martes, 26 de febrero de 2008

Defensoría detecta más de 3 mil casos de cobros desproporcionados y gestión deficiente en municipios

En informe de la Defensoría del Pueblo sobre autonomía municipal
Defensoría detecta más de 3 mil casos de cobros desproporcionados y gestión deficiente en municipios
Lima, feb. 26 (ANDINA).- La Defensoría del Pueblo detectó tres mil 256 casos de cobros desproporcionados y deficiente gestión en diversas municipalidades del país, en el marco de una investigación realizada sobre más de 12 mil denuncias formuladas entre enero del año 2006 y julio del 2007.
El informe defensorial “¿Uso o abuso de la autonomía municipal? El desafío del desarrollo local”, revela la existencia de prácticas en los gobiernos locales que ponen de manifiesto deficiencias en la prestación de servicios administrativos a los ciudadanos usando como justificación la autonomía municipal.
De los más de tres mil casos detectados, la mayoría se refiere a ineficiente servicio, incumplimiento de plazos y tasas incorporados al TUPA sin cumplir con la exigencia legal de aprobación mediante ordenanzas municipales.
Para focalizar el tema y elaborar el informe, la Defensoría seleccionó 56 casos que reflejan de forma más evidente el uso incorrecto de la autonomía municipal, porque constituyen el incumplimiento de las normas contenidas en la Ley Orgánica de Municipalidades, al Ley de Tributación Municipal y la Ley de Procedimiento Administrativo General.
“Las obligaciones desatendidas por los municipios están relacionadas con la prestación de servicios municipales, el cobro de tasas, así como con el cumplimiento de funciones de fiscalización y control”, sostiene el informe.
Agrega que estos problemas no sólo ponen de manifiesto que las municipalidades pretenden dar a la autonomía municipal un contenido absoluto que no se ajusta a los parámetros de un Estado unitario y descentralizado, sino que además cuestionan la idoneidad de algunos municipios para cumplir su papel de promotor de la economía y el desarrollo local.
Advierte en ese sentido, que ese proceder de los municipios perjudica y a mediano plazo “puede deslegitimar el proceso de descentralización emprendido desde el año 2002”.
La Defensoría señala también que muchos municipios han entorpecido el desarrollo local y el acceso de la gente a los servicios públicos domiciliarios al afectar el desarrollo empresarial “concretamente en la prestación de servicios públicos por privados”.
Igualmente, expresa que en la práctica las acciones de estas municipalidades pueden afectar los derechos específicos de las personas como el derecho de propiedad, a la identidad a la libertad de tránsito o a la libertad de empresa.
Trabajadores municipales impagos
En este informe la Defensoría también aborda los problemas que deben afrontar las autoridades municipales al iniciar su gestión debido al incumplimiento de las autoridades salientes de efectuar un proceso de transferencia adecuada. En este aspecto, se analizaron 36 municipalidades provinciales y 39 distritales.
Así, se detectó que 46 alcaldes no firmaron las actas de transferencia, y que más del 50 por ciento de las municipalidades supervisadas no proporcionaron información sobre la ejecución de las metas programadas.
Pero además, los alcaldes nuevos deben afrontar un serio problema dejado como herencia que son las deudas a los trabajadores. El 58% de las municipalidades supervisadas tenía pendiente el pago de sueldos, mientras que el 76% debía los aportes a Essalud.
En cuanto al pago a las AFPs, el 78% de los municipios no había cumplido con esta obligación laboral.
Recomendaciones
Entre sus recomendaciones, la Defensoría plantea al Congreso la modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades para precisar las funciones y facultades de los gobiernos locales con relación a las competencias compartidas con los gobiernos regionales y el gobierno nacional. También recomienda modificar la Ley de Tributación Municipal.
En cuanto a la Presidencia del Consejo de Ministros, la Defensoría recomienda reglamentar durante el primer semestre del año la organización y funcionamiento del Consejo de coordinación Intergubernamental, precisando sus responsabilidades, atribuciones y alcance de sus decisiones.
Igualmente, que establezca un plan de monitoreo y evaluación de las medidas adoptada por el gobierno nacional en materia de descentralización.
A los municipios provinciales y distritales, la Defensoría del Pueblo les recuerda su obligación de ejercer su autonomía al servicio de la población, así como desarrollar sus competencias y funciones en el marco del ordenamiento jurídico estatal.
“La autonomía municipal no es absoluta. No es soberanía porque tal potestad corresponde al Estado en su conjunto. La autonomía municipal debe estar al servicio de la ciudadanía (…) y no puede ser alegada para incumplir lo dispuesto por la Constitución”, señala.

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