APRODEH saluda a municipalidades arequipeñas por ordenanzas contra la discriminación

APRODEH SALUDA A MUNICIPALIDADES AREQUIPEÑAS POR ORDENANZAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

La Asociación Pro Derechos Humanos felicita a las Municipalidades de Cayma, Yanahuara y Cerro Colorado, en Arequipa, por la publicación de sendas Ordenanzas contra la discriminación en locales abiertos al público.

“La discriminación continúa siendo uno de los problemas más fuertes de nuestra sociedad y se manifiesta también en el rechazo por parte de algunos hoteles y discotecas a sus clientes, debido a sus rasgos físicos mestizos, andinos o negros. Esta situación ilegal es todavía frecuente en zonas turísticas, por lo que resulta muy positivo que en Arequipa se hayan aprobado estas Ordenanzas”, declaró Wilfredo Ardito, responsable de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de APRODEH.

“Queremos recordar a la opinión pública que la discriminación es un delito y la víctima de discriminación puede realizar la denuncia penal correspondiente. En este caso, la sanción se aplicará hacia el propietario del local”, agregó.

Ardito recordó que la primera Ordenanza contra la discriminación en locales públicos fue aprobada por la Municipalidad de Magdalena en diciembre del año 2006. El año pasado fue aprobada una norma similar en el distrito de San Miguel. En tal sentido, APRODEH reitera su llamado a los Alcaldes de Miraflores, Barranco, Surco y San Isidro para promulgar Ordenanzas similares. “En todos estos distritos hemos recibido denuncias sobre discriminación en años anteriores. La Alcaldesa del Cusco, Marina Sequeiros debería también promulgar una Ordenanza contra las reiteradas prácticas discriminatorias que existen en muchos locales de la Ciudad Imperial”, afirmó.

A decir del especialista, resulta especialmente interesante que, en Cayma y Cerro Colorado, se haya incorporado como requisito para obtener autorización de funcionamiento la presentación de una Declaración Jurada que no se producirán prácticas discriminatorias. “Creemos que este requisito debería ser obligatorio a nivel nacional”, remarcó.

APRODEH desea recordar, finalmente, que el pasado 28 de febrero, la Municipalidad de Abancay dictó la Ordenanza 002, que hasta la fecha es la norma más completa contra la discriminación en todas sus formas, no solamente en locales abiertos al público.

“Se siente que vamos avanzando”, manifestó Ardito, “pero todavía falta mucho por hacer”.

Lima, 26 de marzo de 2008

Mayor información:
Wilfredo Ardito: 9807-3589

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
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La Justicia debe proteger la protesta y no acallarla

“La Justicia debe proteger la protesta y no acallarla”

Abogado y profesor de Derecho Constitucional, Roberto Gargarella señala que la democracia se apoya en el disenso, por lo que la “sociedad debe preservar el derecho a criticarse en forma permanente”.

Por Laura Vales


Los fallos judiciales en materia de conflicto social han sido en su mayoría de una notoria pobreza argumentativa y discrecionalidad, dice Roberto Gargarella en su libro El derecho a la protesta. Abogado y profesor de Derecho Constitucional, analizó allí las principales sentencias sobre los cortes de ruta para mostrar lo razonamientos en los que se apoyaron. Plantea que, al contrario de lo que sucede aquí, el derecho debe proteger a la protesta, en lugar de acallarla. “La principal misión de los jueces –dice– es proteger a los críticos, y especialmente a aquellos que tienen dificultades económicas o políticas para expresarse.”
–¿Por qué?

–En parte por la tentación y la capacidad que pueden tener desde el gobierno para acallar a la oposición; luego aparece otra razón, porque la democracia se asienta sobre el disenso, más cuando tenemos una democracia representativa: dado que delegamos en los gobernantes el poder político, el control de las armas, es especialmente necesario que nos reservemos como sociedad la posibilidad de criticarlos permanentemente.

–¿De dónde surge esta misión de la Justicia? ¿Por qué no pensar que su prioridad deba ser velar por las mayorías?

