domingo, 30 de diciembre de 2012

Cuando izquierdistas, fujimoristas y apristas privatizan

Cuando son los rojos los que privatizan
 
Escribe: Rosa María Palacios
 
Hace unos días, una tubería matriz de Sedapal se rompió a las 2:00 am en Villa María del Triunfo. No vino nadie a ayudar a los desesperados vecinos y comerciantes hasta las 7:00 am. Cinco horas después y luego de miles de metros cúbicos de agua derramada, 300 familias pobres habían perdido todos sus bienes. Mercadería de pequeños comercios, menaje de casas en primer piso. Hasta algún auto terminó tapado de agua, así como el colegio público de la zona. Tres casas se perdieron por completo.
 
La emergencia reveló que Sedapal, empresa pública que en teoría atiende a 9 millones de habitantes, no tenía un sistema de atención rápida de emergencias ni bombas suficientes o de gran tamaño. Además su infraestructura es muy antigua y no recibe el mantenimiento adecuado. Felizmente sí tenía una póliza de seguro que cubrirá todos los daños pero, como es evidente, la prima del próximo año subirá, socializando así la pérdida que tendremos que pagar todos los usuarios. Tres días después del incidente el asunto estaba olvidado. Ninguna autoridad, funcionario, técnico, supervisor u obrero de Sedapal renunció o se le pidió renuncia alguna. El accidente se atribuyó a la antigüedad de la red y a la zona arenosa donde se encuentra la tubería. Todos felices, todos contentos.
 
La Municipalidad de Lima concesionó a privados un proyecto que en tiempos de Castañeda y en el mayor secretismo se llamó Línea Amarilla. Con la gestión Villarán se renegoció para mejorar sustancialmente las condiciones de los predios afectados así como otros beneficios a favor de la ciudad. Vía Parque Rímac es una obra muy importante para el transporte que puede llevar un camión de La Molina al Callao en 20 minutos, uniendo 11 distritos.
 
Esta última semana la obra tuvo un serio problema. Una pared colapso y el río se desbordó. El gerente del proyecto y la alcaldesa anunciaron que estaba previsto este evento. Hasta hoy no queda muy claro si esto era previsible o no. Lo cierto es que no hay casas destruidas, ni comercios o familias afectadas. Pero lo mejor es que los daños los asume el concesionario, porque –al privatizarse una actividad– el riesgo del negocio se traslada al empresario y el Estado no asume la pérdida. ¿Todos felices? No, de ninguna manera.
 
Compare usted el tratamiento político dado a los dos casos separados tan solo por días. Yo apoyo el retiro del Estado de actividades empresariales, sobre todo las de mayor riesgo. Sin embargo, directores de medios, que siempre han sostenido la misma causa, hoy son los primeros en minimizar el caso de incompetencia clamorosa de Sedapal y simultáneamente emprenderla contra la alcaldesa, próxima a enfrentar un proceso de revocatoria. ¿Lo ancho para la empresa pública y lo angosto para la obra privatizada? La inconsistencia ideológica solo puede ser explicada por la sinrazón de la política. Si fujimoristas y apristas privatizan, es bueno. Si la izquierda lo hace, es malo.
 
En marzo del próximo año no solo se define la permanencia de Villarán en el puesto. ¿Quién será consistente políticamente con sus ideas económicas? Y, como dijo Lourdes Flores en las elecciones del 2010, ¿quién se pondrá del lado de la decencia y quién del lado de la corrupción?
 
El 2013 traerá muchas cosas buenas para el Perú, estoy segura de que sí. Ojalá también mejore la calidad de nuestra política. Mientras tanto, tengamos todos ¡un feliz año!
 
Fuente: La República

Cambio de AFP

AFP no quieren perder altos ingresos por administrar los fondos de sus afiliados
 
Silvia Pérez B.
 
Legisladores creen que las administradoras habrían concertado para que las comisiones no bajen como se esperaba. Consideran necesario que los usuarios presionen el mercado trasladándose a la AFP que le cobre menos.
 
De las cuatro Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que no ganaron el proceso de licitación de nuevos afiliados, solo dos AFP (Horizonte y Profuturo) bajaron sus comisiones de manera ínfima, mientras las restantes lo mantienen (Prima e Integra).
 
Ello se debería, según legisladores consultados, a un posible acuerdo entre AFP  para no perder los ingentes ingresos que le generan los afiliados.
 
Según el congresista Javier Diez Canseco, "todo indica que se trata de una acción concertada a efectos de resistir una rebaja como lo ha presentado la AFP chilena Hábitat".
 
Agregó que de ser así, esta acción es sancionable, ya que se establece una conducta propia de un oligopolio, en el cual un número de empresas controla el mercado.
 
