La situación electoral mexicana

La Jornada
26 de junio de 2009

Decir no
Luis Villoro

La situación actual del país no puede ser más grave. La llamada democracia representativa, esto es, la que se supone que se expresa mediante la elección de diputados y senadores, no es una democracia auténtica. No es la que se manifiesta una auténtica voluntad del pueblo. Porque cada ciudadano deposita en una urna su voto y luego se ausenta; deja que otros pocos lo gobiernen y después se va. ¿Es ésta una verdadera democracia? No. El poder se queda en una elite de los partidos, sean de derecha, de izquierda o de centro, según su espectro político. No es una democracia real. Es lo que podríamos llamar una partidocracia. Todos los partidos están sujetos, en mayor o menor medida, a la corrupción. Todos están inclinados a no perseguir el bien común, en favor de sus intereses individuales o de grupo. Frente a esta situación, ¿cuál sería la alternativa?

Podríamos pensar en un movimiento de dos momentos. Primer momento: no a la abstención, pero si al rechazo que se expresaría en un voto negativo frente a todas las propuestas de los partidos, sean éstas de izquierda o de derecha. Un voto negativo no es la abstención. No habría que dejar de votar. Esa última sería la expresión de un desinterés frente al sistema democrático mismo. En cambio, en un voto negativo el ciudadano ejerce su derecho a votar, pero lo hace en un repudio claro frente al sistema existente, en favor de la posibilidad de un futuro cambio. Los votos negativos, si fueran en una cantidad amplia, serían el testimonio de que gran parte de los ciudadanos están hartos del sistema de representación actual. Sería también una protesta contra la situación de división entre los que todo tienen y los que de todo carecen.

Un voto negativo sería, sin duda, un golpe radical a la democracia representantiva actual, pero no sería necesariamente un camino hacia una nueva revolución violenta. La alternativa, frente a la actual forma de democracia, sería la posibilidad de abrir un camino hacia otro tipo de democracia y aun, en otros aspectos, opuesta a la supuesta democracia representativa actual.

Si el primer momento del voto sería el rechazo a la forma de democracia representativa actual, el segundo momento sería la posibilidad de caminar hacia otro tipo de democracia, distinta a la actual, en la que el poder ya no estaría en los representantes de los partidos, sino en los delegados auténticos de las comunidades, más allá de los partidos establecidos. Frente a la partidocracia, algunos han llamado a este otro tipo de democracia republicana, comunitaria. Sería una democracia desde abajo, desde comunidades organizadas.

Una democracia comunitaria no estaría basada en los partidos políticos, sino en la voluntad de los ciudadanos, aun si no estuvieran agrupados en partidos políticos.

Sus delegados seguirían ciertos principios. Primero, estarían sujetos a una rendición de cuentas de su desempeño, so pena de ser destituidos por la comunidad que representan.

Estarían mucho menos sujetos a la posibilidad de corrupción por intereses personales o de grupo. Frente a los representantes (diputados y senadores) estarían más en contacto con el pueblo. Serían lo contrario a la partidocracia. Se acercarían, así, a una democracia directa auténtica.

Así, desde abajo puede darse una alternativa positiva a la construcción de un nuevo proyecto, con tal de terminar con la actual forma de seudodemocracia llamada representativa. Éste sería un proyecto nuevo de nación.

¿No sería ése el proyecto de un movimiento, semejante al que representa el zapatismo?

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2009/06/26/index.php?section=opinion&article=008a1pol

Arequipa renovará antiguos vehículos de transporte público

Arequipa renovará antiguos vehículos de transporte público con apoyo de Cofide

Arequipa, jun. 18 (ANDINA).- El alcalde de la provincia de Arequipa, Simón Balbuena, informó hoy que renovarán los antiguos vehículos de transporte público con apoyo de la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), a fin de mejorar este servicio y superar el problema de la contaminación ambiental.
Luego de la presentación de los estudios de factibilidad del proyecto “Mejoramiento integral y sustentable de los servicios del transporte público de Arequipa”, se ha culminado favorablemente las coordinaciones con Cofide, indicó.

El burgomaestre adelantó que en los próximos días deberá firmarse un convenio de cooperación financiera con el presidente ejecutivo de dicha organización, Daniel Alfonso Zárate Rivas.

Remarcó que esta alianza estratégica, que tendrá una duración de tres años, permitirá la renovación de las unidades de transporte público, la reestructuración y revalorización de las empresas y consorcios de transporte.

De igual manera favorecerá la implementación de esquemas financieros y fiduciarios para promover la renovación del parque vehicular de transporte público -compuesto por buses, microbuses y camionetas rurales- por vehículos con motor de gas natural vehicular o gas líquido de petróleo.

Dijo que Cofide también apoyará programas que modernizarán la infraestructura vial de la ciudad, la racionalización y el reordenamiento del transporte público de pasajeros, y la implementación de programas de mitigación económica social que promoverá negocios asociativos para los transportistas que no participen del sistema.

Balbuena recordó que el proyecto de mejoramiento del transporte tiene el apoyo financiero de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la asesoría técnica de EMBARQ-WRI, y comprende un sistema de transporte moderno, ordenado, rápido y masivo utilizando ómnibus de alta capacidad a través de carriles exclusivos.

El primer circuito del cono norte de la ciudad, del distrito de Cerro Colorado al cono sur, distrito de Socabaya, pasando por el Centro Histórico que tiene más de 20 kilómetros, operaría a partir de 2010.

Recordó que el 76 por ciento de la contaminación ambiental en la zona es producida por los vehículos de transporte público con más de 25 años de funcionamiento, razón por la cual Arequipa ocupa el primer lugar, según una evaluación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a siete ciudades latinoamericanas en 2004.

Fuente: http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=0TalQk4MB9Q=

El coste del conflicto indígena en Perú

El coste del conflicto indígena en Perú

Alan García afronta el reto de reconstruir su autoridad en el país y en su partido
JAIME CORDERO - Lima - 18/06/2009

El primer recurso es la Amazonia. Tiene 63 millones de hectáreas y lluvia abundante. En ella se puede hacer forestación maderera y especialmente en los ocho millones de hectáreas destruidas, pero para eso se necesita propiedad, es decir, un terreno seguro sobre 5.000, 10.000 o 20.000 hectáreas, pues en menos terreno no hay inversión formal de largo plazo y alta tecnología", escribió en octubre de 2007 el presidente peruano, Alan García, en un artículo titulado El síndrome del perro del hortelano. Casi dos años después, ha sido esa misma selva la que le acaba de asestar el golpe más duro en los casi tres años que lleva su segundo mandato. Lejos de ser domesticado, el perro del hortelano terminó mordiéndole la mano al presidente.