–Porque no vivimos en una democracia a secas, sino en una democracia constitucional, un sistema que se preocupa por proteger a la mayoría y a las minorías. El sistema institucional, con los tremendos defectos que tiene, se diseñó para defender al mismo tiempo al gobierno y a la oposición. Una parte protege a la mayoría (a través de ramas políticas, que dependen del voto), y otra para que el crítico no quede desguarnecido (a través de la Justicia, que no depende del voto). Esto no quiere decir que la Justicia avale cualquier tipo de crítica. Pero si en vez de proteger a los críticos hasta último momento, los jueces buscan acallarlos, como suele ocurrir aquí, renuncian a su misión principal.

–Hay un argumento muy utilizado para criminalizar la protesta: “los derechos de uno terminan donde empiezan los de los demás”.

–Es un argumento tan común como vacío, y es alarmante que la Justicia recurra a él. Uno se pregunta si carece de argumentos o está manipulando el derecho. Es que se trata de una declaración frente a la cual todos estamos de acuerdo porque no significa nada. Los choques de derechos se dan todo el tiempo, y lo que interesa es definir qué hacer cuando se produce esa colisión. Lo que han hecho muchos jueces es utilizar ese argumento para desplazar el derecho que no les gusta sin decir por qué lo hacen. Se desplazan, así, los derechos sociales que la Constitución garantiza, el derecho a la crítica, a la protesta o a peticionar ante las autoridades. No basta con decir “aquí se ha tocado mi derecho al libre tránsito” o “aquí está mi derecho a la propiedad”. Frente a un choque de derechos, los jueces deben decir cuáles van a proteger primero, de qué modo, hasta qué punto y por qué razones. Si no, lo suyo se convierte en una declaración dogmática, en pura ideología.

–¿Cómo decidir qué derechos tienen prioridad sobre otros?

–Diría que eso no es algo que deba quedar en manos de los “científicos” del derecho, sino que cualquier ciudadano puede reflexionar sobre el tema. Una manera que sugeriría para definir prioridades es medir cuán cerca está el derecho en conflicto del nervio democrático de la Constitución, es decir cuán central es ese derecho para que yo pueda seguir actuando como ciudadano, para permitir que la democracia siga existiendo. Cuanto más cerca esté de ese nervio central, más debe ser protegido.

–¿Hay doctrinas que protejan el derecho a manifestar?

–La doctrina del foro público dice que los jueces deben hacer un esfuerzo para preservar ámbitos tradicionalmente utilizados para protestar, como ciertas calles, avenidas y plazas. Otros juristas extienden este mandato a ámbitos no tradicionales, como los shoppings o las estaciones de tren, por donde circula mucha gente. Hay otros, tanto en la doctrina norteamericana como en la argentina, que se refieren a la necesidad de leer la idea de libertad de expresión vinculada al ideal de contar con un debate público robusto. Otra doctrina, referida a la expresión crítica, señala que puede ser razonable establecer limitaciones a la protesta en cuanto al tiempo, lugar y modo, pero al mismo tiempo la jurisprudencia estableció que tales limitaciones no son aceptables si se utilizan como excusa para taparle la boca al crítico.

–Se tolera que la protesta cause inconvenientes.

–Sí, se reconoce que existen costos y que la protesta no es un derecho más. El derecho a criticar a las autoridades es reconocido como un “súperderecho”, lo que yo llamo el primer derecho. Si se apaga la crítica al poder, la propia democracia resulta socavada, pierde sentido.

–Otro de los argumentos usados, por ejemplo en el caso de Marina Schiffrin, equipara la protesta a la sedición.

–Ese argumento, basado en el artículo 22 de la Constitución, sostiene que en una democracia representativa la gente sólo se expresa a través de sus representantes. Se ignora que nuestra Constitución está comprometida también con la democracia participativa. Pero lo más importante es advertir que en estos casos los jueces se ven obligados a reflexionar sobre el modo en que la Constitución piensa la democracia, y que, sistemáticamente, han defendido una concepción elitista –diría reaccionaria– de la democracia. Hay algo más: hoy nuestros jueces asumen que todo desafío al derecho debe merecer una respuesta penal.

