martes, 19 de junio de 2007

Constructores Perú ante la irresponsabilidad y corrupción gubernamental


ANTE LA IRRESPONSABILIDAD Y CORRUPCIÓN EN EL GOBIERNO Y EL CONGRESO

A propósito de los acontecimientos ocurridos en torno a la elección de nuevos magistrados para el Tribunal Constitucional, el Congreso de la República ha mostrado con claridad su conformación infecta, con integrantes que –con contadas excepciones– en vez de representar los intereses nacionales continúan distrayéndose en maniobras que revelan su incompetencia o su corrupción. Sin embargo, esto también ha mostrado la urgencia de cambiar la dirigencia política de nuestro país. Por ello, CONSTRUCTORES PERÚ llama la atención sobre:

La incompetencia de la dirigencia política en el Congreso

O los congresistas votaron sabiendo lo que hacían o votaron sin saber. En cualquier caso, revelaron una vez más su mediocridad y la lógica del contubernio que guía sus acciones. Ahora, ante las presiones ciudadanas, tratan de deshacer lo que realizaron convencidamente. Como si no hubieran estado enterados de quién era quién, como si sus representantes en la comisión que seleccionó a los postulantes al Tribunal Constitucional no hubieran conocido de lo purulento de algunos candidatos, como si no hubieran participado activamente en el juego de las prebendas sin pensar en el país, como si no fuera evidente que simplemente han buscado satisfacer su deseo irrefrenable de controlarlo todo, alejados de una vocación real de servicio.

De esta manera, los partidos involucrados han aumentado el descrédito del Congreso, del Estado y de la política misma, haciéndole el juego a quienes persiguen llegar al gobierno o ejercerlo por medios no democráticos.

La política en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional

Algunos han visto en este escándalo una oportunidad para desacreditar la búsqueda de consenso político como forma de elección de magistrados del Tribunal Constitucional, sin reparar en que las funciones y responsabilidades de estos están teñidas de política. Asimismo, contra lo que muchos quieren hacernos creer, la política no es mala ni nos es ajena. Los problemas del país, como los manifestados en este caso, no son de la política en sí misma, sino de la dirigencia política que nos gobierna, que ahora pretende trasladar cobardemente su responsabilidad a funcionarios administrativos.

Ante ello, nosotros reivindicamos la política, consideramos correcto que los integrantes del máximo tribunal del Estado surjan de una elección democrática y transparente de los representantes de los ciudadanos y ciudadanas, y rechazamos las prácticas de los actuales políticos en el Congreso y el gobierno.

La existencia de un proyecto autoritario de copamiento del Estado

El escándalo y la mentira en la elección de los integrantes del más importante tribunal de defensa de derechos constitucionales no es un hecho aislado, sino uno de varios intentos del alanismo y en general, del gobierno y sus aliados, de convertir nuevamente nuestro Estado en una chacra: intentos de neutralizar el papel de instituciones de control del Estado (CONSUCODE, entidades reguladoras, Defensoría del Pueblo, ONPE-JNE, etc.); retórica contraria a los derechos de la gente: pena de muerte, retiro de la Corte Interamericana, ataques a gremios y asociaciones civiles de desarrollo, énfasis en los deberes sin atender los derechos, insinuaciones de cierre del Congreso o la reelección, al igual que durante la década del fujimontesinismo, ante cuyos rezagos el alanismo actúa con ambigüedad cómplice.

La necesidad de construir una nueva dirigencia política para el Perú

Mientras el actual gobierno trata torpemente de copar todo el Estado, nuestros pueblos tienen urgencias que vienen gritando y que reciben por respuesta, gestos frívolos y demagógicos, sin más sustancia que el apetito de poder desconectado de los intereses de la gente. Urgencias que podrían llevar a vías violentas que al final perjudicarán a los más débiles. Para evitarlo, es necesario revalorar la política en vez de renegar de ella, construyendo una nueva elite política para el Perú, orientada hacia el servicio a la Patria y a sus ciudadanos y ciudadanas, en el marco de un proyecto nacional peruano.

En ese camino, mostremos nuestro repudio públicamente ante el Congreso, haciendo sentir nuestra voz contra la desvergüenza política de quienes creen que pronto nos olvidaremos de sus ruindades y mañoserías. Hagámosle saber al Perú que existimos peruanos dispuestos a cambiar el orden de cosas que ensucia la política.