El levantamiento de los nativos contra los decretos legislativos que emitió el Gobierno para estimular la inversión privada en la Amazonia y sintonizar la legislación peruana con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos está a punto de materializarse, después de que el Ejecutivo solicitara al Congreso la derogación de dos de las normas más cuestionadas.

Los indígenas ya han empezado a desmovilizarse, pero el precio que ha tenido que pagar el Gobierno por la paz ha sido más alto de lo esperado. Los 24 policías muertos (podrían ser 25, pues un oficial sigue desaparecido) que originaron los enfrentamientos en los alrededores de la la localidad de Bagua entre el 5 y el 6 de junio representan la mayor tragedia en la historia de la policía peruana. Ni siquiera en los peores tiempos del terrorismo de Sendero Luminoso se perdieron tantos agentes en una sola acción armada. A ellos hay que sumar las 10 víctimas civiles acreditadas hasta el momento, aunque los indígenas insisten en que sus bajas son mayores. Además, unas 150 personas fueron heridas.

Pero el coste para el Gobierno es aún más alto. Un año después de que las protestas en la región de Moquegua, al sur del país, terminaran con el secuestro de un destacamento de policías, el Estado ha vuelto a ser doblegado por la presión popular. Pero esta vez no sólo se ha dado una capitulación prácticamente incondicional ante los nativos. También han quedado cadáveres políticos regados por el camino. Los más notorios son los del presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, que ya ha anunciado que dimitirá apenas se tranquilice la situación, y el de la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, que hace unos meses era considerada como posible candidata presidencial del partido del Gobierno para las elecciones de 2011.

Esto obligará al presidente García, que también ha salido chamuscado, a recomponer su Gabinete, pero sobre todo, a restablecer el principio de autoridad en el país. Y deberá empezar por su grupo parlamentario, que ha quedado descolocado, pues por tercera vez en tres semanas deberá pronunciarse sobre los decretos de la selva ("los decretos del hortelano", como los llaman algunos) y votar de manera diferente.

Entre la oposición, el más fortalecido ha sido el nacionalismo de Ollanta Humala, pese a que el Gobierno le acusa de ser uno de los agitadores de la revuelta, con apoyo extranjero. El canciller, José Antonio García Belaunde, volvió a acusar ayer al régimen boliviano de Evo Morales de intentar desestabilizar el país. Por su parte, el ex presidente Alejandro Toledo ha aprovechado también la coyuntura para ganar espacio y dejar claro que puede volver a ser candidato en las próximas elecciones.

"Esta crisis política ha dejado un efecto muy profundo y con un régimen lamentablemente debilitado, pues en la selva o en otras zonas del país podría haber quedado la sensación de que este Gobierno no cede ante los argumentos, sino ante la presión", señala el analista Augusto Álvarez Rodrich en su columna del diario La República. "Es una pésima señal para una nación que aún debe aprender a resolver sus problemas con diálogo y no con balas".

A falta de los resultados de las encuestas, que deben aparecer en los próximos días, cabe preguntarse cuánto ha afectado esta crisis a la precaria popularidad del presidente García, que en los últimos meses había empezado a remontar y se había situado cerca del 40%.

Ahora, a diferencia de anteriores crisis, no tendrá el escudo de la economía. El producto interior bruto peruano cayó en abril un 2,01% y puso fin a una racha de 93 meses consecutivos con resultados positivos. Aún no se habla de recesión, pero incluso la economía estrella de la región está sintiendo la crisis.

Fuente: http://www.elpais.com/articulo/internacional/coste/conflicto/indigena/Peru/elpepuint/20090618elpepuint_5/Tes

Derogarán decretos legislativos que atentan contra comunidades nativas peruanas

Aunque la decisión debió darse con mayor antelación, finalmente el gobierno peruano se ha comprometido a presentar al Congreso de la República antes del 18 de junio un proyecto de ley planteando la derogatoria de los decretos legislativos 1090 y 1064, normas cuestionadas por las comunidades nativas y diversos sectores en el país.

Una vez más nuestros gobernantes de turno esperaron que haya derramamiento de sangre, para recién tomar cartas en el asunto. Confiemos en que en un futuro inmediato hechos lamentables como estos no se repitan, desde esta tribuna hacemos votos para que cada uno de nosotros asuma su cuota de responsabilidad por la construcción de una República de Ciudadanos/as.

Por la verdadera revolución ciudadana de los pueblos indígenas

PRONUNCIAMIENTO

Por la verdadera revolución ciudadana de los pueblos indígenas

Ante los lamentables acontecimientos suscitados el 5 de junio del 2009 en Bagua y otras localidades de nuestra amazonía, a raíz de la protesta de los ciudadanos indígenas en contra de diversos Decretos Legislativos emitidos por el gobierno aprista; el Partido Político Constructores Perú afirma lo siguiente:

1. Reafirmamos que toda acción política, venga del Estado o de la sociedad civil, debe tener como centro a la persona, siendo la vida su principal derecho. Por lo tanto, nada justifica la muerte de ciudadanos peruanos en la amazonía, tanto por el lado de los pueblos indígenas como de las fuerzas policiales y pobladores en general. Del mismo modo, lamentamos las expresiones peyorativas vertidas por el Presidente Alan García sobre quienes discrepan de sus políticas, lo que reflejan una intolerancia inaceptable.

2. En ese sentido, rechazamos rotundamente la lógica de perversa competencia que algunos políticos y medios de comunicación vienen alentando para ver “cuál de los dos bandos suma más muertos”, así como la falsa oposición entre pueblos indígenas versus el conjunto de la nación. Lamentamos y condenamos la violencia venga de donde venga, y su trágico saldo en decenas de muertos y centenares de heridos en Bagua, Jaén y en la carretera Fernando Belaúnde Terry, porque TODA VIDA NOS IMPORTA.

3. Es evidente que la Ministra del Interior, el Presidente del Consejo de Ministro, congresistas de la República, y dirigentes de organizaciones indígenas han menospreciado la vida de sus compatriotas, por lo cual exigimos las investigaciones penales que correspondan en el marco de la ley y la sanción política más severa.

