martes, 27 de marzo de 2012

Amnistía alerta el aumento de ejecuciones en Oriente Próximo

Amnistía alerta del aumento de las ejecuciones en Oriente Próximo

- Irán encabeza la lista de cuatro países responsables de la mayoría de los ajusticiamientos
- El informe no incluye las miles de penas de muerte que cree que se aplicaron en China
- Informe de Amnistía Internacional 'Condenas a muerte y ejecuciones 2011'

A pesar de la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte, el número de ejecuciones aumentó de forma alarmante el año pasado en los países que aún la practican. Así lo denuncia el último informe de Amnistía Internacional (AI) que se hace público este martes. La organización ha documentado 676 homicidios judiciales (frente a 527 en 2010), aunque el informe Condenas a muerte y ejecuciones 2011 no incluye los miles que cree que se llevaron a cabo en China y que este país mantiene en secreto. Tampoco muchos de los que se sospecha ocurren en Irán, el país responsable de más de la mitad de los ajusticiamientos registrados y que junto a Arabia Saudí, Irak y Yemen concentran el grueso del total. Estados Unidos se convirtió en el único miembro del G-8 que ejecutó a presos en 2011 (un total de 43), ya que por primera vez en 19 años Japón no llevó a término ninguna pena.

“La inmensa mayoría de los países se han distanciado de la aplicación de la pena de muerte”, declara Salil Shetty, el secretario general de AI. Esa organización se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, por considerar que “viola el derecho a la vida y es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante”. Según su último informe solo 20 de los 198 países del mundo llevaron a cabo ejecuciones el año pasado. El dato supone que el número de los que aplican la pena capital se ha reducido en más de un tercio respecto a hace una década. Este avance queda eclipsado en Oriente Próximo y China.

AI no da cifras concretas de lo que estima fueron “miles de personas ejecutadas en China en 2011, un número superior al conjunto del resto del mundo”. Dejó de hacerlo en 2009 porque llegó a la conclusión de que los datos que recopilaba en fuentes oficiales chinas eran muy inferiores al número real. En ese país las cifras sobre el número de ajusticiados se consideran un secreto de Estado.

“Amnistía Internacional emplaza a las autoridades chinas a publicar información sobre personas condenadas a muerte y ejecutadas, y a confirmar así su afirmación de que diversos cambios en la ley y en la práctica han provocado una importante disminución en la aplicación de la pena de muerte en el país durante los últimos cuatro años”, señala el informe. El texto aplaude que el Gobierno chino haya eliminado la pena capital para 13 delitos, sobre todo económicos y que se hayan presentado ante la Asamblea Nacional Popular propuestas para reducir el número de casos de tortura bajo custodia, reforzar la función de los abogados defensores, y garantizar que los sospechosos de delitos punibles con la muerte disponen de asistencia letrada.

En la región de Oriente Próximo y el norte de África, AI confirmó 558 ejecuciones en ocho países, aunque las revueltas que se produjeron en Libia, Siria y Yemen dificultaron la recogida de datos. La organización sospecha que en esos países “a menudo se recurrió a las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y la detención arbitraria”. Los ajusticiamientos confirmados aumentaron casi un 50% respecto de 2010, pero cuatro países fueron responsables del 99% de los casos. Irán con al menos 360 homicidios judiciales, Irak con 82, Arabia Saudí con 68 y Yemen con 41, encabezan el macabro ránking. El aumento en Arabia Saudí e Irán equivale al aumento neto de 149 casos registrados en todo el mundo en el último año.

En ese reino árabe, el único país del mundo que utiliza la decapitación por espada, se triplicaron los ajusticiamientos poniendo fin a la tendencia descendiente que AI había constatado desde 2007. La organización muestra además su preocupación porque en el rico Estado petrolero hay “centenares de personas condenada a la pena capital”. Además, destaca el desproporcionado número de ciudadanos extranjeros entre ellas, y que la mayoría no recibe un juicio justo de acuerdo con las normas internacionales.

“A menudo carecen de abogado defensor, y en muchos casos no son informados de los progresos del procedimiento judicial al que están siendo sometidos. Pueden ser declarados culpables sin más pruebas que confesiones obtenidas mediante coacción o engaño”, asegura el informe.

Esa falta de garantías procesales y la extracción de confesiones bajo tortura o coacción es una característica común entre los países que recurren a la pena de muerte. Según AI, además de en Arabia Saudí, ocurrió en “Bielorrusia, China, Corea del Norte, Irán e Irak”. En estos dos últimos países, con el agravante de que algunas de esas autoinculpaciones se emiten por televisión antes de la celebración del juicio “conculcando una vez más el derecho de los acusados a la presunción de inocencia”.

