamente. Hasta el cierre de esta edición el paro seguía firme. Sobre la propuesta de integrar una mesa de diálogo para solucionar la paralización, el secretario general de la CGTP Islay, Ricardo Quispe, indicó que no habían recibido ninguna comunicación oficial. En la capital de Islay, Mollendo, el paro no tuvo fuerza, por lo que los promotores del paro decidieron desplazar la protesta hacia la capital de la provincia, a partir del lunes.

Según los dirigentes aún pueden mantener la medida de lucha indefinidamente, ya que se organizó para contar con recursos alimentos que sustentaran el paro. Sin embargo, temían que el gobierno declarará el estado de emergencia en la provincia "Han llegado 1,500 soldados a la base de La Joya", indicó. (Unidad de Investigación)

El dinero que mueve Southern

Durante los últimos dos años (2008 y 2009), la empresa Southern Cooper Corporation, por sus operaciones en el Perú, tuvo un ingreso bruto total de 4 mil 934 millones 806 dólares. En el año 2009, obtuvo 2 mil 223 millones 338 dólares y una ganancia neta de mil 120 millones de dólares. En el año 2008 las ganancias o utilidades de la empresa llegaron a mil 608 millones de dólares. (Ver Cuadro 1)

El metal que más vendió fue el cobre, que aporta más del 50 por ciento de sus ingresos, esto es, mil 188 millones de dólares. Enseguida, el molibdeno que le generó 202 millones de dólares, la plata con un total de 59 millones y otros minerales por un monto de 73 millones de dólares. Nuestro país es uno de los principales productores de cobre del grupo México al que Southern pertenece.

La empresa tiene planeado invertir durante los próximos tres años mil millones a las operaciones que realiza en Perú, lo que incluye Tía María y las minas de Cuajone en Moquegua y Toquepala en Tacna. De estos se esperaba que 600 millones de dólares sean invertidos durante el año fiscal 2010.

Datos

De 2007 a 2009, las concesiones mineras en Arequipa subieron de 22,62% a 29,7%.

Las provincias con mayor cantidad de concesiones: son Arequipa, Castilla e Islay

En Islay (la zona del conflicto) el 48.3% de su territorio está concesionado (ver mapa).

Le sigue Arequipa provincia con el 28.7 % de su territorio.

Fuente: El Búho

Audiencia Pública de Proyecto Minero "Tía María" transgrede normas legales

Hemos recibido la siguiente comunicación de la Asociación ILDER en relación a la Audiencia Pública del Proyecto Minero “Tía María”:

SOBRE EL CAMBIO DE LOCAL DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO MINERO TIA MARIA DE SPCC

Habiéndose publicado hoy domingo 11/Abril el cambio de lugar de la realización de la Audiencia Pública de presentación del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Minero Tía María de Southern Perú Copper Corporation Sucursal del Perú, prevista para el 19/Abril, es necesario hacer las siguientes precisiones:

1. Son el Dec. Sup. Nº 028-2008-MINEM y la Res. Min. Nº 304.-2008-MINEM/DM, las normas que regulan los Procesos de Participación Ciudadana en la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental en el Subsector Minero.

2. El cambio de local para la realización de la Audiencia Publica del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Minero Tía María de la empresa SPCC, que inicialmente estuvo fijada en el Centro Poblado La Pascana del distrito de Cocachacra, al local de la Sociedad de Tiro Alfonso Ugarte Nº 56 (Club de Tiro Mollendo), sito en la Av. Mariscal Castilla Nº 614, Mollendo, tiene que darse en el marco de las normas antes citadas.

3. En tal sentido, solo es posible legalmente la “cancelación” o “suspensión” de la Audiencia Publica, debiendo mediar un plazo de 20 días calendario, en este caso solo existe un plazo de 8 días calendario.

4. El lugar de la realización de la Audiencia Publica tiene que darse dentro de Área de Influencia Directa (AID), según el Estudio de Impacto Ambiental presentado a la autoridad competente, el Proyecto Minero Tía María ha considerado como Área de Influencia Directa solo el distrito de Cocachacra, hacerlo en otro distrito es contravenir el ordenamiento legal establecido.