4. Es innegable que a lo largo de la historia, el modelo de explotación de recursos naturales alentado desde el Estado no ha favorecido la inclusión social, económica y cultural de amplios sectores de la población peruana, particularmente de las poblaciones indígenas, tanto a los ciudadanos andinos como a los ciudadanos amazónicos, que siguen afectadas por la pobreza y por diferentes tipos de exclusión.

5. Frente a esta situación, el Presidente Alan García ha optado por abanderar la política económica del “perro del hortelano” y bajo el pretexto de implementar el TLC, y sin acatar el Convenio 169 de la OIT, suscrito por el Estado Peruano, ha emitido Decretos Legislativos que profundizan la exclusión de los ciudadanos indígenas amazónicos, especialmente en su acceso pleno a la propiedad de la tierra y en su capacidad para generar riqueza que les permita desarrollar sus propios proyectos de vida.

6. Asimismo, un sector de la dirigencia política y de los medios de comunicación pretende oponer la supuesta cultura occidental “moderna” frente a la cultura indígena “arcaica”, desconociendo los profundos procesos de transformación cultural y mestizaje que se han dado en nuestro país, que se traducen en la pujante emergencia y empoderamiento de CIUDADANOS CHOLOS que se reconocen modernos y al mismo tiempo amazónicos, andinos, orientales, afros, etc. Una muestra de ello son las decenas de jóvenes de comunidades indígenas amazónicas que actualmente estudian carreras universitarias a nivel local, nacional, e internacional sin perder por eso su identidad cultural.

7. Por todo ello, Constructores Perú considera que estas visiones excluyentes respecto a la población indígena y a los ciudadanos pobres en general es perniciosa e interesada. Por eso, afirmamos que la protesta indígena iniciada hace más de cincuenta días y la invocación de sus líderes al cumplimiento del Convenio 169, constituyen un reclamo justo y legítimo por la inclusión plena de los pueblos indígenas a la sociedad y al mercado, sin perder su identidad cultural, proyecto de vida y modelo de desarrollo, y conservando sus ecosistemas para beneficio de todo el país.

8. Creemos que la verdadera revolución de los ciudadanos indígenas consiste en que los derechos de propiedad sobre su territorio, estén plenamente garantizados y que cuenten con las libertades y capacidades suficientes que les permitan generar y acumular riqueza, en bienes materiales e intangibles, según el modo que su cosmovisión e identidad cultural les dicte.

9. Acorde con lo señalado el Partido Político Constructores Perú propone:

- Que el Presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, y la Ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, renuncien inmediatamente a sus cargos, asumiendo la responsabilidad política que les compete.

- Que los mandos policiales y dirigentes indígenas involucrados en los hechos delictivos del 5 de junio sean investigados y sancionados penalmente de acuerdo a ley.

- Que las partes involucradas en la actual crisis amazónica respeten el Estado de Derecho Constitucional.

- Que el Congreso de la República derogue los Decretos Legislativos que no han sido emitidos en cumplimiento con los Tratados Internacionales, la Constitución y leyes, y proponga, mediante un proceso de consulta previa e informada a los pueblos indígenas, una nueva legislación que garantice el acceso real y pleno de las comunidades nativas a la propiedad de sus tierras, y modelo de desarrollo que ellos elijan y a la explotación sostenible de sus recursos.

10. Finalmente, reafirmamos nuestro compromiso como militantes del Partido Político Constructores Perú en la formación de una ELITE POLÍTICA CHOLA que lidere e integre los modelos de generación de riqueza para todas las personas en nuestro país, asegurándoles servicios de salud y educación de buena calidad, de modo que cada acto de aprovechamiento de nuestros recursos redunde en el desarrollo de capacidades de las poblaciones involucradas, respetando las distintas identidades dentro de un proyecto común de una República de ciudadanos y ciudadanas.

Lima, 09 de junio del 2009

Masacre en Perú: ¿por qué contra aguarunas y huambisas? (I)

Masacre en Perú: ¿por qué contra aguarunas y huambisas? (I)

Por: Marco A. Huaco P.

Sí, aunque los diarios “El Comercio” y “Perú 21” sigan poniendo entre comillas la palabra “masacre”, la sociedad asiste horrorizada a las masacres del 05 y 06 de junio mientras el Presidente García y sus Ministros inventan justificaciones cada vez más alucinantes ahora hablando de conspiraciones internacionales (¿Ecuador-Bolivia-Venezuela?) para impedir que el Perú explote sus recursos petrolíferos, gasíferos, auríferos, hídricos y forestales…que es al final todo lo que le interesa al perpetrador intelectual de la política del “perro del hortelano”. Ahora todos aquellos que todavía no estaban convencidos constatan que aquella insultante etiqueta del “perro” no era proclamada como simple metáfora agraviante sino como figura muy literal con ribetes genocidas.

Los hechos del 05 de junio demuestran que la agresión armada comenzó a iniciativa policial y que le correspondió un contraataque indígena. Qué otra conclusión puede desprenderse de cabezas y rostros indígenas partidos a la mitad por bombas lacrimógenas disparadas desde helicópteros y un operativo iniciado a las 5 de la mañana por centenares de efectivos de las fuerzas especiales premunidos de fusiles AKM y munición de guerra; qué otra conclusión podemos obtener de los cuerpos de los policías baleados por su misma munición.

Y los hechos de los próximos días demostrarán ante todo el mundo, que a pesar de la desaparición de cadáveres mediante su quema, el entierro en fosas comunes y su arrojo en los ríos, la cifra de asesinados indígenas supera muy largamente el número de 09, cifra que la Defensoría del Pueblo, el Gobierno, los medios de comunicación y hasta periodistas normalmente independientes como César Hildebrandt, insisten en restregarnos para que todos creamos que un operativo policial planificado con anticipación se convirtió en una “emboscada indígena asesina contra policías”.

Esta matanza sorprende a todo el país, pero la pregunta sobre los bestiales acontecimientos permanece: ¿por qué se organizó una operación policial de este calibre contra Aguarunas y Huambisas?, ¿estamos ante gobernantes desquiciados, ante fríos gobernantes gravemente comprometidos con poderosos intereses extranjeros, o a una mezcla de todo esto y de muchas otras cosas?. ¿Se trató de una calculada acción para descabezar y liquidar de un solo golpe al movimiento indígena amazónico y así consolidar a sangre y fuego uno de los principales capítulos del modelo económico neoliberal?.

