domingo, 1 de agosto de 2010

La inseguridad ciudadana en América Latina y el Perú

Inseguridad: necesario fin de las ofertas electorales

Escribe: Lucía Dammert

En el Perú es necesario profesionalizar el servicio policial y desarrollar mayor eficiencia para controlar su accionar.

La inseguridad ciudadana es un fantasma que recorre las Américas. Con diferencias entre países, el aumento de la delincuencia, la violencia y el temor de sus habitantes es un problema que erosiona la democracia, limita la vida de los ciudadanos y genera costos críticos a las naciones. Múltiples encuestas han mostrado que los latinoamericanos estamos cada día más inclinados a aceptar limitaciones de libertades, aumento de sanciones e incluso gobiernos autoritarios, si esto implica mayores niveles de seguridad. La percepción generalizada de impotencia frente a las limitadas capacidades del Estado para enfrentar la problemática y la presencia cotidiana de impunidad e injusticia en los medios de comunicación masiva reafirman esta situación.

Aterrorizados frente a los secuestros en Colombia y Brasil, el abierto enfrentamiento del narcotráfico en México y Jamaica, y el aumento del poder de las pandillas juveniles en Centroamérica, los ciudadanos pedimos más castigo, más control policial, y nos encerramos en casas cada vez más fortificadas. Según diversas encuestas, los latinoamericanos de todo nivel social vivimos encerrados, temerosos, con alarmas, sistemas de seguridad e incluso armas para protegernos. Todo esto invita al desarrollo de linchamientos, justicia por mano propia, mayor estigmatización, segregación y fragmentación social.

¿Qué están haciendo los gobiernos? Lamentablemente la seguridad ha sido un tema de política electoral, de discurso más que de acción y de segundos en televisión más que de propuestas de política pública. Los políticos se encuentran limitados en su accionar frente al delito, por lo cual la “importación de buenas prácticas” se convierte en la respuesta más frecuente. Así, el plan “tolerancia cero” de Giuliani, desarrollado en la ciudad de Nueva York, el Programa Plan Cuadrante de Carabineros en Chile y los programas de convivencia ciudadana de Bogotá, son modelos cuyas réplicas pueden encontrarse en prácticamente todos los rincones del continente.

La interrogante principal se centra en las consecuencias de esta copia de modelos. En general no se conocen sus consecuencias, porque las ofertas electorales pocas veces tienen correlatos de impacto para la ciudadanía. Pero también porque el camino de cambio ha sido más que sinuoso.

Reformas inconclusas

La profunda crisis de legitimidad de la Justicia y la Policía fue el elemento principal que generó un proceso general de búsqueda de reformas en la región. La Justicia presenta altos grados de ineficiencia (juicios lentos, altos niveles de impunidad) y de corrupción en la mayoría de países de la región. Para paliar esta situación, más de 13 países realizaron reformas sustanciales del procedimiento penal, entre ellas el Perú, pero las mismas están aún en proceso, con limitados resultados, problemas de inversión pública y contramarchas desarrolladas por los mismos actores del sistema. Salvo en el caso chileno, donde la reforma adolece también de limitaciones relevantes, en los demás países el avance es limitado y demuestra que la intención discursiva de los gobiernos no encuentra necesariamente correlato en voluntad sostenida de cambio e inversión pública.

La reforma de las instituciones policiales es otro ejemplo desafortunado. Los altos niveles de corrupción e ineficiencia policial, las limitadas capacidades técnicas, operativas y estratégicas para enfrentar al crimen, y las pésimas condiciones de vida de la mayoría de cuerpos policiales en la región, son elementos transversales que traen de la mano mayor inseguridad, abuso policial y, en algunos países, fragilidad del Estado de derecho. Los cambios propuestos por diversos gobiernos no han aportado significativamente para mejorar la situación: purgas policiales, reestructuraciones, cambios de mando permanentes de los ministros del Interior y la politización de las fuerzas, son solo algunos ejemplos de la dificultad encontrada para enfrentar con rigurosidad el problema.

La mayoría de los anuncios públicos quedan en eso por la carencia de espacios de seguimiento, monitoreo y evaluación de los cambios. Los medios de comunicación y la sociedad civil no han logrado establecer canales claros de reclamo, y cuando lo han hecho, no han aportado significativamente para aumentar el debate sino para pedir mayores castigos. El principal correlato es el aumento de la industria de la seguridad privada, que, con limitada regulación, genera enormes ganancias pero impacta solo tangencialmente la raíz del problema.

Aun más grave es la situación carcelaria. Verdaderas universidades del delito donde no solo se aprende y perfecciona el accionar delictivo, sino que se realizan extorsiones, se planean secuestros y se definen rutas del tráfico. Espacios carentes de mayor gobierno, las cárceles son infiernos en la tierra de los que rara vez alguien puede ser rehabilitado. En este ámbito no hay mayores innovaciones: los sistemas privados o semiprivados no han demostrado capacidades claras para mejorar la reinserción, pero sí la calidad de vida de los presos. Sin embargo, la inversión pública que requieren estos procesos es imposible en múltiples contextos de la región.

Crimen organizado: nuevo desafío para viejas estructuras

La debilidad del Estado es evidente. Frente a esta situación se enfrentan organizaciones criminales cada vez más sofisticadas, con disponibilidad financiera y verdaderos ejércitos abiertos para trabajar en los diversos momentos del proceso. Especialmente vinculado con el narcotráfico, no hay que olvidar que cerca de 90% de la cocaína del mundo se produce en América del Sur y más de 50% se consume en los Estados Unidos, por lo que las rutas de la droga seguirán reproduciéndose mientras el negocio sea tan rentable.

La organización criminal no es solo de tráfico de drogas. Su evidente articulación con el lavado de dinero, que sostiene algunas economías regionales, así como el tráfico de personas y de armas, evidencia su peligrosidad. Para enfrentarlo, la retórica no aporta sino más bien debilita. La necesidad de políticas claras y fuertes contra sus diversas manifestaciones es cada día más evidente, pero aún muestra espacios grises en muchos países de la región.

Perú: situación y desafíos

Las experiencias analizadas en diversos contextos de la región evidencian que el camino es complejo, que no hay recetas mágicas y que la voluntad política —seria y no populista— es un elemento central de cualquier intervención gubernamental. Ciertamente la raíz de muchos hechos delictivos y de la violencia se encuentra en profundas fragmentaciones y vulnerabilidades sociales, económicas y políticas, que no pueden ser resueltas solo por medio de control, represión y actuación policial. Muy por el contrario, las mejores políticas involucran programas que aumentan la calidad de la educación, la rehabilitación para adictos, la inclusión de jóvenes en el mercado laboral y el aumento general de alternativas para las poblaciones más vulnerables. Pero eso no implica dejar de lado la principal responsabilidad del Estado: brindar seguridad.

En el Perú es necesario completar los procesos de reforma iniciados en los últimos años. Profesionalizar el servicio policial con mejores niveles de protección social y al mismo tiempo desarrollar mayores niveles de eficiencia que controlen su accionar. Despolitizar el accionar del sistema de justicia criminal no es una tarea fácil, pero sin duda tiene que ocupar la principal meta de cualquier gobierno que quiera llevar más igualdad, equidad y justicia a todos los ciudadanos. De otra forma, seguiremos quedándonos con las ofertas de campaña y los discursos de “mano dura” que no traen mayor efectividad ni solucionan los problemas de inseguridad que vivimos cotidianamente.

Fuente: Revista Poder

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