–¿Qué otros caminos podrían seguirse?

–Mediar frente a las distintas partes. Pongamos el caso de los presos de la Legislatura: allí la Justicia eligió el peor camino, responder a la violencia con violencia. Renuncia así a la gestión conciliadora. Como en otros países, podría mediar entre las partes, exigir el establecimiento de lugares para la venta ambulante, preguntarle al poder político por el modo en que ha abandonado la protección de ciertos derechos. En cambio, lo que se ha hecho en la Argentina es dar una respuesta patoteril. De este modo, los jueces desconocen también que la Constitución ha asumido compromisos básicos de justicia social. Que una mayoría de dirigentes políticos se nieguen a verlos es un gran problema, pero que la Justicia lo haga es intolerable. Lleva a preguntarnos sobre la necesidad de seguir respetando el derecho. Mucha de la gente que está en posición desventajosa tiene que advertir que sus reclamos están respaldados a nivel constitucional. No se trata de reclamar solidaridad, sino de exigir justicia constitucional. Si no nos gusta, podemos cambiar la Constitución o anunciar que renunciamos a ella, mientras estamos frente a exigencias de primer rango legal.

–Cuando la Constitución habla del derecho a trabajar o a la vivienda, ¿está diciendo que el Estado tiene la obligación de darlos?

–Cuando la Constitución dice que tenemos derecho a la libertad de expresión está diciendo que si ese derecho me es conculcado, puedo ir a la justicia y obtener lo que las autoridades me niegan. El modo en que reacciona es exigiendo al poder político que deje de hacer ciertas cosas (por ejemplo, censurar) o que haga otras (darle espacio a la oposición en los canales de aire). Cuando alguien reclama por un derecho social, los jueces se resisten a actuar del mismo modo. ¿Cuál es la diferencia entre reclamar por la censura en una obra de teatro, y reclamar por el derecho a la vivienda digna? Algunos dicen que la diferencia está en que, en materia presupuestaria, los jueces no deben imponerles a los políticos un programa económico. Pero un juez puede decirle al gobernante “si usted en un plazo tal no le asegura a esta persona el derecho a una vivienda, está violando la Constitución e incumpliendo su tarea”. Otros dicen que lo que pasa es que los derechos económicos son caros. También es un error. Los derechos políticos pueden ser tanto o más caros que los derechos sociales. ¿Cuánto cuesta organizar una elección? Pero nadie duda de que las elecciones tienen que celebrarse, aunque cuesten mucho dinero.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-55110-2005-08-15.html

Alan García: vender la amazonía y todo el Perú para no ser "perros del hortelano"

ALAN GARCÍA: VENDER LA AMAZONÍA Y TODO EL PERÚ PARA NO SER "PERROS DEL HORTELANO"

Escribe: Rodrigo Montoya Rojas

Lima, marzo 4, 2008

En octubre y noviembre del 2007, y el 2 de marzo de 2008 el presidente Alan García publicó tres artículos en el diario “El Comercio” de Lima oponiéndose a las peruanas y peruanos que como el “perro del hortelano” no comen ni dejan comer. En esta infeliz metáfora la comida es el conjunto de recursos del Perú, en particular los bosques de la Amazonía y las tierras comunales de los Andes y de la Costa. Por el carácter panfletario de sus artículos, parece que los perros del hortelano fuéramos todos los peruanos, pero si se observa atentamente la lógica del desprecio presidencial, los principales perros del hortelano son los comuneros andinos, amazónicos y costeños, que habitan los pueblos donde se encuentra la reserva de solidaridad y reciprocidad más importante para el presente y futuro del Perú. Serían también los “antimineros”, “pluriculturalistas” y “patrioteros” y los “10,000 activistas agresivos y callejeros” que se oponen a la política del gobierno aprista. No hay en el razonamiento del señor García respeto alguno del derecho que las peruanas y peruanos tenemos de no creer en su gobierno y de ser parte de una legítima oposición. Por eso, insulta a quienes no piensan como él.