Por causa de la cómplice manipulación informativa de medios escritos y televisivos que sólo resaltan las imágenes de los policías masacrados mientras que las fotos de los nativos asesinados sólo circulan restringidamente por internet, y por causa de un gobierno que con racismo tan asombroso como repugnante declara duelo nacional sólo por los policías muertos mientras llama a los indígenas “terroristas” e insiste en “sólo nueve indígenas muertos”, lo siguiente debe decirse de todos modos:

A diferencia de la generalizada ignorancia que existe sobre quiénes son los pueblos jíbaros Awajún y Wampís, (ignorancia de la que cumplidamente se aprovecha este régimen para exhibirlos como “terroristas”), el Gobierno de García sí CONOCÍA perfectamente las especiales características de dichos pueblos. Nos referimos a su conocida y ancestral ferocidad cuando se les acosa, cuando muere uno de los suyos o deciden entrar en guerra; y luego a su eficaz conocimiento del manejo de armas de guerra ya que sus jóvenes y hombres han servido como tropa en las guerras entre Perú y Ecuador de 1941, 1981 y 1992, desarrolladas precisamente en la Cordillera del Cóndor, área de su territorio ancestral. Estos dos factores no eran ignorados por el Estado y, como demostraré luego, ya han sido explotados antes por este Gobierno y empresas mineras para azuzar a los indígenas e incitarlos de manera criminal a una reacción defensiva violenta como la ocurrida en Bagua. Sumado a lo anterior, considérese los graves conflictos locales acontecidos este año con empresas mineras, petroleras y el ministerio de energía y minas; todo lo cual convertía a Bagua en el foco más delicado de la protesta indígena en la Amazonía.

Y es que aunque antiguas prácticas como la Tsantsa (reducción de cabezas del enemigo) ya no se practiquen y hayan pasado felizmente al olvido, los reflejos bélicos de Wampís y Awajúns se han mantenido vivos debido a su participación en las guerras con Ecuador lo que ha reforzado un especial sentido de pertenencia y celo territorial por partida doble: por ser sus territorios tradicionales desde antes de la existencia de la república y por ser una tierra en la que sus propios hijos han derramado su humilde y anónima sangre defendiendo los límites del Estado republicano.

Las “usuales” agresiones y crímenes que los regímenes represivos cometen contra nuestra sociedad civil mestiza y que ella siempre soporta, olvida y hasta perdona, de ninguna manera reciben la misma reacción en el mundo de los Awajún y Wampís. Mientras los ciudadanos mestizos reaccionamos como masa de protesta que pelea con puños y piedras pero que finalmente se desbanda para proteger su propia vida, ellos reaccionan como pueblo guerrero que contraataca en busca de reducir al enemigo y tomarse vida por vida. Eso lo sabe absolutamente bien cualquier militar -oficial o soldado- que haya trabajado en la Amazonía jíbara. Y cómo no, lo sabía Alan García. ¿O es que su antropólogo cortesano Juan Ossio no se los advirtió o tampoco ellos tomaron en serio a este señor?.

Leamos por ejemplo, lo que el INRENA (hoy Servicio de Áreas Naturales Protegidas) escribía en 2007 a diversas carteras ministeriales en el proyecto de decreto supremo que mutilaba a la mitad el área de protección ecológica del “Parque Nacional Ichigkat Muja”, ubicado dentro de territorio tradicional indígena:

“Los pueblos aguaruna y huambisa, autodenominados awajun y wampis respectivamente, pertenecen a la familia lingüística Jíbara, la cual constituye una de las naciones indígenas amazónicas más numerosa y de importancia cultural y política de la Amazonía. Con un fuerte sentido de identidad, se han caracterizado como un pueblo guerrero que ha sabido defender su territorio frente a diferentes amenazas e intentos de dominación que se les han presentado en distintos momentos de su historia”.

“Una de las características de la cultura Jíbara, con predominio en los hombres, es su actitud guerrera. Los hombres jóvenes se preparaban durante años para una carrera espiritual, social y militar, y en resumen, lograr el perfil de “hombre guerrero” a través de la observación de prohibiciones conductivas y dietarias y del consumo repetido de alucinógenos extraídos de plantas semi cultivadas y salvajes, con el fin de lograr visiones de un futuro exitoso”.

En el documento “Valoración cultural de los Awajún y Wampís” producido por un proyecto del INRENA co-ejecutado con una organización privada conservacionista, se reseña lo siguiente:

“Durante los siglos XVII y XVIII los españoles realizaron varios intentos de subyugar a los Jíbaros, pero sin éxito. Así los Jíbaros mantuvieron su libertad durante el resto del período colonial”.

“La fiebre del caucho comenzó entre los años 1880 y 1914; y, si bien para muchos grupos nativos en el Perú, la época del caucho significó la condena a la esclavitud y tratos infrahumanos también esta época les representó un mayor acceso al tráfico de mercancías. (…) En 1904 los Awajún/Wampís hartados de los abusos de los caucheros, en una correría bien organizada, mataron a los caucheros y eliminaron todos sus puestos”.

Afirmaciones como éstas sobreabundan en expedientes y comunicaciones oficiales entre el INRENA y el Poder Ejecutivo a propósito de concesiones mineras, categorización de zonas ecológicas reservadas, evaluaciones ambientales, y discusiones intersectoriales. Y como puede comprobar cualquier persona que haya ingresado a territorios jíbaros respetando las autoridades y normas indígenas establecidas consuetudinariamente, los Pueblos Awajún y Wampís son normalmente pacíficos, hospitalarios y amistosos. Pero también pueden pasar a la defensa armada frente a ataques o injusticias que amenacen a sus familias. Y este contraste lo conocen muy bien funcionarios estatales, militares y profesionales de organizaciones civiles y religiosas.

No se trata de justificar lo que es injustificable apelando a razones culturales, sino de comprender la naturaleza política de la decisión del régimen en la sangría de Bagua y por la que tendrá que dar cuentas ante la justicia internacional: el comando Aprista de Gobierno, fiel a su trayectoria histórica de derramar sangre civil y policial –sea como partido de oposición insurrecto, sea como partido de gobierno-, eligió conscientemente la solución violenta contra Awajúns y Wampís sin importar las consecuencias, con pleno conocimiento de causa de lo que podría ocasionar. El Aprismo ha enviado al matadero a policías obligados a cumplir órdenes y ha asesinado a indígenas que defendían su derecho a existir como pueblos. El Aprismo ha escrito un nuevo capítulo en su sangrienta historia.