¡Digamos con fuerza lo que tenemos que decir!

¡Por una nueva dirigencia política para el Perú!

¡Por un Tribunal Constitucional, honesto y capaz, para una República de ciudadanos!

¡Toda vida nos importa!

http://www.constructoresperu.org/

19 de junio de 2007

viernes, 8 de junio de 2007

Fiscal chilena recomienda que Fujimori sea procesado en Perú

Demoledor informe de la fiscal

Fuente: http://www.larepublica.com.pe/content/view/160937/483/

• Fiscal Mónica Maldonado recomienda que Fujimori sea procesado en Perú por 3 casos de violación de DDHH y 8 de corrupción.

César Romero.

En un categórico y demoledor informe, la fiscal suprema de Chile, Mónica Maldonado, recomendó ayer la extradición del dictador Alberto Fujimori en once expedientes, que suman 12 casos, de los 15 procesos por los que se solicitó su repatriación al Perú.

La opinión de la fiscal, si bien no es vinculante, pues no obliga al juez supremo Orlando Álvarez a emitir sentencia en el mismo sentido, fue considerado en Santiago de Chile y en Lima como fundamental porque ilustra y direcciona el fallo a favor de la extradición.

El pronunciamiento de la fiscal aborda los crímenes y delitos más graves en los cuales está comprometido Fujimori como los de Barrios Altos, La Cantuta, sótanos SIE, espionaje telefónico, adquisiciones militares, compra del canal 10 TV y el diario Expreso. Asimismo, los de lesiones graves, desaparición de personas, peculado, colusión y corrupción.

Maldonado sólo desaprobó la extradición por el allanamiento de la casa de Vladimiro Montesinos, las detenciones durante el autogolpe en los sótanos SIE y los negociados en la compra de los tractores chinos, por prescripción.

Al entregar el informe en el palacio de tribunales de Chile, la fiscal indicó que los indicios contra Fujimori "son demoledores".

Ahora, corresponde el turno al ministro instructor Orlando Álvarez. Él se encuentra en este momento con licencia durante 10 días por enfermedad. A su regreso dispone de 5 días para dictar sentencia.

Lesa humanidad

El informe de la fiscal Maldonado desecha todos los argumentos de defensa de Fujimori y afirma que está probada la comisión de los crímenes que se indican y que el extraditable tuvo participación directa en la consumación y ocultamiento de esos actos ilícitos.

Además, indica que si bien los casos de Barrios Altos, La Cantuta y los sótanos SIE fueron califi-cados en el Perú como delitos de homicidio calificado, lesio-nes graves y secuestros, son en realidad violaciones a los derechos humanos.

Igualmente, sobre los delitos de corrupción anota que se debe tener en cuenta la Convención Interamericana Contra la Corrupción para conceder la extradición.

La fiscal anota que al sentenciar el juez debe tener en cuenta que para otorgar la extradi-ción solo se necesitan presunciones fundadas de la comisión del delito y de la participación del acusado. "No se requiere prueba de certeza o culpabilidad, sino que exista antecedentes que demuestren una razonable probabilidad de que el requerido (Fujimori) es responsable penal de los delitos", asevera.

Sobre la defensa de Fujimori, anota que los delitos no han prescrito, salvo en dos casos, ni en el Perú ni en Chile. También anota que Fujimori no ha sido conde-nada y sólo se encuentra en condición de acusado y reo contumaz, por lo que no puede decir que fue sometido a un procedimiento justo. Además, enfatiza que Fujimori huyó del Perú para sustraerse de la acción de la justicia, por lo que tampoco puede alegar que no ha sido interrogado antes de formularle cargos, porque por su ausencia las autoridades peruanas no le han podido tomar su declaración.

El informe es contundente y abre el paso para que Fujimori sea finalmente juzgado en el Perú por los delitos que se le imputan.

Análisis

Un misil contra corrupto dictador

Ronald Gamarra, abogado y ex procurador ad hoc

La fiscalía chilena ha lanzado un misil contra Fujimori. Sus efectos son impresionantes: aconseja la extradición en 11 de los 12 casos presentados, considera probada la comisión de los delitos y declara la existencia de presunciones fundadas sobre la autoría de Fujimori.

