Evolución de la ciudad de Arequipa a metrópoli

De ciudad a metrópoli: La evolución de Arequipa

 

Memoria. Reciente publicación del libro Calles, Plazas y Puentes de Arequipa, de Mario Arce, no solo rescata historia de la ciudad, sino que enciende el debate sobre políticas de conservación del Patrimonio.

 

Efraín Rodríguez Valdivia.

 

Jules Bertrand, ciudadano francés, está parado frente a la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa y observa desde la tercera cuadra de San Francisco la Plaza de Armas. Revisa su guía turística y se ubica. Aunque sospecha la carga histórica de la ciudad, este turista no imagina el número de veces que cambió de nombre la referida vía y los episodios importantes que acontecieron. Ese mismo ingenuo desconocimiento lo padecen los arequipeños.

 

A fin de evitar que el tiempo disuelva la historia, el abogado y periodista Mario Arce Espinoza presentó el libro Calles, Plazas y Puentes de Arequipa, donde junta artículos en cuatro capítulos que recuperan los primeros nombres de las calles de la ciudad y los sucesos importantes que acontecieron en ellas.

 

"El fin de este libro es rescatar los acontecimientos públicos. Recordar las denominaciones de una ciudad española tradicional que antiguamente se trazó como un tablero con cuadrícula de cordel", enfatiza Arce Espinoza.

 

AREQUIPA ANTIGUA

 

En sus páginas, Calles, Plazas y Puentes de Arequipa cuenta, por ejemplo, que la calle Mercaderes albergaba el comercio de la ciudad durante los primeros años de la República. Ahí también vivió el abuelo del premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, Belisario Llosa y Rivero. Del mismo modo, varias callejas tenían denominaciones por cuadras, tan ocurrentes como anecdóticas.

 

El primer tramo de Perú se llamaba "Del Fresquito", el segundo "Majaderito" y el último "De la Vista". Piérola tuvo nombres como "Del Misterio", "Del Pastor" y "De la Atención" o "Huatanay" en sus tres extensiones. El Puente Bolognesi cambió su nombre tras la muerte del héroe nacional. Este se llamó puente "Viejo" o "Real". Según el libro, la Plaza de Armas, que se denominaba Plaza Mayor, fue el principal epicentro histórico donde nacieron gestas, se fusilaron mandatarios y se alojaron mítines presidenciales memorables.

 

CUESTIONES DE USO

 

Para el historiador y sociólogo Héctor Ballón Lozada, el Cercado está siendo depredado por el uso comercial y el desacuerdo de planes entre autoridades. "Las calles han dejado de relacionarse con los barrios. Por ejemplo, la plaza San Francisco se llamaba 28 de Julio y proyectaban películas en un teatro de madera. Perdimos el sentido social e histórico de la ciudad. Así la perderemos", señala el intelectual. 

 

Hoy la modernidad y el progreso se abren paso en el Cercado, pero destruyendo, a veces, las calles que guardan la historia de un pueblo. La enseñanza quizás sea conocer los vericuetos del antiguo casco viejo, para preservar lo que queda de él.

 

La Ciudad del V Centenario

 

El historiador y sociólogo, Juan Guillermo Carpio Muñoz, propone reorientar a la población y construir una nueva ciudad entre El Pedregal y la costa regional.

 

"Arequipa está viviendo los cambios más grandes de su historia. Deja de ser una pequeña ciudad para transformarse en metrópoli. La idea es llevársela para protegerla de los usos. El tráfico, la contaminación y el comercio son los principales factores de destrucción", explica.

 

Carpio Muñoz destaca las experiencias de Cartagena de Indias, Quito y Barcelona. "Esas ciudades se asemejaban a Arequipa con crecimientos explosivos de población, polución, calles estrechas y averías de servicios básicos. Las reubicaron, reflorecieron y se inició la conservación".

 

El intelectual arequipeño señala que el plazo para que surja esta nueva ciudad son más o menos 28 años.

