viernes, 19 de octubre de 2012

Rechazo al pedido de indulto del reo Fujimori

PRONUNCIAMIENTO
 
RECHAZAMOS LA UTILIZACIÓN POLÍTICA Y LA PRESIÓN MEDIATICA
ANTE EL PEDIDO DE INDULTO PARA EL REO ALBERTO FUJIMORI
 
Las organizaciones firmantes ante la posibilidad que el sentenciado Alberto Fujimori sea indultado por el actual gobierno manifestamos lo siguiente:
 
Rechazamos que se apele al mecanismo de indulto como una herramienta discrecional y meramente política. El indulto es un mecanismo excepcional y regulado, que no puede ser producto de presiones mediáticas, políticas o de la opinión pública. Rechazamos asimismo el argumento de que el indulto es una potestad absoluta del Presidente, de la que no tiene que dar cuenta. En un Estado Constitucional y democrático los poderes discrecionales están en retirada, y resultan inadmisibles los actos arbitrarios o que generen impunidad.
 
Repudiamos que a través del pedido de indulto se pretenda minimizar lo que significó el régimen fujimorista. El fujimorismo destruyó el orden democrático, violó derechos humanos de ciudadanas y ciudadanos, corrompió las instituciones públicas y medios de comunicación, generó relaciones clientelistas con sectores de la población y concentró el poder en una figura autoritaria y caudillista.
 
Condenamos que el reo Fujimori, no obstante su pedido, no muestre arrepentimiento ni reconozca públicamente los crímenes que cometió. Exigimos que, independientemente de la solicitud de indulto, el fujimorismo pida perdón a las víctimas y a todos los peruanos por los delitos cometidos, reconociendo su responsabilidad. Rechazamos cualquier discusión que parta de la inocencia o minimización de sus delitos, pues esto, además de desconocer lo resuelto por el Poder Judicial, acredita que no existe ánimo de enmienda sino de impunidad.
 
Alertamos que todo indulto que no sea debidamente motivado y sustentado conforme el ordenamiento jurídico avalaría una liberación injusta, que constituiría una terrible afrenta para las víctimas. Por ello, el indulto con fines humanitarios debe estar absolutamente acreditado. En el caso del condenado Fujimori, hay que recordar, cuenta con las mejores condiciones carcelarias posibles, que le permiten cumplir los tratamientos médicos que requiere. De demostrarse que padece enfermedad terminal, correspondería otorgarle el indulto, como a cualquier otro reo, de forma que se le permita afrontar de manera digna el fin de su vida.
 
Exigimos sean revisados con igual criterio y premura los casos de solicitud de indulto humanitario por enfermedad terminal de todo reo del país que lo haya solicitado y cuya condición ameritaría otorgarles dicha gracia.
 
Afirmamos, finalmente, que todo acto político del Gobierno debe sustentarse en el respeto a las instituciones democráticas y a los derechos de todos y todas por igual, asimismo, que el país merece la búsqueda de la reconciliación nacional, no basada en cálculos políticos de partidos o grupos de poder. Las decisiones encaminadas a una verdadera reconciliación deben ser unas que sumen, no que resten; que unan, no que polaricen. Para ello consideramos necesario la justicia, la memoria y el reconocimiento de la verdad.
 
Lima, 18 de octubre de 2012
 
Partido Político Constructores Perú
 
Coherencia
 
Colectivo Confianza
 
Colectivo Ciudadanos 2021
 
Fuente: La Mula

lunes, 8 de octubre de 2012

Los falsos recuerdos sobre Belaúnde

LOS FALSOS RECUERDOS SOBRE BELAÚNDE
 
Escribe: Wilfredo Ardito Vega
 
Ayer, 7 de octubre, fue el centenario del nacimiento de Belaúnde, en homenaje al cual se vienen convocando concursos escolares, exposiciones fotográficas y otras actividades conmemorando a un mandatario recordado por la afirmación de los valores democráticos, pero criticado por su debilidad frente al terrorismo.
 
Es curioso que esta versión esté tan extendida, puesto que durante el régimen de Belaúnde las violaciones a los derechos humanos tuvieron un carácter sistemático e indiscriminado, causando la muerte de miles de campesinos ayacuchanos.  No se salvaron los pastores evangélicos de Huaychao, quienes predicaban que los senderistas seguían los mandatos del demonio, ni los niños de Putis, asesinados con sus padres y enterrados en la fosa que ellos mismos habían sido obligados a cavar.  En Umasi, las víctimas fueron decenas de escolares secuestrados por los senderistas y los militares violaron a las niñas antes de matarlas.     
 