Además, dice que Fujimori carece de inmunidad de jurisdicción en Chile, que inmunidad no es impunidad y que la extradición no implica juzgamiento; que los delitos no han prescrito; que es juzgado conforme a los estándares y formalidades vigentes en Chile; que no compete a las autoridades chilenas pronunciarse sobre las leyes y procedimientos de un país extranjero.

Mónica Maldonado realizó una presentación jurídica que, por su contundencia y argumentación, iluminará el fallo del juez Álvarez. Hoy más que nunca, Fujimori debe estar mirando a la embajada japonesa en Santiago.

Lo que dicen Etcheberry, Keiko y el procurador

El abogado del Perú en Chile, Alfredo Etcheberry, anunció que pedirá al juez Orlando Álvarez que ordene el arresto preventivo del ex presidente peruano, a la espera del fallo final.

En tanto, el abogado defensor de Fujimori en Chile, Francisco Velozo, y, en Lima, su hija Keiko Fujimori intentaron minimizar la contundencia del informe fiscal y descartaron que el ex presidente esté pensando en fugar. "Fujimori está muy tranquilo porque entiende que la mayoría de sus argumentos fueron recogidos. Enfrentamos este trámite con prudencia", precisó Velozo.

Alberto Fujimori rehuyó a la prensa. Su ubicación exacta era incierta. Los periodistas no pudieron verlo en el departamento que ocupa, cerca de la embajada de Japón en Chile. El gobierno chileno garantizó, una vez más, que no fugará.

En Lima, el procurador ad hoc Carlos Briceño dijo que la opinión de la fiscal es muy relevante para la extradición, pero solicitó tranquilidad y prudencia y que no se politice el caso. "Los jueces de Chile son muy técnicos, probos y valientes", aseveró.

domingo, 3 de junio de 2007

Reflexiones sobre educación

REFLEXIONES SOBRE EDUCACIÓN

Fuente: http://www.snte.org.mx/?P=reflexiones


El reto de la definición estratégica: educación integral y proyecto nacional

La educación nacional frente a la globalización y la era del conocimiento

Mtra. Elba Esther Gordillo

La educación pública es la vía que dispone el Estado para impulsar el desarrollo nacional; educarnos, es el camino que cada individuo tiene para construir su propio desarrollo.

La contundente evidencia del poder transformador de la educación es la propia historia nacional: México es lo que es, México es como es, por la acción de la educación, por el impacto profundo de la escuela pública mexicana. Y ese poder transformador de la educación es cada vez más vigente.

Las naciones, las sociedades, los ciudadanos que tienen los mejores niveles de bienestar, de gobernabilidad, de generación de riqueza, de tolerancia, de sustentabilidad, son aquéllos que están más y mejor educados.

Hoy, que la era del conocimiento interpela los paradigmas construidos durante las revoluciones industrial y postindustrial, y la globalización se ha convertido en la moneda de cambio en las relaciones humanas, el valor de la educación crece todavía más ya que es la única capaz de procesar los cambios a la velocidad y en la dirección que se presentan.

Cuando el imponente desarrollo de la tecnología y de las comunicaciones cumplen la profecía de la aldea global, nuevamente es la educación la única capaz de generar los lenguajes con que los pobladores de dicha aldea se relacionan y comprenden.

Querámoslo o no, globalización y era del conocimiento son fenómenos que se expresan de muchas maneras, todo el tiempo y por todas partes, sacudiendo al andamiaje institucional de prácticamente todas las naciones.

Frente a esto, hay que aceptar que, como país, tenemos una gran resistencia a reconocer los tremendos cambios que se presentan frente a nosotros: si las condiciones del país son radicalmente distintas; si la sociedad es cualitativa y cuantitativamente diferente; si el contexto internacional nada tiene que ver con el previo; si las instituciones que nos permitieron emerger en el mundo están rotos, entonces ¿por qué no decidirnos a reconocer las nuevas realidades y actuar en consecuencia?
Y esa consecuencia no es otra que la de decidirnos a cambiar el andamiaje institucional de que disponemos, para estar en condiciones de movernos en todos los ámbitos y situaciones.

La respuesta correcta no es entonces si aceptamos el cambio, sino hacia dónde queremos conducirlo; con qué objetivos socialmente válidos lo impulsaremos; qué nación habrá de surgir de él, con él y por él.