 

Fuente: La República

Entidades públicas que incumplen normas de transparencia

Más de 400 entidades públicas incumplieron norma de transparencia

No informaron sobre funcionarios obligados a declarar ingresos y bienes. Entre omisos figuran ministerios, regiones y municipios, según la Contraloría General de la República.

La Contraloría General publicó en su portal la relación de 447 dependencias y órganos públicos que no cumplieron con entregar la relación de nombramientos y contratos de los funcionarios y servidores obligados a presentar su declaración jurada de ingresos y de bienes y rentas del 2011.

El plazo para hacerlo venció el 31 de enero pasado y el incumplimiento constituye una infracción grave que puede ser sancionada con multas que van desde los S/. 5.475 hasta los S/. 18.250.

El titular del pliego presupuestal, a través de su respectiva Dirección General de Administración, es responsable de enviar la información pormenorizada del total de ingresos que sus funcionarios perciben.

Con estos datos la Contraloría puede cumplir su labor de análisis y fiscalización.

LOS OMISOS

El mayor nivel de incumplimiento se registra en municipalidades y entidades de tratamiento empresarial (219), así como en las unidades ejecutoras de los gobiernos regionales (201). En menor medida, figuran los órganos del gobierno central (27).

Los omisos representan el 34% del total de 1.315 dependencias que tienen capacidad de ejecución de gasto y que están obligadas a remitir información a la Contraloría.

Para acceder a la relación de dependencias omisas HAZ CLIC AQUÍ.

Al 20 de julio último, 868 unidades ejecutoras cumplieron con enviar la información requerida a la Contraloría. El nivel de cumplimiento fue del 66%.

Fuente: El Comercio

Ciudadano denuncia a ciudadano

Ciudadano denuncia a ciudadano

-          La Generalitat alienta con varias iniciativas a que las personas delaten actitudes incívicas

-          Oposición y asociaciones denuncian una deriva ‘orwelliana'

Si una persona pone los pies en el asiento de los ferrocarriles, usted puede denunciarlo de forma anónima. Si tira una colilla por la ventana, también puede comunicárselo a los Mossos d’Esquadra. Si alguien le irrita con la música ambulante, puede asimismo avisar a las autoridades. Si se trata de un mendigo que pide limosna en el vagón de un tren, no lo dude, también puede presentar su queja. Si sospecha que una familia ha matriculado a su hijo en un centro que no le toca, puede delatarla, e incluso solicitar a la escuela que le faciliten sus datos para comprobar sus sospechas.

Hasta ahora, siempre había sido posible llevar al vecino a los tribunales en todo tipo de disputas. Pero ahora se suma el estímulo de la Generalitat, que anima a hacerlo e incluso crea aplicaciones y da facilidades a los ciudadanos para denunciar a otros ciudadanos supuestamente incívicos o piratas. El último caso que ha levantado ampollas es una circular del Departamento de Enseñanza que permite que los padres que sospechen de una inscripción fraudulenta puedan acceder a los datos de esa familia: nombre, apellidos y domicilio.

“El civismo es innegociable, pero lo que no puede ser es que ante la impotencia de la Administración se llame a los ciudadanos a hacer su tarea”, lamentó el catedrático en Derecho Penal de la Universidad de Barcelona Joan Queralt. “La Administración que haga lo que tiene que hacer, y los padres haremos lo que tenemos que hacer. Aquí cada uno tiene su tarea y la nuestra no es la de hacer de policía”, se sumó ayer el presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Cataluña (Fapac), Álex Castillo, en declaraciones a Efe. La Asociación por la Transparencia en la Preinscripción Escolar, en cambio, aplaudió la medida.

Enseñanza esgrime que hasta ahora ya era posible denunciar este tipo de comportamientos. Los afectados acudían a las oficinas de escolarización, que a través de los Ayuntamientos comprobaban el padrón, hecho que siempre ha ocasionado muchas quejas y que, precisamente, acabó ante el síndic de greuges, Rafael Ribó, que se posicionó a favor de la transparencia de datos de la Administración.

