martes, 4 de mayo de 2010

La intolerancia asoma en la PUCP

La intolerancia asoma en la PUCP

La pretensión del arzobispo Cipriani de intervenir y controlar la Universidad Católica quedó fortalecida con la decisión del Tribunal Constitucional que declaró infundado el recurso de amparo presentado por la PUCP. De llegarse a consumar este propósito, la enseñanza en esta universidad, signada por su espíritu librepensante, por el desarrollo del pensamiento crítico y por una formación inclusiva, humanista, liberada de dogmas y prejuicios, corre serio peligro. Aquí algunos docentes y estudiantes expresan sus justificados temores sobre lo que se perdería con la intromisión cardenalicia.

Por Ghiovani Hinojosa

Una amenaza fundada se cierne sobre las aulas de la Universidad Católica. El arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, pretende administrar no solo el patrimonio de esta casa de estudios, sino también la enseñanza académica. Y es que si Walter Muñoz Cho, el abogado designado por él en la Junta Administradora de bienes dejados por José de la Riva Agüero, gana el juicio que se ventila actualmente en la vía civil, el arzobispo tendría capacidad dirimente en cualquier tipo de controversia al interior de la institución. Así, Cipriani estaría habilitado, por ejemplo, para exigir reformas de los planes de estudios, reorientar el estilo de las cátedras y prescindir de muchos docentes. El pensamiento crítico y la tolerancia a la diferencia, valores democráticos que han caracterizado por décadas la formación en esta universidad, podrían verse acorralados por la visión conservadora y e intolerante del cardenal Cipriani.

¿Chau estudios de género?

Tanto profesores como alumnos de la PUCP piensan que una de las primeras áreas académicas que serían cuestionadas y eliminadas si Cipriani gana el juicio que, a través de Muñoz Cho, se ventila en el 16 juzgado civil de Lima, son los estudios de género, vinculados a la autonomía de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos y la reivindicación del placer. En la Católica se puede llevar un diplomado o maestría en género, y hay varios cursos de la misma temática en las facultades de Letras y Ciencias Humanas. La escritora e historiadora María Emma Mannarelli, coordinadora del Programa de Estudios de Género de la Universidad San Marcos, explica por qué un veto eclesial en este caso es más que probable. “Para el ala conservadora de la Iglesia Católica el sexo es abominable, de allí su ataque a todo tipo de métodos anticonceptivos. Los estudios de género, que critican la subordinación femenina y cuestionan la jerarquía en las relaciones sociales, son para ellos la encarnación del mal; lo han dicho muchas veces. El Vaticano sataniza a las mujeres que reclaman autonomía y reivindican sus derechos”, sostiene.

Pero Mannarelli también ensaya la hipótesis de que debajo de las pretensiones cardenalicias subyace una simple sed de poder. “El control de la sexualidad de las mujeres por parte del catolicismo le permite a sus autoridades tender una alianza con los pequeños y grandes patriarcas del país. Tal vez Cipriani no esté buscando un gran púlpito desde el que pueda dirigirse a la sociedad, sino sencillamente fortalecer una alianza con ciertos sectores conservadores”, opina. De cualquier forma, lo que está en juego es la suerte de uno de los escasos focos de pensamiento crítico del Perú, ese que en los noventa, mientras San Marcos y otras universidades mostraban fuertes sesgos ideológicos, mantuvo su neutralidad académica y se opuso democráticamente a los gestos autoritarios del gobierno de Alberto Fujimori.

Derechos humanos, esa cojudez

“¿Alguien puede sostener en el país que no hay que proponer estrategias para reducir la discriminación étnica, social y económica? ¿alguien está en contra de concientizar a la sociedad para que no deteriore el planeta? ¿quién está a favor de la violación de los derechos humanos?”. Las preguntas del filósofo Augustro Castro, director del Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas de la PUCP, son intencionalmente ingenuas. Castro pretende demostrar con razonamientos básicos que las líneas de trabajo de la Universidad Católica sintonizan con el sentido común de los peruanos. El Centro de Análisis y Resolución de Conflictos, la campaña publicitaria “Clima de Cambios” y el Instituto de Democracia y Derechos Humanos (IDEHPUCP) son esfuerzos concretos de esta institución por comprometerse con la vida nacional.

