jueves, 16 de febrero de 2017

Universidad Nacional Agraria La Molina, sería la primera universidad pública que obtenga su licenciamiento de SUNEDU

La Agraria será la primera universidad pública en obtener su licenciamiento

De las 41 que funcionan hoy. SUNEDU informó que es la que mayor avance tiene al cumplir con el 70% de indicadores de calidad en infraestructura, equipamiento, planes de estudios y docentes. Recién a fines del 2018 se sabrá cuántas cerrarán.

Escribe: Carlos Contreras

La primera universidad pública que obtendrá el ansiado licenciamiento institucional, de las 41 que funcionan actualmente en el país, será La Agraria La Molina. ¿Cómo lo hizo? Cumpliendo indicadores.

Así lo confirmó la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), que empezó este proceso en diciembre de 2015.

Es importante señalar que con el licenciamiento institucional, la SUNEDU asegurará que las 142 universidades que hay en el país, tanto públicas como privadas, cumplan con presentar condiciones básicas, ya sea en infraestructura, equipamiento, docentes o planes de estudio (ver infografía).


Por ello, una vez que logran aprobar este proceso, las casas de estudio reciben una autorización para seguir funcionando por ocho años más. A la fecha, solo 10 particulares lo han conseguido, entre las que destacan la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la de Lima, la de Piura, la Ricardo Palma, entre otras.

La titular de la SUNEDU, Lorena Masías, informó a La República que La Agraria es la universidad pública que tiene mayores avances, ya que ha conseguido cumplir con el 70% de los 55 indicadores de calidad establecidos para cumplir con la primera fase de revisión documentaria.

"Hasta diciembre pasado, La Agraria cumplía con el 40% de indicadores de calidad, pero en estos meses ha avanzado mucho, por lo que a fines de este mes estamos programando iniciar la segunda fase de verificación presencial. Por ello, estimamos que esta sería la primera universidad pública en obtener el licenciamiento institucional", explicó Masías.

Al respecto, el rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina, Enrique Flores, señaló que, según sus estimaciones, su gestión ha cumplido con el 97% de indicadores en el proceso de licenciamiento. Dijo además que solo faltaría presentar las certificaciones de habilitación urbana y de servicios básicos (saneamiento).

"Nosotros no tenemos problemas con los requerimientos referidos a la calidad académica sino que nos falta cumplir con las certificaciones de habilitación urbana, ya que el campus es de 90 hectáreas y la mayor parte es rural, por nuestra formación tecnológica", explicó Flores, quien agregó que en estos días firmará un acta de acuerdo con la SUNEDU, en la que se comprometerán cumplir en el breve plazo con estos requerimientos.

Precisamente, para el promotor de la Ley Universitaria, el ex congresista Daniel Mora, el mayor problema que enfrentan las universidades públicas es la irregular condición de los títulos de propiedad de sus sedes principales que no están saneados.

"El licenciamiento manda que los terrenos tengan títulos y certificados adecuados para evitar futuros desalojos o embargos que perjudicarían solo a los estudiantes (...) En el caso de las privadas, hay un grupo que tiene cuantiosas deudas", precisó Mora.

¿Y las demás?

A la fecha, de las 142 universidades que existen en el país, 10 privadas ya han obtenido su licenciamiento y otras 83 están cumpliendo con el proceso, según el cronograma establecido por la Sunedu. De esta última cifra, 23 son públicas y entre ellas están la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la Mayor de San Marcos y la San Antonio de Abad del Cusco.

"En el caso de la UNI, la UNMSM y la San Antonio, tienen un avance lento. Lo que pasa es que a diferencia de La Agraria, que tiene 8 facultades, estás tienen más de 20 y eso hace que su proceso sea más complejo", indicó la titular de la SUNEDU.

Según el presidente de la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú (ANUPP), Jorge Alva, quien además es rector de la UNI, el mayor problema está vinculado al presupuesto, sobre todo para los costos del licenciamiento vinculados al mantenimiento de la infraestructura, el equipamiento y las necesidades de acreditación y certificación académica.

Para Masías, la deficiencia que encuentran las universidades están vinculadas a factores propios de estas, como el número de facultades con las que cuentan y los modelos de gestión que tienen.

Para la SUNEDU, a finales de 2018 la mayoría de universidades deben tener su licenciamiento institucional. Recién entonces se podrá saber si los denominadas centros "chicha" cerrarán definitivamente.

“Las privadas deben pagar impuestos”

El presidente de la ANUPP precisó que las universidades privadas no deben estar exoneradas del pago de impuestos, ya que en la práctica implica privar de recursos a las públicas. "Lo recaudado pasaría a constituir un fondo intangible para el fortalecimiento de la universidad pública. En el licenciamiento debe haber un trato igualitario".

Se debe precisar que de las 142 universidades que hay en el país, 10 solo existen en el papel, porque fueron creadas por ley, pero no tienen autorización alguna.

La Sunedu informó que  este 2017 realizará 900 acciones de supervisión en las universidades del país. Solo en lo que va del año se ha detectado que 12 brindaban 57 carreras de pregrado sin tener autorización para ello.

Durante el 2016, la SUNEDU registró 242 mil 873 grados y títulos nacionales.

En cifras
317 mllns de soles en infraestructura administran las universidades públicas.

220 mllns de soles ha destinado el MINEDU para el licenciamiento y convenios de gestión.