En el histórico binomio proyecto de nación-educación, fue el Artículo Tercero de la Constitución, el que tuvo a su cargo la definición de ambos, dando sentido y dirección a un país que estaba materialmente destruido, socialmente enfrentado e institucionalmente colapsado.

Con una correcta perspectiva histórica, es al Artículo Tercero donde se define a la democracia como un proyecto de vida, fundada en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, en momentos en que eran las armas las que imponían el fuero.

Fue en ese texto donde nos impusimos hacer a la educación obligatoria, con un analfabetismo casi universal; hacerla gratuita, frente a una economía destruida y una fiscalidad inexistente; vincularla al progreso científico, cuando el dogma todo avasallaba; y reconocer el valor del laicismo, en momentos en que la intolerancia religiosa era factor de poder.

De esta evidencia histórica podemos extraer dos lecciones: la primera, que por mucho que sean las diferencias las que busquen predominar, cuando hay un proyecto común, validado desde cualquier perspectiva o ideología, los acuerdos son posibles. Ése fue el caso del Proyecto de Nación que en 1917 se decidió impulsar, y la convicción de hacer de la educación la vía para construirlo.

La segunda lección es que ha sido frente a las condiciones más adversas, menos propicias, cuando los mexicanos extraemos la fortaleza necesaria para emprender los grandes retos.

Hoy, nuevamente el país se encuentra extraviado y el proyecto nacional ni expresa lo que buscamos ni cuenta con los consensos necesarios para emprenderlo.

Ahí están las evidencias: hace más de dos décadas que el país no genera riqueza; la concentración del ingreso polariza a la sociedad; la pobreza crece consistentemente; la movilidad social proviene únicamente de la economía informal, la delincuencia o la migración; la disfuncionalidad social se expresa en casi cualquier cosa.

Nuestra democracia es cara, sus resultados magros; la política tiene extraviada su misión y el Estado se encuentra cada vez más distante del colectivo social.

Si bien la reforma del Estado se hace indispensable, no bastará con ella mientras no tengamos un Proyecto de Nación que cuente con los consensos suficientes.

No nos preguntemos qué Estado queremos, sino qué país queremos y, entonces sí, qué instituciones se hacen necesarias para lograrlo. Y nuevamente, apoyados en nuestra experiencia histórica no podrá haber Proyecto de Nación sin el proyecto educativo que lo haga posible.

Tenemos que repensar el Proyecto Educativo Nacional; el que tenemos ya no corresponde ni con nuestros problemas ni con nuestras potencialidades.

El Sistema Educativo Nacional, a través del cual se cumple con la obligación constitucional de entregar la educación pública, es un aparato obeso, carente de criticidad, alejado del conocimiento y desvinculado de la realidad social que pretende reconocer y transformar.

Para repensar el proyecto educativo, no sólo de cara al siglo XXI, sino a lo mucho de que disponemos para hacerlo, tenemos que empezar por reconocer que su construcción, su formulación, su cuestionamiento, no puede ser exclusivo de nadie y sí en cambio, de ser responsabilidad de todos.

Somos muchos los actores que cotidianamente incidimos en el hecho educativo y, que en consecuencia, tenemos responsabilidades objetivas frente a él: los padres de familia, los maestros, los intelectuales, las universidades, las organizaciones no gubernamentales, los comunicadores, los líderes empresariales, los líderes religiosos, los administradores públicos, los gobiernos de los tres niveles.

No se trata de proponernos una reforma más; los archivos están plagados de acciones parciales que sólo han complejizado aún más el fenómeno, ni de la firma protocolaria de compromisos que se derrotan en la cotidianidad, sino de un cambio de fondo de nuestra forma de entender la educación, de potenciarla, de convertirla en el bien público privilegiado capaz de corregir la desigualdad social de manera estructural.

Y para pensar el Proyecto Educativo Nacional, responsablemente, el SNTE se ha propuesto realizar el Cuarto Congreso Nacional de Educación que fue decidido en el Consejo Nacional del SNTE en Manzanillo, el pasado mes de febrero y al que hoy públicamente convoco, para que repensemos el Proyecto Educativo de México frente a la era del conocimiento y la globalización.

La convocatoria parte de una convicción y una declaración:

La convicción es que la educación que funcionó durante gran parte del siglo pasado, correspondía y, en muchos sentidos sustentaba, al régimen político que emergió de la Revolución Mexicana.

