martes, 28 de junio de 2011

Cerro Verde, Sunat y los sulfuros primarios

Cerro Verde, Sunat y los sulfuros primarios

Escribe: Humberto Campodónico

“En diciembre del 2008, Cerro Verde fue notificada por la Sunat de su planteamiento de cobrar regalías a los minerales procesados por la concentradora de Cerro Verde, que se adicionó a nuestros equipos de procesamiento a fines del 2006. En agosto del 2009, Cerro Verde recibió una acotación de cerca de US$ 34 millones relacionada con las obligaciones que se le imputan por regalías y penalidades por el periodo octubre 2006 –diciembre 2009” (www.fcx.com).

Esto es lo que dice Freeport-McMoran, dueña de la mina Cerro Verde, Arequipa, en su Memoria Anual 2010 publicada hace poco. Añade que “en abril del 2010 la Sunat emitió una resolución denegando la protesta de Cerro Verde por la acotación antes señalada. Por ese motivo, Cerro Verde ha apelado ante el Tribunal Fiscal. Además, Cerro Verde ha recibido una acotación de US$ 41 millones por el mismo concepto para el año 2008”.

Ahora vamos a los hechos. En el 2004, el Ministerio de Energía y Minas aprueba la RM-510-2004 para un proyecto de Cerro Verde de reinversión de utilidades sin pago de impuesto a la renta por un monto de US$ 800 millones. Esto significa que la empresa deja de pagar el impuesto a la renta (30%) por esa reinversión o, lo que es lo mismo, que el fisco deja de recibir US$ 240 millones (800 x 30%).

Recordemos que ese incentivo ya había sido derogado en setiembre del 2000 por la Ley 27343, pero seguía vigente para las empresas que habían firmado contratos de estabilidad tributaria con anterioridad a esa fecha, lo que es el caso de Cerro Verde.

El problema se origina por lo siguiente: la empresa considera que el nuevo proyecto de sulfuros primarios (también llamado de flotación) está comprendido dentro del contrato de estabilidad tributaria firmado en febrero de 1998, motivo por el cual los ingresos que de allí se generen no estarían sujetos al pago de regalías mineras. Debe recordarse que la Ley 28258 de regalías mineras se promulgó en el 2004, es decir que su promulgación es posterior a la fecha de suscripción del contrato de estabilidad (1997).

Pero hay quienes sostienen lo contrario. Su posición no es la de desconocer el contrato de 1997. Su argumento es que el que el nuevo proyecto de sulfuros primarios no forma parte del proyecto de lixiviación de 1997 y tampoco fue materia de un pedido de incorporación a ese proyecto, motivo por el cual no forma parte del proyecto estabilizado en el contrato-ley de febrero de 1998. Por ese motivo, el proyecto de sulfuros sí deberá pagar regalías mineras cuando entre en producción, lo que favorecería al fisco y a la Región Arequipa.

El Tribunal Fiscal deberá pronunciarse próximamente acerca de los argumentos señalados.

Dice Freeport-McMoran en su memoria que “si Cerro Verde es responsable por el no pago de las regalías mineras, también deberá pagar los intereses correspondientes, los que varían entre 7 a 18%. Al 31 de diciembre del 2010, el total acotado para el periodo octubre 2006 a diciembre del 2007 es de US$ 57 millones, incluidos los intereses. La acotación del 2008 llega a US$ 61 millones, incluidos los intereses” (ídem).

No tenemos información acerca de las acotaciones de Sunat para los años 2009 y 2010, lo que debe estar en proceso. Tampoco se sabe la fecha en que el Tribunal Fiscal dará su veredicto final. No se comentan mucho estos litigios en la prensa de todos los días, a pesar del interés que tienen para el país. Eso es algo que debiera cambiar.

Fuente: La República

domingo, 19 de junio de 2011

La derrota del fascismo peruano

La derrota del fascismo

Escribe: Mario Vargas Llosa

La victoria de Ollanta Humala en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el último 5 de junio, ha salvado al Perú de la instalación de una dictadura que, amparada por una mayoría electoral, hubiera exonerado al régimen de Fujimori y Montesinos (1990-2000) de los crímenes y robos que cometió, así como de los atropellos a la Constitución y a las leyes que marcaron ese decenio. Y hubiera devuelto al poder a los 77 civiles y militares que, por delitos perpetrados en esos años, cumplen prisión o se encuentran procesados. Por la más pacífica y civilizada de las formas –un proceso electoral– el fascismo hubiera resucitado en el Perú.