5. De igual forma, el Dec. Sup. Nº 002-2009-MINAM, Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Publica Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, en el artículo 34º se establece que por lo menos una Audiencia Pública debe realizarse en el área más cercana a la zona de influencia del proyecto. Hacerse la Audiencia Publica en Mollendo y no en Cocachacra, es no actuar con arreglo a ley.

6. El cambio de local de la Audiencia Publica no se sustenta en resolución correspondiente de la Dirección General de Asuntos Ambientales del MINEM, tampoco existe informe escrito que lo sustente, así aparece en la Hoja de Tramite recaída en el Expediente Nº 1903285 (TUPA BG01.A).

7. El artículo 47º de la Ley General del Ambiente, Ley 28611 establece que “constituye trasgresión a las disposiciones legales sobre participación ciudadana toda acción o medida que tomen las autoridades o los ciudadanos, que impida u obstaculice el inicio, desarrollo o término de un proceso de participación ciudadana…”

8. La Audiencia Pública tiene que darse, pero en respeto al ordenamiento legal establecido, para evitar posibles cuestionamientos a su legalidad y legitimidad, y eso tiene que garantizarlo la DGAAM del MINEM. Salvo Mejor Parecer.

ILDER - Arequipa
Jesús Gómez Urquizo
Director
asociacion_ilder@yahoo.com
(51 54) 266635 - 959636389

Los medios y la competencia electoral

Los medios y la competencia electoral

Escribe: Sinesio López Jiménez

Uno de los grandes problemas de la democracia que es difícil resolver es el papel de los medios en los procesos electorales. Ollanta Humala ha tenido la valentía de plantearlo, pero la reacción de algunos medios ha sido hepática cuando lo que necesitan es serenidad y objetividad para discutir este tema complejo que, por lo demás, se debate en AL y en el mundo. En realidad ese problema hace parte de otro mayor: el problema de financiamiento de los partidos en los procesos electorales. Dejo el problema mayor para otro comentario y ahora quiero concentrarme en el rol de los medios en las contiendas electorales. La democracia como procedimiento exige ciertas características para que las elecciones sean consideradas legítimas: que ellas sean generales, libres, limpias, competitivas y periódicas. ¿En qué medida los medios pueden contribuir a que exista una justa competencia electoral entre los partidos? Se trata de tomar en cuenta dos principios básicos: la equidad y el derecho a la información.

Por un lado, todos los partidos y candidatos deben tener igual acceso a los medios para presentar su oferta electoral a los ciudadanos.

Por otro lado, los electores deben tener la posibilidad de informarse a través de los medios de todas las ofertas electorales en competencia para tomar una decisión informada sobre los candidatos que van a elegir. La equidad es el principio más difícil de garantizar. Sucede que la mayoría de los medios privados están vinculados a poderosos intereses económicos que obstaculizan el acceso igualitario de los partidos a “sus” medios. En América Latina, el Estado ha intervenido para compensar con diversas políticas las desigualdades existentes, muchas veces sin lograrlo. Predomina una fórmula que combina el acceso gratuito en los medios del Estado con la contratación poco regulada de los medios privados. La medida no es tan eficaz porque el rating de medios estatales es muy bajo (como es el caso del canal 7 en el Perú) y los candidatos se ven obligados a recurrir a los medios privados, pero no todos tienen los recursos necesarios para acceder a ellos.

Existen, además, algunas inequidades que es difícil superar. En primer lugar, el partido oficial resulta favorecido con los mensajes y avisos contratados por el gobierno de turno para transmitir sus supuestos logros y resultados. Es el caso de García que lo vemos todos los días hasta en la sopa. Lo mismo puede decirse de los alcaldes que, como el limeño, retrasan inauguraciones de obras públicas perjudicando a la ciudadanía con la sola finalidad de que ellas coincidan con su lanzamiento como candidato a la presidencia de la República o a otro cargo público. En segundo lugar, el tratamiento parcializado de las noticias en programas políticos y en noticiarios, que no distinguen entre la opinión del medio y de sus propietarios y la información sobre los acontecimientos políticos, favorece de hecho a unos candidatos y perjudica a otros.