Fuente: La República

miércoles, 1 de febrero de 2017

Dilemas y vicisitudes de la autonomía de la SUNEDU y su Superintendente

Dilemas y vicisitudes de la autonomía de la SUNEDU y su Superintendente

Escribe: Flavio Figallo Rivadeneyra

Uno de los temas en el que se concentra el debate sobre la ley universitaria es la existencia de una superintendencia que regule la adecuación de las universidades a las exigencias de la ley universitaria y vaya mejorando las Condiciones Básicas de Calidad exigibles para el Licenciamiento dentro de una lógica de mejora continua. Las diferentes posiciones sobre el punto pueden acomodarse en solo dos grupos, el primero que señala que no debe existir una superintendencia y que la autorregulación es el camino, y una segunda que dice que hay que mantener, pero reformar, esta institución.

En el primer paquete se encuentran los "obtusos" que sostienen que más allá de lo que haya resuelto el Tribunal Constitucional en dos ocasiones, SUNEDU con su sola existencia viola la autonomía universitaria, y por tanto es, a su inspirado entender, inconstitucional. Los argumentos son variados y no en todos los casos exigen la desaparición del organismo: los de la vieja izquierda sueñan con un platónico gobierno a cargo de los sabios elegidos entre los sabios y progres, y sostienen que lo demás es argolla y arbitrariedad; pero también están los falsos profetas que sostienen que ningún control es constitucional y reforman tanto la composición de la SUNEDU que resulta siendo igualita a la antigua carreta de la ANR que condujo a la universidad a la precariedad en la que se encuentra. En general ha ganado consenso que la resistencia es producto de los mezquinos intereses de los propietarios de las universidades negocio, con ese consenso pasan desapercibidos los que resisten la SUNEDU en defensa de las antiguas mafias que usaron de la universidad pública para intereses de grupo, cuando no partidario.

En el segundo grupo están los pragmáticos que señalan que de lo que se trata es de acordar condiciones mínimas y garantizar la autonomía de la SUNEDU. En este conjunto las discusiones son sobre lo mínimo de las condiciones básicas, el tiempo de implementación, y el grado de dependencia de la SUNEDU respecto del Ministerio o Ministro de Educación. Para asegurar sus objetivos proponen algunos cambios en la composición de los miembros de su Consejo Directivo (uno o dos representantes adicionales), y respecto de la autonomía del MINEDU proponen mejor una dependencia de la PCM, o un nombramiento por concurso (hay quienes agregan con aval del Congreso) y por cinco años del Superintendente.

Aunque cualquier movimiento social mezclan intereses diversos, hay que advertir que los privados y públicos dispuestos a mejorar se alinean mejor en el segundo paquete, mientras los privados y públicos de tendencia mercantilista se identifican con el primero.

Lo interesante es que en el debate nadie parece argumentar las características que la SUNEDU debe tener en tanto ente regulador cuya finalidad es el "mejoramiento continuo de la calidad educativa de las instituciones universitarias", y en cómo debe organizarse para que sea capaz de tomar "decisiones concretas, sabiamente adaptadas a los casos particulares" . Para ello por ejemplo se requeriría que los consejeros, además de poseer una alta capacidad profesional, tengan la mayor independencia de los regulados, consumidores, intereses privados, autoridades políticas interesadas. Y también que la institución posea por supuesto la mayor autonomía en su organización y manejo de recursos. La clave de la independencia está en los criterios para la selección y nombramiento de los miembros del Consejo Directivo, la exclusividad de sus funciones y el carácter inapelable de sus resoluciones.

¿Cómo elegir a sus miembros? De la misma manera que en otros casos similares sus miembros deben contar principalmente con experiencia profesional en asuntos que se relacionan con los objetivos de la SUNEDU; es decir, ser ejecutivos y profesionales competentes para determinar condiciones mínimas de calidad de los servicios educativos universitarios, fiscalizar el uso de recursos públicos, y supervisar lo que manda la ley para todas las universidades. Es mejor aún si la formación y trayectoria académica de los miembros se relaciona con alguno de los aspectos mencionados desde el punto de vista legal, administrativo, económico o de implementación de políticas. Y mejor todavía si sus reflexiones no se han agotado en las dinámica de instituciones aisladas y son capaces de representarse el sistema de educación superior y la articulación entre universidades de diversas misiones referidas a diversos entornos económico-sociales y diversas áreas profesionales.

El superintendente por su parte puede elegirse entre ellos, o entre candidatos propuestos por el ejecutivo que reúnan las mismas condiciones de sus miembros, y cuya permanencia esté garantizada por un periodo presidencial. Supeditar al superintendente al baloteo de una aprobación congresal puede ser un riesgo si queremos asegurar su independencia política.

Visto así no resulta tan claro que rectores, ex rectores, propietarios de universidades, entre otros, sean los más idóneos para conformar la SUNEDU, su independencia y competencias podrían cuestionarse.

SUNEDU debe actuar en pro de la mejora continua de un conjunto muy diverso de instituciones cuyos tiempos, procesos y estados requieren ser considerados. Una universidad que funciona en edificaciones históricas requiere seguro de mayor tiempo de adaptación, una universidad pública tiene procedimientos de inversión diferentes de las privadas, hay "islas" de calidad que pueden ser preservadas y fortalecidas; la supervisión es vigilancia, pero también acompañamiento; licenciar universidades que nunca han funcionado requiere seguramente de medidas adicionales. SUNEDU debe alentar la calidad sin condenar la diversidad, sea porque siempre puede haber más de una solución a los problemas, o porque las misiones institucionales deben ser compatibles con las necesidades de la sociedad.

Todo esto no garantiza que la sabiduría de las decisiones se adapte a los casos particulares, pero nos acerca a ello.