Desde que Dina Boluarte asume constitucionalmente la Presidencia de la República, en diciembre de 2022, nuestro país ha seguido inmerso en una crisis social y política, donde lamentablemente ha desatacado la violación de los derechos humanos como una constante que nos embarga de indignación y pesar por la pérdida de vidas humanas (más de 70) y que ha sido documentado de manera fehaciente por sendos informes de organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, medios de comunicación como el New York Times, Ideele Reportes, Hildebrant en sus Trece, entre otros, y recientemente organizaciones autónomas de la Organización de Estados Americanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La situación que vivimos es sumamente delicada y requiere de una atención urgente por parte de las autoridades. Sin embargo, lejos de cumplir con su deber de proteger los derechos de la ciudadanía, autoridades importantes como la Presidenta de la República y el Alcalde de Lima han optado por una postura de confrontación y represión, haciendo caso omiso a las demandas de la población y ejerciendo una violencia desmedida en contra de quienes protestan.
Es inconcebible que en pleno siglo XXI, en un país que se jacta de ser democrático, se hayan permitido actos tan aberrantes como la represión de manifestaciones (gran parte pacíficas) y la violación de derechos humanos. La ciudadanía tiene derecho a expresar su descontento y sus demandas sin temor a ser agredida o violentada por las fuerzas del orden, menos a que se atente contra sus vidas.
Es evidente que nuestro país atraviesa por momentos sombríos. Si bien la situación social y política se encuentra en aparente tensa calma, es necesario que se tomen medidas inmediatas para restablecer la paz y la justicia.
Exhortamos respetuosamente, a la Presidenta y al Alcalde, que asuman su responsabilidad ante la ciudadanía y que tomen medidas efectivas para garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos. Asimismo, hacemos un llamado a la población para que de seguir manifestándose de manera pacífica, no se deje amedrentar por la violencia y la represión. Solo así podremos construir un país más justo y equitativo para todos.
En este sentido, es fundamental que como ciudadanos y ciudadanas ejerzamos una ciudadanía activa, que seamos capaces de defender nuestros derechos y de exigir que se cumplan las obligaciones garantistas que corresponde a nuestras autoridades. Sin embargo esta defensa debe ser pacífica y respetuosa, sin recurrir a la violencia ni a la agresión, y siempre teniendo como objetivo el bien común y la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
Desde esta tribuna, nos comprometemos a ejercer un rol crítico y constructivo en este proceso. Nuestro objetivo es fomentar el diálogo y el debate, para que la ciudadanía pueda expresar sus ideas y demandas de manera libre y abierta. Pero siempre sobre la base de un respeto mutuo, de una convivencia pacífica y de la búsqueda del bien común.
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