domingo, 30 de diciembre de 2012

Cuando izquierdistas, fujimoristas y apristas privatizan

Cuando son los rojos los que privatizan
 
Escribe: Rosa María Palacios
 
Hace unos días, una tubería matriz de Sedapal se rompió a las 2:00 am en Villa María del Triunfo. No vino nadie a ayudar a los desesperados vecinos y comerciantes hasta las 7:00 am. Cinco horas después y luego de miles de metros cúbicos de agua derramada, 300 familias pobres habían perdido todos sus bienes. Mercadería de pequeños comercios, menaje de casas en primer piso. Hasta algún auto terminó tapado de agua, así como el colegio público de la zona. Tres casas se perdieron por completo.
 
La emergencia reveló que Sedapal, empresa pública que en teoría atiende a 9 millones de habitantes, no tenía un sistema de atención rápida de emergencias ni bombas suficientes o de gran tamaño. Además su infraestructura es muy antigua y no recibe el mantenimiento adecuado. Felizmente sí tenía una póliza de seguro que cubrirá todos los daños pero, como es evidente, la prima del próximo año subirá, socializando así la pérdida que tendremos que pagar todos los usuarios. Tres días después del incidente el asunto estaba olvidado. Ninguna autoridad, funcionario, técnico, supervisor u obrero de Sedapal renunció o se le pidió renuncia alguna. El accidente se atribuyó a la antigüedad de la red y a la zona arenosa donde se encuentra la tubería. Todos felices, todos contentos.
 
La Municipalidad de Lima concesionó a privados un proyecto que en tiempos de Castañeda y en el mayor secretismo se llamó Línea Amarilla. Con la gestión Villarán se renegoció para mejorar sustancialmente las condiciones de los predios afectados así como otros beneficios a favor de la ciudad. Vía Parque Rímac es una obra muy importante para el transporte que puede llevar un camión de La Molina al Callao en 20 minutos, uniendo 11 distritos.
 
Esta última semana la obra tuvo un serio problema. Una pared colapso y el río se desbordó. El gerente del proyecto y la alcaldesa anunciaron que estaba previsto este evento. Hasta hoy no queda muy claro si esto era previsible o no. Lo cierto es que no hay casas destruidas, ni comercios o familias afectadas. Pero lo mejor es que los daños los asume el concesionario, porque –al privatizarse una actividad– el riesgo del negocio se traslada al empresario y el Estado no asume la pérdida. ¿Todos felices? No, de ninguna manera.
 
Compare usted el tratamiento político dado a los dos casos separados tan solo por días. Yo apoyo el retiro del Estado de actividades empresariales, sobre todo las de mayor riesgo. Sin embargo, directores de medios, que siempre han sostenido la misma causa, hoy son los primeros en minimizar el caso de incompetencia clamorosa de Sedapal y simultáneamente emprenderla contra la alcaldesa, próxima a enfrentar un proceso de revocatoria. ¿Lo ancho para la empresa pública y lo angosto para la obra privatizada? La inconsistencia ideológica solo puede ser explicada por la sinrazón de la política. Si fujimoristas y apristas privatizan, es bueno. Si la izquierda lo hace, es malo.
 
En marzo del próximo año no solo se define la permanencia de Villarán en el puesto. ¿Quién será consistente políticamente con sus ideas económicas? Y, como dijo Lourdes Flores en las elecciones del 2010, ¿quién se pondrá del lado de la decencia y quién del lado de la corrupción?
 
El 2013 traerá muchas cosas buenas para el Perú, estoy segura de que sí. Ojalá también mejore la calidad de nuestra política. Mientras tanto, tengamos todos ¡un feliz año!
 
Fuente: La República

Cambio de AFP

AFP no quieren perder altos ingresos por administrar los fondos de sus afiliados
 
Silvia Pérez B.
 
Legisladores creen que las administradoras habrían concertado para que las comisiones no bajen como se esperaba. Consideran necesario que los usuarios presionen el mercado trasladándose a la AFP que le cobre menos.
 
De las cuatro Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que no ganaron el proceso de licitación de nuevos afiliados, solo dos AFP (Horizonte y Profuturo) bajaron sus comisiones de manera ínfima, mientras las restantes lo mantienen (Prima e Integra).
 
Ello se debería, según legisladores consultados, a un posible acuerdo entre AFP  para no perder los ingentes ingresos que le generan los afiliados.
 
Según el congresista Javier Diez Canseco, "todo indica que se trata de una acción concertada a efectos de resistir una rebaja como lo ha presentado la AFP chilena Hábitat".
 
Agregó que de ser así, esta acción es sancionable, ya que se establece una conducta propia de un oligopolio, en el cual un número de empresas controla el mercado.
 
En tanto, el legislador Yonhy Lescano consideró que sí hubo una posible concertación entre las AFP para mantener casi inalterable sus comisiones.
 
"Eso estaba previsto desde antes de que se emitiera la ley porque ellos nunca pierden. Conciertan los precios para no tener pérdidas de sus millones de ingresos y para mantener la cartera de afiliados", sostuvo.
 
Según el legislador ese acuerdo estaría "perfectamente" bajo el conocimiento de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), pero no hace acción alguna para defender a los usuarios.
 
"Solo sirve de soporte técnico a las AFP para legalizar y mantener sus abusos. Es como una especie de convivencia ilegal bajo la mesa, además para no obligarlas a que bajen sus comisiones realmente a favor de los afiliados", indicó.
 
CAMBIARSE DE AFP
 
Uno de los riesgos para las AFP por no rebajar sus comisiones es el traslado de los afiliados a otra entidad que le ofrezca menor comisión. Así lo indicó el legislador Jaime Delgado, al indicar que con esta medida los afiliados hacen efectivo su derecho a trasladarse a otra administradora.
 