No hay que olvidar que varios de sus profesores, entre ellos el ex rector Salomón Lerner Febres, el jurista Enrique Bernales y el sociólogo Rolando Ames, integraron la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) que el 2003 entregó al país un Informe Final que ahonda en las causas y consecuencias de la violencia política. Tampoco podemos olvidar que este documento, en su capítulo referido al rol que jugaron las organizaciones sociales, describe al entonces obispo de Ayacucho Juan Luis Cipriani como un descreído de los derechos humanos. Así, el informe cuenta, por ejemplo, que Cipriani se expresó a favor de la pena de muerte a Abimael Guzmán y respaldó la amnistía a los miembros del Grupo Colina durante el fujimorismo; además de registrar la desafortunada frase que soltó en una entrevista en 1994: “…la Coordinadora de Derechos Humanos, esa cojudez”. “A sabiendas de que no era políticamente correcto, la Católica asumió el riesgo de decir muchas verdades que estaban tapadas. Porque la tarea de un académico es decir la verdad aunque se caiga el mundo. Eso es pensamiento libre”, recalca Augusto Castro.

Justamente, por el desinterés que el arzobispo de Lima muestra frente a los derechos humanos es que las autoridades del IDEHPUCP se consideran un blanco inmediato de ataques en una eventual administración conjunta entre él y las autoridades universitarias. La abogada Rocío Villanueva, su nueva directora, precisa que la contribución que hace este órgano con la sociedad peruana se mide no sólo en términos de investigación académica, docencia y capacitación de funcionarios públicos, sino también a través de la promoción de reformas legislativas. Así, lograron la aprobación de las leyes 29248 y 29312, que cubren vacíos jurídicos del ejercicio del derecho a la identidad, y aguardan por estos meses que el Congreso debata su proyecto de ley sobre una nueva política nacional de salud mental. Un trabajo que corre el riesgo de interrumpirse por la intolerancia del pretendido nuevo administrador.

No me gustas, pero te respeto

Cuando el joven Walter Albán ingresó a la Facultad de Derecho a inicios de los setenta, se vivía allí una fuerte ebullición intelectual. Los “Wisconsin boys”, un grupo de noveles abogados que se habían formado en nuevas metodologías de enseñanza de las leyes en los Estados Unidos, protagonizaban larguísimos debates teóricos con los guardianes del conservadurismo profesal, docentes de antaño que defendían la ‘charla magistral’ y evitaban la participación de los alumnos en clase. “La controversia se ventiló públicamente, pero con mucha altura y respeto por la idea diferente e, incluso, contraria”, recuerda Albán, ya ahora convertido en el decano de la facultad.

El reconocido pluralismo de la Universidad Católica sigue vigente. Lo demuestra la sana convivencia en sus claustros de dos posturas divergentes sobre las ciencias sociales y el rol del académico. Por un lado, los sociólogos Sinesio López y Nelson Manrique, de formación marxista, reivindican su compromiso político, y, por el otro, un grupo de jóvenes sociólogos encabezado por Martín Tanaka y entre los que figuran Alberto Vergara, Carlos Meléndez y Eduardo Dargent, privilegian el dato estadístico en las indagaciones y optan por ubicar al investigador como un analista de la realidad. Bienvenidos todos, es la premisa básica. De allí el temor de que el cardenal Cipriani no sea un buen anfitrión: “Su posición entraña el fin de la universidad como un espacio de argumentación libre. Se trata de una visión autoritaria que incita a la sumisión miedosa en vez del diálogo razonado. La historia nos enseña que hay una afinidad profunda entre la pretensión de tener el monopolio de la verdad, el desprecio por el otro y la violación de las leyes”, analiza Gonzalo Portocarrero, profesor de la Maestría en Estudios Culturales, también candidata a la censura en un eventual cogobierno eclesial.

