El transporte informal en nuestro país, y de manera particular en Lima y Callao, es uno de los principales problemas que afectan la calidad de vida de sus habitantes. Según algunos estudios, alrededor del 45 % de la flota de transporte público tiene 21 o más años de antigüedad, y solo el 4 % tiene una antigüedad menor a 6 años. Además, existe un exceso de oferta de vehículos que supera la demanda y genera problemas como congestión, contaminación, inseguridad y competencia desleal. Se estima que en Lima hay 34 mil vehículos de transporte público (entre buses, combis y custers), cuando la ciudad puede recibir solamente 16 mil 500. Por otra parte, los taxis ahogan la capital con casi 185 mil unidades, de los cuales casi 70 mil son informales.
Ante este panorama caótico, se creó en el 2019 la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), una entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), con el objetivo de planificar, regular, gestionar, supervisar y fiscalizar el transporte urbano en nuestra capital peruana. La ATU tiene a su cargo la implementación del Sistema Integrado de Transporte (SIT), que busca ordenar y modernizar el servicio público mediante la integración física, operativa, tarifaria y tecnológica de los diversos modos de transporte (Metro de Lima, Línea 1, Metropolitano, Corredores Complementarios y buses convencionales).
Sin embargo, la labor de la ATU se ha visto obstaculizada por diversos factores, como la falta de recursos económicos, la resistencia de los gremios de transportistas informales, la falta de coordinación con las municipalidades provinciales y distritales, y la injerencia política del gobierno nacional. Un ejemplo claro de esto último es el reciente cambio de la Presidenta Ejecutiva de la ATU, María Jara Risco, quien fue cesada mediante una modificación del Reglamento de Organización y Funciones de la ATU que añadió que la pérdida de la confianza es una de las causales de vacancia o de remoción del cargo de los miembros del Consejo Directivo y del(de la) presidente(a) ejecutivo(a). En su reemplazo, se designó a José Aguilar Reátegui, quien se desempeñaba como Director General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal del MTC.
Esta decisión ha generado críticas y cuestionamientos por parte de diversos sectores, que ven en ella una intromisión del Ejecutivo en una entidad que debería ser autónoma y técnica. La propia María Jara ha calificado su salida como “ilegal” y ha anunciado que interpondrá un recurso legal para ser repuesta en el cargo. Asimismo, ha señalado que durante su gestión enfrentó intereses creados dentro y fuera del sector transporte, y que no recibió el apoyo suficiente para impulsar los mecanismos de planificación que requiere el SIT.
En este particular contexto, consideramos que el cambio de la Presidenta del Consejo Directivo de la ATU es un retroceso para el proceso de reforma del transporte urbano en Lima y Callao, que necesita continuidad y estabilidad para lograr resultados efectivos. No se puede estar cambiando constantemente a las autoridades que tienen a su cargo una tarea tan compleja y sensible como es ordenar el caos vehicular que padecemos a diario.
Se requiere respetar la autonomía y la independencia de la ATU, dotarla de los recursos necesarios para cumplir sus funciones, y fortalecer su coordinación con los gobiernos locales y los actores sociales involucrados en el transporte público. Solo así podremos avanzar hacia un sistema integrado, eficiente, seguro y sostenible que mejore la calidad de vida de los ciudadanos.
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