martes, 11 de septiembre de 2007

En el cuarto aniversario del Informe Final de la CVR

Palabras de Salomón Lerner Febres, ex Presidente de la CVR, en el cuarto aniversario del Informe Final de la CVR

Queridos amigos:

Este encuentro nuestro, al igual que los que hemos sostenido en los tres años anteriores, se halla motivado por sensaciones e intenciones diversas aunque convergentes. Por un lado, nos reunimos para conmemorar la vida y la muerte de los millares de víctimas que la violencia dejó en nuestro país, nombres y existencias que no pueden perderse en el simple olvido. El pesar con que los recordamos se redobla ahora, además, porque tenemos presente también en nuestro afecto a los peruanos y peruanas que han perdido la vida en el terremoto que hace apenas unos días ha golpeado nuestro país. Desde el inicio de esta palabras, y con la seguridad de que interpreto adecuadamente el sentimiento de todos nosotros, quiero enviar nuestro mensaje de solidaridad a todos quienes han perdido seres queridos y a quienes han sufrido pérdidas materiales y hago votos por que sus necesidades sean atendidas cabalmente y con presteza con la diligencia del Estado y el apoyo de todos nosotros.

Por otro lado, si este es un encuentro de conmemoración, también es una ocasión de reafirmación ciudadana. Hoy reiteramos nuestra demanda de justicia a favor de las víctimas así como nuestra exigencia de grandes cambios en las instituciones del país para que el «nunca más» a la violencia y las violaciones masivas de derechos humanos sea una realidad cierta.

Por último, así como mantenemos vivo el pasado mediante la memoria y afirmamos las obligaciones del presente, también nos reunimos para decir, con nuestro compromiso humano, que es posible imaginar un país distinto, y que ese país será construido con los medios de la economía y de la política, desde luego, pero también con el compromiso libre y cotidiano, y con los valores humanitarios, de cada uno de nosotros. Como siempre hemos dicho, y como queremos que el resto del país lo comprenda, nuestro rescate del pasado es, tiene que ser y será siempre un camino para construir un mejor futuro para todos.

En los cuatro años ya transcurridos desde que la Comisión de la Verdad y Reconciliación entregara al país su Informe Final, se han dado algunos cuantos pasos para cumplir el amplio repertorio de obligaciones estatales y sociales que nos impone la verdad histórica sobre la violencia. Sería, pues, inexacto y quizá también injusto afirmar que no se ha hecho nada al respecto; sin embargo, tampoco sería acertado ceder a la complacencia o al conformismo frente a lo poco que se ha avanzado. Un movimiento a favor de la justicia como el que nos congrega tiene el deber de mantenerse crítico y vigilante frente a los deberes del Estado, y al mismo tiempo está obligado a constituirse en un foco de propuestas, sugerencias, recomendaciones para que aquello que reclamamos tenga mejores oportunidades de ser realizado.

Hay que señalar, pues, en primer lugar, que de una manera lenta ha ido cobrando forma en los últimos meses un mecanismo para otorgar las debidas reparaciones a las víctimas. Estamos ahora algo lejos de ese primer momento, al día siguiente de presentado el Informe Final, en el que los partidarios del egoísmo y de la exclusión salieron a decir, desde sus posiciones de privilegio, un rotundo «no» a las reparaciones. Ahora bien, sin que esto signifique desconocer la importancia de los pasos dados y la voluntad estatal que se ha manifestado a este respecto, creemos indispensable, sin embargo, insistir en que esos mecanismos, instituciones y procedimientos deben ser coherentes, ordenados y aptos para llegar a todas las víctimas con criterios de equidad, justicia y eficiencia. Es muy grande lo que está en juego en el programa de reparaciones: está en juego, nada menos, la posibilidad de que millares de personas reconstruyan sus vidas, así como la futura confianza de esas personas y sus allegados en las promesas de nuestra democracia.

El país no puede permitirse un fracaso en el cumplimiento de esta tarea. Tampoco puede permitirse negligencias o frivolidades. No le es posible, por ejemplo, celebrar por un lado los excelentes rendimientos económicos que tienen ya una duración de cinco años seguidos —logros que todos reconocemos como positivos y necesarios— y al mismo tiempo arrastrar los pies cuando se trata de atender a las víctimas de la violencia o a los damnificados de la tragedia reciente o a los millones de personas que sobreviven en situación de pobreza y miseria. El Estado peruano aprendió en los últimos quince años cuál es el valor de la disciplina económica; por el bien de nuestra democracia, necesita ahora volver a aprender el valor de la solidaridad y del respeto humanos.

De otro lado, atender a las víctimas, hacerles justicia, significa también, como lo sabemos todos, hacer que la ley penal sea aplicada a quienes cometieron graves violaciones de derechos humanos e incluso crímenes contra la humanidad. Esto es ineludible, ya sea que los criminales hayan sido miembros de las organizaciones subversivas o agentes de las fuerzas del Estado. No hay crímenes malos y crímenes buenos en una democracia; ni siquiera es admisible la distinción entre crímenes sin excusa y crímenes tolerables por el contexto o por los fines que se perseguían. Lo que hay, lo que debe haber, es una experiencia universal de que las vidas y la integridad de los peruanos son protegidas por la ley sin importar la condición social, étnica, regional, religiosa, de género, funcional o de ningún otro tipo de las víctimas y de los victimarios.