“Pero el responsable de subsanar el posible fraude no es la familia. La que tiene que comprobar esos datos y ver si se ha cometido alguna infracción es la Administración”, matizó Ribó, que apuntó, sin embargo, que con “la ley en la mano” todo el mundo debe tener acceso a los expedientes que le afecten. “Aunque quien tiene que velar por el buen funcionamiento no es la familia”, recalcó.

“Es muy peligrosa esta cultura de la delación promulgada por el Gobierno de CiU”, añadió el líder municipal de ICV-EUiA en Barcelona, Ricard Gomà, que le atribuyó un intento de “poder justificar los recortes en derechos personales y civiles”. Gomà fue más allá cuando se refirió a la polémica aplicación creada por Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) que permite advertir de 11 tipos de comportamientos “incívicos” en los trenes, entre ellos, pedir limosna. “Raya el fascismo”, defendió.

“El propio departamento es el que anima a recrear una sociedad orwelliana, que nos ataquemos entre nosotros”, criticó Miquel Rubio, que ha creado una plataforma contra de aplicación.

La aplicación de Ferrocarrils funciona desde el pasado 26 de julio. Rubio creó su plataforma en contra el 6 de agosto. “A la una y media de la madrugada”, apunta. Ayer Rubio había recibido ya 10.669 adhesiones. Cada una de estas denuncias se traduce en un correo electrónico que se envía a las direcciones de prensa de Ferrocarrils y al Síndic de Greuges, según explicó ayer. Ribó no ha tomado ninguna medida.

“Me indigna la aplicación porque ataca a la gente más desfavorecida y porque parte la sociedad en dos y nos anima a enfrentarnos”, añadió. Rubio, estudiante de 28 años de Educación Social en la UOC y autor de un libro sobre la materia que presentará en octubre, no tiene demasiada fe en que Ferrocarrils retire la aplicación. “Hoy mismo \[por ayer\], su presidente, Enric Ticó, alardeaba en Twitter de lo bien que funciona”, lamentó.

“Va muy bien la aplicación de #FGC para avisos de incivismo. Los usuarios la utilizan, los medios hablan positivamente. La ideó un usuario”, escribió ayer en su cuenta en la red social. Este diario recabó ayer, sin éxito, la versión de FGC sobre la polémica aplicación. Sólo los cinco primeros días, la red de trenes recibió un centenar de denuncias.

No se le puede endosar a la ciudadanía funciones que son de Interior o de Enseñanza”, criticó el diputado del PSC Dani Font. “El Gobierno no puede dimitir de sus responsabilidades, pero está bien apelar a la responsabilidad ciudadana”, opinó una portavoz de ERC. Para los consultados, la página web de los Mossos que animaba a delatar a las personas en actitud incívica que salían en las imágenes de la policía supone el inicio de la llamada a la sociedad a denunciarse. Interior siempre ha esgrimido que buscan la “colaboración”, no la delación, ciudadana.

“En lugar de hablar con los distintos sectores sociales, se piden fotografías de quienes tiran colillas”, lamentó del diputado de ICV-EUiA Jaume Bosch. Con todo, el portavoz de CC OO en la policía catalana, Toni Castejón, defendió las bondades de la “colaboración”. “Cualquier información de hechos delictivos que nos llegue es positiva”, dijo. “Lo que no vemos bien es que se pida más implicación, como en el tema de los somatenes”, ahondó, en referencia a las patrullas de payeses en los campos de Lleida. Tampoco ve clara la denuncia contra quienes tiren colillas: “Es complicado, y acabará siendo la palabra de uno contra otro. Quien la ponga, lo hará una vez y no más”.