En tanto, el legislador Yonhy Lescano consideró que sí hubo una posible concertación entre las AFP para mantener casi inalterable sus comisiones.
 
"Eso estaba previsto desde antes de que se emitiera la ley porque ellos nunca pierden. Conciertan los precios para no tener pérdidas de sus millones de ingresos y para mantener la cartera de afiliados", sostuvo.
 
Según el legislador ese acuerdo estaría "perfectamente" bajo el conocimiento de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), pero no hace acción alguna para defender a los usuarios.
 
"Solo sirve de soporte técnico a las AFP para legalizar y mantener sus abusos. Es como una especie de convivencia ilegal bajo la mesa, además para no obligarlas a que bajen sus comisiones realmente a favor de los afiliados", indicó.
 
CAMBIARSE DE AFP
 
Uno de los riesgos para las AFP por no rebajar sus comisiones es el traslado de los afiliados a otra entidad que le ofrezca menor comisión. Así lo indicó el legislador Jaime Delgado, al indicar que con esta medida los afiliados hacen efectivo su derecho a trasladarse a otra administradora.
 
"Si las AFP están cobrando costos mayores frente a otras administradoras, el riesgo es que empiecen a perder clientes. Van a reaccionar y preguntarse por qué va pagar un 10% más de comisión si hay posibilidad de que otra AFP le cobre menos", explicó.
 
Consideró necesario agilizar el proceso de traslado de una AFP a otra para impulsar  la reducción de las comisiones.
 
"Si actualmente estamos en una AFP donde cobran mucho más, la mejor forma de presionar al mercado es trasladándose a otra administradora y eso los va a obligar a competir y, por ende, reducir sus comisiones”, apuntó.
 
Agregó que se deben revisar los términos y plazos que tienen estos fondos para hacer el traslado, ya que el proceso en la actualidad es complejo.
 
"En algunos casos cambiarse de AFP demora de dos meses a más y no debe de ser tan lento, por lo menos debe de estar en menos de 30 días", dijo.
 
SE DEBE FACILITAR LOS TRASLADOS
 
El congresista Javier Diez Canseco indicó que el proceso de traslado de AFP debe acelerarse. "Es indispensable reducir sus tiempos y simplificarlo con carácter de urgencia en el Congreso. Es una iniciativa que se debatirá al inicio de la legislatura, en marzo", sostuvo.
 
Consideró que ello permitirá impulsar la reducción de las comisiones que cobran las AFP, y para ello se debe trabajar en la difusión de los trámites para que los usuarios que hoy están sometidos a tasas "abusivas" sepan cuáles son los beneficios.
 
Fuente: La República

martes, 18 de diciembre de 2012

Recordando a Pedro Huilca Tecse

Recordando a Pedro Huilca Tecse
 
Escribe: Otra Mirada
 
Un día como hoy, hace 20 años, el dirigente sindical Pedro Huilca fue asesinado en la puerta de su domicilio. Huilca, quien como joven obrero se había afiliado a la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, ostentaba en ese momento el cargo de Secretario General de la central obrera más importante de nuestro país, la CGTP.
 
Como se sabe, con la llegada de Alberto Fujimori al poder se puso en marcha uno de los programas de ajuste estructural neoliberal más duros en América Latina. Durante 1991 el gobierno fujimorista promulgó un conjunto de leyes que no sólo facilitaban los despidos laborales y reducían los derechos de los trabajadores, sino que atentaban directamente contra las organizaciones sindicales. Entre otras medidas, este paquete de leyes permitió la tercerización laboral (conocidas como services), la aparición de los contratos a plazo fijo, temporal y los conocidos como servicios no personales. Además, debilitó las negociaciones colectivas y ello trajo diversas consecuencias. Ante este panorama las movilizaciones sindicales contra el gobierno fujimorista se sucedían unas a otras.
 
Con el golpe de Estado, Pedro Huilca junto con la CGTP y otras organizaciones sindicales se presentaron ante múltiples organismos internacionales con el fin de condenar el golpe y dar a conocer las políticas anti-laborales del gobierno del hoy reo Fujimori. Ya en 1992, Huilca, en su calidad de Secretario General, convocó a un conjunto de movilizaciones, así como a un paro general en julio de ese año. A través de las páginas del diario La República el sindicalista retó públicamente al entonces dictador Fujimori: “¿Por qué nos tiene miedo Fujimori? No dicen por ahí que los sindicatos estamos de capa caída? Yo desafío a Fujimori a que me otorgue el permiso para realizar un mitin en la Plaza 2 de mayo y convocar a 200 mil trabajadores. Este es mi reto y le demostraré que este mitin será el verdadero plebiscito del que tanto habla la dictadura.”
 
