viernes, 11 de enero de 2008

Nuevo ministerio debe fiscalizar minería

Nuevo ministerio debe fiscalizar minería
Especialistas dicen que Ministerio del Ambiente debe aprobar EIA y las sanciones a las empresas.
José Carlos Reyes.
Diversas críticas generó el proyecto presentado por la comisión del Poder Ejecutivo encargada de elaborar el proyecto de ley que creará el futuro Ministerio del Medio Ambiente (MMA), pues en él se le excluye la función de regular los álgidos temas mineros y energéticos.
En el proyecto de ley se fusiona el Consejo Nacional del Ambiente (Conam), el Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena), el Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y de Suelos (Pronamachcs) y la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa).
Pero no contempla la fusión con la Dirección de Asuntos Ambientales Mineros ni la Dirección de Asuntos Ambientales Energéticos, oficinas encargadas de evaluar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y que actualmente se encuentra bajo el control del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
Para el especialista Carlos Alza, representante de la Defensoría Del Pueblo –la principal entidad que impulsó la creación de un MMA–debe ser justamente este nuevo ministerio el que tenga la función primordial de aprobar los EIA y fiscalizar el cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos por toda empresa.
"La mayoría de conflictos sociales se deben a problemas ambientales. Este ministerio sería un contrapeso para los otros sectores que promueven inversiones", refirió.
Asimismo, indicó que para dar confianza a la población estas funciones podrían estar a cargo de Organismos Públicos Especializados (OPEs) –dentro del sector ambiental pero fuera del ministerio– para así evitar injerencias políticas.
Como el Ejecutivo señaló que este es solo un 'borrador' del proyecto de ley, la Defensoría del Pueblo esperará la propuesta formal para hacer llegar sus sugerencias.
Análisis
EL PROYECTO AÚN RESAULTA AMBIGUO
José de Echave
Especialista Cooperacción
Resulta sorprendente esta propuesta del Ejecutivo, pues el eje central de la creación del nuevo Ministerio era que la función reguladora, fiscalizadora y sancionadora se debe transferir a un sector autónomo.
Además existen términos muy ambiguos, pues no queda claro si la evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental estarán a cargo del Ministerio del Ambiente.
Continuar con el Osinergmin como ente fiscalizador no es el esquema más adecuado, pues su función principal es ser supervisor de los servicios públicos, y si bien la energía es un servicio público, la minería no lo es.
Con el nuevo ministerio, al parecer, el presidente solo quiere cumplir con los compromisos externos. Y se querría aprovechar las facultades legislativas del Ejecutivo para que la propuesta no se discuta en el Congreso.
Esperamos que este borrador se mejore a través de un debate alrededor de la propuesta. Se debe consultar a la Defensoría del Pueblo, a los sectores académicos y a las ONG especialistas para lograr la autoridad ambiental que el país necesita.
SUPERVISAR Y SANCIONAR
Otra propuesta que generó críticas fue que la fiscalización minero-energética continuaría a cargo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).
Si bien para la Defensoría del Pueblo el Osinergmin no ha realizado una mala labor, sostiene que su función primigenia es la de supervisor de los servicios públicos, por lo que progresivamente las funciones de fiscalización y sanción deberán transferirse al Ministerio del Medio Ambiente.
El nuevo ministerio deberá establecer estándares de calidad ambiental del agua, aire y el suelo, para señalar los límites máximos permisibles que sirven para separar lo legal de lo ilegal, señala la Defensoría.

No hay comentarios.: