El Zorro de Abajo. Las políticas públicas
Escribe: Sinesio López Jiménez
Es una redundancia. Si son políticas ya son públicas. Pero quizá la redundancia tiene sentido porque, en este caso, se quiere subrayar el doble sentido que tiene lo público. Público es el Estado cuando se abre a la libertad y a la participación de los ciudadanos. (No siempre el Estado fue público. Hay también Estados y gobiernos cerrados. La monarquía absoluta fue un Estado cerrado. El Estado oligárquico de AL fue un Estado semicerrado. Una dictadura es un gobierno cerrado). Pero lo público se extiende también a la esfera pública y a la sociedad civil. Una política pública comprende ambos sentidos (lo público estatal y lo público social) cuando se trata de discutir, establecer prioridades y decidir las acciones que debe desarrollar el gobierno. Pero el diseño y la ejecución de las políticas públicas son tareas propias de los expertos y de quienes tienen responsabilidad de gobierno.
El control y la fiscalización de la esfera pública, de la sociedad civil y de la ciudadanía pueden acompañar la ejecución de las políticas públicas para garantizar la eficacia y la transparencia, pero no pueden interferir en ella porque eso genera problemas de gobernabilidad. Estos temas han sido expuestos y discutidos masivamente en la PUCP entre el 28 y el 30 en el Aula Magna cuya organización, este año, fue encargada a la flamante Escuela de Gobierno y Políticas Públicas que dirige Henry Pease.
Resumo lo que sostuve en mi exposición sobre ciudadanía, Estado y políticas públicas. Los gobiernos democráticos despliegan sus acciones para atender las necesidades y demandas de los ciudadanos. Esta es la razón de ser de los Estados y los gobiernos democráticos. Se gobierna para todos los ciudadanos. Pero las cosas no siempre son así. En el Perú, por ejemplo, los ciudadanos demandan diversos tipos de derechos al Estado, pero este despliega políticas insuficientes e inadecuadas para atenderlos. Algunos de estos derechos son cuestionados y no reconocidos. Tal es el caso de los derechos sociales. En otros casos (la libertad de asociación y de expresión de las ONG), pese a que son reconocidos, no son siempre derechos respetados.
Los ciudadanos demandan derechos civiles (libertades individuales) que tienen que ver con la igualdad ante la ley pero el Estado aplica políticas de discriminación: más del 90% de los peruanos (en algunas regiones llega casi al 100%) cree que no existe igualdad ante la ley entre ricos y pobres, entre blancos y cholos, entre limeños y provincianos, entre hombres y mujeres, entre educados y analfabetos, etc. La mayoría de los ciudadanos reclama el reconocimiento de y el acceso a los derechos sociales (empleo, salud, educación, seguridad) que tienen que ver con la igualdad de oportunidades, pero el Estado no ofrece las garantías necesarias (recursos materiales e institucionales) para que ellos puedan gozar de esos derechos.
Más de la mitad de los peruanos cree que los derechos al empleo, a la salud y a la seguridad no están garantizados y más del tercio de ellos siente que el derecho a la educación tampoco lo está. Más del 70% de los peruanos exigen que el Estado cumpla funciones distributivas, cerca del 40%, que integre a la población. Casi un tercio de la población demanda que el mercado funcione para que todos puedan acceder a ingresos. El Estado, sin embargo, deja de lado las políticas distributivas y de integración y solo plantea débiles políticas de regulación.
Los contenidos y la intensidad de estas demandas de derechos dependen de factores socioculturales (edad, sexo, educación, grupo ocupacional, categoría ocupacional, nivel de ingreso, estrato social, relación urbano-rural). Las garantías de los derechos civiles (igualdad ante la ley) son reclamadas por todos, independientemente de sus características socioculturales. Las garantías de los derechos sociales (igualdad de oportunidades), empero, son exigidas por los sectores populares. A medida que más se baja en la escala social crece esta exigencia y a medida que más se asciende en la misma aumenta la demanda de protección de los derechos civiles. El conocimiento de los derechos y de las garantías que ofrece el Estado depende del nivel de acceso a los medios de información: los que más acceden a los medios, a las instituciones educativas (incluidas las bibliotecas) y a Internet tienen un mayor conocimiento de los derechos y de las garantías. En cambio, los que están desconectados o poco conectados con esos medios, tienen un bajo nivel de conocimiento de los mismos.
Finalmente, no existe un solo tipo sino varios tipos de ciudadanos. La variedad depende de la cultura política. Los estatistas-comunitaristas (38.2%) exigen que el Estado sea más distributivo e integracionista, los liberales (7.9%) le demandan la promoción del mercado y la protección de las libertades y de la iniciativa individual, los estatistas-liberales (46.4%) piden un Estado distributivo que al mismo tiempo promueva el mercado y respete las libertades individuales y los comunitaristas-liberales (10.6%) piden un Estado integracionista que aliente el desarrollo del mercado y de las libertades.
