jueves, 25 de enero de 2007

Modificación Ley Orgánica de Gobiernos Regionales

AHORA SUSPENSIONES PODRÁN DURAR DOS DÍAS

ALCALDES Y PRESIDENTES REGIONALES CONDENADOS
CONTINUARÁN EJERCIENDO SU CARGO

Hoy aparece publicada en El Peruano la Ley Nº 28961 que introduce modificaciones a las leyes orgánicas de Municipalidades y de Gobiernos Regionales respecto a las causales de vacancia y suspensión de sus autoridades.

A partir de ahora los condenados por delitos dolosos no podrán ser vacados de sus cargos, aun cuando la sentencia hubiera sido emitida en segunda instancia por una de las Cortes Superiores de Justicia del país, pues la posibilidad de declarar la vacancia solamente podrá ser ejercida por el Concejo Municipal o el Consejo Regional luego de que la Corte Suprema emita su fallo, en los casos en que se hubiera presentado un recurso de nulidad contra la condena.

La nueva Ley introduce la figura de la suspensión del ejercicio del cargo para el condenado hasta que la Corte Suprema resuelva el caso, y señala que el plazo en que la autoridad permanecerá apartada del cargo "no podrá exceder el plazo de la pena mínima prevista para el delito materia de sentencia".

COMENTARIO
"Los delitos que usualmente son cometidos por los presidentes regionales y alcaldes no tienen en el Código Penal una pena privativa de libertad mínima, pues el legislador se ha limitado a fijar solamente los plazos máximos de sanción carcelaria. En tales casos, es de aplicación una norma penal general que dice que el mínimo de una pena debe ser de dos días.
Con la aplicación de esta nueva norma, un presidente regional o un alcalde que sea condenado por abuso de autoridad o por haber omitido, rehusado o demorado el el cumplimiento de un acto inherente a su cargo, que haya hecho requerimiento indebido de la fuerza pública, abandonado el cargo en perjuicio de los servicios públicos, comete tráfico de influencias, usa para su beneficio los bienes municipales, retarda injustificadamente el pago de las obligaciones municipales o rehusa devolver bienes depositados o puestos en custodia, en la práctica solamente podrá ser suspendido por dos días y regresará de inmediato a su cargo mientras espera un año que la Corte Suprema le resuelva su recurso de nulidad.
Ni siquiera habrá suspensión por dos días en el caso de que el presidente regional o el alcalde sean condenados por haber efectuado nombramientos para cargo público a personas en quien no concurren los requisitos legales, pues de acuerdo con el Código Penal ni siquiera existe pena privativa de libertad, sino simplemente una condena de pago de sesenta a ciento veinte días-multa.
Al aprobar esta Ley, en el caso de los gobiernos locales, el Congreso no ha tomado en cuenta lo ocurrido en los últimos cuatro años, en que de los 29 alcaldes que fueron condenados judicialmente, solamente uno se apartó del cargo inmediatamente que fue condenado por la Corte Superior de Arequipa. Los 28 restantes se aferraron al cargo, con la ilegal complicidad de los regidores de sus concejos que no cumplieron con declarar la vacancia, argumentando que habían presentado el recurso de nulidad ante la Corte Suprema. Ellos tuvieron que ser vacados por el Jurado Nacional de Elecciones, ante la ilegal renuencia de los concejos en hacerlo.
Esta ley debe ser derogada de inmediato, pues lo único que logrará su vigencia será alentar la impunidad y el aferramiento al cargo de autoridades condenadas por hechos ilícitos. En su reemplazo debe restablecerse la ley que estuvo vigente durante casi dos décadas que atinadamente señaló que la autoridad local quedaba suspendida en el ejercicio del cargo por tener "proceso penal abierto con mandato de detención que ha quedado firme en primera o segunda instancia". Es decir que tenía que apartarse del cargo hasta que concluyera el juicio, al que solamente podía volver si es que se acreditaba su inocencia. El cambio de legislación en el 2003 trajo situaciones de violencia en los distritos en donde los alcaldes condenados se aferraron a los cargos. Hoy con esta ley, la situación indudablemente será peor".

Dr. Marco Tulio Gutiérrez
Especialista en Derecho Municipal

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