Finalmente, en diciembre de ese año Huilca participó en la Conferencia Anual de Empresarios (CADE) y en su alocución demandó la realización de un gran pacto nacional que incluyera a los trabajadores duramente golpeados por las leyes del fujimorismo. En ese mismo encuentro habló también Fujimori y como relató en ese momento la revista Oiga, señaló “‘el consenso (nacional) lo hemos construido todos juntos desde 1990. Poco a poco han surgido y siguen apareciendo las grandes estructuras sociales  del verdadero  Perú profundo’. En ese instante Fujimori levantó la mirada al auditorio y dejando de leer, señaló ‘Este ya no es el país donde mandan las cúpulas de la CGTP o el SUTEP, o las huestes de Sendero Luminoso y el MRTA, o los caciques de los partidos tradicionales’. El mensaje era directo contra Huilca, allí presente.”
 
Dos semanas después de dicha advertencia, Huilca sería asesinado en la puerta de su casa en el distrito de Los Olivos. Inicialmente la acción fue reivindicada por Sendero Luminoso y, luego, dos investigaciones independientes del Congreso de la República han ratificado que fue el escuadrón de la muerte conocido como Grupo Colina quien ejecutó a Huilca. Actualmente, la causa del asesinato del dirigente sindical viene siendo investigada en el Poder Judicial con el fin de individualizar las responsabilidades tanto materiales como intelectuales de dicho crimen.
 
Huilca fue asesinado por defender los derechos de los trabajadores de este país, por ser un obstáculo a las ideas neoliberales y a la dictadura fujimorista, por ser un activo miembro del frente Izquierda Unida.
 
Por estas razones desde Otra Mirada nos unimos al homenaje que rinde hoy el Municipio de Lima al dirigente sindical y militante político Pedro Huilca. Asimismo, el día es propicio para recordar que la Ley General del Trabajo, norma principal que regula los derechos de los trabajadores y sus relaciones laborales, está encarpetada desde hace tres gobiernos. Así como durante la campaña el Presidente Humala ofreció aumentar el salario mínimo, también se comprometió a promulgar dicha ley. Hoy que se celebra un año más del asesinato de Pedro Huilca por la defensa de los derechos de los trabajadores, es una buena ocasión para recordar esa promesa hasta hoy incumplida.
 
Fuente: Otra Mirada

lunes, 10 de diciembre de 2012

Miedos urbanos

Miedos urbanos
 
Escribe: Jorge Bruce
 
El mayor éxito de los promotores de la revocatoria ha consistido en concentrar el inmenso malestar de vivir en una urbe tan problemática como Lima en la persona de la alcaldesa, Susana Villarán. Paradójicamente, esta tarea se ha visto facilitada por el serio intento de reforma del transporte, que implica chocar con los intereses de mucha gente, entre los cuáles se incluyen usuarios que temen salir perjudicados. Así, una persona que acude a mi consultorio desde un barrio alejado del mismo, utilizando el transporte público, el mismo al que debe recurrir para transportarse a la universidad donde estudia, me dice su fastidio porque cierta línea de combis ya no pasa por la puerta de su casa. Como consecuencia se niega a usar el metropolitano, pues le parece una imposición autoritaria del municipio de Lima.
 
Este es solo un ejemplo y ciertamente se podrían citar muchos en sentido contrario, de usuarios profundamente insatisfechos con el maltrato de las líneas que recorren las calles de la capital actualmente, muchas veces en condiciones execrables. Pero el hecho es que existe un temor a ese cambio de un transporte informal e indigno, en pro de uno de mucho mejor calidad pero que podría tener un número significativamente menor de líneas y un costo mayor al actual.
 
Esta versión de más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, constituye un temible desafío para quien pretenda esa impostergable tarea de modernización y racionalización del caótico, violento y anómico sistema de transporte limeño. En este como en otros de los trabajos hercúleos que requiere con urgencia nuestra ciudad, la alcaldía se enfrenta, pues, en primer lugar a los temores de habitantes que se aferran a lo que ya tienen y ven con angustia el proceso de cambio.
 
Preciso es decir que así como los revocadores, pese a todas las evidencias de sus turbios intereses, han logrado capitalizar esta inquietud, del lado del municipio no se ha evaluado a tiempo el riesgo que esto suponía. Tengo la impresión que se asumió que las buenas intenciones que animan el proyecto iban a suscitar la entusiasta adhesión de una mayoría de vecinos. En otras palabras, se subestimó el apego de los habitantes de Lima a un sistema que conocen y al cual se han habituado, pese a las deplorables condiciones mencionadas. Lo cual se puede hacer extensivo a todo el proyecto municipal. Una cosa es aumentar la seguridad con personal y equipos, o bien mejorar el sistema de recojo de basura, lo cual no supone ningún riesgo para los vecinos, todo lo contrario, y otra muy distinta es romper un mecanismo que, mal que mal, transporta a los ciudadanos. Como señala Martín Tanaka en La República del domingo 25 de Noviembre, quiénes sí ven la reforma del transporte público como un beneficio incuestionable son quienes no lo usan.
 