Respecto a Irán, las preocupaciones de AI son múltiples. En primer lugar, asegura haber recibido “informes creíbles sobre un gran número de ejecuciones no confirmadas, e incluso secretas, que casi duplicarían la cifra reconocida oficialmente”. Además, la República Islámica ha ampliado el ámbito de aplicación de la pena de muerte a 17 delitos, a partir de la entrada en vigor en enero del año pasado de la nueva ley antinarcóticos. Al asesinato, la violación, la sodomía, la apostasía del islam o “propagar la corrupción en la tierra”, se suman ahora el tráfico o tenencia de más de 30 gramos de sustancia psicotrópicas sintéticas o la colaboración en la comisión de cualquier delito cuyo castigo original sea la pena perpetua.

“Al combinar datos de fuentes oficiales y no oficiales, se obtiene que al menos 488 personas fueron ejecutadas por presuntos delitos de drogas en 2011; esto supone más de tres cuartas partes del total de 634 ejecuciones reconocidas y no reconocidas, y casi el triple de las 166 que AI registró en 2009”, afirma el informe. El texto señala que los grupos marginados, como comunidades empobrecidas, minorías étnicas y extranjeros (especialmente afganos) corren más peligro de ser ejecutados por delitos de drogas.
La organización también se hace eco del temor de los activistas iraníes a que el Gobierno esté utilizando “la excusa de su guerra contra las drogas para ejecutar a opositores políticos”. Recuerda que tras las controvertidas elecciones presidenciales de 2009 ha habido varios ajusticiamientos relacionados con las protestas que suscitaron. “Varias de esas ejecuciones han tenido lugar específicamente cada mes de enero, lo que parece una advertencia a los posibles manifestantes de oposición en víspera de las celebraciones anuales por el aniversario de la revolución iraní, el 11 de febrero”, señala el texto. Especial mención merece la aplicación de la pena de muerte para cercenar la libertad de expresión en virtud de una ley de 2008.

AI denuncia con especial énfasis que Irán es el único país del mundo que sigue aplicando la pena de muerte a personas que cometieron delitos siendo menores de 18 años, en clara vulneración del derecho internacional. Cita tres casos confirmados y cuatro sin confirmar (también tiene sospechas de un caso en Arabia Saudí). También condena las ejecuciones públicas que en la República Islámica se llevan a cabo colgando a los reos de grandes grúas de construcción instaladas en medio de una plaza en la ciudad correspondiente. La empresa japonesa Tadano anunció el pasado julio su decisión de dejar de vender grúas a Teherán por ese motivo.

En otros casos, las autoridades iraníes optan por las ejecuciones secretas de las que no informan debidamente ni a las familias ni a los abogados de los condenados. De ahí la dificultad de establecer cifras precisas. AI recoge el desmentido que hizo al respecto el jefe del poder judicial, el ayatolá Sadegh Lariyaní, el pasado diciembre. Sin embargo, también cuenta con testimonios sobre ejecuciones colectivas en las prisiones. En el caso de la ominosa Vakilabad, a las afueras de Mashad, donde “se cuelga a los condenados de largas vigas en los vestíbulos”.

Similar secretismo impera en Irak, donde el Gobierno “rara vez desvela información sobre las ejecuciones”, según el informe. Aún así, AI ha logrado saber que 2011 al menos 68 personas fueron ejecutadas, entre ellas dos ciudadanos extranjeros y dos mujeres. “La mayoría de las condenas a muerte [se dictan] por pertenecer a grupos armados o participar en ataques perpetrados por éstos, incluidos asesinatos, secuestros, violaciones y otros delitos violentos”, constata la organización. Sin embargo, denuncia que “los procedimientos judiciales ante el Tribunal Penal Central de Irak son muy breves: a menudo duran sólo unos minutos antes de que se dicte sentencia”.

En el lado positivo, AI registró una disminución de la aplicación de la pena de muerte por parte de la Autoridad Palestina, así como en Líbano y Túnez. Además, “las autoridades de Argelia, Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos y Sáhara Occidental y Catar siguieron dictando condenas a muerte pero absteniéndose de ejecutarlas”. Emiratos Árabes Unidos rompió con esa moratoria informal al llevar a cabo su primera ejecución desde 2008.

Estados Unidos fue una vez más el único país de América y único miembro del G-8 –el grupo integrado por las principales economías mundiales– que ejecutó a presos, un total de 43 en 2011. No obstante, el informe de Amnistía señala que tanto las ejecuciones como las nuevas condenas a muerte han disminuido respecto a hace una década y celebra que Illinois se haya convertido en el 16º estado en abolir la pena capital. En Europa y países de la antigua Unión Soviética ya no se aplica ese castigo, salvo en Bielorrusia, que ejecutó a dos personas. Oceanía siguió siendo una zona sin pena de muerte, a excepción de cinco condenas a muerte impuestas en Papúa Nueva Guinea.

Fuente: El País

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