Aclaración final

No se trata de idealizar a la Universidad Católica ni de cerrar los ojos frente a sus aspectos cuestionables. En octubre pasado, por ejemplo, un sector de los trabajadores administrativos protestó porque aducía que no se les había aumentado los salarios en la misma proporción que a los directivos. “Con sus fallas, con sus defectos, con sus argollas, la PUCP encarna una vocación de hacer universidad que va más allá de la ‘producción de profesionales’. Tratamos, con honestidad y dedicación, de ser una buena universidad en el gran sentido de la palabra; lo intentamos todos”, dice Eduardo Villanueva, profesor de Comunicaciones. Ojalá también que Cipriani comprenda que la idea diferente, las novelas sin Dios y los polos con tiritas no perjudican el desarrollo de una clase, sino más bien reflejan la maravillosa libertad que tiene el ser humano.

Batalla judicial pendiente

“¿El padre Dintilhac (antiguo rector de la PUCP) estaría satisfecho de ver hoy cómo se está manejando el criterio de igualdad en relación a los sueldos y pensiones, a la diferencia entre los directivos y los demás?”, preguntó el cardenal Juan Luis Cipriani recientemente en su programa radial “Diálogo de Fe”. Si bien ha ganado la batalla en el Tribunal Constitucional, todavía le falta triunfar en el frente principal: el 16 juzgado civil de Lima. Allí se han fusionado dos procesos judiciales –uno promovido por el rector de la Católica, Marcial Rubio, y otro por Walter Muñoz Cho– en el que se interpretará los testamentos que legó José de la Riva Agüero y se decidirá si se revisa el acuerdo de la junta de 1994 de eliminar toda capacidad del Arzobispado para decidir sobre los rumbos de la universidad. Como la sentencia del TC, en una grave violación de sus propias facultades, analiza estos últimos puntos, se espera que la Católica haga lo posible por evitar que el juzgado civil oriente su sentencia en base al fallo del Tribunal Constitucional. Se calcula que el proceso en la vía ordinaria duraría entre dos y tres años.

El profesor Cipriani

Una clase con el cardenal Juan Luis Cipriani como profesor podría estar signada por el silencio sepulcral. Los brazos cruzados y la mirada en el vacío, sus discípulos sometidos a una seguidilla de sermones político-religiosos sobre el desenfreno del mundo contemporáneo y las fuerzas del mal que empujan a todo convicto defensor de los derechos humanos. “Lo primero que haríamos al entrar al aula sería una ‘reflexión matutina’, un espacio para comentar las razones para oponerse a los matrimonios homosexuales, los medios de comunicación azuzadores y las píldoras del día siguiente”, imagina Renato Constantino, estudiante de Derecho y presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica.

Si alguien alzara la mano para mostrarse disconforme con alguno de los dogmas ventilados, su pretensión rebotaría en las cuatro paredes del salón. Así lo sospecha Renato: “Cipriani evitaría discutir con frases como ‘Es una revelación divina’, ‘El Señor lo ha querido así’ o ‘Esto excede tu entendimiento’”. La bibliografía escrita por el cardenal docente en la pizarra tendría una serie de omisiones. Tratados socialistas de Karl Marx, perturbadoras novelas existencialistas de Jean Paul Sartre y manifiestos católicos alternativos de Gustavo Gutiérrez, formarían parte de una lista negra de obras cuya lectura se buscaría desincentivar. Esto no se buscaría ejecutar a través de prohibiciones expresas, algo escandaloso en tiempos liberales, sino a partir de sutiles hostigamientos en clase dirigidos a aquellos que pecan de excesiva curiosidad intelectual, como ocurre en los centros educativos conservadores.

Fuente: Revista Domingo

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