"Si las AFP están cobrando costos mayores frente a otras administradoras, el riesgo es que empiecen a perder clientes. Van a reaccionar y preguntarse por qué va pagar un 10% más de comisión si hay posibilidad de que otra AFP le cobre menos", explicó.
 
Consideró necesario agilizar el proceso de traslado de una AFP a otra para impulsar  la reducción de las comisiones.
 
"Si actualmente estamos en una AFP donde cobran mucho más, la mejor forma de presionar al mercado es trasladándose a otra administradora y eso los va a obligar a competir y, por ende, reducir sus comisiones”, apuntó.
 
Agregó que se deben revisar los términos y plazos que tienen estos fondos para hacer el traslado, ya que el proceso en la actualidad es complejo.
 
"En algunos casos cambiarse de AFP demora de dos meses a más y no debe de ser tan lento, por lo menos debe de estar en menos de 30 días", dijo.
 
SE DEBE FACILITAR LOS TRASLADOS
 
El congresista Javier Diez Canseco indicó que el proceso de traslado de AFP debe acelerarse. "Es indispensable reducir sus tiempos y simplificarlo con carácter de urgencia en el Congreso. Es una iniciativa que se debatirá al inicio de la legislatura, en marzo", sostuvo.
 
Consideró que ello permitirá impulsar la reducción de las comisiones que cobran las AFP, y para ello se debe trabajar en la difusión de los trámites para que los usuarios que hoy están sometidos a tasas "abusivas" sepan cuáles son los beneficios.
 
Fuente: La República

martes, 18 de diciembre de 2012

Recordando a Pedro Huilca Tecse

Recordando a Pedro Huilca Tecse
 
Escribe: Otra Mirada
 
Un día como hoy, hace 20 años, el dirigente sindical Pedro Huilca fue asesinado en la puerta de su domicilio. Huilca, quien como joven obrero se había afiliado a la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, ostentaba en ese momento el cargo de Secretario General de la central obrera más importante de nuestro país, la CGTP.
 
Como se sabe, con la llegada de Alberto Fujimori al poder se puso en marcha uno de los programas de ajuste estructural neoliberal más duros en América Latina. Durante 1991 el gobierno fujimorista promulgó un conjunto de leyes que no sólo facilitaban los despidos laborales y reducían los derechos de los trabajadores, sino que atentaban directamente contra las organizaciones sindicales. Entre otras medidas, este paquete de leyes permitió la tercerización laboral (conocidas como services), la aparición de los contratos a plazo fijo, temporal y los conocidos como servicios no personales. Además, debilitó las negociaciones colectivas y ello trajo diversas consecuencias. Ante este panorama las movilizaciones sindicales contra el gobierno fujimorista se sucedían unas a otras.
 
Con el golpe de Estado, Pedro Huilca junto con la CGTP y otras organizaciones sindicales se presentaron ante múltiples organismos internacionales con el fin de condenar el golpe y dar a conocer las políticas anti-laborales del gobierno del hoy reo Fujimori. Ya en 1992, Huilca, en su calidad de Secretario General, convocó a un conjunto de movilizaciones, así como a un paro general en julio de ese año. A través de las páginas del diario La República el sindicalista retó públicamente al entonces dictador Fujimori: “¿Por qué nos tiene miedo Fujimori? No dicen por ahí que los sindicatos estamos de capa caída? Yo desafío a Fujimori a que me otorgue el permiso para realizar un mitin en la Plaza 2 de mayo y convocar a 200 mil trabajadores. Este es mi reto y le demostraré que este mitin será el verdadero plebiscito del que tanto habla la dictadura.”
 
Finalmente, en diciembre de ese año Huilca participó en la Conferencia Anual de Empresarios (CADE) y en su alocución demandó la realización de un gran pacto nacional que incluyera a los trabajadores duramente golpeados por las leyes del fujimorismo. En ese mismo encuentro habló también Fujimori y como relató en ese momento la revista Oiga, señaló “‘el consenso (nacional) lo hemos construido todos juntos desde 1990. Poco a poco han surgido y siguen apareciendo las grandes estructuras sociales  del verdadero  Perú profundo’. En ese instante Fujimori levantó la mirada al auditorio y dejando de leer, señaló ‘Este ya no es el país donde mandan las cúpulas de la CGTP o el SUTEP, o las huestes de Sendero Luminoso y el MRTA, o los caciques de los partidos tradicionales’. El mensaje era directo contra Huilca, allí presente.”
 
Dos semanas después de dicha advertencia, Huilca sería asesinado en la puerta de su casa en el distrito de Los Olivos. Inicialmente la acción fue reivindicada por Sendero Luminoso y, luego, dos investigaciones independientes del Congreso de la República han ratificado que fue el escuadrón de la muerte conocido como Grupo Colina quien ejecutó a Huilca. Actualmente, la causa del asesinato del dirigente sindical viene siendo investigada en el Poder Judicial con el fin de individualizar las responsabilidades tanto materiales como intelectuales de dicho crimen.
 
Huilca fue asesinado por defender los derechos de los trabajadores de este país, por ser un obstáculo a las ideas neoliberales y a la dictadura fujimorista, por ser un activo miembro del frente Izquierda Unida.
 
Por estas razones desde Otra Mirada nos unimos al homenaje que rinde hoy el Municipio de Lima al dirigente sindical y militante político Pedro Huilca. Asimismo, el día es propicio para recordar que la Ley General del Trabajo, norma principal que regula los derechos de los trabajadores y sus relaciones laborales, está encarpetada desde hace tres gobiernos. Así como durante la campaña el Presidente Humala ofreció aumentar el salario mínimo, también se comprometió a promulgar dicha ley. Hoy que se celebra un año más del asesinato de Pedro Huilca por la defensa de los derechos de los trabajadores, es una buena ocasión para recordar esa promesa hasta hoy incumplida.
 