Pero de estos horrendos incidentes, García no se librará como lo hizo respecto a los crímenes del caso El Frontón en su primer gobierno cuando 111 subversivos presos ya desarmados fueron asesinados, pues no existe ninguna duda de que García, su primer ministro y la ministra del Interior serán acusados de crímenes de lesa humanidad y de genocidio por enviar a los efectivos policiales a una muerte segura y por consentir acciones bélicas contra civiles que luego de 55 días de protesta lograban mantener la cordura a pesar de la drasticidad de sus protestas.

En la segunda parte de este artículo expresaré cómo es que la hipótesis de la provocación deliberada contra los indígenas no es una exageración descabellada ni panfletaria, a la luz de conflictos ocurridos este año en comunidades aguarunas de El Cenepa.

Fuente: http://marcohuaco.com/mh/

La verdad de las mentiras del gobierno

La verdad de las mentiras del gobierno

Por: Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe

El rollo increíble del ‘salvador de la patria’.

Antes que un gobierno apesadumbrado por todas las muertes dolorosas ocurridas en Bagua –cuyo recuento aún no termina–, lamento percibirle oportunismo para ocultar sus errores a través de la construcción de un respaldo en base a la aceptación –sin chistar– de que la crisis de la Amazonía es una conspiración contra la democracia; de que, frente a ese complot, el único salvador de la patria es Alan García; y de que todos los que discrepen de él pueden ser considerados hasta terroristas.

Ese ha sido el discurso oficial desde que se conocieron las primeras muertes. El presidente García –con sus ministros y medios que lo apoyan a ojos cerrados– sostiene que la protesta de los nativos es “una agresión que es producto de una conspiración de los que no quieren que el Perú progrese, o por intereses externos o por ignorancia elemental”. Agrega que son terroristas que quieren armar “otro Andahuaylazo”.

Para aceptar una acusación de esa gravedad no es suficiente que la anuncie el presidente, sino que debería esforzarse por darle credibilidad. Sus seguidores aceptan sus dogmas de fe sin preguntar, pero el resto de peruanos –empezando por la prensa independiente– tiene la obligación de exigir pruebas.

No se puede aceptar tan fácilmente que son terroristas los nativos que han peleado en las guerras contra Ecuador y que sufren una antigua intolerancia e indiferencia de los gobiernos centrales. El origen de sus reclamos es legítimo, aunque sin duda no las matanzas que realizaron. El ‘Estado limeño’ debió escucharlos con atención y no pelotear el tema, por dos meses, entre el Ejecutivo y el Congreso. Ahí radica una responsabilidad crucial de lo ocurrido. Cuando un gobierno recurre al balazo como instrumento de solución de conflictos está renunciando a su misión de gobernar y revelando una gran debilidad.

El gobierno no puede mentir como cuando cuenta muertos, ni violentar el debido proceso como quiso, para detener a Alberto Pizango, la ministra de Justicia, siempre apurada por la tinterillada que satisfaga al presidente. Hizo bien, por ello, en responderle con energía el presidente de la Corte Suprema.

El gobierno erró en la ejecución de la incursión, no consideró los informes de inteligencia y envió como carne de cañón a valerosos policías. Tampoco supo manejar el fondo de la negociación con los nativos amazónicos principalmente porque no tiene vocación sincera de diálogo con los que considera ‘perros del hortelano’.

Que el gobierno no lo reconozca no implica que se le deba aceptar, por ingenuidad o interés, sus engaños. Pero ya están advertidos lo mal que van a pasarlo todos los que, a partir de ahora, no se traguen el sapo presidencial con su ‘verdad oficial’. Pueden acabar hasta de terroristas.

Fuente: http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20090608/10/pagina/15

País hecho pedazos

País hecho pedazos

Escribe: César Hildebrant

¿De dónde salió este río de odio y muerte? Del desencuentro histórico. El Perú sigue siendo un país de pedazos no terminados de juntar. Un país hecho pedazos.

La sangre de la selva nos lo ha recordado.

No sé cuántas lecciones deberían sacarse de todo esto.

Supongo que una de ellas es que la violencia, esa vieja conocida nuestra, sólo llama a la tragedia.

Y a más violencia.

Sorprende escuchar a Yehude Simon y a los ministros que lo flanquean en estas circunstancias.

Ni una palabra de autocrítica, ningún lamento por el desenlace, ninguna promesa de que episodios como este no se repetirán.

Jactancia macabra, más bien. Triunfalismo sobre una ruma de cadáveres.

“Hemos impuesto el orden”, dicen.

Bueno, eso lo decía Esparza Zañartu, el jefe policial del general Odría.

“La carretera Fernando Belaunde ahora es transitable”, dicen.

Como si la carretera Fernando Belaunde valiera tantos muertos. Como si no hubiera caminos mejores para llegar a arreglos razonables con quienes se sintieron -y se sienten- amenazados por la invasión, la contaminación y el despojo.

“Los indígenas han estado permanentemente desinformados”, dice el señor Simon.

Y lo dice sin reparar en el hecho de que él es el mayor responsable de esa supuesta desinformación.

¿Que han operado instigadores y pirómanos? No lo dudo.

¿Pero a quién culpamos por no contrarrestar las exageraciones que esos azuzadores regaban en la selva?

La matanza se ha producido justo cuando el señor Yehude Simon iba a viajar a la selva a reunirse, sin intermediarios, con los apus. Si Pizango era un obstáculo, ¿no era hora del trato directo? ¿No debió hacer eso hace muchos días? ¿No es que el primer ministro cumple un rol político?

Por otro lado, hay gente en la izquierda que ha querido usar el movimiento amazónico como catapulta y pretexto.

Es la misma gente que jamás condenó a Sendero Luminoso ni al MRTA. La misma gente que sigue creyendo en la dictadura del proletariado que ellos -vanguardia iluminada- monopolizarán.

Algunos de ellos son los viejos comisaurios del leninismo siberiano. Los que no tuvieron piedad cuando Stalin fusilaba al comité central del partido que nació dizque para liberarnos de yugos y servidumbres.