“Fascismo” es una palabra que ha sido usada con tanta ligereza por la izquierda, más como un conjuro o un insulto contra el adversario que como un concepto político preciso, que a muchos parecerá una etiqueta sin mayor significación para designar a una típica dictadura tercermundista. No lo fue, sino algo más profundo, complejo y totalizador que esos tradicionales golpes de Estado en que un caudillo moviliza los cuarteles, trepa al poder, se llena los bolsillos y los de sus compinches, hasta que, repelido por un país esquilmado hasta la ruina, se da a la fuga.

El régimen de Fujimori y Montesinos –da vergüenza decirlo– fue popular. Contó con la solidaridad de la clase empresarial por su política de libre mercado y la bonanza que trajo la subida de los precios de las materias primas, y de amplios sectores de las clases medias por los golpes asestados a Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, cuyas acciones terroristas –apagones, secuestros, cupos, bombas, asesinatos– las tenían en la inseguridad y el pánico. Sectores rurales y lumpen fueron ganados mediante políticas asistencialistas de repartos y dádivas. Quienes denunciaron los atropellos a los derechos humanos, las torturas, desapariciones y aniquilamiento masivo de campesinos, trabajadores y estudiantes acusados (falsamente en la mayoría de los casos) de colaborar con el terrorismo, fueron perseguidos e intimidados, y sufrieron toda clase de represalias. Montesinos prohijó la floración de una “prensa chicha” inmunda, cuya razón de ser era hundir en el oprobio a los opositores mediante escándalos fabricados.

Los medios de comunicación fueron sobornados, extorsionados y neutralizados, de modo que el régimen sólo contó con una oposición en la prensa minimizada y en sordina, la necesaria para jactarse de respetar la libertad de crítica. Periodistas y dueños de medios de comunicación eran convocados por Montesinos a su oscura cueva del Servicio de Inteligencia, donde no sólo se les pagaba su complicidad con bolsas de dólares, también se les filmaba a escondidas para que quedaran pruebas gráficas de su vileza. Por allí pasaban empresarios, jueces, políticos, militares, periodistas, representantes de todo el espectro profesional y social. Todos salían con su regalo bajo el brazo, encanallados y contentos.

La Constitución y las leyes fueron adaptadas a las necesidades del dictador, a fin de que él y sus cómplices parlamentarios pudieran reelegirse con comodidad. Las pillerías no tenían límite y llegaron a batir todas las marcas de la historia peruana de la corrupción. Ventas de armas ilícitas, negocios con narcotraficantes a quienes la dictadura abrió de par en par las puertas de la selva para que sus avionetas vinieran a llevarse la pasta básica de cocaína, comisiones elevadas en todas las grandes operaciones comerciales e industriales, hasta sumar en diez años de impunidad la asombrosa suma de unos seis mil millones de dólares, según cálculos de la Procuraduría que, al volver la democracia, investigó los tráficos ilícitos durante el decenio.

Esto es, en apretado resumen, lo que iba a retornar al Perú con los votos de los peruanos si ganaba las elecciones la señora Keiko Fujimori. Es decir, el fascismo del siglo XXI. Este ya no se encarna en esvásticas, saludo imperial, paso de ganso y un caudillo histérico vomitando injurias racistas en lo alto de una tribuna. Sino, exactamente, en lo que representó en el Perú, de 1990 a 2000, el gobierno de Fujimori. Una pandilla de desalmados voraces que, aliados con empresarios sin moral, periodistas canallas, pistoleros y sicarios, y la ignorancia de amplios sectores de la sociedad, instala un régimen de intimidación, brutalidad, demagogia, soborno y corrupción, que, simulando garantizar la paz social, se eterniza en el poder.

El triunfo de Ollanta Humala ha mostrado que todavía quedaba en el Perú una mayoría no maleada por tantos años de iniquidad y perversión de los valores cívicos. Que esta mayoría fuera apenas de tres puntos pone los pelos de punta, pues indica que las bases de sustentación de la democracia son muy débiles y que hay en el país casi una mitad de electores que prefiere vivir bajo una satrapía que en libertad. Es una de las grandes tareas que tiene ahora en sus manos el gobierno de Humala. La regeneración moral y política de una nación a la que, el terrorismo de un lado y, del otro, una dictadura integral, han conducido a tal extravío ideológico que buena parte de él añora el régimen autoritario que padeció durante diez años.