Ahora bien, estos grupos inescrupulosos que ya conocían este temperamento mayoritario por haberse dedicado, durante el periodo previo, exactamente a realizar únicamente aquellas obras que no pisaran callo alguno, supieron detectar estos miedos y desconfianzas. Luego echaron mano de un mecanismo que claramente no está cumpliendo su cometido, como es el de la revocatoria. Es clarísimo que este extremo democrático debería ser recurrido cuando se encuentran evidencias de corrupción o algún otro abuso –lo que ocurrió por ejemplo con el caso Comunicore- y no sencillamente porque quienes perdieron la elección lo saben aprovechar. Esto es lo que Tzvetan Todorov llama en su último libro los enemigos íntimos de la democracia.
 
La propia democracia segrega estos venenos en su seno, los cuales amenazan su supervivencia: “La democracia está enferma de su desmesura: la libertad se convierte en tiranía, el pueblo se transforma en masa manipulable, el deseo de promover el progreso se transforma en espíritu de cruzada.”
 
En este como en otros de los trabajos hercúleos que requiere con urgencia nuestra ciudad, la alcaldía se enfrenta, pues, a los temores de habitantes que se aferran a lo que ya tienen y ven con angustia el proceso de cambio.
 
Los revocadores constituyen, a mi entender, un ejemplo clarísimo de esos enemigos íntimos. Como Movadef, se insertan en las grietas del funcionamiento de la sociedad para pervertir su sentido. Para ello se requiere, es cierto, la preexistencia, como dicen las compañías de seguros cuando no quieren cubrir una dolencia que existía antes de contratar la póliza, de un malestar como el arriba mencionado. Esta conjunción es temible. Si no existieran esas resistencias al cambio, y la urgencia de reformas en aspectos cuyos beneficios aprecien de inmediato, sin los costos de asuntos como La Parada, los revocadores no podrían haberse salido con la suya. Que para ello hayan debido contar con la mediocridad y quizás algo peor de organismos como el JNE, es parte de la ecuación irresponsable y destructiva que hoy tiene a Lima en jaque. Porque no nos engañemos: el destino de la alcaldesa y los regidores es secundario respecto de la magnitud del daño que le haría a la ciudad el triunfo de ese proyecto, apenas velado, de retorno de la corrupción al palacio municipal. A lo cual conviene agregar el tiempo perdido y la consecuente paralización de las obras emprendidas.
 
No obstante, todavía no hemos llegado a ese punto. Ya se observa la conformación espontánea de una coalición variopinta de personas e instituciones que rechazan este intento de inyectar curare a la ciudad, para inmovilizarla y poderla devorar con tranquilidad. Pero esta conjunción no es suficiente. Ahora hay que revertir una tendencia que parece ser muy difícil de voltear, dadas las cifras que circulan y el poco tiempo del que se dispone.
 
Lo interesante del proceso es que no podía haber una señal de alarma más clara y resonante de los puntos ciegos de la gestión actual. Ahora resulta evidente la falta de apoyo de la mayoría de vecinos, quienes no parecen haberse reconocido en el discurso de las nuevas autoridades municipales, ni en su plan que no conocen y del cual desconfían, tal como lo indica la reciente encuesta de GFK. Este signo de los tiempos es el que estos personajes inescrupulosos sí supieron identificar para sus intereses venales.
 
En el poco tiempo que resta, de continuar las cosas tal como se encuentran ahora, sería indispensable ajustar esa mala sintonía, al mismo tiempo que se denuncian las torvas intenciones de quienes impulsan esta regresión a tiempos oscuros en el manejo de la ciudad. Pero acaso el primer punto sea prioritario. Esto supone no solo un esfuerzo de comunicación de lo realizado, lo cual ya está ocurriendo, sino un ejercicio de reflexión autocrítica en torno a esos puntos ciegos y esa confianza un tanto ingenua en que era suficiente con pretender una gestión limpia, al servicio de la comunidad, para que la ciudadanía se sienta representada y comprendida. Está claro que conducir de manera honesta los asuntos municipales es insuficiente. Una ciudadanía cuya compleja composición responde de maneras muy distintas a las intenciones de las autoridades, exige un trabajo de mapeo minucioso de las múltiples demandas y expectativas que la animan. La eficiencia se mide también en función de la capacidad de tener clara esa complejidad, pues de lo contrario las frustraciones y temores serán el caldo cultivo que buscan –y encuentran- quienes propician el caos para recuperar el botín de las arcas municipales.