miércoles, 9 de enero de 2008

Atribuciones en disputa

TC, JNE Y ESTADO DE DERECHO
Atribuciones en disputa
Por: Enrique Bernales Ballesteros. Jurista
Entre los varios supuestos que la doctrina constitucional establece respecto del Estado de derecho se cuentan: la vigencia plena y supremacía de la Constitución; que las instituciones con atribuciones concedidas a la potestad del Estado deben ceñirse a ellas y no ejercer competencias que al serle ajenas afectan la seguridad jurídica; y que las personas disfruten y ejerzan los derechos que les están reconocidos sin coacción alguna por quienes son temporalmente autoridad pública.
En la controversia que sostienen el Tribunal Constitucional y el Jurado Nacional de Elecciones sobre la sentencia del TC que dispone la realización de un referéndum que determine la devolución de los aportes del Fonavi, los criterios arriba mencionados han sido sobrepasados, generándose un ambiente de desconcierto. El faltamiento a las reglas básicas del Estado de derecho proviene, a nuestro juicio, del JNE por los argumentos que ennumeramos:
1. El JNE carece de atribuciones para interpretar y menos desconocer sentencias del TC, máxime cuando los asuntos resueltos por este en "última y definitiva instancia" son temas de derechos fundamentales. Hacerlo quiebra el Estado de derecho y genera como grave consecuencia la indefensión ciudadana.
2. El JNE es el organismo competente para los asuntos de carácter electoral y ningún órgano del Estado tiene autoridad para arrogarse competencia en la administración de justicia en asuntos electorales, donde el JNE es instancia definitiva. Se trata, entonces, de una entidad altamente especializada que no puede ni debe inmiscuirse en otros asuntos, ni menos arrogarse ante sí la capacidad de discriminar qué sentencias del TC cumple y cuáles no, cuando este órgano ejerce las atribuciones que le concede el artículo 202 de la Constitución, como poder que tiene a su cargo el control constitucional concentrado.
3. De acuerdo con el artículo 22 del Código Procesal Constitucional, "la sentencia que cause ejecutoria en los procesos constitucionales se actúa conforme a sus propios términos por el juez de la demanda". Por tanto, corresponde al juez del Poder Judicial que conoció la demanda de los fonavistas disponer la ejecución de la sentencia. El JNE no tiene nada que hacer porque carece de competencia para poner en cuestión las sentencias del TC.
4. En concordancia con todo lo anterior, el JNE carece de atribución jurídica para determinar qué es o no un tributo. En cambio y, en vía de interpretación, que en su caso es funcional, el TC está autorizado para determinar qué tipo de figura jurídica es una retención de haberes, si la norma que lo dispone es confusa. La resolución del TC ha determinado que las retenciones producidas en los haberes entre 1979 y 1998 no son tributo, sino un aporte establecido con la finalidad específica de crear un Fondo Nacional de Vivienda. En este sentido, el Estado no tenía libre disposición de ese aporte, sino obligación de "devolver" al titular del mismo a través de programas de vivienda. Digamos de paso que el aporte implica siempre una contraprestación y es una modalidad en la que el titular sigue siendo el que aporta y no el Estado. Así, fondos como los de Fonavi, seguridad social y otros no deben jamás ser utilizados para financiar otras prestaciones o proporcionar recursos al presupuesto general.
Si uno o varios gobiernos lo hicieron, eso se llama "perro muerto", pero la obligación de devolver permanece. Se trata, pues, de una injerencia inconstitucional del JNE que confiamos se corrija lo más pronto posible. Cómo, bajo qué plazos devolver y atender el reclamo de los fonavistas, vendrá después, cuando el Estado de derecho haya recuperado plenamente su imperio.

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