Ciudadano denuncia a ciudadano
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La Generalitat alienta con varias iniciativas a
que las personas delaten actitudes incívicas
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Oposición y asociaciones denuncian una deriva
‘orwelliana'
Si una persona pone los pies en el asiento de los ferrocarriles, usted puede denunciarlo de forma anónima. Si tira una colilla por la ventana, también
puede comunicárselo a los Mossos d’Esquadra. Si alguien le irrita con la música
ambulante, puede asimismo avisar a las autoridades. Si se trata de un mendigo
que pide limosna en el vagón de un tren, no lo dude, también puede presentar su
queja. Si sospecha que una familia ha matriculado a su hijo en un centro que no
le toca, puede delatarla, e incluso solicitar a la escuela que le faciliten sus
datos para comprobar sus sospechas.
Hasta ahora, siempre había sido posible llevar al vecino a los
tribunales en todo tipo de disputas. Pero ahora se suma el estímulo de la
Generalitat, que anima a hacerlo e incluso crea aplicaciones y da facilidades a
los ciudadanos para denunciar a otros ciudadanos supuestamente incívicos o
piratas. El último caso que ha levantado ampollas es una circular del
Departamento de Enseñanza que permite que los padres que sospechen de una inscripción fraudulenta puedan acceder a los datos de esa familia: nombre,
apellidos y domicilio.
“El civismo es innegociable, pero lo que no puede ser es que ante la
impotencia de la Administración se llame a los ciudadanos a hacer su tarea”,
lamentó el catedrático en Derecho Penal de la Universidad de Barcelona Joan
Queralt. “La Administración que haga lo que tiene que hacer, y los padres
haremos lo que tenemos que hacer. Aquí cada uno tiene su tarea y la nuestra no
es la de hacer de policía”, se sumó ayer el presidente de la Federación de
Asociaciones de Padres y Madres de Cataluña (Fapac), Álex Castillo, en
declaraciones a Efe. La Asociación por la Transparencia en la Preinscripción
Escolar, en cambio, aplaudió la medida.
Enseñanza esgrime que hasta ahora ya era posible denunciar este tipo de
comportamientos. Los afectados acudían a las oficinas de escolarización, que a
través de los Ayuntamientos comprobaban el padrón, hecho que siempre ha
ocasionado muchas quejas y que, precisamente, acabó ante el síndic de greuges,
Rafael Ribó, que se posicionó a favor de la transparencia de datos de la
Administración.
“Pero el responsable de subsanar el posible fraude no es la familia. La
que tiene que comprobar esos datos y ver si se ha cometido alguna infracción es
la Administración”, matizó Ribó, que apuntó, sin embargo, que con “la ley en la
mano” todo el mundo debe tener acceso a los expedientes que le afecten. “Aunque
quien tiene que velar por el buen funcionamiento no es la familia”, recalcó.
“Es muy peligrosa esta cultura de la delación promulgada por el
Gobierno de CiU”, añadió el líder municipal de ICV-EUiA en Barcelona, Ricard
Gomà, que le atribuyó un intento de “poder justificar los recortes en derechos
personales y civiles”. Gomà fue más allá cuando se refirió a la polémica
aplicación creada por Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) que
permite advertir de 11 tipos de comportamientos “incívicos” en los trenes,
entre ellos, pedir limosna. “Raya el fascismo”, defendió.
“El propio departamento es el que anima a recrear una sociedad
orwelliana, que nos ataquemos entre nosotros”, criticó Miquel Rubio, que ha
creado una plataforma contra de aplicación.
La aplicación de Ferrocarrils funciona desde el pasado 26 de julio.
Rubio creó su plataforma en contra el 6 de agosto. “A la una y media de la
madrugada”, apunta. Ayer Rubio había recibido ya 10.669 adhesiones. Cada una de
estas denuncias se traduce en un correo electrónico que se envía a las
direcciones de prensa de Ferrocarrils y al Síndic de Greuges, según explicó
ayer. Ribó no ha tomado ninguna medida.
“Me indigna la aplicación porque ataca a la gente más desfavorecida y
porque parte la sociedad en dos y nos anima a enfrentarnos”, añadió. Rubio,
estudiante de 28 años de Educación Social en la UOC y autor de un libro sobre
la materia que presentará en octubre, no tiene demasiada fe en que Ferrocarrils
retire la aplicación. “Hoy mismo \[por ayer\], su presidente, Enric Ticó,
alardeaba en Twitter de lo bien que funciona”, lamentó.
“Va muy bien la aplicación de #FGC para avisos de incivismo. Los
usuarios la utilizan, los medios hablan positivamente. La ideó un usuario”,
escribió ayer en su cuenta en la red social. Este diario recabó ayer, sin
éxito, la versión de FGC sobre la polémica aplicación. Sólo los cinco primeros
días, la red de trenes recibió un centenar de denuncias.
No se le puede endosar a la ciudadanía funciones que son de Interior o
de Enseñanza”, criticó el diputado del PSC Dani Font. “El Gobierno no puede
dimitir de sus responsabilidades, pero está bien apelar a la responsabilidad
ciudadana”, opinó una portavoz de ERC. Para los consultados, la página web de los
Mossos que animaba a delatar a las personas en actitud incívica que salían en
las imágenes de la policía supone el inicio de la llamada a la sociedad a
denunciarse. Interior siempre ha esgrimido que buscan la “colaboración”, no la
delación, ciudadana.
“En lugar de hablar con los distintos sectores sociales, se piden
fotografías de quienes tiran colillas”, lamentó del diputado de ICV-EUiA Jaume
Bosch. Con todo, el portavoz de CC OO en la policía catalana, Toni Castejón,
defendió las bondades de la “colaboración”. “Cualquier información de hechos
delictivos que nos llegue es positiva”, dijo. “Lo que no vemos bien es que se
pida más implicación, como en el tema de los somatenes”, ahondó, en referencia
a las patrullas de payeses en los campos de Lleida. Tampoco ve clara la
denuncia contra quienes tiren colillas: “Es complicado, y acabará siendo la
palabra de uno contra otro. Quien la ponga, lo hará una vez y no más”.
Fuente: El País
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