jueves, 6 de septiembre de 2007

CIDH pide cautelar salud de pobladores de La Oroya

CIDH pide cautelar salud de pobladores de La Oroya

Lima, 06/09/2007 (CNR) - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado Peruano la implementación de medidas cautelares urgentes para proteger la salud e integridad de los pobladores de La Oroya (Junín) ante la grave contaminación ambiental generada por el complejo metalúrgico de la minera Doe Run Peru (DRP).

La decisión se produjo a partir de una solicitud presentada en noviembre del 2005 por Carlos Chirinos, miembro de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA); la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA); Earthjustice y el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA).

Tal solicitud denuncia la ausencia regulatoria del Estado Peruano, frente a las graves violaciones a los derechos humanos que los pobladores de La Oroya sufren por la contaminación producida por Doe Run.

"Las medidas son fundamentales pues reiteran lo dicho por el Tribunal Constitucional (TC) de Perú, quienes consideraron insuficientes las acciones de prevención y atención de la salud promovidas hasta ahora. Es esencial continuar insistiendo en las demás acciones para controlar la contaminación ", señaló Astrid Puentes, directora del Área Legal de AIDA.

En cuanto al contenido de las medidas, la CIDH ordena al Estado Peruano brindar diagnóstico médico especializado para las personas afectadas por la contaminación de Doe Run. Al mismo tiempo, se solicita al Gobierno, a proveer de tratamientos médicos especializados para cualquier individuo en situación de peligro de muerte o daño irreparable.

Al respecto, Carlos Chirinos, de la SPDA aseguró “Esperamos tener una coordinación fluida con las autoridades del Estado para garantizar la aplicación transparente y eficaz de estas medidas. El soporte de instituciones como la Defensoría del Pueblo y otras entidades es crucial", aseguró.

Presidente regional saluda resolución de la CIDH

Por su parte, el presidente del Gobierno Regional de Junín, Vladimiro Huaroc Portocarrero, saludó la decisión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este caso.

“Aunque la decisión beneficiará en un primer momento a sesenta y cinco personas, incluyendo más de treinta niños en particular estado de vulnerabilidad y personas mayores que sufren de graves problemas respiratorios, constituye un nuevo paso en el proceso por lograr solucionar la situación de contaminación ambiental en la zona”, afirmó.

Del mismo modo, el también coordinador de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) consideró que este hecho obliga a la modificación urgente del convenio que en materia de salud se tiene con la empresa Doe Run Peru.

A su vez, el gerente regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Iván Lanegra, anunció adicionalmente que -en el marco del Convenio firmado por el Gobierno Regional de Junín con la SPDA- se está trabajando en la aplicación tanto de esta decisión como de la sentencia del TC del 12 de mayo de 2006, y que lamentablemente a la fecha no ha sido objeto de seguimiento efectivo.

“El Gobierno Regional está tomando un papel activo en el impulso y seguimiento de estas acciones, las cuales consideramos de vital importancia para el futuro de la Ciudad de la Oroya”, acotó Lanegra Quispe.

Fuente: http://noticias.cnr.org.pe/noticia.php?id=19403

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