Otros son los aventureros que apuestan por el radicalismo sin programa y sin alternativas.

La política peruana es una guerra de trincheras en la que las balas perdidas son las que más matan. Es hora de no seguir apostando por el caos armado (y ensangrentado).

Y es hora de hacer un frente, sagaz y democrático, en contra de este gobierno que, como digno sucesor del fujimorismo, no tiene miramientos cuando de rematar los recursos nacionales se trata.

Es la hora de la oposición inteligente. Es la hora de que las instituciones mejor preservadas -la Defensoría, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la prensa no hipotecada- actúen con todo el poder que la ley les permite. A más arbitrariedad alanista, más instituciones y valores en funcionamiento.

Los asesinos de policías tienen que pagar por lo que han hecho. Pero los asesinos de civiles merecen el mismo rigor. No hay fratricida inocente.

Escuchando a Yehude Simon daba la impresión de que sólo los policías estaban muertos. Y su modo avaro de contar a las otras víctimas resultaba horrendo.

El señor Simon ya ha dicho que no va a renunciar. Bueno, está en su derecho. Lo que tiene que saber es que un cortejo de cadáveres lo seguirá, a partir de ahora, adonde vaya.

La señora ministra del Interior también ha dicho que se mantendrá en su puesto. Lo que demuestra que la disciplina partidaria también puede conducir al suicidio político.

A estas horas de entierros y lamentos hay dos hombres que deben estar regodeándose.

Uno es Alberto Fujimori. El otro es Abimael Guzmán. Ambos comparten el mismo desprecio por la democracia, el mismo entusiasmo por las soluciones apocalípticas y la misma carencia de escrúpulos.

Parece mentira que el Perú no haya aprendido, con tamaños ejemplos, que el asesinato revolucionario y el escarmiento fascista son caras de la misma moneda.

Fuente:

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas/pais-hecho-pedazos_39961.html

Indignante actuación del gobierno peruano

Tomado de:
http://lapalabraingenua.blogspot.com/2009/06/los-han-matado.html

¡Los han matado!

¡Qué doloroso ver las imágenes de nuestros hermanos indígenas baleados y con quemaduras graves, tirados en la carretera! ¡Qué doloroso! Después de haber dormido con ellos en esa misma carretera hace solo 8 días, después de haber compartido historias, un plato de sopa y mil esperanzas, esas imágenes no son sólo información: son una herida que sangra. Y al dolor se suman la ira y la cólera en contra de los responsables, y la frustración frente a la arrogancia de un Gobierno que no considera a los pueblos indígenas dignos de ser escuchados.

Las informaciones acerca de lo que ocurrió y sigue ocurriendo en las dos Baguas y en las inmediaciones no son claras, pero hay una cosa que está clarísima: el Gobierno miente. Yehude Simon, Mercedes Cabanillas, Mauricio Mulder, Alan García mienten. Dicen que “sólo son tres indígenas muertos” mientras que “las víctimas” son los Policías “atacados” con “armas” de grueso calibre… ¡Qué vergüenza sus mentiras y qué vergüenza que la televisión solo sepa repetir sus mentiras! Aquí todos, indígenas y policías, son víctimas de un mismo victimario: el Gobierno, que en su necedad ha decidido imponer sus decretos iniciando una matanza de peruanos contra peruanos.

Seamos claros. La carretera Fernando Belaúnde estaba tomada desde el martes 26 por más de 3600 indígenas ubicados estratégicamente en una zona difícil, muy bien organizados y dispuestos a no moverse hasta obtener avances concretos en la solución a sus demandas. La DINOES tenía muy bien estudiada la situación, sobrevolaba de manera constante la zona usando helicópteros y se reunía casi diariamente con el Comité de Lucha. Cuando el Ministerio del Interior ha dado la orden de iniciar el desalojo, el general Uribe Altamirano tiene que haber explicado los detalles de la toma y el Ejecutivo tiene que haber autorizado el uso de este grado de violencia, incluyendo el uso indiscriminado de armas de fuego y la autorización para disparar al cuerpo y a matar. La DINOES no hubiera procedido de la forma en que lo ha hecho sin estar segura de que contaría con respaldo político.

Y este es el resultado: una matanza. Han muerto por lo menos 22 indígenas pero cruzando cifras y testimonios no debería sorprender que la cifra real llegue a superar los 50. Hay niños muertos con balas en el cuerpo. Hay cadáveres con quemaduras y hay testigos que aseguran que los cuerpos están siendo tirados al río Marañón. Hay decenas de detenidos cuya situación no se conoce. Hay heridos graves y muy graves y hay suficientes pruebas que demuestran que la Policía ha hecho un uso excesivo, brutal e innecesario de la fuerza.

Además, hay veinte policías muertos. ¡Por supuesto que es terrible! Once de ellos han muerto durante el enfrentamiento. Según han contado testigos del desalojo, los indígenas se enfrentaron cuerpo a cuerpo con efectivos policiales logrando arrebatarles sus armas o hiriéndoles con machetes y lanzas. Esas once muertes son tan dolorosas como las de los indígenas, y nunca hubieran ocurrido si el Gobierno hubiera optado por dialogar sin mecedoras. Pero no es posible olvidar que son muertes en un enfrentamiento, y era muy poco probable que quienes estaban siendo agredidos se quedaran sentados mirando cómo les disparaban con armas de fuego.

Muy distinto es lo que ha ocurrido en Kusú Grande, donde se ubica la Estación 6 del Oleoducto Norperuano que estaba cercada y cerrada desde el 23 de abril. Allí, 38 policías estaban destacados desde hacía semanas, pero se habían visto obligados a llegar a un acuerdo de convivencia con los más de 2 mil indígenas ubicados en la zona. El viernes, tras la masacre en Bagua, nueve de los policías han sido víctimas de la ira awajun. Es evidente que no se puede justificar desde ningún punto de vista este ojo por ojo. Sin embargo, no podemos dejar de decir que el Gobierno ha iniciado su barbarie SABIENDO que había 38 policías en minoría absoluta en la Estación 6 y que era muy probable que ellos sufrieran algún tipo de represalia. El Ejecutivo ha entregado la vida de esos muchachos a sabiendas de que si ocurría un desborde los indígenas perderían puntos frente a la opinión pública.

