Ni club de rectores ni fe ciega en el mercado
Las universidades públicas deben rendir cuentas
porque, entre otras razones, manejan recursos de todos los peruanos.
Escribe: Jaime Saavedra Chanduví
El respeto de la autonomía universitaria es un
principio fundamental. Las universidades se organizan de manera autónoma, definen
qué carreras y cursos van a dictar y eligen libremente a quienes dictan. Los
profesores gozan de libertad de cátedra. Esta autonomía ha existido siempre y
ahora la garantiza la Ley Universitaria. Confusiones al respecto son
desinformación.
Lamentablemente, por décadas se confundió esta
autonomía con una autarquía que eximía a la universidad peruana de rendir
cuentas a nadie. Simulaban rendir cuentas a la Asamblea Nacional de Rectores
(ANR), un club de rectores inefectivo, que llevó al país al caos actual en el
que conviven universidades de excelente calidad con una plétora de
instituciones mediocres que reparten grados inservibles (que explica el
creciente subempleo de sus egresados, que llega a 40%). Este club representaba
los intereses económicos y de poder de grupos específicos. Pero lo que no
representaba era el interés de los jóvenes.
Las universidades deben rendir cuentas a la
sociedad, por varias razones.
Primero, porque manejan recursos financieros de
todos los peruanos. Las públicas reciben dinero público, y las privadas reciben
un subsidio implícito a través de un tratamiento tributario muy favorable. Solo
esto justifica una supervisión del uso adecuado de estos recursos en beneficio
de la educación y la investigación.
Segundo, la universidad no brinda un servicio
cualquiera. Tiene la inmensa responsabilidad de formar profesionales y
ciudadanos, y debe ser el centro de la innovación, del debate político y
social, de la creación de conocimiento y de la generación de respuestas a los
retos de desarrollo. Como tal, es uno de los pilares fundamentales sobre los
que se forma la sociedad peruana.
Tercero, la educación universitaria es un mercado
complejo con múltiples imperfecciones y, al igual que muchos mercados de
servicios, requiere de una regulación eficaz que permita que todos reciban los
beneficios del mercado, no solo algunos proveedores a costa de los estudiantes.
La reforma universitaria, que ya se inició, acabó
con el club de rectores y lo reemplazó por la coexistencia de la autonomía
universitaria con la búsqueda de la excelencia. Para esto, las universidades
cumplirán con estándares de calidad establecidos y monitoreados por una
superintendencia (tal como sucede en otros servicios públicos) que, además,
vigila el buen uso de los recursos públicos.
La reforma obliga a transparentar la información a
la comunidad universitaria. Los órganos de gobierno son elegidos con el voto
universal de docentes y estudiantes, lo cual elimina cualquier injerencia
política, por parte del Estado o grupos de poder enquistados.
Y la Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria (Sunedu) no podrá ser controlada por el poder de turno,
pues solo dos de los siete miembros del consejo directivo, su máxima autoridad,
son designados por el Ejecutivo. Los restantes han sido designados por concurso
público.
Desarrollar este nuevo esquema de regulaciones es
tarea compleja, pero debe llevarnos a mayores estándares de calidad en todo el
país. Grave retroceso sería regresar a la autorregulación del club de rectores
que destrozó a la universidad peruana. (Ya la vivimos por décadas perjudicando
a generaciones de estudiantes). Defender la autorregulación es privilegiar el
interés de quienes quieren controlar las universidades con fines mercantilistas
o políticos en desmedro del interés del país.
Tampoco es razonable apostar por una completa
desregulación, confiando en que las fuerzas del libre mercado por sí solas pueden
generar los incentivos adecuados a todos los actores. Esa es una fe ingenua y
desinformada. Soy un economista ortodoxo, pero que entiende la necesidad de
regular mercados altamente imperfectos y en los que se provee un servicio con
impactos que alcanzan la esencia misma de la sociedad.
Esta reforma ya está en marcha. Las universidades
públicas (excepto una) tienen su estatuto y la mayoría ha elegido o está
eligiendo a sus rectores en el marco de la nueva ley –la semana pasada lo hizo
la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)–, y la gran mayoría de privadas ya
se adecuó a la ley.
En reuniones con estudiantes de la UNI, Agraria,
Católica y San Marcos me han preguntado qué hacer para que la reforma no se
trunque. La respuesta es que la reforma debe ser entendida como política de
Estado. Pero en el fondo no hay ley que garantice la continuidad. La garantía
está en lo que hagan la clase política, los votantes y los propios estudiantes.
Fuente: El Comercio
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