Fuente: Otra Mirada

lunes, 10 de diciembre de 2012

Miedos urbanos

Miedos urbanos
 
Escribe: Jorge Bruce
 
El mayor éxito de los promotores de la revocatoria ha consistido en concentrar el inmenso malestar de vivir en una urbe tan problemática como Lima en la persona de la alcaldesa, Susana Villarán. Paradójicamente, esta tarea se ha visto facilitada por el serio intento de reforma del transporte, que implica chocar con los intereses de mucha gente, entre los cuáles se incluyen usuarios que temen salir perjudicados. Así, una persona que acude a mi consultorio desde un barrio alejado del mismo, utilizando el transporte público, el mismo al que debe recurrir para transportarse a la universidad donde estudia, me dice su fastidio porque cierta línea de combis ya no pasa por la puerta de su casa. Como consecuencia se niega a usar el metropolitano, pues le parece una imposición autoritaria del municipio de Lima.
 
Este es solo un ejemplo y ciertamente se podrían citar muchos en sentido contrario, de usuarios profundamente insatisfechos con el maltrato de las líneas que recorren las calles de la capital actualmente, muchas veces en condiciones execrables. Pero el hecho es que existe un temor a ese cambio de un transporte informal e indigno, en pro de uno de mucho mejor calidad pero que podría tener un número significativamente menor de líneas y un costo mayor al actual.
 
Esta versión de más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, constituye un temible desafío para quien pretenda esa impostergable tarea de modernización y racionalización del caótico, violento y anómico sistema de transporte limeño. En este como en otros de los trabajos hercúleos que requiere con urgencia nuestra ciudad, la alcaldía se enfrenta, pues, en primer lugar a los temores de habitantes que se aferran a lo que ya tienen y ven con angustia el proceso de cambio.
 
Preciso es decir que así como los revocadores, pese a todas las evidencias de sus turbios intereses, han logrado capitalizar esta inquietud, del lado del municipio no se ha evaluado a tiempo el riesgo que esto suponía. Tengo la impresión que se asumió que las buenas intenciones que animan el proyecto iban a suscitar la entusiasta adhesión de una mayoría de vecinos. En otras palabras, se subestimó el apego de los habitantes de Lima a un sistema que conocen y al cual se han habituado, pese a las deplorables condiciones mencionadas. Lo cual se puede hacer extensivo a todo el proyecto municipal. Una cosa es aumentar la seguridad con personal y equipos, o bien mejorar el sistema de recojo de basura, lo cual no supone ningún riesgo para los vecinos, todo lo contrario, y otra muy distinta es romper un mecanismo que, mal que mal, transporta a los ciudadanos. Como señala Martín Tanaka en La República del domingo 25 de Noviembre, quiénes sí ven la reforma del transporte público como un beneficio incuestionable son quienes no lo usan.
 
Ahora bien, estos grupos inescrupulosos que ya conocían este temperamento mayoritario por haberse dedicado, durante el periodo previo, exactamente a realizar únicamente aquellas obras que no pisaran callo alguno, supieron detectar estos miedos y desconfianzas. Luego echaron mano de un mecanismo que claramente no está cumpliendo su cometido, como es el de la revocatoria. Es clarísimo que este extremo democrático debería ser recurrido cuando se encuentran evidencias de corrupción o algún otro abuso –lo que ocurrió por ejemplo con el caso Comunicore- y no sencillamente porque quienes perdieron la elección lo saben aprovechar. Esto es lo que Tzvetan Todorov llama en su último libro los enemigos íntimos de la democracia.
 
La propia democracia segrega estos venenos en su seno, los cuales amenazan su supervivencia: “La democracia está enferma de su desmesura: la libertad se convierte en tiranía, el pueblo se transforma en masa manipulable, el deseo de promover el progreso se transforma en espíritu de cruzada.”
 
En este como en otros de los trabajos hercúleos que requiere con urgencia nuestra ciudad, la alcaldía se enfrenta, pues, a los temores de habitantes que se aferran a lo que ya tienen y ven con angustia el proceso de cambio.
 
Los revocadores constituyen, a mi entender, un ejemplo clarísimo de esos enemigos íntimos. Como Movadef, se insertan en las grietas del funcionamiento de la sociedad para pervertir su sentido. Para ello se requiere, es cierto, la preexistencia, como dicen las compañías de seguros cuando no quieren cubrir una dolencia que existía antes de contratar la póliza, de un malestar como el arriba mencionado. Esta conjunción es temible. Si no existieran esas resistencias al cambio, y la urgencia de reformas en aspectos cuyos beneficios aprecien de inmediato, sin los costos de asuntos como La Parada, los revocadores no podrían haberse salido con la suya. Que para ello hayan debido contar con la mediocridad y quizás algo peor de organismos como el JNE, es parte de la ecuación irresponsable y destructiva que hoy tiene a Lima en jaque. Porque no nos engañemos: el destino de la alcaldesa y los regidores es secundario respecto de la magnitud del daño que le haría a la ciudad el triunfo de ese proyecto, apenas velado, de retorno de la corrupción al palacio municipal. A lo cual conviene agregar el tiempo perdido y la consecuente paralización de las obras emprendidas.
 
No obstante, todavía no hemos llegado a ese punto. Ya se observa la conformación espontánea de una coalición variopinta de personas e instituciones que rechazan este intento de inyectar curare a la ciudad, para inmovilizarla y poderla devorar con tranquilidad. Pero esta conjunción no es suficiente. Ahora hay que revertir una tendencia que parece ser muy difícil de voltear, dadas las cifras que circulan y el poco tiempo del que se dispone.
 