Es diferente el acceso de los partidos a la TV, a la radio y a la prensa escrita. En AL hay cinco modalidades principales de acceso en el caso de la TV: franja diaria y gratuita (Brasil y Chile), sistema mixto que combina el acceso gratuito a medios estatales con la contratación publicitaria en medios privados sin límite (Argentina), acceso plural y permanente gratuito o pagado pero limitado (Colombia y México), acceso pagado sin topes (Guatemala y Honduras) y acceso pagado con topes máximos (Costa Rica, Ecuador y Bolivia).

El desigual acceso a los medios de los candidatos y los ciudadanos constituye un déficit político que afecta la legitimidad de los regímenes democráticos de AL. No puede ser legítimo un proceso electoral en el que todos los medios informan sobre la vida y milagros de su candidato favorito y desinforman con mentiras y calumnias sobre el candidato que a los propietarios de los medios y de las corporaciones les pone la piel de gallina.

Fuente: El Zorro de Abajo

Quinceañeras mexicanas piden mayores derechos

Quinceañeras piden mayores derechos

Las “Quinceañeras del Bicentenario” se presentaron ayer ante los senadores para exigir que se respeten los derechos de la juventud mexicana y que se le dé luz verde a la Convención Interamericana de los Derechos de los y las Jóvenes que ha estado varado desde hace varios años y con el que el gobierno de México adquiriría compromisos legales con este sector

Clínica de periodismo

Las “Quinceañeras del Bicentenario” se presentaron ayer ante los senadores para exigir que se respeten los derechos de la juventud mexicana y que se le dé luz verde a la Convención Interamericana de los Derechos de los y las Jóvenes que ha estado varado desde hace varios años y con el que el gobierno de México adquiriría compromisos legales con este sector.

“En temas de derechos a veces se nos trata como niños y en otros temas se nos trata como adultos, por eso necesitamos que la ley establezca un trato específico y adecuado para nosotros, que se reconozcan nuestras necesidades concretas”, dijo una de las 100 chicas que asistieron a la Cámara de Senadores.

El presidente del senado de la República, Carlos Navarrete, reconoció que alrededor de siete millones de jóvenes que carecen de acceso a estudios y trabajo a causa de que las instituciones públicas han sido incapaces de asumir el reto de la educación.

Agregó que hoy en día el hecho de tener un certificado de estudios no garantiza que existan posibilidades de contratación, lo cual aumenta la oportunidad de que el crimen organizado los reclute en sus organizaciones. Las quinceañeras se mostraron en contra de que se les conozca como generación Ni-Nis y se negaron a pasar a la historia como tal, esta moción fue apoyada por el senador Javier Orozco Gómez quien señaló que ellos no tienen la culpa de que en estos tiempos no haya oportunidades de trabajo ni de educación.

Agregó que estadísticamente, en el país, sólo 60% de los jóvenes sigue la educación media superior, que siete de cada 100 pueden terminar la universidad y que de cada cuatro que ni estudian ni trabajan, tres son mujeres.

Las quinceañeras están emocionadas por pertenecer a la generación del bicentenario pero creen que “no sirve de nada festejar nuestra Revolución o nuestra Independencia y que no tiene sentido sentirnos orgullosos de ser mexicanos si no empezamos a reconstruir nuestra historia.”

El baile de la cuarta generación de quinceañeras será el 17 de abril en el Ángel de la Independencia y se espera llegar a las 350 para romper un récord Guiness.

Fuente: El Universal

La reforma de la salud en Estados Unidos

La salud que Obama prometió

Informe Estados Unidos. La reforma que acaba de ser aprobada en Estados Unidos es un paso decisivo para lograr que el acceso a los servicios de salud sea un derecho reconocido y una responsabilidad que corresponde asumir a los estados. Aquí una somera exposición del contenido de una norma considerada histórica.

Rick sufrió la mutilación de dos dedos de la mano derecha en un accidente de trabajo. Los médicos podían haberle repuesto ambos dedos, pero por desgracia Rick no tenía un seguro médico que cubra la operación. Así que le dieron la tarifa estándar: 12 mil dólares por reponerle el dedo anular y 60 mil por el dedo medio. No tuvo más remedio que optar por el dedo más barato. Vivir con miedo a enfermarse o sufrir un accidente es normal para él y otros 45 millones de norteamericanos que no tienen seguro médico. A pesar de que sus ingresos –30 mil dólares al año– no son bajos sí son insuficientes para pagar los 100 mil dólares de prima anual que exigen las aseguradoras.

