El alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, cumplió recientemente en abril sus primeros 100 días al frente de la entidad edil con un balance poco favorable para su gestión al que desde esta tribuna no queremos dejar de referirnos. Aún cuando anunció medidas para mejorar la seguridad ciudadana, la limpieza pública, el desarrollo urbano, entre otros de suma importancia para nuestra capital peruana, el líder de Renovación Popular ha enfrentado críticas por su falta de resultados concretos, su manejo comunicacional y su actitud autoritaria, por más que en campaña se “vendió” como un “próspero” empresario, con capacidad de gestión y la experiencia de haber sido regidor metropolitano en la gestión del cuestionado Alcalde de Lima “Luis Castañeda Lossio, durante el periodo 2007-2010.
López Aliaga no ha cumplido con sus principales promesas electorales, como construir una playa artificial en San Juan de Lurigancho, recuperar el Centro Histórico o hacer de Lima una “potencia mundial”, aunque para esto último le concederemos todo el periodo de su gestión, pero desde ya atisbamos que así como van las cosas, será imposible lograrlo. Por el contrario, ha sido cuestionado por su inacción frente a la emergencia provocada por el ciclón Yaku, que dejó miles de damnificados en los distritos más pobres de la capital.
Además, ha generado polémica por sus declaraciones transfóbicas, su contratación masiva de periodistas para mejorar su imagen y su imposición de restricciones al libre tránsito y al derecho a las protestas en el centro de Lima contra el régimen de la Presidenta Dina Boluarte, por las muertes ocasionadas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. Asimismo, ha sido objeto de fiscalización por parte de la Contraloría General de la República, que ha encontrado irregularidades en el manejo de los centros de salud del Sisol.
Rafael López Aliaga, ha visto disminuir su popularidad según las encuestas realizadas por diferentes empresas. Los sondeos muestran que el líder de Renovación Popular tiene una aprobación que oscila entre el 35% y el 45%, mientras que su desaprobación se sitúa entre el 35.3% y el 52%, números que reflejan el descontento y la decepción de los ciudadanos con una gestión cuestionada por la ciudadanía, a pesar que los medios de comunicación tradicional no fustigan su gestión como lo solían hacer con otras autoridades.
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