miércoles, 30 de septiembre de 2009

Apoyo a Wilfredo Ardito

Quienes tenemos la satisfacción de conocer a Wilfredo Ardito (ciudadano defensor y promotor de Derechos Humanos, así como referente de opinión pública en el Perú), damos fe de su integridad moral, profesional y personal, por esa razón me permito compartir la siguiente nota escrita por Wilfredo:

Estimados amigos,

Como ustedes ya saben, el 9 de setiembre Pedro Condori fue detenido, acusado de autoría mediata por el homicidio culposo del policía Giuliano Villarreal, fallecido por la caída de una piedra el 24 de noviembre del 2008.

Yo he conocido a Condori desde hace varios meses y abrigo la convicción que es inocente. Tanto él como los demás trabajadores sostienen que se encontraba en Lima cuando los hechos se produjeron y según el Derecho Penal en un homicidio culposo no puede haber ni autoría mediata ni instigación, porque no había dolo.

El lunes pasado una productora del Canal 2 me llamó para consultarme sobre el caso de Pedro Condori. Ella me había llamado varias veces para preguntarme sobre temas de discriminación como el caso de Edwin Béjar. Sin embargo, en este caso, era una periodista que yo no conocía y que se mostró agresiva y prepotente. Hizo una sucesión de preguntas y afirmaciones absurdas del estilo de: “¿Qué pruebas tiene que Pedro Condori es inocente?” “¿Por qué dice que no había intención de matar a los policías?” "¡Por favor, si es el dirigente del sindicato, ¿no es responsable de todo lo que hagan los obreros!” "¿A usted no le importa la viuda?" “¿Qué debe hacer una persona frente a una roca que cae del cerro?” Frente a esa pregunta, señalé que lo que cabía hacer era correr para salvar su vida. Precisé también que poner en peligro a personas era un delito y que arrojar piedras también. Indiqué que una protesta social por más justos motivos que tuviera, no justificaba el hecho que se agrediera a personas inocentes. Nada de esto apareció en la entrevista que ese día fue difundida y tampoco apareció cuando la viuda del policía fue invitada por Mónica Delta y Aldo Mariátegui ayer en su programa de televisión.

Como hoy Mariátegui me dedica su columna, su primera plana y las páginas centrales de su periódico, queda hacer esta aclaración. Me han llamado de Ideele Radio para preguntarme a qué puede deberse tanta inquina, que realmente parece desproporcionada. Es posible que Mariátegui me ubique más por el hecho que estudiamos en la misma Facultad. Sin embargo, yo creo que él tiene la intención de neutralizar a todo posible "formador de opinión" que no respalde determinados intereses económicos. Le tocó a Hilaria Supa, le tocó a Ernesto De La Jara y a muchos más.

En este caso, sin embargo, parece haber una extraña coincidencia: Salomón Lerner sufre amenazas y agresiones, Gisella Ortiz es difamada por La Razón, dos días después es mi turno, añadiéndose también una referencia al IDL. Pareciera una estrategia dirigida intencionalmente hacia todo el que tiene una voz favorable a los derechos humanos. Es posible que se busque desviar la atención frente al contexto del nuevo juicio a Fujimori, el proceso de Putis u otros temas.

Anoche, estuve en Huacho, precisamente para hablar sobre periodismo y valores y los participantes sentían mucho escepticismo frente a los medios de comunicación, tanto locales como nacionales. Les comenté que, afortunadamente, gracias a la Internet, uno puede actualmente ir más allá de los medios tradicionales y colocar determinados temas en agenda. Sin embargo, la preocupación se mantenía respecto a cómo algunos medios de prensa eran utilizados para propósitos indebidos.

Pueden ver acá mi posición sobre los delitos que pueden cometerse durante protestas sociales en la RP 168, enviada en el año 2007. Precisamente, fue escrito después de varias de las muertes de Casapalca.

“En un país con las terribles injusticias como el Perú, las movilizaciones populares son justas y necesarias. Sin embargo, a veces ellas implican atentar contra los derechos fundamentales de las personas.

Casos especialmente tristes han sido los de Percy López, quien falleció porque la ambulancia que lo transportaba desde Cerro de Pasco no pudo llegar a Lima, debido al bloqueo de la Carretera Central por los trabajadores de Casapalca (RP 153) y del niño Fermín García, que murió de frío, mientras intentaba cruzar a pie con algunos familiares.

Ese mismo día de junio, la violencia policial ocasionó la muerte de dos obreros y días después falleció también el policía Carlos Mariluz, víctima de una pedrada arrojada por uno de los trabajadores. Dudamos que alguna de estas muertes haya sido realmente intencional, pero todas fueron igualmente condenables.

Desde Arequipa hasta Satipo, han sido frecuentes también los ataques violentos a los establecimientos que no acatan una paralización. Municipalidades, comisarías y patrulleros han sido también destruidos en medio de diversas protestas. Nos preguntamos si puede ser legítima una movilización aparentemente contundente, pero que se basa en la amenaza o el temor. Mucho más grave aún ha sido la práctica de tomar rehenes a funcionarios municipales o policías.

Ahora bien, aquellas manifestaciones sociales que no buscan defender derechos, sino salvaguardar intereses políticos o económicos son las que tienen las formas de protesta más insensibles frente a los demás. Recordemos por ejemplo a los ganaderos enfrentados a la empresa Gloria, que derramaron en las calles de Trujillo centenares de litros de leche, que hubiera servido de alimento a muchos niños pobres.

En varias localidades, la simple pretensión de ordenar el tránsito o la presencia de funcionarios “que no son del lugar” ha generado actos de violencia indiscriminada. Con relativa frecuencia, ha sido lamentable el rol de algunas emisoras radiales, azuzando a la población.

Naturalmente, la indiferencia del Estado, aún frente a las protestas más legítimas, como la contaminación ambiental o la explotación laboral, incrementa la sensación de que son necesarias medidas extremas. El mismo gobierno envía el mensaje que bloquear una carretera o tomar un local público, es más eficaz que todos los recursos legales para lograr solución a una demanda justa.

Sin embargo, quienes organizan movilizaciones sociales son también responsables por los derechos que pueden afectar. Inclusive les corresponde prevenir posibles infiltraciones de individuos marginales o delincuentes comunes. Quienes bloquean carreteras deberían además considerar que aún en las guerras se debe evitar causar daños a enfermos, niños o ancianos, especialmente, tomando en cuenta que ni Defensa Civil ni los bomberos se hacen presentes para auxiliar a las personas vulnerables.

Ni las más legítimas demandas sociales, ni la incapacidad del actual régimen para responder a ellas, pueden justificar poner en riesgo la vida, la integridad física o los demás derechos fundamentales.”

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