De hecho, las violaciones de campesinas por policías y soldados eran durante el gobierno de Belaúnde un hecho rutinario y en aquellos años, el Perú ostentaba además el trágico primer lugar en desaparecidos a nivel mundial, superando a Guatemala, Irán o China.   Sin embargo, pese al clamor internacional, Belaúnde se jactaba de que arrojaba “al tacho de basura” las cartas de Amnistía Internacional, hablando como si fuera un dictador irracional.
 
A esto se añade, en 1983, el asesinato de los nueve periodistas y su guía en Uchuraccay, a raíz de lo cual, nunca más la prensa se atrevió a salir al campo.   La masacre, por lo tanto, resultó funcional a una estrategia contrainsurgente que no quería testigos incómodos.  Y también corrían peligros los periodistas que permanecían en las ciudades: Jaime Ayala, corresponsal de La República en Huanta, desapareció en las instalaciones militares de dicha ciudad.  
 
El régimen de Belaúnde otorgó protección legal a todos estos crímenes, disponiendo que torturas, violaciones, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales fueran simples “delitos de función” que implicaban penas mínimas. 
 
A mi modo de ver, el recuerdo favorable sobre Belaúnde es parte de un proceso en que los peruanos procuramos olvidar algunos recuerdos incómodos sobre el periodo de la violencia política.   Ese pacto de olvido fue secundado por García y Fujimori, pues beneficia naturalmente a quienes cometieron crímenes desde el Estado, sosteniéndose que fueron “necesarios para derrotar al terrorismo”.  En realidad, ninguna de las masacres contribuyó a la derrota de los terroristas, sino a deslegitimar al Estado, que en los años ochenta se comportó como un sanguinario ejército de ocupación en Ayacucho 
 
Otros grandes beneficiarios del pacto del olvido fueron los partidos políticos, comenzando por Acción Popular.  Curiosamente, pese a que los dos gobiernos de Belaúnde concluyeron en el más profundo descrédito, muchos jóvenes ahora creen que fueron gestiones exitosas.
 
Precisamente, un hecho de su primer gobierno permite comprenderlo mejor: el bombardeo por la Fuerza Aérea de los matsés, un grupo indígena amazónico, como parte del proceso de colonización que Belaúnde impulsaba. Yo estoy convencido que para él los nativos amazónicos no eran ciudadanos peruanos o al menos no en la misma categoría que su aristocrático entorno familiar.   Por eso es que Belaúnde también avaló la muerte de miles de campesinos, aunque no estuvieran involucrados en ningún hecho de violencia, como precio que había que pagar para garantizar la pacificación.   Considero por ello que el gobierno de Belaúnde era un régimen dual, como lo fue el de Sudáfrica durante el apartheid: democrático para unos, pero autoritario y violento para otros,  cuya vida no valía nada, fueran, mujeres, niños pequeños o ancianos.  
 
El pacto del olvido beneficia también a los cómplices de Belaúnde, es decir a los buenos limeños que fueron indiferentes frente a los crímenes...   Aunque ellos no mataron a nadie, su actitud encarna un problema totalmente actual: el racismo que les permitía pensar que la vida de sus compatriotas no valía nada.  
 
De hecho, mientras las dictaduras de Argentina y Chile secuestraban, torturaban y asesinaban a los opositores políticos, el régimen de Belaúnde actuaba de manera indiscriminada, tomando en cuenta sólo los rasgos físicos.   Los perpetradores ni siquiera entendían a muchas de sus víctimas, porque no hablaban quechua.    El racismo explica también los asesinatos de bebés y niños pequeños, lo que ni siquiera hacían los militares argentinos, pero sí los nazis.  Eso sí, las masacres de Ayacucho tienen un asombroso parecido con las ocurridas en los mismos años en Guatemala.  Al parecer, al racismo existente en los ambos países contra la población indígena se suman los lineamientos de la Escuela de las Américas.
 
Decir la verdad sobre el penoso régimen de Belaúnde y exigir justicia para sus víctimas es una obligación de quienes queremos una sociedad mejor.   Para ello la sociedad peruana tendría que aprender a ser menos racista, tendría que ver a los campesinos como seres humanos… tendría que aceptar que su sufrimiento es inaceptable.  ¿Será posible que lleguemos a tanto?