La elección del nuevo Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, ha desatado una gran polémica y rechazo en diversos sectores de la sociedad civil y la opinión pública. Existe preocupación acerca de los motivos detrás de dicha elección, que cuenta con el respaldo mayoritario del Congreso. Se plantea la interrogante sobre qué intereses se esconden tras esta designación y cómo podría afectar la institucionalidad democrática y los derechos humanos en el país.
Josué Gutiérrez es un abogado que previamente ha ejercido como defensor del secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en el caso conocido como "Los Dinámicos del Centro", donde se investiga una supuesta organización criminal involucrada en el cobro de sobornos a cambio de contratos de obras públicas en la región de Junín. Además, ha desempeñado funciones como asesor parlamentario para la bancada de Perú Libre y se le ha vinculado políticamente con las fuerzas que actualmente dominan el Poder Legislativo.
Sin embargo, estas no son las únicas preocupaciones. Gutiérrez enfrenta investigaciones fiscales pendientes por delitos como peculado, estafa y apropiación ilícita, lo que plantea dudas sobre su integridad moral y competencia profesional para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo.
¿Qué garantías puede ofrecer un candidato con este perfil para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, supervisar la gestión pública y fomentar la cultura del diálogo y la paz en un contexto de crisis política y social? ¿Cómo puede asegurarse su independencia e imparcialidad frente a los poderes fácticos que lo han respaldado y que buscan controlar las instituciones estatales?
La elección de Josué Gutiérrez como Defensor del Pueblo representaría un serio retroceso para la democracia peruana y una amenaza para los derechos humanos. Parece ser otra maniobra del "fujicerronismo" para ocupar la Defensoría del Pueblo y utilizarla como un instrumento político para sus propios intereses partidistas y personales. Esta situación pondría en peligro la autonomía, credibilidad y legitimidad de una institución cuya misión es “Defender y promover los derechos de las personas y la comunidad, con autonomía y énfasis en los grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad, mediante la supervisión al cumplimiento de las obligaciones del Estado”.
Por lo tanto, es necesario que la ciudadanía exprese su opinión y exija al Congreso que reconsidere esta elección, buscando un candidato o candidata que cumpla con los requisitos legales y éticos necesarios para asumir tan alta responsabilidad. Se debe respetar el principio de meritocracia y transparencia en todo el proceso. Es fundamental escuchar las preocupaciones de las organizaciones de la sociedad civil, los expertos y los propios trabajadores de la Defensoría, quienes han expresado su inquietud ante esta situación.
El Perú merece tener un Defensor o Defensora del Pueblo que represente los valores democráticos, defienda los derechos de todos los ciudadanos sin discriminación, promueva el diálogo y la reconciliación nacional, realice una supervisión rigurosa y objetiva de la gestión pública, y sea un garante de la legalidad y la constitucionalidad. No podemos permitir que se vulnere esta institución tan importante para nuestra democracia.
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