Hoy, el Gobierno le hecha la culpa de la violencia a los dirigentes. No puedo dejar de decir que lo que yo he visto con mis propios ojos es lo contrario: son los dirigentes quienes han tenido la capacidad de conducir la protesta dentro de los márgenes del respeto a los derechos humanos. He sido testigo directo de cómo una ancha capa de dirigentes de mucha calidad humana, muchos de ellos profesionales, explicaban una y otra vez en cada asamblea y en cada reunión que la lucha debía respetar los derechos humanos, que sólo podrían triunfar si la protesta era pacífica y que si se volvía violenta sin duda serían derrotados. Así, han controlado durante 56 días posturas más radicales y han realizado acciones masivas y contundentes, como el cierre del flujo de petróleo y el corte de carreteras, pero siempre de manera pacífica. Ahora, el Gobierno ha forzado al caos, ha matado, herido y obligado a esconderse a muchos dirigentes y ha dejado un movimiento masivo y frustrado sin dirección política. Obviamente, las consecuencias son impredecibles, y por eso AIDESEP parece haber tomado la decisión prudente de replegar las protestas mientras se aclara el panorama.

El Gobierno se ha manchado las manos de sangre de manera brutal. Solo encuentro una salida política y una demanda posible: destitución, juicio y sanción a los responsables. ¡Por dios! Acabamos de conseguir que Fujimori sea condenado a 25 años por matar personas para imponer la razón de Estado. ¿Nunca vamos a aprender? ¿Vamos a tolerar ser gobernados por un criminal?

No quiero dejar pasar el fondo del asunto. La “protesta irracional” de los indígenas está respaldada por tres informes de comisiones del Congreso, un informe de la Defensoría del Pueblo, un informe de una comisión de expertos de la OIT y numerosos informes privados. No hay aquí “terroristas”, “ignorantes”, “manipulados” ni “títeres”: hay un pueblo convencido de que el Estado quiere imponer mediante los decretos cuestionados la explotación irracional y agresiva de los recursos de sus territorios, y ese convencimiento está suficientemente sustentado legal y técnicamente. La ignorancia es la del Gobierno, que cree que puede imponer su punto de vista y mentir descaradamente y que los peruanos nos quedaremos tranquilos.

Hace nueve noches, Roberto, un awajun de la cuenca del Santiago, me contaba las historias que a él le habían contado los viejos de la comunidad acerca de cómo diversos personajes de la naturaleza lucharon con ingenio para vencer a los hombres antiguos que comían a otros hombres. “Así estamos nosotros ahora, luchando por defender la vida pero con inteligencia, no con la fuerza”. Eso es lo que nuestros hermanos han estado haciendo por nosotros: luchando por defender la vida, defender la selva amazónica de una agresiva transformación pro-empresarial. Ahora no sé si Roberto, Leonidas,el apu Oscar, Ricardo y otros hermanos con los que compartimos esa noche de lucha siguen vivos, están heridos o dónde se encuentran. Pero lo que sí sé es que ellos o sus hermanos seguirán luchando en contra de los “decretos del hortelano” y por construir un Perú en el que su visión acerca del “desarrollo” sea escuchada y valorada.

Pronunciamiento de los acontecimientos en la selva peruana

Pronunciamiento del Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y la Defensoría del Pueblo sobre los últimos hechos de violencia sucedidos en la Selva Peruana

¡ALTO A LA VIOLENCIA!

El Presidente de la Conferencia Episcopal del Perú y la Defensora del Pueblo lamentan profundamente el descenlace violento que viene ocurriendo en el departamento del Amazonas, ciudades de Bagua Chica y Bagua Grande, entre otras, que ha ocasionado la muerte de civiles y policias y un saldo de varios heridos.

La vida es un valor supremo que en cualquier circunstancia debe ser protegida y privilegiada, tanto la de nuestras comunidades nativas históricamente desatendidas, como las que quienes, en cumplimiento de su deber constitucional, procuran el restablecimiento del orden.

Hacemos un clamoroso llamado a la serenidad y demandamos que, de manera inmediata, cesen los enfrentamientos entre compatriotas. Es urgente que se atienda sin distinción a las personas heridas y a las que se encuentran en riesgo y que se proceda en el más breve plazo a restablecer el canal del diálogo, que nunca debió ser interrumpido, y que debe ser utilizado como la única vía para resolver pacíficamente los conflictos.

Concientes de nuestro deber de protección de la vida y de los derechos fundamentales de las personas, invocamos a todas las autoridades y dirigentes a optar por el diálogo y la paz y nos mantenemos a disposición del país para colaborar en lo que nos sea requerido, a fin de devolver la tranquilidad a las poblaciones afectadas y a todo el Perú.

+ Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, OFM.
Arzobispo de Trujillo
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana

Dra. Beatriz Merino Lucero
Defensora del Pueblo

“Toda la nación” son ellos y no nosotros

“Toda la nación” son ellos y no nosotros

Por Humberto Campodónico

La violencia y las muertes de ayer en Bagua son el producto de la voluntad del gobierno de Alan García de completar la “reforma incompleta” por la que tanto han clamado los neoliberales. La última vez que un gobierno estuvo a punto de desencadenar similares actos de violencia fue en Arequipa, en junio de 2002, cuando miles de personas salieron a las calles a protestar contra la privatización de Egasa y Egesur.

Entonces, la mesura del gobierno de Toledo, que desistió de las privatizaciones, impidió el enfrentamiento violento. Por ello, la derecha lo acusó de “blandengue”. Dicho esto, ciertamente el gobierno de Toledo no cambió el curso general de la política económica durante el resto de su gestión.

En las elecciones del 2006, la mayoría de la población estaba a favor del “cambio”, lo que no era novedad pues ese es el curso que, en general, estaba recorriendo el conjunto de América Latina. Así, al asumir el poder, el gobierno de García contaba con la legitimidad para buscar un nuevo equilibrio en las relaciones entre mercado y Estado.

Pero eso no sucedió. Por el contrario, el gobierno abrazó por completo el discurso neoliberal. Como dijo ayer en un editorial Fernando Eguren, director de La Revista Agraria de CEPES, “no podemos desligar la protesta de las poblaciones nativas y los luctuosos hechos de Bagua, que ha cobrado hoy día la vida de pobladores y de la policía, del discurso presidencial expuesto en el manifiesto “El síndrome del perro del hortelano” de octubre del 2007” (www.cepes.org.pe).