Lo interesante del proceso es que no podía haber una señal de alarma más clara y resonante de los puntos ciegos de la gestión actual. Ahora resulta evidente la falta de apoyo de la mayoría de vecinos, quienes no parecen haberse reconocido en el discurso de las nuevas autoridades municipales, ni en su plan que no conocen y del cual desconfían, tal como lo indica la reciente encuesta de GFK. Este signo de los tiempos es el que estos personajes inescrupulosos sí supieron identificar para sus intereses venales.
 
En el poco tiempo que resta, de continuar las cosas tal como se encuentran ahora, sería indispensable ajustar esa mala sintonía, al mismo tiempo que se denuncian las torvas intenciones de quienes impulsan esta regresión a tiempos oscuros en el manejo de la ciudad. Pero acaso el primer punto sea prioritario. Esto supone no solo un esfuerzo de comunicación de lo realizado, lo cual ya está ocurriendo, sino un ejercicio de reflexión autocrítica en torno a esos puntos ciegos y esa confianza un tanto ingenua en que era suficiente con pretender una gestión limpia, al servicio de la comunidad, para que la ciudadanía se sienta representada y comprendida. Está claro que conducir de manera honesta los asuntos municipales es insuficiente. Una ciudadanía cuya compleja composición responde de maneras muy distintas a las intenciones de las autoridades, exige un trabajo de mapeo minucioso de las múltiples demandas y expectativas que la animan. La eficiencia se mide también en función de la capacidad de tener clara esa complejidad, pues de lo contrario las frustraciones y temores serán el caldo cultivo que buscan –y encuentran- quienes propician el caos para recuperar el botín de las arcas municipales.
 

viernes, 19 de octubre de 2012

Rechazo al pedido de indulto del reo Fujimori

PRONUNCIAMIENTO
 
RECHAZAMOS LA UTILIZACIÓN POLÍTICA Y LA PRESIÓN MEDIATICA
ANTE EL PEDIDO DE INDULTO PARA EL REO ALBERTO FUJIMORI
 
Las organizaciones firmantes ante la posibilidad que el sentenciado Alberto Fujimori sea indultado por el actual gobierno manifestamos lo siguiente:
 
Rechazamos que se apele al mecanismo de indulto como una herramienta discrecional y meramente política. El indulto es un mecanismo excepcional y regulado, que no puede ser producto de presiones mediáticas, políticas o de la opinión pública. Rechazamos asimismo el argumento de que el indulto es una potestad absoluta del Presidente, de la que no tiene que dar cuenta. En un Estado Constitucional y democrático los poderes discrecionales están en retirada, y resultan inadmisibles los actos arbitrarios o que generen impunidad.
 
Repudiamos que a través del pedido de indulto se pretenda minimizar lo que significó el régimen fujimorista. El fujimorismo destruyó el orden democrático, violó derechos humanos de ciudadanas y ciudadanos, corrompió las instituciones públicas y medios de comunicación, generó relaciones clientelistas con sectores de la población y concentró el poder en una figura autoritaria y caudillista.
 
Condenamos que el reo Fujimori, no obstante su pedido, no muestre arrepentimiento ni reconozca públicamente los crímenes que cometió. Exigimos que, independientemente de la solicitud de indulto, el fujimorismo pida perdón a las víctimas y a todos los peruanos por los delitos cometidos, reconociendo su responsabilidad. Rechazamos cualquier discusión que parta de la inocencia o minimización de sus delitos, pues esto, además de desconocer lo resuelto por el Poder Judicial, acredita que no existe ánimo de enmienda sino de impunidad.
 
Alertamos que todo indulto que no sea debidamente motivado y sustentado conforme el ordenamiento jurídico avalaría una liberación injusta, que constituiría una terrible afrenta para las víctimas. Por ello, el indulto con fines humanitarios debe estar absolutamente acreditado. En el caso del condenado Fujimori, hay que recordar, cuenta con las mejores condiciones carcelarias posibles, que le permiten cumplir los tratamientos médicos que requiere. De demostrarse que padece enfermedad terminal, correspondería otorgarle el indulto, como a cualquier otro reo, de forma que se le permita afrontar de manera digna el fin de su vida.
 
Exigimos sean revisados con igual criterio y premura los casos de solicitud de indulto humanitario por enfermedad terminal de todo reo del país que lo haya solicitado y cuya condición ameritaría otorgarles dicha gracia.
 
Afirmamos, finalmente, que todo acto político del Gobierno debe sustentarse en el respeto a las instituciones democráticas y a los derechos de todos y todas por igual, asimismo, que el país merece la búsqueda de la reconciliación nacional, no basada en cálculos políticos de partidos o grupos de poder. Las decisiones encaminadas a una verdadera reconciliación deben ser unas que sumen, no que resten; que unan, no que polaricen. Para ello consideramos necesario la justicia, la memoria y el reconocimiento de la verdad.
 
Lima, 18 de octubre de 2012
 
Partido Político Constructores Perú
 
Coherencia
 
Colectivo Confianza
 
Colectivo Ciudadanos 2021
 
Fuente: La Mula

lunes, 8 de octubre de 2012

Los falsos recuerdos sobre Belaúnde

LOS FALSOS RECUERDOS SOBRE BELAÚNDE
 
Escribe: Wilfredo Ardito Vega
 
Ayer, 7 de octubre, fue el centenario del nacimiento de Belaúnde, en homenaje al cual se vienen convocando concursos escolares, exposiciones fotográficas y otras actividades conmemorando a un mandatario recordado por la afirmación de los valores democráticos, pero criticado por su debilidad frente al terrorismo.
 