Su organización, sus objetivos, su despliegue, incluso muchos de sus contenidos, correspondían con el régimen político que se fue consolidando hasta configurar un pacto social que articulaba la población y del que se beneficiaba la sociedad en su conjunto.

El fin del régimen político, si bien había empezado antes, culminó el año dos mil, cuando la alternancia en el Poder Ejecutivo se produjo en un ambiente de paz social y gobernabilidad plena.

Con todo y que aún no emerge un régimen político sustituto, es un hecho que la educación está liberada de su responsabilidad de régimen, por lo que debemos reformularla a partir de la evidente consolidación de un país de ciudadanos.

Ésa es la diferencia esencial y de ninguna manera menor: la educación pública deberá estar al servicio de los ciudadanos y no del régimen político, y si la característica esencial de un ciudadano es la capacidad de crear libertades, ése será el mandato fundamental de la educación pública nacional: crear libertades.

Es de tal magnitud el reto que tenemos por delante, que sólo podremos superarlo si nos decidimos a aplicar una política de Estado para enfrentarlo; es decir, que más allá de los cambios de gobierno o de partidos, definamos cómo le daremos continuidad; que establezcamos cómo le definimos y asignamos recursos fiscales por espacios de diez, quince y más años; de cómo la sociedad organizada y aun la abierta, se propone metas a cumplir y asume su corresponsabilidad de cómo convertimos a los tres niveles de gobierno, en potenciadores y no en inhibidores; de cómo volveremos a hacer de la educación nacional, el más apreciado de nuestros bienes públicos.

Frente a la magnitud del reto, la experiencia histórica que en esta materia tenemos, es un magnífico y estimulante referente.

Tal como la historia nacional lo demuestra, ya lo hemos hecho antes; no sería nuevo para los mexicanos.

De nosotros dependerá aprobarlo.

La conjugación de un verbo

LA CONJUGACIÓN DE UN VERBO

Por: JAIME PAREDES CALLA (*)

Se trata de un verbo mentado en cuanta ocasión se tiene para desacreditar a algún dirigente u organización social, se lo escucha en las radios, en las llamadas telefónicas de los ciudadanos y ciudadanas, mientras que en la televisión es objeto de análisis al igual que en los periódicos. En las conversaciones cotidianas no está ausente como tampoco en estudios más académicos y otros políticos.

La particularidad de la conjugación del verbo al que nos referimos es que tiene uso tanto en sentido positivo pero mayormente en sentido negativo (como tratando de descalificar al que se atreve a adoptarlo): yo represento, tú no representas, nosotros representamos, ellos no representan, etc. (agréguese todas las formas posibles de conjugar el verbo “representar”).

De este modo se pone en tela de juicio la representación de actores sociales cuando por ejemplo en una asociación de urbanizaciones populares se observan enfrentamientos intestinos entre facciones que quieren asumir la dirigencia, o cuado por ejemplo cierta cámara de comercio e industria realiza un interesado cuestionamiento de algunas federaciones departamentales de trabajadores, desde luego que cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia.

Pero también se discute la representación de actores políticos como cuando una organización política no logra obtener un porcentaje adecuado de votos en un determinado proceso electoral, o cuando cierto partido político dice representar a los “trabajadores manuales e intelectuales” y sin embargo sus actos de gobierno no se condicen con sus expresiones.

Es cierto que en nuestros países estamos padeciendo no sólo una crisis de representatividad, sino también del conjunto de nuestras democracias, de los liderazgos colectivos que no llegan a concretarse sino que se limitan a la figura de caudillos que poco o nada les interesa construir y/o consolidar verdaderas organizaciones que trasciendan en la historia, pero precisamente por ello es que los ciudadanos y ciudadanas debemos desplegar los mayores esfuerzos posibles para revertir esa situación.

Es imprescindible que desde los diversos espacios en los que nos desenvolvemos apostemos por dirigentes éticos, que respeten las diferencias que puedan existir, también es necesario que construyamos organizaciones políticas que no se limiten a participar electoralmente cada 4 o 5 años que se convocan a procesos electorales.

Todo esto nos conduce a la impostergable tarea de promover protagonismo de líderes, no “figuretismo” de caudillos, lo cual redundará en una conjugación del verbo representar en sentido positivo a manera de asumirnos constructores de un nuevo Perú.

(*) E-mail: ciudadanojaimeparedes@gmail.com