Sus tres artículos no son textos políticos serios, tampoco textos académicos, son panfletos de elemental propaganda capitalista. El Sr. García generaliza con toda libertad, se mueve en un mundo de oposiciones totales, blanco y negro sin matices: de un lado, los malos peruanos que no quieren el progreso del país y, del otro, los buenos como él que defenderían ese progreso. No menciona ninguna fuente de la información que ofrece, tampoco cita a algún autor que sostenga las tesis que él presenta como nefastas. Sus cifras contra la pobreza son sólo globales, sin desagregados puntuales que permitirían, entre otras cosas, lo que cuesta la burocracia que se ocupa de la pobreza. García dice que quería iniciar un debate, pero no responde a ninguno de sus críticos. García sólo se oye a sí mismo y a quienes lo aplauden. Al resto lo mira desde su desdén, menosprecio y soberbia. En esas condiciones ningún debate es posible. La pobreza intelectual del presidente queda en evidencia. ¿Qué debate puede haber cuando las categorías son más insultos que conceptos? Si ustedes, lectoras y lectores fueran parte de los millones de comuneras y comuneros de la Amazonía, de los Andes y de la Costa, ¿les gustaría que el presidente de la república los trate de perros? Por desgracia, en el lenguaje peruano común y silvestre, perro es un insulto. Lo digo con mi debido respeto por los perros.

Algunas de las tesis centrales que Alan García defiende en su panfleto son las siguientes: si no hay propietarios, no hay inversión; la Amazonía tiene un potencial que no se explota, las concesiones no sirven; hay que vender las tierras comunales, con el simple acuerdo de la mayoría más uno de los votos de la asamblea comunal; hay que vender todas las propiedades del Estado.

Como todo político de derecha, García está convencido de que la única propiedad que cuenta es la individual, que la propiedad colectiva no debiera existir porque es parte del llamado atraso o de la pre-modernidad, y que los derechos sólo debieran ser individuales. Si el señor García conociese algo de la historia y la realidad peruana no cometería el gravísimo error de creer que en las comunidades campesinas se tienen tierras en abandono. Si supiese algo de la literatura antropológica e histórica disponible sabría que en la lógica andina de la agricultura el descanso es parte de un ciclo de recuperación de la capacidad productiva de la tierra, sobre todo en zonas donde sólo se cuenta con el agua de las lluvias, que son la gran mayoría de la agricultura peruana. En 1971, en las comunidades de la provincia de Aymaraes –Apurímac- se dejaba descansar a las parcelas sólo cinco años y no diez como era la norma del saber agrario, debido a la presión demográfica: más bocas que alimentar. Hubo sí un proceso de abandono de tierras en zonas de la guerra interna cuando los campesinos e indígenas huían de los fuegos de Sendero Luminoso y las fuerzas armadas.

Desde que los recursos de la Amazonía fueron entregados en concesiones sobre todo a empresas petroleras, de gas, mineras y a madereros privados, las organizaciones indígenas de la Amazonía, particularmente AIDESEP, tuvieron la generosidad de pensar en los pueblos indígenas aún no contactados. Se trata de peruanas y peruanos hermanos nuestros que vivieron todas sus vidas en los bosques y que ante la agresión de la llamada civilización occidental y cristiana prefieren vivir escondidos y al margen. Fueron los pueblos amazónicos los que en miles de años organizaron el espacio y el paisaje que conocemos y que el capitalismo depredador trata de convertir en un inmenso desierto. Si por el interés capitalista la Amazonía va quedando como un damero, los propios pueblos indígenas propusieron reservar espacios del bosque para que los pueblos no contactados encuentren su “mitayo” (carnes y peces del monte, sobre todo) para seguir viviendo. Por ignorancia, el señor García se burla de uno de los gestos de solidaridad más extraordinarios de la sociedad peruana en los últimos años. En su afán de defender a las empresas petroleras, se atreve a decir: ¨Y contra el petróleo han creado la figura del nativo selvático no conectado”.