Fuente: http://www.larepublica.com.pe/content/view/253143/481/
Escribe: Sinesio López Jiménez
Es una redundancia. Si son políticas ya son públicas. Pero quizá la redundancia tiene sentido porque, en este caso, se quiere subrayar el doble sentido que tiene lo público. Público es el Estado cuando se abre a la libertad y a la participación de los ciudadanos. (No siempre el Estado fue público. Hay también Estados y gobiernos cerrados. La monarquía absoluta fue un Estado cerrado. El Estado oligárquico de AL fue un Estado semicerrado. Una dictadura es un gobierno cerrado). Pero lo público se extiende también a la esfera pública y a la sociedad civil. Una política pública comprende ambos sentidos (lo público estatal y lo público social) cuando se trata de discutir, establecer prioridades y decidir las acciones que debe desarrollar el gobierno. Pero el diseño y la ejecución de las políticas públicas son tareas propias de los expertos y de quienes tienen responsabilidad de gobierno.
El control y la fiscalización de la esfera pública, de la sociedad civil y de la ciudadanía pueden acompañar la ejecución de las políticas públicas para garantizar la eficacia y la transparencia, pero no pueden interferir en ella porque eso genera problemas de gobernabilidad. Estos temas han sido expuestos y discutidos masivamente en la PUCP entre el 28 y el 30 en el Aula Magna cuya organización, este año, fue encargada a la flamante Escuela de Gobierno y Políticas Públicas que dirige Henry Pease.
Resumo lo que sostuve en mi exposición sobre ciudadanía, Estado y políticas públicas. Los gobiernos democráticos despliegan sus acciones para atender las necesidades y demandas de los ciudadanos. Esta es la razón de ser de los Estados y los gobiernos democráticos. Se gobierna para todos los ciudadanos. Pero las cosas no siempre son así. En el Perú, por ejemplo, los ciudadanos demandan diversos tipos de derechos al Estado, pero este despliega políticas insuficientes e inadecuadas para atenderlos. Algunos de estos derechos son cuestionados y no reconocidos. Tal es el caso de los derechos sociales. En otros casos (la libertad de asociación y de expresión de las ONG), pese a que son reconocidos, no son siempre derechos respetados.
Los ciudadanos demandan derechos civiles (libertades individuales) que tienen que ver con la igualdad ante la ley pero el Estado aplica políticas de discriminación: más del 90% de los peruanos (en algunas regiones llega casi al 100%) cree que no existe igualdad ante la ley entre ricos y pobres, entre blancos y cholos, entre limeños y provincianos, entre hombres y mujeres, entre educados y analfabetos, etc. La mayoría de los ciudadanos reclama el reconocimiento de y el acceso a los derechos sociales (empleo, salud, educación, seguridad) que tienen que ver con la igualdad de oportunidades, pero el Estado no ofrece las garantías necesarias (recursos materiales e institucionales) para que ellos puedan gozar de esos derechos.
Más de la mitad de los peruanos cree que los derechos al empleo, a la salud y a la seguridad no están garantizados y más del tercio de ellos siente que el derecho a la educación tampoco lo está. Más del 70% de los peruanos exigen que el Estado cumpla funciones distributivas, cerca del 40%, que integre a la población. Casi un tercio de la población demanda que el mercado funcione para que todos puedan acceder a ingresos. El Estado, sin embargo, deja de lado las políticas distributivas y de integración y solo plantea débiles políticas de regulación.
Los contenidos y la intensidad de estas demandas de derechos dependen de factores socioculturales (edad, sexo, educación, grupo ocupacional, categoría ocupacional, nivel de ingreso, estrato social, relación urbano-rural). Las garantías de los derechos civiles (igualdad ante la ley) son reclamadas por todos, independientemente de sus características socioculturales. Las garantías de los derechos sociales (igualdad de oportunidades), empero, son exigidas por los sectores populares. A medida que más se baja en la escala social crece esta exigencia y a medida que más se asciende en la misma aumenta la demanda de protección de los derechos civiles. El conocimiento de los derechos y de las garantías que ofrece el Estado depende del nivel de acceso a los medios de información: los que más acceden a los medios, a las instituciones educativas (incluidas las bibliotecas) y a Internet tienen un mayor conocimiento de los derechos y de las garantías. En cambio, los que están desconectados o poco conectados con esos medios, tienen un bajo nivel de conocimiento de los mismos.
Finalmente, no existe un solo tipo sino varios tipos de ciudadanos. La variedad depende de la cultura política. Los estatistas-comunitaristas (38.2%) exigen que el Estado sea más distributivo e integracionista, los liberales (7.9%) le demandan la promoción del mercado y la protección de las libertades y de la iniciativa individual, los estatistas-liberales (46.4%) piden un Estado distributivo que al mismo tiempo promueva el mercado y respete las libertades individuales y los comunitaristas-liberales (10.6%) piden un Estado integracionista que aliente el desarrollo del mercado y de las libertades.
Fuente: http://www.larepublica.com.pe/content/view/253143/481/