Es curioso que esta versión esté tan extendida, puesto que durante el régimen de Belaúnde las violaciones a los derechos humanos tuvieron un carácter sistemático e indiscriminado, causando la muerte de miles de campesinos ayacuchanos.  No se salvaron los pastores evangélicos de Huaychao, quienes predicaban que los senderistas seguían los mandatos del demonio, ni los niños de Putis, asesinados con sus padres y enterrados en la fosa que ellos mismos habían sido obligados a cavar.  En Umasi, las víctimas fueron decenas de escolares secuestrados por los senderistas y los militares violaron a las niñas antes de matarlas.     
 
De hecho, las violaciones de campesinas por policías y soldados eran durante el gobierno de Belaúnde un hecho rutinario y en aquellos años, el Perú ostentaba además el trágico primer lugar en desaparecidos a nivel mundial, superando a Guatemala, Irán o China.   Sin embargo, pese al clamor internacional, Belaúnde se jactaba de que arrojaba “al tacho de basura” las cartas de Amnistía Internacional, hablando como si fuera un dictador irracional.
 
A esto se añade, en 1983, el asesinato de los nueve periodistas y su guía en Uchuraccay, a raíz de lo cual, nunca más la prensa se atrevió a salir al campo.   La masacre, por lo tanto, resultó funcional a una estrategia contrainsurgente que no quería testigos incómodos.  Y también corrían peligros los periodistas que permanecían en las ciudades: Jaime Ayala, corresponsal de La República en Huanta, desapareció en las instalaciones militares de dicha ciudad.  
 
El régimen de Belaúnde otorgó protección legal a todos estos crímenes, disponiendo que torturas, violaciones, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales fueran simples “delitos de función” que implicaban penas mínimas. 
 
A mi modo de ver, el recuerdo favorable sobre Belaúnde es parte de un proceso en que los peruanos procuramos olvidar algunos recuerdos incómodos sobre el periodo de la violencia política.   Ese pacto de olvido fue secundado por García y Fujimori, pues beneficia naturalmente a quienes cometieron crímenes desde el Estado, sosteniéndose que fueron “necesarios para derrotar al terrorismo”.  En realidad, ninguna de las masacres contribuyó a la derrota de los terroristas, sino a deslegitimar al Estado, que en los años ochenta se comportó como un sanguinario ejército de ocupación en Ayacucho 
 
Otros grandes beneficiarios del pacto del olvido fueron los partidos políticos, comenzando por Acción Popular.  Curiosamente, pese a que los dos gobiernos de Belaúnde concluyeron en el más profundo descrédito, muchos jóvenes ahora creen que fueron gestiones exitosas.
 
Precisamente, un hecho de su primer gobierno permite comprenderlo mejor: el bombardeo por la Fuerza Aérea de los matsés, un grupo indígena amazónico, como parte del proceso de colonización que Belaúnde impulsaba. Yo estoy convencido que para él los nativos amazónicos no eran ciudadanos peruanos o al menos no en la misma categoría que su aristocrático entorno familiar.   Por eso es que Belaúnde también avaló la muerte de miles de campesinos, aunque no estuvieran involucrados en ningún hecho de violencia, como precio que había que pagar para garantizar la pacificación.   Considero por ello que el gobierno de Belaúnde era un régimen dual, como lo fue el de Sudáfrica durante el apartheid: democrático para unos, pero autoritario y violento para otros,  cuya vida no valía nada, fueran, mujeres, niños pequeños o ancianos.  
 
El pacto del olvido beneficia también a los cómplices de Belaúnde, es decir a los buenos limeños que fueron indiferentes frente a los crímenes...   Aunque ellos no mataron a nadie, su actitud encarna un problema totalmente actual: el racismo que les permitía pensar que la vida de sus compatriotas no valía nada.  
 
De hecho, mientras las dictaduras de Argentina y Chile secuestraban, torturaban y asesinaban a los opositores políticos, el régimen de Belaúnde actuaba de manera indiscriminada, tomando en cuenta sólo los rasgos físicos.   Los perpetradores ni siquiera entendían a muchas de sus víctimas, porque no hablaban quechua.    El racismo explica también los asesinatos de bebés y niños pequeños, lo que ni siquiera hacían los militares argentinos, pero sí los nazis.  Eso sí, las masacres de Ayacucho tienen un asombroso parecido con las ocurridas en los mismos años en Guatemala.  Al parecer, al racismo existente en los ambos países contra la población indígena se suman los lineamientos de la Escuela de las Américas.
 
Decir la verdad sobre el penoso régimen de Belaúnde y exigir justicia para sus víctimas es una obligación de quienes queremos una sociedad mejor.   Para ello la sociedad peruana tendría que aprender a ser menos racista, tendría que ver a los campesinos como seres humanos… tendría que aceptar que su sufrimiento es inaceptable.  ¿Será posible que lleguemos a tanto?
 

jueves, 27 de septiembre de 2012

El Presidente Humala y la petroquímica

Sin Gasoducto no hay paraíso 
 
Editorial de Otra Mirada
 
El fin de semana, el Presidente de la República Ollanta Humala señaló que quisiera ser recordado como el presidente que logró sacar adelante el desarrollo petroquímico del Perú. Señaló además que este es un gran proyecto para el país pues el Perú es fundamentalmente minero y el gas permite balancear el tema minero. Desde Otra Mirada saludamos esta intención presidencial. Consideramos fundamental que el desarrollo petroquímico en el Perú sea una realidad ya que no sólo se trata de una deuda histórica con el país, sino que permitirá la industrialización del gas al mercado mundial, como lo hemos analizado en nuestro Suplemento de Setiembre 2012. Sin embargo, debemos alertar al presidente haciendo de aguafiestas y señalándole que el proyecto presentado por el Ejecutivo, en el cual se propone un ducto de etano entre otras cosas, hace imposible que se logre desarrollar el polo petroquímico que necesita el país.
 