Esto dijo García en ese –hoy tristemente célebre– manifiesto, lo que también nos recuerda Eguren: “Hay millones de hectáreas (has) para madera que están ociosas, otros millones de has que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán, además cientos de depósitos minerales que no se pueden trabajar y millones de has de mar a los que no entran jamás la maricultura ni la producción.”

“Para que haya inversión se necesita propiedad segura [de la tierra], pero hemos caído en el engaño de entregar pequeños lotes de terreno a familias pobres que no tienen un centavo para invertir. Pero la demagogia y el engaño dicen que esas tierras no pueden tocarse porque son objetos sagrados y que esa organización comunal es la organización original del Perú…”.

“…existen verdaderas comunidades campesinas, pero también comunidades artificiales, que tienen 200,000 has en el papel pero solo utilizan agrícolamente 10,000 has y las otras son propiedad ociosa, de ‘mano muerta’, mientras sus habitantes viven en la extrema pobreza y esperando que el Estado les lleve toda la ayuda en vez de poner en valor sus cerros y tierras, alquilándolas, transándolas. Porque si son improductivas para ellos, sí serían productivas con un alto nivel de inversión o de conocimientos que traiga un nuevo comprador” (El perro del hortelano, octubre 2007).

Queda claro que para García “poner en valor” esas tierras no puede realizarse por los comuneros o los amazónicos “que no tienen un centavo”. Con el argumento de que esos recursos son “de toda la Nación”, se esconde la intención de entregarlos a grandes inversionistas para que los exploten en beneficio de sus empresas, como viene sucediendo con las concesiones mineras y petroleras, y no de la Nación.

Lo sucedido vuelve a demostrar que la aplicación del modelo neoliberal es indesligable del autoritarismo y la violencia. Recordemos que estos decretos legislativos fueron promulgados en junio pasado para “adecuarse a las condiciones del TLC con EEUU” y no fueron consultados a las comunidades amazónicas, como lo establece el Convenio 169 de la OIT (ver “El gobierno no cumple la ley”, www.cristaldemira.com, 16/5/09). El derramamiento de sangre dice que el gobierno ha sido incapaz de canalizar el conflicto por la vía pacífica, pues considera a los indígenas amazónicos como “ciudadanos de cuarta categoría”. La defensa de los intereses “de ellos” está llevando a niveles de fractura y polarización que solo pueden ser detenidos con el diálogo. Otro Premier, ya no Yehude Simon, tiene que hacerlo a la brevedad.

Fuente: http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20090606/15/node/198282/total/14/pagina

¿Es usted (oficialmente) pobre?

¿Es usted (oficialmente) pobre?

Por: Javier M. Iguíñiz Echeverría
Profesor del Dpto. de Economía de la PUCP.

Acaban de salir y se están discutiendo los resultados de la última encuesta sobre pobreza en el Perú. Como era de esperarse, en un año como el 2008, en el que la economía creció mucho, la incidencia de la pobreza monetaria debe bajar y así ha ocurrido. Felizmente, aunque a pesar del enorme crecimiento económico la extrema pobreza ha aumentado ligeramente en Lima Metropolitana y las ciudades de la Costa y de la Sierra. La subida de los precios de los alimentos y los despidos en la agroindustria deben haber contribuido a este deterioro en medio de la bonanza del año pasado.

Hay que seguir analizando estas y otras interesantes cifras pero nuestro interés, estimado lector, es que usted haga cálculos y se auto-ubique en la actual situación sea, ojalá, entre los no pobres, si no entre los pobres no extremos o entre los extremos. Como las cifras son sobre pobreza monetaria conviene comparar su gasto familiar con las cifras que indicamos a continuación.
¿Es usted pobre?

Las cifras que permiten que usted se autoclasifique son las del gasto mensual que realiza su familia. Haga el ejercicio. Si usted vive en Lima, tiene que dividir el gasto familiar mensual financiado con toda fuente, incluidas donaciones públicas y privadas, envíos de familiares en el exterior u otras fuentes, entre el número de miembros que tiene su familia y para ser oficialmente pobre debe darle un cociente de 310 nuevos soles o menos. Esa cifra es el gasto per cápita promedio en su familia para comprar la canasta básica.

Si su familia está compuesta por 4 miembros, usted y cada uno de los miembros de su familia son oficialmente pobres si el gasto mensual total promedio de la familia en el año 2008 ha sido de 1,240 nuevos soles o menor. (No importa si es que alguien en la familia come mucho más o gasta más en ropa o salud que los demás). Si fueran tres miembros, el gasto mínimo para no ser pobre sería, entonces, de 930 nuevos soles.

La cifra es algo menor si usted vive en las otras ciudades del Perú. En ese caso, debe hacer el cálculo empezando con una cifra de 255 nuevos soles que es el precio de la canasta. Con cinco miembros en la familia, el gasto mínimo para que los miembros de su hogar no sean considerados pobres es más de 1,275 nuevos soles. Si vive en pueblos muy pequeños, la cifra oficial para el 2008 es 197 nuevos soles por persona al mes y para una familia de 5 miembros sería 985 nuevos soles.

¿Quizá extremo pobre?

Para ser oficialmente extremo pobre en Lima Metropolitana, el gasto per cápita mensual de los miembros de la familia debe ser de 149 nuevos soles o menor. Para una familia de cinco personas, por lo tanto, el gasto familiar total debe ser de 745 nuevos soles o menos. Si es de tres miembros, el gasto familiar debe ser 447 NS o menos.

Si vive en otras ciudades importantes del país, la cifra con la que debe comparar sus gastos familiares es 143 nuevos soles per cápita. Y si es poblador del mundo rural, 128 nuevos soles. Como en los casos anteriores debe multiplicar esas cifras por el número de miembros de su familia y sacar sus propias conclusiones.

¿Alcanza cuando no se es pobre?

Finalmente, conviene preguntarse por el realismo de esas cifras para definir la línea de pobreza. ¿Cómo vive en Lima una familia de cinco personas con un gasto familiar ligeramente superior a 1,240 nuevos soles? Si la mitad fuera a alimentos, los 620 nuevos soles deben alcanzar a cuatro personas, lo que da 155 nuevos soles por mes y unos 5 nuevos soles en alimentos por persona al día. Quizá por eso hay tanta desnutrición en Lima. No ser pobre no es estar bien.

Este artículo también lo puede leer en http://aeperu.blogspot.com

Fuente: http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20090604/13/pagina/14