Lamentablemente, el procesamiento judicial de los crímenes, y como parte de ello, la investigación de los miles de sitios de entierro clandestino desperdigados por el país, constituyen todavía un eslabón muy débil en la cadena de la construcción de la paz. Aunque en el juzgamiento de los crímenes pasados contamos con un grupo de jueces y juezas valientes y honestos, algunos de ellos verdaderos ejemplos de lo que debería ser un magistrado peruano, no se ha llegado a constituir ese subsistema judicial que hubiera sido necesario para atender la gran tarea dejada por la violencia. Al cumplimiento de esa tarea se oponen, de manera manifiesta o de forma tácita, pero igualmente eficaz, ciertas resistencias institucionales y personales, cierto espíritu de cuerpo, cierta concepción rudimentaria de las relaciones entre el poder civil y el servicio de las fuerzas armadas.

En cuanto al juzgamiento de los crímenes atroces cometidos por la organización Sendero Luminoso, hemos visto con aprobación en el último año la aplicación del rigor de la ley a quien lideró esa entidad criminal; sin embargo, hemos echado de menos una reflexión pública más amplia y profunda, más difundida y dialogada, que desautorice de una vez y para siempre el recurso a la violencia como medio para la lucha social. Esa reflexión debe ser hecha. Se la debemos a las víctimas. Nos la debemos todos los peruanos.

Hoy, como en los años pasados, hay que reconocer que el elemento más débilmente considerado, más descuidado entre las grandes tareas que nos dejó la memoria de la violencia es el de las necesarias reformas del Estado. No es aventurado afirmar que no se ha hecho casi nada a ese respecto, y esta inacción constituye uno de los motivos de alarma más fuertes para aquellos que entendemos la construcción de la paz como una regeneración ética e institucional de nuestra sociedad. La negativa del Estado y de una considerable porción de la sociedad a examinarse y a reformarse, a cambiar sus hábitos y su visión del mundo, resulta perturbadora y preocupante. No hay que decir esto con ánimo pesimista o con intención de vaticinar desgracias; hay que decirlo como un aviso en cumplimiento de un deber ciudadano: estamos a tiempo de cambiar; nuestro Estado está a tiempo de aprender; nuestros conciudadanos están a tiempo de reflexionar y de comenzar a ver el país de una manera diferente. Muchos síntomas nos indican que esa reflexión y esa autorreforma están siendo descuidadas; ello se expresa, por ejemplo, en la manera como se viene afrontando la absurda muerte diaria de peruanos de toda condición, aunque principalmente humildes, en las carreteras del país. La conformidad del Estado con la muerte evitable de sus ciudadanos se evidencia en la pereza burocrática con la cual se afronta eso que debería ser tratado como un escándalo inaceptable. De otro lado, presenciamos en estos tiempos un resurgimiento del racismo como ideología manifiesta de ciertos sectores minoritarios; ese racismo y esa presunción de valer más que los demás, una tara social que parecía haber retrocedido en las últimas décadas, regresa de una manera inadvertida al compás del crecimiento económico del país y del enriquecimiento de ciertos sectores de la población. Es este, así, un enriquecimiento que, por paradoja, nos está haciendo más pobres.

Y sin embargo, y a pesar de todo, es perfectamente posible y necesario cultivar el optimismo. Cabe cultivarlo y cabe hacerlo crecer porque contamos, para hacerlo, con el mejor terreno que se podría necesitar. Ese terreno es nuestra memoria, una memoria en la cual podemos congregarnos y seguir trabajando unidos todos quienes estamos convencidos de que el respeto de la vida humana y de la dignidad que le es consustancial debe constituir el cimiento de nuestra futura democracia. Esa memoria no es, obviamente, solamente una fuerza que nos ancla en el pasado; ella es también el punto de partida para la imaginación que concibe proyectos y que inventa los medios para hacerlos realidad. Necesitamos seguir recordando, porque ello es una forma de hacer justicia y porque ello nos permite saber siempre de dónde venimos; pero necesitamos, también, echar a andar nuestra inventiva, nuestra imaginación, para impulsar a un Estado algo indiferente en la dirección que juzgamos deseable, correcta, buena, que es la de la paz con justicia. Nuestro papel, como ciudadanos, es vigilar, es reclamar, es exigir; al mismo tiempo es cumplir con la responsabilidad de proponer, de inventar, de mostrar a quienes todavía no lo saben que el Perú puede ser distinto. Este cuarto aniversario de ese esfuerzo de memoria que fue el trabajo de la CVR nos encuentra, creo yo, tan intensamente comprometidos con la paz y la justicia como lo estuvimos tiempo atrás, y ahí reside la principal razón para tener esperanzas. Una sociedad despierta como la que ustedes expresan es garantía de que tarde o temprano la democracia será una realidad en el Perú.

Salomón Lerner Febres
Ex Presidente de la CVR

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