El presidente ha indicado que este ducto complementa el Gasoducto del Sur y que éste será construido de todas maneras. Esto es inexacto. Lo primero que hay que señalar es que no hay suficiente etano para dos petroquímicas, una con el etano-ducto costero sur y la otra con el gasoducto surandino y su petroquímica. Sólo para uno de ambos.  El diseño presentado al entregar el etano del lote 88 y 56 al gasoducto central, le quita rentabilidad a la petroquímica y anula el gasoducto surandino y sus ramales, los cuales se entrelazan con ella. Fragmenta en tres áreas, lo cual restringe la seguridad energética nacional. Esto cancela el diseño integrador asumido por las leyes vigentes. Se beneficia así el consorcio Camisea (monopolio) pues los usuarios del gas quedan cautivos al abastecimiento y precio que imponga el monopolio y, por tanto, son perjudicados.
 
Pero además, hay que develar el cuento del “etano-ducto costero”, ¿para quién es este etano-ducto si no existe complejo petroquímico? Vale decir, ¿de qué sirve tener el ducto que transportará el etano si no contamos con la petroquímica que lo trabaje, lo separe, etc.? Y si está dedicado a ser exportado y es separado en Pisco, que tiene puerto, ¿Quién lo va a llevar hasta Ilo con un sobrecosto de mil kilómetros de transporte? ¿Qué es lo que transportará este ducto? ¡Vaya misterio sin resolver!  
 
Recordemos que con el Gasoducto en el Sur, además de rentabilizar con su demanda el gasoducto surandino, se entraría a un nuevo momento en la industria petroquímica de nuestro país. Esta, la petroquímica, es decisiva para dejar de ser un país exportador de materias primas y pasar a ser uno con desarrollo industrial nacional, teniendo en cuenta, además, que los avances de la industria petroquímica a nivel mundial son muchos y las nuevas técnicas de refinamiento y cracking permiten generar materias primas para diversas industrias derivadas y reemplazar gran parte de las materias primas naturales.
 
Por ello, el complejo Petroquímico del Sur, que se localizaría en una zona muy excluida y postergada de nuestro país, constituye no sólo un proyecto industrialista, sino descentralista e inclusivo para el país. Querer variarlo a último momento o beneficiar a un monopolio en lugar de tomar la batuta en esta revolución es además de irresponsable, decepcionante para millones de ciudadanos que creyeron en estas promesas. Un ducto de etano no complementa el gasoducto. El etano-ducto costero propuesto elimina la posibilidad de que sobreviva un proyecto integral y la nueva propuesta cambia la original por una  con enfoque inferior y local que, finalmente, no soluciona nada.
 
El Presidente debe considerar que sí es posible ser recordado como aquel que desarrolló la petroquímica en el Perú, pero para ello necesita releer sus planes originales asumidos con la ciudadanía, recordar sus propuestas y compromisos con la nación, honrarlos y dejar de variarlos en función de intereses con nombre propio. Así, sí valdría la pena ser recordado.
 
Fuente: Otra Mirada

martes, 25 de septiembre de 2012

Pantalla de violencia

A Ruth la mató el rating
 
Escribe: Alexandro Saco
 
A Ruth Sayas la mató el rating y los que viven de él; si bien algunos relativizan la influencia de la TV en la violencia, lo que falta es evidenciar los alcances de esa correspondencia. Si una joven participa en un programa exhibiendo su verdad, con la producción fabrica una trama y pone el ex como novio, recibe dinero por eso, luego ese ex novio exige parte del pago, secuestra a la mujer y termina matándola, es obvio que las cosas se desencadenaron por lo sucedido en el programa. Tratar esto sólo como un caso más de feminicidio es hacerle el favor a los que han demostrado que el rating importa más que la vida.
 
Sostiene Ortiz que la verdad siempre ilumina y con esa afirmación pretende cerrar el debate sobre las consecuencias de sus actos. El asunto es el uso que se le puede dar a ciertas verdades. La verdad personal no es un producto para exhibir en una vidriera (la TV es la vidriera más grande y ubicua del planeta), sino una condición personalísima que puesta en venta hace corresponsable de las consecuencias al comprador de ésta. Es decir, si alguien paga 15 mil por esas revelaciones y la vendedora termina fondeada en un pozo, existe una responsabilidad compartida entre comprador y vendedor.
 
No nos vengan entonces con el cuento de los atributos de la verdad para obviar lo que la muerte de Ruth nos muestra: la TV peruana no tiene reparo en traficar con la vida misma. Eso lo vemos desde hace 15 años con el tratamiento que se le da también a las demandas sociales, en las que el desenlace en vidas perdidas y malogradas también es responsabilidad de la TV. Ahora que la correspondencia entre el rating y la muerte se hace explícita, habría que impulsar al menos un punto de quiebre.
 
Si  mañana un canal de TV anuncia que trasmitirá una violación en directo rompería el rating y ¿la violencia contra la mujer explicaría esa violación?  No exagero, la semana pasada Vidas extremas de ATV logró que una mujer se “amiste” y reciba nuevamente en su casa al hombre (su esposo) que con un cuchillo le cortó la cara; en unos meses quizá tengamos que lamentar la muerte de esa mujer, pero Mariella Patriu y Álamo Pérez Luna seguirán haciendo “periodismo”.
 
La presentación de Ruth Sayas en "El valor de la verdad" no es parte de una labor periodística: no hay compromiso con visibilizar la realidad, prima el  ánimo por el rating que se traduce en lucro para el canal y su conductor. No existe otro compromiso que el de lograr que más televisores sintonicen el programa al precio que sea: en este caso el precio fue la vida de una joven.
 