Un rasgo particularmente triste de esta campaña electoral ha sido la alineación con la opción de la dictadura del llamado sector A, es decir la gente más próspera y mejor educada del Perú, la que pasó por los excelentes colegios donde se aprende el inglés, la que envía a sus hijos a estudiar a Estados Unidos, esa “elite” convencida de que la cultura cabe en dos palabras: whisky y Miami. Aterrados con los embustes que fabricaron sus propios diarios, radios y canales de televisión, que Ollanta Humala reproduciría en el Perú la política de estatizaciones e intervencionismo económico que ha arruinado a Venezuela, desencadenaron una campaña de intoxicación, calumnias e infamias indescriptibles para cerrarle el paso al candidato de Gana Perú, que incluyó, por supuesto, despidos y amenazas a los periodistas más independientes y capaces. Que estos, sin dejarse amedrentar, resistieran las amenazas y lucharan, poniendo en juego su supervivencia profesional, para abrir resquicios en los medios donde pudiera expresarse el adversario, ha sido uno de los hechos más dignos de esta campaña (por ejemplo, destaco la labor realizada por la publicación digital La Mula). Así como fue uno de los más indignos el papel desempeñado en ella por el arzobispo de Lima, el cardenal Cipriani, del Opus Dei, uno de los pilares de la dictadura fujimontesinista, que me honró haciendo leer en los púlpitos de las iglesias de Lima, en la misa del domingo, un panfleto atacándome por haberlo denunciado de callar cuando Fujimori hacía esterilizar, engañándolas, a cerca de trescientas mil campesinas, muchas de las cuales murieron desangradas en esa infame operación.

¿Y ahora, qué va a pasar? Leo en El Comercio, el diario del grupo que superó todas las formas de la infamia en su campaña contra Ollanta Humala, un editorial escrito con gran moderación y, se diría, con entusiasmo, por la política económica que se propone aplicar el nuevo Presidente, la que ha sido celebrada también, en un programa televisivo, por directivos de la confederación de empresarios, uno de los cuales afirmó: “En el Perú lo que falta es una política social”. ¿Qué ha ocurrido para que todos se volvieran humalistas de pronto? El nuevo Presidente sólo ha repetido en estos días lo que dijo a lo largo de toda su campaña: que respetaría las empresas y las políticas de mercado, que su modelo no era Venezuela sino Brasil, pues sabía muy bien que el desarrollo debía continuar para que la lucha contra la pobreza y la exclusión fuera eficaz. Desde luego, es preferible que los nostálgicos de la dictadura escondan ahora los colmillos y ronroneen, cariñosos, a las puertas del nuevo gobierno. Pero no hay que tomarlos en serio. Su visión es pequeñita, mezquina e interesada, como lo demostraron en estos últimos meses. Y, sobre todo, no hay que creerles cuando hablan de libertad y democracia, palabras a las que sólo recurren cuando se sienten amenazados. El sistema de libre empresa y de mercado vale más que ellos y por eso el nuevo gobierno debe mantenerlo y perfeccionarlo, abriéndolo a nuevos empresarios, que entiendan por fin y para siempre que la libertad económica no es separable de la libertad política y de la libertad social, y que la igualdad de oportunidades es un principio irrenunciable en todo sistema genuinamente democrático. Si el gobierno de Ollanta Humala lo entiende así y procede en consecuencia, por fin tendremos, como en Chile, Uruguay y Brasil, una izquierda genuinamente democrática y liberal y el Perú no volverá a correr el riesgo que ha corrido en estos meses, de volver a empantanarse en el atraso y la barbarie de una dictadura.

Fuente: La República

domingo, 12 de junio de 2011

Declaración contra violentar el paisaje de Lima

Declaración contra violentar el paisaje de Lima

Escribe: Augusto Ortiz de Zevallos

No hay ni razón ni derecho para que Lima sea violentada en su paisaje más distintivo, el litoral y la bahía, con esta implantación de una gigantesca estatua.

Estatua que además de empequeñecer el histórico Morro Solar, y alterar nuestro espacio urbano y natural, es una parodia tardía de otra, el Cristo del Corcovado de Rio de Janeiro , cuyo simbolismo y correspondencia con su paisaje son otros y ajenos.

Lima es Lima.

Una ciudad anterior y diferente de otras.

Su paisaje, su geografía, y su hechura urbana, no son ni deben ser copias ni calcos ni ecos de otras. Y menos sin sentido de tiempo, de significado, y de lugar.

Este anacronismo monumentalista y retórico, cuyo primer antecedente hace dos milenios fue el Coloso de Rodas, fue retomado en el siglo XIX en operaciones de prestigio nacional de tono imperial conmemorativo y grandilocuente, como en los casos celebratorios de la Estatua de la Libertad, Torres seguidoras de la Eiffel y faros u obeliscos.