Fuente: El País

Simplismos económicos

SIMPLISMOS

Escribe: Eduardo Dargent

Uno de los aspectos que más impresiona a quien revise artículos de opinión, planes de gobierno y declaraciones públicas de los líderes políticos del centro hacia la izquierda en los años ochenta es la facilidad con que se discutía de economía como si fuera un tema meramente político. Un diagnóstico común era que solo se alcanzaría mayor desarrollo si se reducía el poder económico de las clases propietarias. Mientras ellos concentrasen poder económico, tendrían poder político, y los grandes cambios sociales que el país requería serían inviables. Pero si se lograba estatizar la propiedad, o democratizarla en curiosos esquemas de propiedad social, lo bueno caería por su propio peso: igualdad, un pujante mercado interno y prosperidad económica vendrían juntos. Si no me creen, revisen el primer capítulo del libro “1987: Los límites de la voluntad política” de Javier Barreda para que vean cuán poderosos eran estos sentidos comunes.

Una serie de temas prácticos no recibía atención. Por ejemplo, cómo ser eficientes con una economía regulada, la necesidad de profesionalizar al Estado para que cumpla con las funciones que se le encargarían o de qué forma se atraería inversión privada externa en esas condiciones. La pregunta de qué pasaría después de expropiar no estaba en el horizonte, o se respondía confiando en la eficiencia de un Estado débil y sin recursos. En resumen, sea por ceguera ideológica o intereses de corto plazo, la economía era para muchos un tema político, dejando aspectos técnicos de lado por ser secundarios.

Hoy ya no hablamos de la economía como un tema meramente político, en parte porque aprendimos los costos prácticos de pensar de esa manera. Después del desastre económico de los ochenta, la política económica se volvió un tema de números y costos. Las ventajas de mirar con mayor criterio profesional la economía son evidentes y no voy a extenderme en ellos. Hoy hasta los antiguos radicales reconocen que hay límites a lo que se puede hacer en economía. La versión original de la Gran Transformación de Humala es un cachorro comparado con el Gran Danés reformista de Alan García en su libro “El futuro diferente”. Y, en mi opinión, es muy positivo que sea así.

Pero desde hace buen tiempo se ha hecho común escuchar otro simplismo, esta vez de signo contrario: el modelo económico actual es técnico, no hay espacio para la política. Las reglas existentes apuntan, en el corto o largo plazo, al bien común. La sospecha de una posible manipulación en beneficio de algunos se califica de radical: es “evidente” para sus defensores que una economía de mercado no permitiría beneficios indebidos. Y la ingenuidad de que el Estado lo puede todo fue reemplazada por una ingenuidad similar: al Estado y a la política en general no se les necesita porque estorban.

Se deja de lado una verdad que conoce cualquiera que sabe algo de política: los que más ganan con el sistema existente suelen usar su poder para mantener sus beneficios e incrementar sus ventajas. No hay que ser marxista para denunciar los costos de estas disparidades de poder, basta con ser desconfiado. Los beneficios de los ganadores del sistema económico no siempre serán los de la sociedad toda. Y establecer estos criterios pasa por establecer un tercero imparcial eficiente y a cierta distancia de los intereses económicos y sociales. Cualquier liberal que se respete debería estar interesado en establecer instituciones capaces de vigilar los centros de poder económico, lograr que el Estado pueda discutir de igual a igual con ellos a fin de evaluar qué soluciones son en verdad técnicas y no opciones interesadas.

Esta segunda perspectiva, se base en creencias reales o intereses concretos, también tiene consecuencias negativas. Ha conducido a mantener áreas del Estado minusválidas, incapaces de regular la actividad de los que más se benefician con el modelo económico. Los que demolieron el Estado ineficiente de los noventa no fueron capaces de construir uno nuevo profesional, más eficiente. Que no estorbe, pero que tampoco esté pintado.  Decirlo es mucho más fácil que hacerlo, por supuesto. Pero va quedando claro que sin un mejor Estado el modelo de desarrollo tiene límites aun en tiempos de crecimiento. Imagínense si hay una desaceleración de la economía. Y sin políticos, o técnicos con olfato y poder político, estas reformas inteligentes no se harán.

Fuente: Diario 16