La potencia de la televisión es inmensa, sus ejecutivos lo hacen notar para vender sus espacios publicitarios, y genera dinero mientras más burda sea; pero paradójicamente ahora los principales interesados en relativizar esa influencia son los propios canales de TV y los que hablan por sus dueños. Ortiz está asustado y utiliza toda su capacidad discursiva para justificarse, pero estoy seguro que ya ni él mismo se cree sus argumentos.
 
Fuente: Otra Mirada

sábado, 15 de septiembre de 2012

La promesa del gasoducto del sur peruano

Gasoducto del sur: historia de una promesa a punto de romperse
 
Editorial de Otra Mirada
 
El 28 de julio de este año, el Presidente Ollanta Humala anunció en su mensaje presidencial la presentación de un nuevo proyecto de ley referido al Gasoducto del Sur y la Petroquímica. En agosto, la propuesta se oficializó y constituye, sin duda, un viraje respecto a la promesa de campaña que hiciera el mandatario respecto a llevar el gas al sur no sólo para su consumo en viviendas y vehículos, sino para permitir la industrialización del surandino. Se trata, lamentablemente, de una promesa a punto de romperse y, sin duda, de un conflicto en gestación.
 
El Gasoducto del Sur constituye una deuda histórica con el país para cuya construcción Kuntur obtuvo la concesión y presentó un proyecto integral que ha sido relegado en julio de este año. La nueva propuesta indica que ahora se construirán ductos que fragmentarán el sur en tres áreas absurdas alegando que se busca preservar la seguridad energética cuando, lo que hace este nuevo diseño, es restar rentabilidad al inicial y bloquear el gasoducto. ¿Quién gana? El monopolio Camisea.
 
No faltan las voces de quienes sostienen que la razón por la cual el Gasoducto Surandino se encuentra en vilo tiene relación con las ideologías detrás de su construcción. Nos quieren hacer creer que aquí no están operando intereses subalternos que buscan fortalecer a un monopolio en lugar de incentivar la sana competencia que beneficiaría a todos los usuarios. Recordemos, además, que sobre el Consorcio Camisea pende una investigación por evadir el pago de las regalías correspondientes y, por tanto, incumplir el contrato asumido con el Estado. Y, hace poco, se anunció el aumento del GNV con lo cual se perjudicarían muchos de los taxistas y usuarios. Es un monopolio que sigue creciendo y hace con las tarifas lo que le viene en gana con el lamentable aval del Estado.
 
Como vemos, el problema es complejo y el debate es necesario para que no se burlen los intereses de miles de ciudadanos que tienen el derecho a hacer uso de su gas y para que un monopolio deje de operar a su antojo con los que nos pertenece a todos los peruanos. En el sur se han abierto importantes foros ciudadanos de debate sobre este asunto estratégico, en Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna, para debatir y afianzar una propuesta común y sacar adelante el gasoducto y la Petroquímica Surandina. 
 
El día de mañana, con el diario La República, Otra Mirada presenta el suplemento que desmenuza los proyectos de ley en debate respecto a este tema, las consecuencias, ventajas y desventajas. Que se abra el debate.
 
Fuente: Otra Mirada

miércoles, 5 de septiembre de 2012

La oportunidad de la transformación educativa

Afrontar el problema del magisterio



Escribe: Salomón Lerner Febres



La educación escolar en nuestro país adolece de muy graves deficiencias desde hace décadas. En realidad, lo más justo sería decir que es deficiente desde siempre, pues si alguien recuerda épocas en que la escuela peruana cumplía mejor sus funciones, posiblemente no tiene en cuenta el contexto de vasta exclusión social en el que ello ocurría. Era relativamente más viable ofrecer una educación escolar aceptable cuando ella se dirigía únicamente a una fracción minoritaria de peruanos. Con el sistema educativo ha ocurrido lo mismo que con varias otras instituciones del país: no supo acatar el mandato de inclusión y, por tanto, de universalidad del servicio, preservando al mismo tiempo un nivel adecuado de calidad. La universalidad se tradujo en masificación y a partir de ahí se propuso a la población un pacto deshonroso para nuestro Estado: educación de calidad para quienes puedan pagar por ella y un simulacro de educación para la enorme mayoría que precisa del servicio público.



Corregir esa situación demanda, como es obvio, un esfuerzo descomunal y, sobre todo, sostenido. Se precisa abandonar iniciativas erráticas y esporádicas. Y se precisa, también, mirar de frente a la integridad del problema en lugar de complacerse en golpes de efecto apenas útiles para la refriega política, no para la transformación necesaria.



La actual ministra, Patricia Salas, y su equipo ministerial representan una oportunidad para cambiar en algún sentido relevante el estado de cosas en el sector de educación. En un gobierno que ofreció cambios, pero que muy pronto se olvidó de esa oferta, la gestión del Ministerio de Educación es una de las pocas opciones de transformación todavía vigentes. Por ello, impresiona, aunque no sorprende del todo, la campaña de desprestigio y de demolición política que repetidamente dirigen contra ella los sectores más conservadores y más renuentes a una transformación inclusiva en el país.



Hace algunos meses, se empleó como pretexto para desacreditar a la gestión ministerial los contenidos de textos escolares en relación con el tema de la violencia armada. Hoy se recurre a la deformación y tergiversación de una importante iniciativa como es la de reformar las normas relativas a la carrera pública magisterial no solo para mejorar los términos en que esta se hallaba planteada sino también para proponer vías de solución más abarcadoras a la cuestión del magisterio en el país.