Modas que llegaron con su monumentalismo hasta los años 40 y siempre como distintivo de poderes e ideologías autoritarios.

Franco, Stalin, Mussolini, y por cierto Hitler, además de Mao y la Europa del Este de Ceaucescu, o muchos regímenes militares, han entendido el espacio público como uno subordinado para dar mensajes.

Y no para vivir la ciudad como una experiencia creativa viva y plural.

Por eso hace medio siglo o más que en las ciudades y mentalidades modernas estos gestos y presencias fetichistas no se hacen más.

Y en todas ellas cualquier iniciativa de esta naturaleza seria materia de información, debate y consulta, además de la obvia exigencia intelectual para cualquier diseño que pretenda corresponder en tiempo y lugar a su encargo de tener pertinencia en sus referentes al País y la ciudad.

Y esta imposición, violenta también la naturaleza laica de nuestra ciudad y nuestro País.

El propio Haya de la Torre objetó y esclareció en su momento los gestos de similar grandilocuencia que quiso implantar un régimen autoritario.

Esto es un despropósito sin sentido ni validez. Ni estética, ni histórica ni simbólica. Es un gesto desmesurado y autoritario, que invade una vez más el fuero municipal, y devalúa la ciudadanía de los limeños al imponerles por sorpresa y con una política de hechos consumados lo que la ciudad ni conoce, ni necesita, ni aprueba.

Los ciudadanos de Lima exigimos detener este abuso.

No a la estatua del Morro

Fuente: No al Cristo de Alan

viernes, 10 de junio de 2011

La movilización democrática no debe bajar la guardia

ALGO HUELE MAL EN PALACIO
Escribe: Juan Carlos Tafur

¿Alguien cree ingenuamente que el pedido del congresista aprista José Vargas para que el presidente Alan García indulte a Alberto Fujimori fue una iniciativa libérrima, autónoma e inconsulta del gris parlamentario citado?

Habría que ser muy incauto para creer semejante cosa. No dudamos de que Alan García se halla en estos momentos tan desesperado por el triunfo de Ollanta Humala y la ruptura del continuismo que representaba Keiko Fujimori, que es capaz de cualquier cosa con el objetivo de librarse de la mano de la justicia que deberá recaer sobre él y muchos de sus compinches.

Hay muchos “demócratas vigilantes” que en estos días se rasgan las vestiduras y gimen transidos porque Ollanta Humala no anuncia ministros, porque corrige su oferta de disminuir el precio del gas o porque su vicepresidente electo, Omar Chehade, plantea trasladar a Fujimori a un penal común. Pero es curioso que les importe menos o nada que haya una intención clara del gobierno de dejar libre a Fujimori. No les preocupa un ápice que eso ocurra.

Igual de leve es su vigilia respecto de los faenones que se quieren perpetrar en Palacio y sobre los cuales más que dudas parece haber certezas (mucho ojo, por ejemplo, a la intención de pagar, de la nada, la deuda de los bonos de la reforma agraria, hoy en manos de fondos norteamericanos muy interesados en recibir un pago así tan repentino). La corrupción quiere jugar su partido hasta el final y tiene un sinnúmero de aliados.

Hay una clara amenaza a la gobernabilidad democrática. Lo hemos dicho y lo reiteramos. Y en ese juego políticamente inmoral participan un sector del aprismo, la derecha conservadora y su red mediática conocida (para más señas, la que fuera incondicional de García y entusiasta comparsa de Castañeda, de Kuczynski y de Keiko Fujimori, experta en guerra sucia y labores de alcantarilla).

Soltar a Fujimori sería la cereza del postre de esta suerte de conspiración para condenar al fracaso a una gestión que ni siquiera se ha iniciado por parte de quienes no toleran simplemente que se les aparte del poder. Saben que dicho indulto generaría zozobra, turbaría la agenda del gobierno y enervaría la polarización política. Y eso iría en directo perjuicio del mandatario elegido por el pueblo.

Un sector del país quiere seguir teniendo en Palacio a un gerente general de sus intereses, como lo ha sido García. Saben que cuando éste se vaya se abrirán muchos cajones y que se revelarán sinfín de entuertos. Con tal de evitar eso, son capaces de cualquier cosa. Y cuentan, por supuesto, con la anuencia del inquilino palaciego. La movilización democrática no debe bajar la guardia.

Fuente: Diario 16