Pero incluso teniendo un seguro –como los otros 250 millones de norteamericanos que sí están afiliados– no tienen garantizado el acceso a la salud. Las pólizas señalan una extensa lista de restricciones que deja a los usuarios con una mínima cobertura. Hasta hace dos semanas la gestión de la salud era completamente privada en Estados Unidos. Las compañías decidían cuánto cobrar y qué tratamientos cubrir a sus usuarios sin que nadie los fiscalice.

En su campaña presidencial, Barack Obama prometió revertir esta situación. El 23 de marzo pasado cumplió con su promesa al firmar una ley que crea un sistema de subsidios para los que no pueden pagar un seguro y da financiamiento a quienes ya lo tienen y no puedan cubrir parte de sus tratamientos. Prohíbe también negar atención por enfermedades preexistentes y dejar de atender a un paciente porque no ha pagado la cuenta.

Dura pelea. Para los norteamericanos esta norma es la legislación de carácter social más importante promulgada en los Estados Unidos en los últimos 40 años. Su aprobación fue el resultado de un enconado debate entre demócratas y republicanos. Estos últimos han llegado a amenazar al gobierno de Obama con dar de baja a la reforma apenas regresen al poder. Según dicen, el presidente está socializando la salud y no respeta la economía de libre mercado. A ellos se les podría responder recordando las palabras del Premio Nobel de Economía, Amartya Sen: “Todos deberíamos poder admitir que injusticias tales como la falta de atención médica o la ausencia de medicamentos podrían eliminarse, sin esperar a ponernos de acuerdo sobre la visión de la sociedad que hay que promover”.

Aun cuando Obama no ha logrado que la salud sea considerada un derecho inherente al ser humano, dado que el Congreso excluyó a los inmigrantes ilegales, la firma de esta ley será sin duda el sello indeleble de su gestión. Aquí una síntesis de lo que se ha logrado con la reforma:

• Enfermedades preexistentes. Durante los últimos tres años, se les negó cobertura a 12 millones de personas debido a una enfermedad preexistente de manera directa o indirecta por medio de primas altas. Con el plan del presidente Obama, será ilegal que las compañías de seguro nieguen cobertura por razones o riesgos de salud. Tampoco se podrá cancelar la cobertura de una persona enferma que haya agotado los recursos de su seguro. Según un estudio del Congreso de los Estados Unidos, en el transcurso de cinco años, tres grandes aseguradoras les cancelaron la cobertura a 20,000 personas, ahorrándose así el pago de reclamos médicos por US$300 millones.

• Bolsillo limitado. Se fijará un límite para los gastos por cuenta propia para que las personas no se vayan a la quiebra cuando caigan enfermas. Dejarán de pagar deducibles (gastos de salud que el seguro no cubre) si estos alcanzan el 70% de sus sueldos. En la mayoría de los casos las aseguradoras solían dejar al paciente las facturas más altas de sus tratamientos. Eludir esos pagos les permitía ganar el 200% de la inversión que hacían. Según Obama, al intervenir el Estado con una norma que limita el gasto del usuario, las compañías se verán obligadas a mejorar sus tarifas y coberturas porque se generará mayor competencia. Además todos los chequeos preventivos serán gratuitos.

• Tercera edad. Medicare, el seguro médico para los jubilados, tendrá una mayor cobertura. Reducirá los costos que deben asumir los beneficiarios. La reorientación de Medicare generará un ahorro que prolongará la existencia del fondo de salud para atender a los próximos jubilados. También se harán descuentos del 50% en medicamentos de marca recetados a personas de tercera edad. Medicare, creado en 1965, tenía coberturas de atención y de medicamentos bastante reducidas para atender satisfactoriamente a adultos mayores.

• Sistema especializado. A partir del 2013 funcionará un sistema especializado que permitirá a los estadounidenses tener un seguro de bajo costo y a las pequeñas empresas un punto centralizado para comprar seguros donde puedan comparar opciones fácilmente en base a precio, beneficios y calidad. Este nuevo mercado de seguros permitirá a los futuros usuarios y a las pequeñas empresas comprar pólizas a precios competitivos. En el plan de Obama los estadounidenses que tienen seguro médico y están satisfechos con él pueden retenerlo. Nadie está obligado a cambiar de aseguradora. Pero quienes pierden el empleo, cambien de trabajo o se muden tendrán a su disposición nuevas opciones económicas y de alta calidad en el sistema.