El problema de nuestra educación escolar tiene muchas facetas y la del magisterio es una de ellas. No es la única, pero sí es una de las más importantes, y ello puede entenderse de dos modos distintos: para algunos, los más ciegos y obtusos, parece significar que hay que declarar al maestro y a sus gremios como un enemigo por derrotar y avasallar. Para otros, que comprenden la situación en sus verdaderos términos, significa que no se puede transformar verdaderamente la educación escolar tomando al docente como enemigo o como pieza pasiva o fungible en el proceso. Se trata, por ello, de buscar la forma creativa, dialogante, basada en principios, de ganar al magisterio hacia la causa de la reforma, que es de los niños y niñas del país.



No cabe desconocer dos de las grandes dificultades que hoyse hallan en el sector magisterial para avanzar en una mejor dirección. Una es estructural e histórica y se refiere a las insuficientes competencias de los docentes y al desprestigio de un papel que debiera estar entre los más valorados socialmente. La otra es el tipo de politización de tonos radicales que ha conquistado protagonismo desde hace décadas en el gremio. Hoy eso se expresa, de la forma más crítica, en el crecimiento de una facción afín a Sendero Luminoso.



Pero no todo el Sutep ni su dirigencia están en esa lógica; más bien, hay ahí elementos que pueden ayudar a atajar las inaceptables pretensiones del senderismo. Satanizar todo contacto y diálogo con esa dirigencia es una ceguera penosa o un cinismo descomunal. Es, sobre todo, la expresión de una tendencia conservadora intransigente que parece abocada a destruir o bloquear todo esfuerzo serio de cambio en nuestra sociedad.



Tratar de modo adecuado el problema requiere revalorar la condición del docente. Para eso se necesita sapiencia, compromiso y paciencia, no el oportunismo que exhiben los detractores de los cambios propuestos.



Fuente: La República

viernes, 24 de agosto de 2012

Evolución de la ciudad de Arequipa a metrópoli

De ciudad a metrópoli: La evolución de Arequipa
 
Memoria. Reciente publicación del libro Calles, Plazas y Puentes de Arequipa, de Mario Arce, no solo rescata historia de la ciudad, sino que enciende el debate sobre políticas de conservación del Patrimonio.
 
Efraín Rodríguez Valdivia.
 
Jules Bertrand, ciudadano francés, está parado frente a la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa y observa desde la tercera cuadra de San Francisco la Plaza de Armas. Revisa su guía turística y se ubica. Aunque sospecha la carga histórica de la ciudad, este turista no imagina el número de veces que cambió de nombre la referida vía y los episodios importantes que acontecieron. Ese mismo ingenuo desconocimiento lo padecen los arequipeños.
 
A fin de evitar que el tiempo disuelva la historia, el abogado y periodista Mario Arce Espinoza presentó el libro Calles, Plazas y Puentes de Arequipa, donde junta artículos en cuatro capítulos que recuperan los primeros nombres de las calles de la ciudad y los sucesos importantes que acontecieron en ellas.
 
"El fin de este libro es rescatar los acontecimientos públicos. Recordar las denominaciones de una ciudad española tradicional que antiguamente se trazó como un tablero con cuadrícula de cordel", enfatiza Arce Espinoza.
 
AREQUIPA ANTIGUA
 
En sus páginas, Calles, Plazas y Puentes de Arequipa cuenta, por ejemplo, que la calle Mercaderes albergaba el comercio de la ciudad durante los primeros años de la República. Ahí también vivió el abuelo del premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, Belisario Llosa y Rivero. Del mismo modo, varias callejas tenían denominaciones por cuadras, tan ocurrentes como anecdóticas.
 
El primer tramo de Perú se llamaba "Del Fresquito", el segundo "Majaderito" y el último "De la Vista". Piérola tuvo nombres como "Del Misterio", "Del Pastor" y "De la Atención" o "Huatanay" en sus tres extensiones. El Puente Bolognesi cambió su nombre tras la muerte del héroe nacional. Este se llamó puente "Viejo" o "Real". Según el libro, la Plaza de Armas, que se denominaba Plaza Mayor, fue el principal epicentro histórico donde nacieron gestas, se fusilaron mandatarios y se alojaron mítines presidenciales memorables.
 
CUESTIONES DE USO
 
Para el historiador y sociólogo Héctor Ballón Lozada, el Cercado está siendo depredado por el uso comercial y el desacuerdo de planes entre autoridades. "Las calles han dejado de relacionarse con los barrios. Por ejemplo, la plaza San Francisco se llamaba 28 de Julio y proyectaban películas en un teatro de madera. Perdimos el sentido social e histórico de la ciudad. Así la perderemos", señala el intelectual. 
 
Hoy la modernidad y el progreso se abren paso en el Cercado, pero destruyendo, a veces, las calles que guardan la historia de un pueblo. La enseñanza quizás sea conocer los vericuetos del antiguo casco viejo, para preservar lo que queda de él.
 
La Ciudad del V Centenario
 
El historiador y sociólogo, Juan Guillermo Carpio Muñoz, propone reorientar a la población y construir una nueva ciudad entre El Pedregal y la costa regional.
 
"Arequipa está viviendo los cambios más grandes de su historia. Deja de ser una pequeña ciudad para transformarse en metrópoli. La idea es llevársela para protegerla de los usos. El tráfico, la contaminación y el comercio son los principales factores de destrucción", explica.
 
Carpio Muñoz destaca las experiencias de Cartagena de Indias, Quito y Barcelona. "Esas ciudades se asemejaban a Arequipa con crecimientos explosivos de población, polución, calles estrechas y averías de servicios básicos. Las reubicaron, reflorecieron y se inició la conservación".
 
El intelectual arequipeño señala que el plazo para que surja esta nueva ciudad son más o menos 28 años.
 
Fuente: La República