El Señor García propone que los bosques y las tierras aptas para la ganadería y la agricultura se entreguen en propiedad y que las concesiones ya existentes para empresas petroleras, de gas y mineras sean respetadas. En la Amazonía, los Andes y la Costa, no hay tierras baldías o de nadie; allí las comunidades campesinas y nativas tienen títulos y el presidente de la república debiera ser el primer ciudadano en respetarlos. Hace mucho tiempo que el llamado “vacío amazónico” -aquel de la “selva libre” o “paraíso verde” por colonizar, en tiempos del primer gobierno de Fernando Belaunde entre 1963 y 1978- fue claramente desmentido. 42 pueblos indígenas pertenecientes a 12 familias lingüísticas tienen ahora reconocidas una pequeña parte de sus tierras, luego del despojo colonial. No se les puede ignorar. Ya dejaron sentir sus voces oponiéndose a la “ley de la selva” que el gobierno aprista elabora precisamente para vender la amazonía.

El presidente García está convencido que sólo las grandes empresas salvarán al Perú, la iniciativa privada sería la única capaz de aprovechar los recursos del país, que el Estado sólo debiera servir como un promotor de la eficiencia privada. Alemania, Japón y Corea serían los ejemplos a seguir.

Los artículos del Sr. García aparecieron en un contexto muy preciso, marcado por una importante oposición en Perú a la gran minería que tiene las tasas más altas de ganancia en la historia y disfrutan del apoyo total de los últimos gobiernos, y a una ley que abre las puertas de la inversión privada en el turismo en contra de la opinión sensata de los arqueólogos y de las autoridades y ciudadanos del Cusco que saben bien de lo que la inversión privada es capaz de hacer con el patrimonio cultural del país. En su campaña electoral el Sr. García prometió imponer un impuesto especial sobre las grandes ganancias de las empresas mineras para obtener alrededor de 5 mil millones de dólares. Después de su victoria cambió de parecer y sólo pidió a sus “amigos mineros” que cristianamente ofreciesen un ¨óbolo¨ para el desarrollo del país. La caridad prometida fue de 500 millones de soles (172.4 millones de dólares) con la condición de que las empresas decidiesen en qué se gastaría ese dinero. En Tambogrande y Huancabamba (Piura) las comunidades campesinas dijeron: “no queremos que las empresas mineras contaminen nuestra aguas”. A pesar de su fuerza y enorme poder, las empresas canadiense y china tuvieron que dar marcha atrás. Con otra muestra de ignorancia el Señor García escribe: “Aquí todavía discutimos si la técnica minera destruye el medio ambiente, lo que es un tema del siglo pasado”. El Sr. García cree que la nueva minería no afecta al medio ambiente, que la antigua sí. Es eso lo que sostienen las grandes empresas. Estas se atreven incluso a sostener que los llamados mineros informales le hacen más daño al medio ambiente que las grandes empresas. En este punto preciso el Sr. García concuerda con su amigo Bush e insulta a los defensores del medio ambiente llamándoles comunistas y oportunistas. Nunca las grandes empresas mineras tuvieron un presidente como Alan García. Su felicidad no puede ser mayor.

¿Cual es la originalidad de Alan García en sus tesis contra los llamados perros del hortelano? Ninguna. La idea de la propiedad como recurso para la inversión que el desarrollo capitalista requiere es muy vieja, y forma parte del catecismo burgués de los primeros días, hace tres siglos. Desde tiempos de Bolívar, 1824-25, en Perú, los llamados indios fueron considerados como ciudadanos y peruanos propietarios con el derecho de vender. Luego, los empresarios y terratenientes heredaron la idea: recuerden que entre 1920 y 1930 los hacendados de Puno propusieron liquidar las comunidades para expandir sus latifundios; que en el primer gobierno de Alan García (1985-1990) sus parlamentarios presentaron un proyecto de ley para que las tierras no trabajadas de las comunidades costeñas sean privatizadas. Todas esas propuestas fracasaron. Fue con el gobierno de Fujimori que los neoliberales con el apoyo del Banco Mundial impusieron el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural (PETT) y, desde entonces, está en marcha, sin tropiezo alguno, el proceso de privatización de las tierras comunales con la entrega de títulos de plena propiedad privada para sus beneficiarios.