• Créditos tributarios. El dinero que se dispone para pago de impuestos servirá para cubrir un seguro. Se otorgará este beneficio a los solteros según sus ingresos. Y también a las familias que limiten qué porcentajes de sus sueldos pueden gastar en primas de seguros. También las pequeñas empresas serán beneficiadas con créditos tributarios a manera de recompensa por asegurar a sus empleados.

• Seguro público. Se ofrece un seguro médico público para quienes no estén asegurados y para aquellos que no pueden encontrar una alternativa más económica. Funcionará como cualquier aseguradora privada: debe ser autosuficiente y depender de las primas que cobre. Y para las personas catalogadas de “alto riesgo” –obesas, con problemas cardíacos, entre otros– tendrá nuevas coberturas de bajo costo por medio de un fondo de seguro dedicado especialmente para ellas.

• No más déficit. Se limitará el costo del cuidado de salud a largo plazo, pero al mismo tiempo se invertirá en mejoras de calidad, medidas de protección al consumidor, prevención y asistencia con primas de seguros. Aunque Estados Unidos ocupa el segundo puesto mundial en gastos de salud –15.3% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2007– dicho dinero se va en reparaciones a usuarios y no en inversión en salud.

• Calidad antes que cantidad. Se ofrecerá incentivos para que hospitales, médicos y otros mejoren la calidad de sus servicios. Este plan de salud también incluye planes piloto para nuevos modelos que se centran en la prevención.

• Supervisión. Se creará una comisión independiente de médicos y expertos en salud pública para detectar el despilfarro, fraude y abuso en el sistema. La comisión hará recomendaciones al Congreso sobre cómo promover mayor eficiencia y más calidad en Medicare. Esta comisión no estará autorizada para proponer o implementar cambios en Medicare que racionen la atención o afecten los beneficios, la elegibilidad o el acceso de beneficiarios al cuidado médico.

Lo que ‘Sicko’ demostró

• Michael Moore estrenó en el 2007 “Sicko”, un film de crítica al sistema de salud estadounidense. Para llevarlo a cabo, Moore solicitó a través de su página web historias de norteamericanos que hubieran sufrido en carne propia los abusos del sistema. De los 25 mil casos que recopiló eligió un puñado que expuso en un documental de dos horas. A través de ellos mostró los excesos de las aseguradoras y la vulnerable posición de quienes no están afiliados a ninguna compañía de seguros.

• También reunió los testimonios de ex trabajadores de dichas empresas. Ellos revelaron haber sido entrenados para rechazar los pedidos de los usuarios y encontrar falencias en sus solicitudes. A la vez compara la gestión de la salud con otros países como Canadá, Inglaterra, Francia y Cuba, donde la salud es un asunto de estado y es considerada un derecho de las personas, sin importar su condición social ni económica.

Acceso universal en el Perú

• Según Foro Salud, en el Perú el 25% de la población no tiene seguro ni acceso a la atención médica. Nuestro gasto en salud es el 4.9% del PBI, muy por debajo del promedio latinoamericano. Y si desglosamos la cifra encontramos que solo el 1.3% lo pone el sector público, la diferencia es el gasto de los usuarios.

• En abril del 2009, el Congreso del Perú aprobó la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, Ley Nº 29344. Esta norma busca garantizar el derecho pleno y progresivo de toda persona residente en el país a la seguridad social en salud. Plantea tres regímenes de financiamiento de las primas del seguro: el subsidiado para los pobres; el contributivo para aquellos que pueden pagar las primas de seguro, y un régimen mixto con aporte parcial del ciudadano y del Estado.

• ¿Qué falta para que se aplique? La promulgación de su reglamento. El Ejecutivo debió publicar el reglamento en 90 días pero ya pasó cerca de un año y seguimos esperando.

940 millones de dólares costará poner en marcha la reforma de salud.

95% de los norteamericanos obtendrá un seguro para el 2014.

20 millones de personas se quedarán sin cobertura médica por ser inmigrantes ilegales.

Fuente: Revista Domingo