Si en sus textos Alan García hubiese dado cuenta de la transformación del Apra y de la evolución de sus propias ideas, defendiendo su derecho de cambiar, habría tenido que mencionar, por ejemplo, la nacionalización de la tierra, uno de los puntos del programa histórico llamado auroral¨ del Apra. Si hubiese dicho una palabra sobre el punto habría dado muestra de un mínimo de honestidad intelectual.

Fuente: http://www.servindi.org/archivo/2008/3549

APRODEH expresa preocupación por creciente represión policial

Aprodeh expresa preocupación por creciente represión policial

La libertad de expresión y manifestación pacífica son derechos fundamentales

La creciente ola de represión policial contra manifestaciones ciudadanas pacíficas en las últimas semanas es motivo de gran preocupación para la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, pues expresa una vocación autoritaria e intolerable del gobierno y una violación de las libertades de expresión y manifestación pacífica, que son derechos fundamentales de una democracia y del Estado de Derecho.

La preocupación es mayor pues estas acciones de violencia policial que impiden a los ciudadanos y ciudadanas manifestarse pacíficamente amenazan convertirse en algo sistemático al amparo de la vigencia de los decretos legislativos 982, 983, 988 y 989, que criminalizan las protestas sociales, y que incluso ya han producido la muerte de ciudadanos como ocurrió con el reciente paro nacional agrario.

Hay que recordar que el pasado martes 26 de febrero un grupo de manifestantes y activistas de derechos humanos fueron impedidos por decenas de efectivos de la Policía Nacional de realizar un velatorio simbólico y pacífico con el que expresaban su solidaridad y exigencia de justicia por la muerte de los cuatro agricultores durante el paro agrario. En aquella oportunidad la policía y sus carros portatropas rodeó a los manifestantes en una plazuela y les impidió avanzar.

Una situación parecida se vivió ayer martes, 4 de marzo, en horas de la tarde, cuando un grupo de artistas fue duramente reprimido e impedido de realizar un plantón poético con el cual exigían la libertad de la poetisa Melissa Patiño Hinostroza, acusada sin mayores fundamentos del delito de terrorismo y detenida en la DIRCOTE. Conocidos intelectuales y artistas presentes en esta manifestación de solidaridad, como el escultor Víctor Delfín, fueron maltratados por los efectivos policiales.

Al respecto, el reconocido artista nacional e internacional, ha señalado que “la represión se ha endurecido y es cada vez más fuerte, y llama la atención que en un gobierno democrático se esté reprimiendo los derechos de los ciudadanos a la manifestación pacífica. ¡Ahora nos tiran agua y mañana serán balas!! Ellos son los violentos, no, nosotros”, expresó con indignación Delfín.

APRODEH, recalca que estos acontecimientos vulneran derechos fundamentales que en todo régimen democrático debe ser respetados como el derecho a la libertad de pensamiento y conciencia, la libertad de manifestarse de manera pública, libre y a no ser perseguidos por las ideas y creencias, derechos amparados en la el artículo 2, inciso 3 de la Constitución Política del Estado y en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Otros derechos afectados son el de reunirse pacíficamente sin armas en lugares abiertos públicos sin requerir aviso previo, los mismos que sólo pueden ser prohibidos por razones de seguridad o sanidad pública, derecho amparado en el artículo 2, inciso 12 de la Constitución Política; todos ellos, reconocidos además en pactos y convenios internacionales que el Perú está obligado respetar y cumplir.

Todos estos hechos no hacen sino dar mayor sustento y razón a las organizaciones sociales que conjuntamente con APRODEH vienen preparando una acción de inconstitucionalidad para que los cuestionados cuatro decretos legislativos sean derogados del ordenamiento jurídico, la misma que ha sido apoyada por las firmas de casi 7 mil ciudadanos de todo el país.

Lima, 05 de marzo del 2008

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